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Alternativas ante la venta de nuestra cultura

La semana pasada se reveló públicamente un listado que evidencia el ejercicio de reducción que barajan la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno central para Puerto Rico. El canal de televisión del Estado, WIPR; la Corporación del Centro de Bellas Artes, la Corporación del Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas son sólo algunas de las 44 instituciones públicas que aparecen en la lista para ser vendidas, cerradas o traspasadas mediante contratos a agencias público-privadas (APP).

El anuncio de la venta o reducción de las instituciones que abogan por la cultura puertorriqueña, particularmente, no es el primero que se hace desde que la JCF está al mando del País. Antes del paso del huracán María, justo en junio 2017, la Resolución Conjunta 187 exponía que 36 proyectos se quedarían sin las asignaciones especiales que recibían a través de transferencia mediante el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, los Centros Culturales de Utuado, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, los coros de niños de San Juan y Ponce, Ballets de San Juan y la Fundación Nacional para la Cultura Popular fueron algunas entidades que se contemplaron para dejar de recibir fondos de esa partida gubernamental.

En aquella ocasión, además de denunciar los recortes de la JCF, el director del ICP, Carlos Ruiz Cortés, hizo un llamado a que se viera la cultura como parte del motor económico del país. “El llamado es el siguiente, quitándole (a la cultura) posiblemente nos hagan más difícil producir cualquier tipo de gesta cultural, pero también las generaciones van a demostrar que con presupuesto estatal o no, aquí se va a seguir haciendo cultura y muy buena”, expresó públicamente en aquel entonces.

Ante ese cuadro, Ruiz Cortés propuso que, a través del Programa de Promoción Cultural – el cual trabaja con los 36 centros culturales del país adscritos al ICP – se capacitaran y rediseñaran esos espacios para que pudieran lograr su autosuficiencia y autosustentabilidad.

No obstante, tras el anuncio de venta de cuatro bastiones culturales del país, CLARIDAD cuestionó a varios(as) artistas y hacedores de la cultura sobre alternativas ante esa movida del Gobierno y la JCF.

“¿Alternativas? Pero si la mejor actividad cultural de este país ya se nutre del arte alternativo, del arte en la calle. Pienso, por ejemplo, en la gestión de Mickey Negrón, de Tony González Walker, del evento Santurce es ley, entre otros. El arte en la calle es también el mejor museo de este país, que busca hasta debajo de las piedras para seguir ofreciendo los mejores talleres, las mejores exhibiciones: pienso en Santurce: un libro mural de Rafael Trelles y Francisco Font-Acevedo y en el Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo”, comentó la poeta Irizelma Robles en aras de reconocer “lo que se está haciendo” con la intensión de resistir los recortes.

“Nosotros(as) estamos gestionando arte continuamente y hay de todo: teatro, arte, poesía, libros, títeres. Pero, ¿hasta cuándo?”, continuó Robles.

La escritora y artesana Gloribel Delgado Esquilín coincidió con Robles al opinar que “si destruyen nuestras instituciones, crearemos nuevas. “Existen proyectos como El Local en Santurce, galerías, cafés, librerías, bares, plazas, organizaciones sin fines de lucro, teatros en azoteas, en casas, en la calle, ferias de artesanía autogestionadas que tienen un pulso cultural independiente a las instituciones oficiales”, indicó.

Por su parte, el actor Ángel Vázquez expresó que “estos cierres atentan contra nuestra identidad nacional, algo que evidentemente no es prioridad para el gobierno actual”. Para él, la alternativa es poner en manos de los y las artistas las agencias prestas a vender para que ellos formen cooperativas y reciban apoyo de entidades privadas. “Para que esto funcione, debe existir una política pública para que estas organizaciones culturales reciban exenciones sobre impuestos a la empresa cultural, así como al costo de sus boletos, publicidad. A manera de intercambio, estas nuevas organizaciones podrían a su vez ser la alternativa artística para los currículos de las escuelas del país”, considera Vázquez.

Asimismo, el dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos-Perea indicó a preguntas de este medio que una alternativa para denunciar la venta de nuestra cultura es que se unan los(as) gestores culturales y redacten un manifiesto en varios idiomas para que tenga alcance internacional.

El compositor Pedro E. Franco Fraticelli, profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico, de primera instancia ofreció como alternativa a la venta de nuestra cultura: “Qué privaticen el Gobierno” y definió privatización como la acción que “mercadea las necesidades y los derechos básicos del pueblo para beneficio de los que no los trabajan como se debería”.

En esa misma línea, Franco Fraticelli sugirió “reducir el presupuesto de todo el Gobierno, incluyendo agencias de publicidad, escoltas, corporaciones, hoteles, e invertirlo en el pueblo y la cultura”.

Crear una ruta turística cultural que contenga al Conservatorio, las Escuela de Artes Plásticas, el Centro de Bellas Artes, los parques nacionales y los museos como paradas; obtener dinero para el erario incentivando la cultura, no invisibilizándola y suprimiéndola; rehusarse de dar contratos millonarios a la música popular basura (“Despacito”), que lo que hace es adoctrinar a las masas: las tres son ideas que propone el profesor del Conservatorio.

“En fin, la solución no es recortarles a los más vulnerables, personas a las que ya de por sí le han recortado por años. Para el 2000, el Conservatorio recibía unos 7 millones del Gobierno y ahora, se entiende que serán menos de 2 millones. Todo esto mientras cierran más de 300 escuelas por ahorrarse 5 millones y mientras la Secretaria de Educación bota 17 millones ‘porque sí’”, concluyó Franco Fraticelli.

Ante la amenaza, “hay que tirarse a la calle a protestar creativamente…conseguir fondos económicos de instituciones independientes al Estado, apoyar las iniciativas locales y actuar con compromiso”, dijo Delgado-Esquilín. Para ella, el pueblo debe manifestarse en la calle para salvar la cultura puertorriqueña sin perder de perspectiva que “es tiempo de establecer conexiones con otras latitudes”.

“De cerrarse instituciones, plantearía un movimiento de “okupas” en la Isla, que en otros países ha dado pie a nuevas formas de administrar cines, teatros, fábricas. La experiencia internacional será vital para organizar nuevos espacios alternativos en la Isla. Países como Italia, España y Argentina tienen ejemplos de cómo los artistas crearon juntas que administraron proyectos cuando sus gobiernos intentaron destruir sus instituciones”, finalizó la artesana y escritora.

Los que se fueron

Una pregunta que siempre surge en el proceso migratorio es sobre la suerte del que emigra, del que se fue. En Puerto Rico solemos tener la impresión errónea de que el que emigra a Estados Unidos ha resuelto todos sus problemas, sobre todo los económicos; que consiguió un buen empleo, vivienda y una buena escuela para sus hijos. También nos preguntamos cómo habrá sido la recepción en su nuevo entorno.

De los que se fueron después del huracán María sabemos poco. Tomará algún tiempo para que los estudiosos de la emigración nos produzcan estudios empíricos que reflejen la verdadera condición de éstos. El censo decenal de los Estados Unidos tardará hasta el 2020, con la información más precisa, basada en proyecciones confiables.

Por ahora lo que tenemos es la información periodística, las entrevistas a los inmigrantes, que aunque no es información empírica, mediante un análisis de contenido podemos determinar indicios, actitudes y tendencias. Esta información tampoco se puede considerar que es al azar, por haber un elemento de selección, de subjetividad en cómo el periodista escoge y presenta la noticia, al igual que del posible interés del periódico al publicarla: sensacionalismo, influenciar la política pública, otro.

Aun así cuando revisamos un grupo de noticias en los meses subsiguientes al evento meteorológico, podemos descubrir datos que nos revelan mucho sobre la verdadera condición de los inmigrantes. El primer artículo en cuestión de Paul Brikman del Orlando Sentinel nos informa sobre las cifras o números de los recién llegados. Se cuestiona la exactitud de la cifra de “evacuados” ofrecida por el gobernador Rick Scott, quien la estima en 300,000.

Esa cantidad es puesta en duda, de acuerdo al artículo en cuestión, por tres profesores universitarios quienes estudian la inmigración y dudan de las fuentes que emplea el gobernador. Mientras que el gobernador Scott utiliza las cifras de las líneas aéreas que vuelan a Orlando, Miami y Tampa y que son obtenidas de la División de Manejo de Emergencias, éstas incluyen todo tipo de pasajeros: hombres de negocio, periodistas y viajeros regulares, entre otros. Los tres profesores mencionados, entre los que están un economista y un director de un Centro de Investigación sostienen que el número real de los que inmigraron sea probablemente unos 50,000, basándose en los números de matriculados en el sistema escolar y los que solicitan ayuda social del estado.

El tener un número confiable de nuevos inmigrantes para el desarrollo de un plan de servicios gubernamentales, entre los cuales se incluyen las escuelas, las viviendas y otros servicios estatales, sirve también para sustentar peticiones de fondos al gobierno federal y desarrollar política pública al respecto. Y en última instancia la población en general se mantiene también informada del impacto que un número significativo de nuevos residentes pueda tener sobre el equilibrio social de sus comunidades.

En una publicación anterior en el Orlando Sentinel el gobernador de Florida, Rick Scott escribe una columna titulada Florida se levanta con Puerto Rico en la cual comienza estableciendo que “cientos de miles de puertorriqueños se han mudado a la Florida” y que en sus viajes a través del estado ha escuchado a incontables ciudadanos que le han expresado cuán importante es el “apoyar a estas familias”. Hace una apología del estado, que él describe como “melting pot” (crisol de razas y culturas), donde se hablan más de 250 lenguas y “orgullosamente se reciben gentes de todas partes del mundo todos los días”. Anuncia que Florida fue el único estado dispuesto a entrar en un contrato de “estado huésped” con la Agencia Federal de Manejo de Emergencia para servir mejor a esas familias puertorriqueñas. A esos propósitos, ordenó también la apertura de Centros de Asistencia en el Aeropuerto Internacional de Orlando. El gobernador Scott está presentando los hechos a sus electores, pero también está enviando un mensaje subliminal a los nuevos potenciales electores, y a los hispanos en general, para sus planes políticos futuros y los del partido que él representa, el Republicano.

Durante el mes de diciembre, el periódico Orlando Sentinel siguió publicando otros artículos de primera plana con relatos conmovedores sobre los puertorriqueños que arribaban a Florida. Aunque hay un elemento de sensacionalismo en ellos, son reveladores respecto a qué esperar en el nuevo ambiente. El primero de éstos (Kate Santich, Evacuados de Puerto Rico están todavía llegando como manadas a Orlando, informa el caso de una mujer de 47 años y su esposo. Ella consiguió un nuevo empleo en Orlando como cajera en un establecimiento de comida en una parada del “turnpike” o autopista (en Puerto Rico era gerente regional de ventas). Su esposo, quien era supervisor de un almacén en Puerto Rico, ahora trabaja en la construcción de carreteras en un turno de diez horas al día, seis días a la semana. Junto a sus siete hijos actualmente viven en una habitación sencilla de hotel (single hotel room) “ahorrando para una casa”.

Otro artículo con el sugestivo título: Maestros evacuados desembarcan con un poquito de suerte, relata la historia de un matrimonio joven que emigró en busca de ayuda médica para la madre de uno de ellos, la acompañaban, pero no tenían intención de quedarse allá. No obstante, en el aeropuerto fueron interceptados por personal del sistema escolar del condado de Orange, que se encontraban en el Centro de Bienvenida y les ofreció empleo. Ambos con preparación en Física, Química y Matemáticas, áreas de difícil reclutamiento, fueron contratados para enseñar Matemáticas. El nuevo empleo significa una degradación en prestigio para ella (igual que los dos casos antes citados), pues enseñaba a nivel universitario en Puerto Rico. Nada se dice de los sueldos que recibirán que aunque posiblemente sean más altos que en Puerto Rico habría que atemperarlos a los gastos en el nuevo contexto.

Sus casos, al igual que muchos otros, a todas luces, representan un claro ejemplo de fuga de cerebros. Esto, de acuerdo a la ampliación de ese concepto, incluye científicos e ingenieros, pero también personal de “alta clasificación” y de “experiencia profesional” que se extiende hasta los médicos y maestros de escuela secundaria y primaria (Alesandro Sijil, “El mercado de cerebros”, Editorial Tiempo Nuevo).

Un último artículo revisado (Lauren Ritchie, Manejo de los estudiantes puertorriqueños en Lake, Orlando Sentinel) indica que unos 5,657 estudiantes puertorriqueños se han matriculado en Florida Central, mayormente en el Condado de Orange, con unos 2,670. Seguido por el Condado de Osceola con 2,198 matriculados y los condados de Lake y Seminole, con menos de 500 estudiantes puertorriqueños matriculados recientemente, cada uno. Esas cantidades se distribuyen con 30 estudiantes o menos por escuela, lo cual no requiere que se contraten nuevos choferes de guaguas, ni maestros. Tampoco ha sido necesario reclutar traductores, ya que existe un equipo de maestros bilingües considerable que ha sido formado a través del tiempo. El sentir de los administradores, es que éstos no son los últimos estudiantes puertorriqueños que llegarán, en lo que ha sido el patrón en los últimos años.

Además de la prensa escrita, la prensa televisiva en Estados Unidos, ha querido conocer también con mayor exactitud la cantidad reciente de inmigrantes puertorriqueños. Así lo han hecho mediante un análisis investigativo titulado: Éxodo de Puerto Rico: una guía visual de los investigadores John D. Sutter y Sergio Hernández de CNN. Reportaje que salió al aire el pasado 21 de febrero de 2018.

Partiendo de la asunción de que éste es el mayor éxodo de puertorriqueños en la historia de Puerto Rico, consideran que es un misterio el alcance y la forma de esa “diáspora”. Por eso presentaron, mediante mapas ilustrativos, datos obtenidos por otras fuentes, además de las cifras obtenidas de las líneas aéreas, proceso que se logró mediante el Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos. Esas fuentes fueron FEMA, con un millón de solicitudes de ayuda relacionadas al huracán María desde Puerto Rico y 10,600 desde Estados Unidos; 11,500 nuevas solicitudes de matrícula de niños a las escuelas de Florida; y 6,600 solicitudes de cambio de dirección postal hechas en Estados Unidos. De igual forma ratificaron la cifra del transporte aéreo; 179,000 pasajeros netos desde Puerto Rico durante los meses de septiembre a noviembre de 2017.

Después de presentar las opiniones de expertos en actitudes y movimiento de personas en condiciones de desastres, éstos, los entrevistadores, consideraron que lo que resulta de interés es saber a dónde la gente está yendo. La contestación fue categórica “se han mudado a todos los estados, incluso a Alaska y Hawaii”, ilustrando mediante gráficas el movimiento. No obstante, el énfasis fue en Florida por ser éste el estado que recibió mayor cantidad de inmigrantes después del huracán María.

El punto culminante del programa televisivo fue la pregunta: “¿Qué significa todo esto para la política en Estados Unidos?”. Refiriéndose, por supuesto, a la política partidista y las tendencias ideológicas de los votantes puertorriqueños en los Estados Unidos, que ellos llaman un voto a “la izquierda del centro”. Voto que se ha considerado que puede desestabilizar las elecciones presidenciales y perderse el predominio Republicano en ese estado.

En lo que sí están de acuerdo esos expertos es que el éxodo continuará por razones de la deuda externa y de la bancarrota económica de la Isla. Lo cual causará que la Isla se vacíe, que continuará el envejecimiento de su población y de que se atollará más la economía local.

La preocupación por la cantidad de los inmigrantes puertorriqueños que llegan, en los análisis citados, consciente o inconscientemente, señalan hacia una “minoría étnica”. Minoría que aceleraría lo que Samuel P. Huntington llamó El reto hispano (Foreign Policy, enero-marzo, 2004), reto que es la base del pensamiento actual de la derecha republicana y del Presidente Trump, verbalizado en el reclamo de “que no nos mandan lo mejor”, refiriéndose a México y lo mejor son los “noruegos y escandinavos” por ser blancos y más afines al blanco anglosajón (WASP), grupo dominante en Estados Unidos. Huntington temía que la continua inmigración de hispanos a Estados Unidos, su aumento numérico alarmante (debido a los valores reproductivos), la no asimilación y la resistencia al idioma inglés, constituían un grave reto.

Por eso en la medida que se continúe recopilando información, tendremos un cuadro más claro de la magnitud de la emigración, de la panacea que ello representa para los puertorriqueños y del reto que plantea al balance étnico y racial para los estadounidenses.

El autor es sociologo.

“Hay que estar atentos a la situación de las cooperativas”

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), salió a tranquilizar las dudas de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito tras la publicación del plan fiscal actualizado de la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC).

En comunicado de prensa, el presidente del CCPA, Ramón Ponte, hizo un llamado a un análisis abarcador de dicho plan. “Hemos leído y escuchado comentarios sobre el plan que pueden crear ansiedad entre los socios de las cooperativas,” indicó el CPA Ponte.

“Si bien es cierto que el plan fiscal indica que los bonos del Gobierno de Puerto Rico (incluyendo agencias y corporaciones públicas) representan 56% de la cartera de inversiones de las cooperativas, según se ha comentado en varias publicaciones, es importante reconocer que representan solamente 7% del total de activos de éstas al cierre de 2017, aseguró Ponte.

Según el CCPA aun si se redujera el valor de las inversiones en bonos del Gobierno a cero, las cooperativas en agregado tendrían un índice de capital de 19.3%, cifra que dijo “es muy saludable”.

Prosiguió que el plan fiscal reconoce que las inversiones en bonos del Gobierno de Puerto Rico no se registran de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, (GAAP por sus siglas en inglés) sino a base de la Ley 220-2015, que permite diferir el reconocimiento de las pérdidas en valor de esos bonos. No obstante Ponte expresó que cuando esta ley se aprobó, el Colegio se opuso a la medida, por considerar que es inaceptable que los libros de las cooperativas no reflejen las pérdidas de las inversiones en bonos cuando éstas se incurren. “Esto debe corregirse,” insistió.

Hizo la observación de que aunque el PF de COSSEC no detalla la situación financiera de las cooperativas individualmente, sí se provee información agregada de éstas, así como de COSSEC. “Ante la situación fiscal del Gobierno, es de esperar que algunas cooperativas hayan recibido un golpe fuerte, pero no vemos un problema sistémico. Claramente, el capital y las reservas de COSSEC no son suficientes para absorber la totalidad de las pérdidas en los bonos del Gobierno, pero entendemos es adecuado para ayudar a solventar a aquellas que estén en posición más débil, para proveer liquidez o facilitar su consolidación con una cooperativa más sólida,” explicó el CPA Ponte.

“Los socios de las cooperativas deben estar atentos a la situación de sus cooperativas y a los pasos que se tomen para atender problemas particulares. No deben dejarse llevar por comentarios o análisis incompletos,” concluyó.

Se defiende el Movimiento Cooperativo

El movimiento cooperativo, denunció como inconsistente el Plan Fiscal de la Corporación para la Supervisión de Seguros de Cooperativas (COSSEC) dado a conocer en el nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico (PFG) en el cual se sugiere un mal estado del movimiento cooperativo de ahorro y crédito y la necesidad de fusionar cooperativas.

En un manifiesto lanzado por la Liga de Cooperativas este 28 de marzo el movimiento cooperativo, calificó que el PF de COSSEC es uno inconsistente en sus términos y carente de propuestas concretas para asistir a las cooperativas con intervenciones especiales, en el proceso de recobro de sus acreencias. Se refiere a cooperativas que tienen bonos del Gobierno de Puerto Rico. La Liga además censuró la propuesta de cambios en el ente de COSSEC.

“La propuesta de reformar la estructura de gobernanza de la Corporación y de intensificar los procesos de supervisión y regulación ponen de manifiesto la intención de crear un nuevo escenario de intervención y control excesivo del gobierno sobre las cooperativas. Para la Liga de Cooperativas el plan continúa siendo innecesario e inaceptable”.

En una fuerte censura la Liga trae a la atención que el gobierno ignora que COSSEC es una estructura sostenida en su totalidad por las cooperativas, y acusó a que fue la insolvencia del gobierno y su poder sobre la corporación lo que condujo a las cooperativas a enfrentar el riesgo de pérdida de inversión y que el grave potencial de conflicto en la estructura de la gobernanza corporativa, se configura en el sector que antepone los intereses del gobierno de turno sobre el interés del sistema financiero y los de las cooperativas que lo componen.

Respecto a la nominación de COSSEC como agencia cubierta por el PFG la Liga reveló que estuvo a la disposición de los funcionarios con autoridad de intervención en el proceso. “Sin embargo, la administración gubernamental no ha discutido con el Movimiento ninguna de sus propuestas”. Añadió que posterior a la presentación del plan se pudieron reunir con funcionarios de AAFAF, a quienes le hicieron partícipes del extremo equívoco de las propuestas de dicho plan. “No obstante, el equipo gubernamental mantiene una posición protectora de intereses ajenos al sistema financiero del Movimiento”, denunció el movimiento cooperativo.

Más allá de las declaraciones respecto a COSSE el manifiesto de la Liga de Cooperativas estuvo dirigido a expresar la solidaridad del movimiento para con el pueblo de Puerto Rico ante las propuestas fiscales anunciadas por el gobierno.

“El Movimiento Cooperativo es uno de profundo arraigo social que exhibe y manifiesta su compromiso con la dignidad del ser humano y el respecto a sus derechos. Ante la grave crisis económica que enfrentamos, durante los pasados años en la Liga de Cooperativas hemos estado atentos y manifestado preocupación por el adelanto de medidas que afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Desde esta perspectiva, advertimos que la situación económica ameritaba de un análisis especializado y a la vez sensible a las necesidades de todos los sectores de nuestra ciudadanía. Hoy lamentamos con asombro, que las consecuencias de la crisis y de la quiebra del gobierno recaigan sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables de nuestro pueblo”.

La Liga manifestó que las recientes propuestas gubernamentales “atentan contra la legislación protectora del trabajo, así como la proyección de interponer los grandes intereses corporativos sobre el carácter social que debe revestir la administración de servicios esenciales como la educación y la distribución de energía, exigen del Movimiento Cooperativo una respuesta pro activa que nos coloque de forma inequívoca del lado de nuestros asociados y de nuestro pueblo”.

Para concluir la Liga reclamó que ante la situación histórica del país “reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a los sectores ciudadanos comprometidos con la búsqueda de soluciones de justicia social. A los cooperativistas les exhortamos a mantener la confianza en su liderato y a participar de las actividades que convoquemos en defensa de nuestra autonomía y de nuestro Derecho Cooperativo”. El manifiesto está suscrito por el presidente de la Junta de Directores de la LC, profesor William Ortíz Negrón y la secretaria Ana Violeta David.

No estamos para poner la otra mejilla

Muchas personas pensábamos que difícilmente el 2017 podría ser superado en términos de golpes y malas noticias para Puerto Rico y nuestras vidas particulares. Nos equivocamos. Tres meses completos han transcurrido desde que botamos el mal recordado viejo año y rara vez pasa un día sin que una nueva carga sea añadida a nuestras espaldas, se vacíen más los bolsillos y carteras, nos arranquen de un zarpazo derechos que con luchas hemos alcanzado, sea más descarnado el coloniaje en Puerto Rico y aumente el riesgo para el bienestar de las futuras generaciones boricuas. Para comenzar, no tenemos ni pizca de confianza en la información que ofrece el gobierno sobre las negociaciones que lleva a cabo con la Junta de Control Fiscal (JCF), con Estados Unidos o con entidades privadas. El gobernador cambia de discurso, de compromisos, de decisiones, de acuerdo a lo que mejor le convenga, ya sea para salir de una metida de pata suya o de los funcionarios que ha nombrado o porque quiere tener la mejor proyección posible para las elecciones del 2020.

Tres puñaladas nos han sido clavadas recientemente, una tras otra. En primer lugar, la nueva legislación sobre la Educación en Puerto Rico, cuyo objetivo principal es introducir la privatización en el sistema, a pesar del carácter constitucional que ésta tiene y por el cual siempre hemos tenido tanto orgullo. Para manejar la aplanadora que allanará el camino llegó a Puerto Rico la Sra. Julia Keleher, con un salario repulsivo por su cuantía si se compara con el que recibe el magisterio y la precariedad material en el sistema de enseñanza. Llegó el cuco de las escuelas “Charter”, eufemísticamente llamadas ahora “aliadas”, para mitigar su carga negativa y se revivió el fantasma de los vales educativos. Sin embargo, esa misma Secretaria de Educación litiga sin tregua la ubicación de un estudiante con diversidad funcional en una institución privada cuando ha estado fuera de la escuela por meses debido a que el Departamento no tiene el servicio disponible.

La clase trabajadora también ha sido apuñalada nuevamente con legislación laboral anunciada para el sector privado. Sumado a los muchos empleos que se han perdido, se propone eliminarles el bono de Navidad y limitar a siete días las licencias por enfermedad y vacaciones. ¿Qué va a pasar cuando ese tiempo tan corto termine, pero la trabajadora no haya terminado sus quimioterapias; o cuando la madre trabajadora tenga que hacer gestiones de su hija o hijo en la escuela o cuidar al padre enfermo que está hospitalizado? Pero, lo más despreciable es la eliminación de la Ley 80 sobre Despido Injustificado porque le da al patrono una licencia para botar gente, especialmente los de más antigüedad y por lo tanto, con salarios más altos. Las enmiendas deberían ser para viabilizar la reposición en el empleo cuando el despido es injusto, pero la revocación de esta medida de justicia social despojará a la persona perjudicada de tener acceso a representación legal que con la ley pagaba el empleador. Tan nefastos cambios fueron justificados con un aumento en el salario mínimo que añade sal a la herida pues se trata de un peseteo bochornoso. Sobre todo, cuando se anunció coetáneamente con lo que se le pagará a Walter Higgins en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el nuevo gringo que trae la antorcha en la mano para iluminar a Puerto Rico por una compensación que casi alcanza el medio millón de dólares.

El supuesto enfrentamiento entre la JCF y el gobernador por el “extraordinario” propuesto incremento en el mínimo salarial, provocó la virazón del ejecutivo, quien dejó sin efecto los cambios anunciados para el sector privado. Sin embargo, no creo que debamos poner ni un huevo en esa canasta. La intención está sembrada. El trío de puñaladas se completa con la anunciada privatización de la AEE, la presa que tantos están buscando. Las heridas de la más importante industria nacional que tiene Puerto Rico son muchas. Una de las más profundas, al igual que ocurre en el Departamento de Educación, se la ha inferido la ambición de las dos partidos que han gobernado al país, pero hablan y critican como si nunca hubiesen metido la mano y tomado decisiones. Tienen sembradas allí sus claques. Ciertamente se necesitan cambios, pero la solución no es poner la AEE en manos de especuladores. No recuerdo ninguna privatización que nos haya beneficiado. La empresa privada tiene como norte las ganancias. Para muestra cuatro botones: la Telefónica, el aeropuerto, las autopistas, incluyendo el puente Teodoro Moscoso y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuyos malos frutos hicieron necesario revertirla al estado.

Las listas más recientes plantean colocar en manos privadas corporaciones públicas que no tienen dificultades económicas, como el Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Autos, el edificio del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes, entre otras. Es decir, que también quieren quitarnos de las manos lo que ha sido exitoso o lo que nos identifica como Pueblo. La Universidad de Puerto Rico está en alto riesgo y la Junta Universitaria, cuya composición actual responde a los nombramientos del actual gobierno ya ha tomado decisiones preocupantes sobre el destino que espera a nuestro primer centro docente.

Por otro lado y a pesar de toda la retórica del gobierno con el estribillo de que “Puerto Rico se levanta”, sus agencias no son capaces de hacer bien el trabajo que les corresponde y que pondría a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) sin fines de lucro, que sí han demostrado su capacidad para atender a las poblaciones vulnerables, empobrecidas, golpeadas por la violencia y las secuelas de los huracanes, en condiciones de fortalecer sus servicios. Por ejemplo, el Departamento de la Familia, no ha firmado los contratos con los albergues y otras entidades para sobrevivientes de violencia de género de forma que puedan continuar operaciones sin interrupciones. Esperan por ello desde hace meses. Por otro lado, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Justicia y otras, han cambiado criterios para asignar algunos fondos provenientes de propuestas, por el mecanismo de reembolso y no de pago adelantado. La mayoría de las ONGs no cuenta con dinero para funcionar de esa manera y esperar largo tiempo y la compleja burocracia que tienen las agencias para devolvérselo. El gobierno se las arregla para vender lo mejor que tenemos, pero no es capaz de mostrar sensibilidad y atender con eficacia asuntos más simples.

Porque no estamos para poner la otra mejilla, nos toca decidir desde nuestras organizaciones pequeñas o grandes, de servicios o activistas, como comunidad o barrio, como familia o persona individual qué vamos a hacer para resistir los golpes, las puñaladas, la falta de transparencia, las mentiras y contradicciones. Creo que debemos unirnos a todos los esfuerzos que surjan; de los sindicatos del sector público o privado, de las diferentes alianzas que se han ido formando; de estudiantes, de las organizaciones de mujeres. Por supuesto que siempre va a haber diferencias y estrategias en las cuales por razones múltiples no podremos involucrarnos, pero más serán aquellas a las que contribuiremos con nuestra presencia. No puede ser sólo a través de las redes sociales que tan importantes son. La presencia física es indispensable. Que nos cuenten y sepan que no somos indiferentes. A falta de un frente lo suficientemente amplio que con gran poder de convocatoria nos junte, dependerá de nuestra buena voluntad, amor por Puerto Rico, apego a los valores de justicia y solidaridad, participar en todo aquello que nos represente como Nación y que nos ayude a salvar esta Patria para el futuro. Es hora de que líderes y lideresas depongan diferencias por el bien común.