Aun cuando el movimiento huelguista de presos en Estados Unidos, que inició el martes 21 de agosto, parece concentrarse en cárceles públicas, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, el licenciado William Ramírez Hernández, indicó a CLARIDAD que no descartaba que la huelga se pueda estar dando en instituciones privadas, pero que la información no va a fluir de la misma manera como sucede en las públicas. Advirtió que en las prisiones privadas los castigos tienden a ser más fuertes que en las públicas. Por ejemplo, recordó que ya en el 2011, un grupo de presos puertorriqueños que fueron trasladados a la prisión privada Cimaron, en Oklahoma se amotinaron por el trato racista que recibían y por la falta de los servicios que les habían prometido iban a recibir.
A la luz del movimiento huelgario de los presos en 17 estados de EE. UU. y ante los planes del gobierno de Puerto Rico de trasladar confinados a cárceles privadas en Estados Unidos, Ramírez Hernández, indicó que la ACLU ha denunciado que esta política constituye un tráfico humano: “Algunos lo ven como una exageración; pero la realidad es que el trasladar personas a cambio de dinero en contra de su voluntad es trata humana. Lo que quizás no es, es trata humana que la ley prohíbe, como se aplica a ciertos intercambios por dinero, como la prostitución y la venta de niños; pero por el hecho de que los presos están en un régimen de servidumbre involuntaria no les permite consentir. Por más que ellos digan que es con el consentimiento de la persona, el preso vive en un régimen de servidumbre involuntaria, igual que el esclavo, y trabaja por centavos y hace las cosas que le obligan hacer y no tiene nada que decir”.
CLARIDAD confirmó de una fuente fidedigna que la medida del Out State, no está en el Plan Fiscal de la Administración de Corrección, certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
El experto en Derechos Civiles expuso que, aunque en términos legales se usa el término de servidumbre involuntaria, el hecho es que una persona en prisión se encuentra en un régimen de esclavitud. Aunque la persona se encuentre en esas circunstancias por haber cometido alguna falta criminal, no deja de ser un ser humano, por lo que hay que respetar sus derechos y los de su familia, independiente de la falta en la que haya incurrido.
En ese contexto censuró el que cuando el gobierno alega que el traslado de los presos será uno voluntario, lo dice porque es obvio que suena feo que se diga que van a trasladar gente por dinero, para ahorrar dinero; que será otro quien gane dinero. Alega que el traslado no será en contra de la voluntad de la persona porque saben que esa es la definición de trata humana, que es el mover seres humanos en contra de su voluntad para obtener una ganancia económica. Continuó diciendo que la cárcel privada es una industria comercial para hacer ganancias, por lo que censuró que el gobierno de Puerto Rico alegue que con esta medida va a ahorrar dinero porque no va a tener que gastarlo en la custodia de los confinados.
El director ejecutivo de ACLU denunció que el gobierno no ha podido precisar cuál es el ahorro que tendrá, ya que todavía no tiene la información precisa de cuántos presos han consentido al traslado ni a cuál cárcel van a ir. Tampoco tiene los detalles de cuáles son los servicios que van a proveerles, que cumplan con los requisitos de rehabilitación que aplican en Puerto Rico. Frente a esta falta de información, cuestionó las alegaciones de la Administración de Corrección (AC) de que los confinados consientan al traslado de manera voluntaria y recalcó que no hay tal cosa como que una persona en régimen de servidumbre involuntaria tenga capacidad de consentir.
Cuestionó, además, que el gobierno vaya a tener ahorros como alega y que encarcelar a una persona cueste menos en EE. UU. que en Puerto Rico, cuando en ese país los salarios son más altos y los servicios en las cárceles privadas cuestan más. Además, reparó sobre las consecuencias económicas en cadena que provocaría en la isla el cierre de las cinco cárceles que ha dicho el gobierno que quiere cerrar.
Ramírez expresó que ningún alivio económico es suficiente para justificar el separar familias y afectar la posible rehabilitación de personas que se pudieron haber rehabilitado en Puerto Rico. Narró que algunas personas que han sido trasladadas han entrado en episodios de depresión, lo que ha provocado que enfrenten problemas en la cárcel y una vez se tiene un problema en la prisión, se tiene una falta criminal, ya el preso deja de ser uno de Puerto Rico y le aplica la ley del estado donde está. Eso, dijo, ya ocurrió y fue uno de los motivos que originó el motín de Oklahoma.
“La maquinaria carcelaria existe para hacer dinero; no existe para bonificarte tiempo como una manera de rehabilitación. Mientras más tiempo esté el preso, más cobra la institución, así que no hay ninguna prisa por que salga. Todo lo contrario, van hacer todo lo posible por que tú estés más tiempo allí porque ellos no están ahí para hacer una labor pública, están para adelantar unos intereses económicos”.
En entrevista separada, la licenciada Iris Rosario, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), coincidió en que no descarta que las condiciones inhumanas y mal trato que denuncian los confinados de instituciones públicas en 17 estados sean las mismas en las cárceles privadas.
“He venido denunciando, desde el anuncio del Secretario de Corrección, que hay un informe de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos, que salió en el 2016. Ese informe, que es bastante objetivo, concluye que las cárceles de compañías privadas en Estados Unidos son más violentas. La razón es porque hay mucha carencia de servicios de todo tipo: médicos, rehabilitación, problemas de acceso a la justicia. Las denuncias de los confinados no salen a la luz; son escondidas por la administración”.
Ese informe, que fue encomendado por el entonces presidente Barack Obama, identifica que entre las empresas privadas carcelarias violentas figura la CoreCivic y otras mencionadas por la Administración de Corrección. Luego del informe, Obama ordenó la suspensión de las contrataciones del gobierno federal con instituciones penales privadas. Como es sabido, a la llegada del presidente Trump se reanudó la política de contratación.
La licenciada Rosario, quien atiende el programa de Remedios Postsentencia de SAL, reveló que el administrador de Corrección Erick Rolón Suárez está al tanto del informe, ya que ella misma se lo presentó en un programa de radio y “mirándolo a los ojos le advertí sobre el grado extremo de violencia que hay en estas cárceles”. Otro grupo de abogados le hizo entrega del informe con una misiva adjunta.
Por la naturaleza de su trabajo, la licenciada Rosario se mantiene todo el tiempo en contacto con miembros de la población penal. A preguntas de CLARIDAD reveló que la AC no ha podido cumplir con sus pretensiones de trasladar, como había anunciado, un primer grupo de confinados en el mes de julio. Luego, lo cambió la fecha al 15 de agosto, debido a que no se ha podido terminar de elaborar el contrato con CoreCivi. La actuación de Corrección refleja una ambivalencia respecto al contrato. En orientaciones en algunas instituciones, entre otras cosas, sobre cárceles que había estado viendo en Mississippi y en Texas, les repartió a los confinados una hoja con los supuestos servicios que ofrecían las instituciones, además de repartir otros documentos a los que pudieran estar interesados en una orientación adicional. Después de eso, la AC volvió a enviar personal a la Palma Correctional Facility, en Arizona, pero no volvió hacer orientaciones sobre esa cárcel y, en cambio, dijo que estaba viendo cárceles en Mississippi.
La apreciación de la licenciada Rosario sobre estos cambios es que la AC pretende mover a los confinados a cárceles que estén compuestas solo por confinados boricuas, para evitar los problemas de racismo. Pero otro aspecto fundamental que parece estar retrasando los planes del gobierno es el hecho de que, como siempre se ha dicho que los movimientos van a ser voluntarios, no parece haber voluntarios, por lo que no se ha podido negociar precios con CoreCivic. Esto, a su vez, provoca que el administrador de Correcciones no haya podido lograr que la JCF apruebe de manera preliminar lo que él pretende.
El informe de la GAO también derrota el argumento del gobierno de Puerto Rico de que el traslado de confinados a penales privados sale más barato. Por el contrario, el informe dice que, como las violaciones a los derechos de los confinados en los penales privados son tan crasas, el estado tiene que monitorear constantemente la situación en que se encuentran los reclusos, lo que conlleva una serie de costos que no se contemplan al inicio. Esto resulta en un aumento al presupuesto que se tenía de primera intención. En fin, que estas cárceles privadas son más violentas, ofrecen menos servicios y tampoco constituyen un ahorro.
Un derecho de los confinados sobre el cual la licenciada llamó la atención, que no se ha discutido por la AC, es qué va a pasar con el derecho al voto que tiene la población penal en Puerto Rico. “Estamos hablando de un número importante para las elecciones. En muchos estados se pierde ese derecho; no sabemos qué va a pasar respecto a ese derecho”.
El contacto constante con la población penal le permite a la licenciada Rosario afirmar que la posición generalizada de la población es que no se van a ir, además de que están bien organizados e informados (no por la administración), al igual que sus familiares. De hecho, en el mes de abril, el grupo de confinados identificados como Los Ñetas y Los 27 emitieron una declaración en la que anunciaban su postura.
