Un aumento al IVU, despido de empleados públicos, un síndico de los bonistas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), son tan solo algunas de las tantas consecuencias que puede acarrear la decisión de la juez Laura Taylor Swain, sobre la discusión del presupuesto entre el Gobernador de Puerto Rico y la Legislatura con la Junta de Control Fiscal (JCF).
La decisión de la juez Taylor Swain, de que el presupuesto para este año fiscal que prevalece para el gobierno es el que preparó, diseñó y certificó la JCF no debió sorprender a nadie, coincidió el economista y abogado Heriberto Martínez Otero. En entrevista apuntó que la ley Promesa está diseñada para prevalecer en todas las instancias jurídicas del sistema de Estados Unidos enclavada en la política de que Puerto Rico es un territorio que pertenece a EE UU, pero no es parte de…
Dado a estas circunstancias políticas señaló que Puerto Rico es “una corporación pública”, un “municipality”, ya que de hecho la deuda que emiten tanto el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios es deuda municipal dentro del marco de EEUU. Esto -dijo- es lo que facilita que un mecanismo como la Ley Promesa con su junta de control sea fácil de implementar y que tenga “toda la legitimación del mundo en cualquier instancia judicial”.
En esa dirección dijo que no considera que la vía judicial sea la manera de combatir la Ley Promesa. Reconoció que ha tenido debates al respecto y que su posición es una controversial, pero recalcó que la ley está articulada para favorecer a unos intereses bien específicos que son los bonistas. En este sentido consideró que los casos que llevan diversos grupos de la sociedad civil van a tener un corto recorrido. Menos ante la decisión en la controversia por el presupuesto, al igual que con la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, que favorece a los bonistas de la AEE -que revocó una decisión de la misma juez Taylor Swain- para que se levante la suspensión automática de litigios provistos por Promesa y se pueda nombrar un sindico en la citada corporación pública.
“Tratar de buscar quizás unos subterfugios, unas brechas en la ley para tratar de impugnarla podría ganar tiempo, tratar de establecer algún tipo de controversia jurídica podría ir a los libros de historia pero los efectos prácticos de una decisión sobre los ciudadanos en mi opinión siempre va a ser adversa a la ciudadanía pienso que todos estos casos de la sociedad civil van a tener bien corto recorrido”.
El miembro de la Asociación de Economía Política (AEP) insistió en que el modelo estadounidense está constituido sobre la persona que asume el riesgo, que son los acreedores, por lo tanto utilizar un sistema judicial que ya ha dado señales obvios de que va a sostener la Cláusula Territorial, y los Casos insulares, intentar seguir apelando las instancias del sistema judicial es inútil, “lo que se debería estar haciendo es el trabajo político”.
Martínez Otero opinó que la decisión de Boston puede dejar en suspenso el acuerdo al cual llegó la JCF y el gobierno con un grupo de acreedores de la AEE. Mientras sobre el acuerdo llegado con los acreedores de COFINA denunció que este es básicamente una apropiación del IVU. Ante lo que ya ha expresado la administración de Rosselló Nevares de que el presupuesto de la JCF dejaría a varias agencias sin dinero en cinco meses, el economista no dudó en prevenir en que esto traerá un aumento al IVU hasta de un 15%.
De igual manera se expresó poco confiado en que el gobernador logre negociar algunas de las partidas del presupuesto con la JCF. Por el contrario afirmó que la Junta puede exigir al gobierno recortes más profundos, lo que tendrá un impacto más negativo en la economía en general. Ante la interrogante de cómo la JCF prepara un presupuesto sabiendo que el dinero de algunas agencias se agotará en cinco meses, Martínez Otero hizo referencia al señalamiento de algunos pensadores a nivel internacional de que la lógica del capital es autodestructiva, “entonces la lógica de la Junta al no tener un contrapeso de decisión electoral va a seguir la misma lógica”. Frente a esta lógica denunció que los deudores estamos en una situación pasiva y dio a entender que a la JCF no le importa que en Puerto Rico se venda todo el capital que tiene el país, incluyendo la naturaleza para saldar la deuda “y la gente si no puede vivir en este espacio que cojan un avión y se vayan, para ellos -la JCF- en su lógica de capital es normal, que la gente se vaya, si no le gusta lo que está pasando aquí”.
Martínez Otero recordó las palabras del ex gobernador Luis Fortuño de que “su sueño era que los inversionistas vieran a Puerto Rico como un lienzo en blanco”.
