“No están atacando solamente a los maestros y a los niños, sino a la clase trabajadora. Es un ataque de la clase pudiente, de ese 1 por ciento que maneja las finanzas del país y pretende dejarnos en la miseria”, sentenciófrente a la prensa la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, antes de que saliera la marcha convocada por ese gremio para hoy cerca del mediodía.

Sin embargo, aún caminando de la Plaza Colón hacia la Fortaleza, bajo un sol radiante, “el que nos da la energía necesaria para continuar”, la líder afirmó: “esta (la manifestación) es la respuesta del magisterio. No se puede parar; tiene que ser una lucha de país”.

A la convocatoria respondieron decenas de maestros(as) federados(as), de otros gremios magisteriales, así como estudiantes de escuela superior y líderes de otras organizaciones sociales que apoyan la lucha por una educación pública accesible y de calidad.

Por su parte, el vicepresidente de la FMPR, Edwin Morales, comentómicrófono en mano que catalogaba la marcha como exitosa porque los allí presentes se habían unido para denunciar el “desastroso sistema público y exigir respeto para la escuela y las comunidades escolares”.

Sobre el éxito de la convocatoria, el legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, aseguróque “donde haya un estudiante, una maestra, un maestro, donde estén las comunidades escolares, los seres humanos en defensa y luchando por la justicia social, la actividad siempre va a ser un éxito”.

“Esta lo es porque aquí hay un grupo de personas luchando por la justicia social, por la no privatización de la educación pública de Puerto Rico, por los derechos adquiridos del magisterio”, insistió.

Con una “debacle” jamás vista en el DE, así comenzó esta semana el año académico. Por ejemplo, Martínez enfatizósobre la injusticia que se prevé con el sistema de retiro de los maestros: “Ustedes creen que es justo que después que una persona dejó 30 años en el salón, ahora le digan que le van a recortar un 10 por ciento de su pensión. O que los maestros nuevos no van a tener sistema de retiro el año próximo”.

No obstante, esa representación del magisterio que llegó hasta Viejo San Juan hoy no se siente acorralada, sino esperanzada.

“Esta lucha trasciende lo gremial y sindical, es de todo un pueblo. Esto no termina aquí. Ahora nos vamos a reunir con la gente que nos va a recibir en Fortaleza. Sabemos que engavetarán nuestras propuestas, pero que no digan que el magisterio no se escucha, que no proponemos alternativas porque siempre las hemos tenido”, dijo Mercedes Martínez.

“Seguiremos hasta que se haga justicia para todos y todas”, concluyó.

Desde su fundación en 1975 por Ramón (Moncho) Aboy la que hoy se conoce como Casa Aboy ha sido centro del quehacer cultural en San Juan y referente para otros centros culturales. En sus inicios albergó la Galería PL 900, un espacio para exponer la obra de fotógrafos tanto boricuas como extranjeros. En diferentes momentos ha sido sede de organizaciones culturales que han celebrado un gran número de actividades, desde conciertos, presentaciones de libros, talleres de arte, charlas y exhibiciones de arte.

En abril de 2016 la Junta de Directores de Casa Aboy compuesta por las Sras. Aracelis Delgado, Sylvia Arocho, Alexis Vázquez, Zigry Ignacio y Aline Frambes-Buxeda cesaron las operaciones de Casa Aboy sin previo aviso, dejando a los organizadores de actividades programadas sin saber las razones de dicha acción. El cierre de Casa Aboy, el despido del personal y la falta de información sobre el futuro del Centro Cultural motivó que un grupo de sobre sesenta asiduos colaboradores comprometidos con la cultura se reuniera en mayo de ese mismo año en el Colegio de Abogados (as) para organizar y lograr la reapertura de Casa Aboy. En dicha reunión se eligió un grupo de 10 personas de diferentes ramas de las artes y la cultura para representarlos en todo el proceso y defender el legado de Ramón Aboy, fundador de Casa Aboy.

Ante la falta de acción e información de la Junta de Directores, el Grupo de Amigos de Casa Aboy junto al Licenciado Francisco Ortíz Santini, solicitó al Tribunal un interdicto preliminar y permanente, sobre acciones personales y derivativas, en contra de la corporación sin fines de lucro, Casa Aboy, Inc. y su Junta de Directores, por haber cerrado dicho Centro Cultural.

En la vista celebrada el 7 de julio del mismo año la parte demandada argumentó que los reclamantes no contaban con legitimación activa y anunciaron la presentación de una solicitud de desestimación a esos efectos. Luego de varios días de vistas, el Tribunal determinó que los demandantes eran miembros de la entidad y declaró “no ha lugar” la moción de desestimación, sosteniendo los reclamos de los demandantes.

Los demandados acudieron al tribunal presentando una solicitud de reconsideración. El Tribunal reiteró su determinación inicial denegando la desestimación. Inconforme, la Junta de Directores de Casa Aboy presentó el recurso de certiorari en el Tribunal Apelativo solicitando la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia el cual fue denegado. En el documento el Tribunal estableció que “según expresa la doctrina, se requiere legitimación activa para ser demandante y pasiva para ser demandado. La Junta de Directores de Casa Aboy Inc. no puede pretender estar en ambos extremos; amén de que contradice su propio Certificado de Incorporación”.

El Tribunal añade, “la legitimación activa para proteger un patrimonio del País y el uso adecuado de fondos públicos no puede recaer sobre unas pocas personas privadas, que al mismo tiempo, serian los demandados. Ese escenario se presta a una patente falta de transparencia y rendimiento de cuentas impermisibles”.

No conforme, la Junta acude al Tribunal Supremo quien declara “no ha lugar” la moción de certiorari presentada por la demanda de Junta de Directores de Casa Aboy. El 29 de diciembre de 2017 piden reconsideración al Tribunal Supremo y el mismo deniega la reconsideración.

El juicio en su fondo finalizó el viernes 13 de julio de 2018 en la sala de la Juez Lauracelis Roques Arroyo, dónde se llevó a cabo la presentación de pruebas y testimonios.

Abordada sobre el procedimiento judicial, Carmen Margarita Aboy, hermana de Ramón Aboy expresó, “Sé que triunfaremos luego de dos años de lucha en corte por rescatar Casa Aboy de un cierre y luego de la mediocridad. Defenderé el legado de mi hermano Ramón (Moncho) Aboy.” “Cumpliré la promesa que le hice en su lecho de muerte. Casa Aboy no puede ser secuestrada por 5 personas, Casa Aboy es de todos.”

Más allá del volumen de trabajo y la falta de personal, la crisis que existe en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) responde en gran medida a la intransigencia del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Héctor Pesquera.

Solo hay que recoger y ver la poca cooperación que ha prestado el personal del NCF incluyendo al mismo Pesquera a las vistas públicas que ha tratado de llevar a cabo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que preside el representante Juan Oscar Morales, las disputas en el Tribunal y públicas entre el representante y el personal del Negociado que incluye a su subcomisionada, Mónica Menéndez. Y lo más reciente: las declaraciones públicas de Pesquera de que el Negociado no necesita la asistencia de 13 especialistas mortuorios de la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

Según publicó el periódico Primera Hora, en una rueda de Prensa (el miércoles 8 de agosto) en el Cuartel General, Pesquera rechazó la ayuda. “Porque no es necesario y ellos dijeron que las iban a traer sin estar autorizados por nosotros, ellos vienen aquí a ayudarnos, nosotros decimos en qué necesitamos la ayuda, ellos no nos dicen lo que tenemos que hacer. No es necesario traer ninguna unidad para hacer nada porque las que están allí dan abasto y sobran”.

No obstante el comunicado anunciando que el NCF recibiría la asistencia de los 13 soldados como parte del plan de asistencia federal solicitada por el Gobierno de Puerto Rico a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), salió del mismo DSP.

Mientras el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, describió la actitud del NCF respecto a las vistas públicas como una “de prepotencia y de una crasa negligencia lo que ha pasado en el proceso que es de una investigación incluso de una mayoría legislativa del mismo partido de gobierno, demuestra la actitud de prepotencia, dejadez y de negligencia de esa agencia”.

A preguntas de CLARIDAD, Márquez Lebrón, narró que estuvo presente en la primera vista celebrada el mes de junio y luego en las dos últimas efectuadas el mes de agosto durante las cuales pudo denotar la falta de cooperación, de cumplir con sus responsabilidades de emitir documentos, además del uso de fondos públicos para contratistas de medios de comunicación en contra de algunos legisladores y entorpecer la labor legislativa, lo que calificó de un elemento grave y hasta la fabricación de casos a empleados unionados que fueron los que cooperaron con la investigación.

El Legislador, quien como abogado tiene vasta experiencia en el manejo de despidos de empleados públicos, denunció que nunca había visto una carta de intención de formulación de cargos tan fabricada, mezclando todas aquellas partes del reglamento para tratar de justificar un despido, sobre una persona que lo que está haciendo es cooperar con una investigación legislativa e igual con otros empleados. Márquez Lebrón catalogó de “realmente grave”, la acción de la gerencia del ICF y reveló que a otro empleado no le quisieron dar los horarios para ir a deponer a las vistas. A la luz de estos hechos coincidió en que es evidente que hay amenazas sobre los trabajadores para que no cooperen con la investigación.

A lo anterior se suma el que la sub comisionada interina, Mónica Méndez, aun no ha presentado a la Comisión los documentos que prueben que cumple con los requisitos de ley para ocupar la posición. El legislador del PIP cuestionó además que el comisionado en propiedad del ICF, Edwin Crespo, esté ausente de la agencia por meses por motivos de salud, “yo se lo respeto pero tú no puedes ser director de una agencia de gobierno y estar cuatro y cinco meses fuera; si tienes problemas de salud tienes que renunciar y que venga otro”.

Otros hechos sobre los cuales llamó la atención es que a las vistas solo han asistido Menéndez y el oficial de prensa Obed Betancourt. Márquez Lebrón cuestionó el que una persona sub contratada por una agencia asista a deponer a una vista pública de una agencia. Recordó que a las siete preguntas que le hizo a Betancourt durante la audiencia, éste contestó a todas “desconozco”, pero por otro lado -denunció- Betancourt tenía acceso a todo el Negociado sin ser empleado, o funcionario de la agencia. “El 20 de julio él era el que estaba dando instrucciones como si fuese parte del equipo ejecutivo, uno llega a la conclusión de que querían entorpecer la investigación legislativa pero sobre todo crear un asunto de comunicaciones y levantar una imagen”.

Colegio de Médicos

Uno que no duda en atribuir la situación de crisis en la que se encuentra el NCF a la administración de Pesquera lo es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), doctor Víctor Ramos. “La actual situación de Ciencias Forenses no es nueva pero ciertamente los problemas administrativos que tiene el negociado no existían antes. La realidad es que no es nuevo el asunto de no tener todos los recursos disponibles [ni] el asunto de los problemas económicos del negociado, pero el problema administrativo no tiene mucho que ver con eso”.

Ramos fue enfático al denunciar que desde que el NCF fue colocado bajo la sombrilla del llamado DSP “se creó una burocracia excesiva, ese es el problema principal, el secretario de seguridad pública es un desastre para el país, le crea un mal servicio al gobernador, el problema es que todo el mundo tiene un temor de mover un dedo sin que él lo autorice. Se supone que las sombrillas sirvieran para agilidad y ha sido lo contrario. Cuando el Negociado estaba solo tenía una agilidad que ya no la tiene”.

El presidente del CMCPR hizo la salvedad de que los patólogos forenses del NCF hacen un trabajo espectacular en medio del descalabro administrativo en el que se encuentran. Aunque señaló que en Puerto Rico no hay el número de patólogos forenses que necesita el NCF para llenar todas sus plazas. Indicó que usualmente los patólogos que se preparan en esta sub especialidad -la cual no se hace en la isla- cuando terminan reciben propuestas de trabajo “espectaculares”.

Además de la falta de patólogos, el Dr. Ramos trajo a la atención que el NCF también necesita personal de técnicos forenses, tecnólogos, químicos, dentistas forenses y otro personal auxiliar como lo requiere un hospital.