Las manifestaciones de resistencia en contra de la llamada reforma educativa, que conlleva la implantación de escuelas “charter” y los “vales educativos”, continuó este sábado con una nutrida marcha que salió pasada la una de la tarde desde la Plaza Colón, para llegar hasta los predios de la Fortaleza, en el Viejo San Juan.

A la marcha convocada por el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, respondieron padres, madres de estudiantes, todos los gremios magisteriales a excepción de la Asociación de Maestros (AMPR), estudiantes universitarios, organizaciones políticas, como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el movimiento Amplio de Mujeres (MAM) y el Colegio de Trabajadores Sociales, entre otros.

En esta ocasión la manifestación tuvo en primer plano la denuncia de que los estudiantes de educación especial serán los más perjudicados con la llamada reforma educativa. Los estudiantes con diversidad funcional representan más de una tercera parte de la matrícula de las escuelas públicas. En entrevista la portavoz del Comité Timón de madres y padres de Educación Especial (CTMPEE), Carmen Warren contó a CLARIDAD que ya la declaración de 608 maestros como “recursos disponibles” ha provocado crisis emocional en estudiantes de educación especial. Se refiere a que la semana pasada la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, declaró a 608 maestros que ya estaban ubicados en salones de clases con sus respectivos grupos como “recursos disponibles”, lo que implicó el traslado de estos maestras y maestros a otras escuelas. Warren denunció que esto incluye a maestros de todas las disciplinas y a todos los niveles. En el caso de los estudiantes de educación especial los cambios han provocado ansiedad tanto en los de escuela elemental como superior.

“Desde que llegó Keleher todo está mal, se priva más a los estudiantes de servicios y la desinformación hacia los maestros es peor”, denunció. En esa dirección recordó que cuando se inició el pleito de la Ley Promesa, en una reunión en Fortaleza en donde participó el Comité, el DE y el Departamento de Justicia, se llegó al acuerdo de que el pleito de clase de las y los estudiantes se mantendría activo y a cambio se detuvo el pleito por indemnización. Según este acuerdo se supone que el DE esté dando todos los servicios a los estudiantes de educación especial, incluyendo que el DE esté pagando los honorarios de los abogados del caso. La realidad es que el DE no ha cumplido con los acuerdos. En particular la falta de cumplimiento en proveer los servicios educativos a los estudiantes está reflejado en los informes que la monitora impuesta por el Tribunal Superior, Pilar Meléndez tiene que entregar cada tres meses. Warren dijo que aun cuando el informe de la monitora está basado en información que a su vez le brinda el mismo DE éste siempre sale mal.

“El Comité siempre ha estado impugnando esos datos y a pesar de las mentiras siempre el departamento sale mal en los informes”. Warren atribuyó que la declaración de maestros de “recursos disponibles”, es un cambio de nombre a los ya declarados “maestros disponibles”, y como el DE no nombró al inicio del año alrededor de mil maestros, ahora el cambio de los maestros llamados “disponibles” es para que al final del año en los informes aparezca, como que se llenaron todas las plazas. Añadió que cuando se cierren las 300 escuelas estos maestros quedaran despedidos.

La portavoz del Comité Timón denunció que ni los padres, ni los maestros de educación especial tuvieron oportunidad de ser escuchados en las vistas del proyecto de reforma. Añadió que aun cuando la Cámara de Representantes creó una comisión especial para atender los reclamos de esta comunidad eso tampoco ha sucedido y cuestionó qué pasará o si se cancela la comisión, una vez el gobernador firme el proyecto. De hecho a preguntas de la Prensa hace una semana el gobernador Ricardo Rosselló Nevares alegó que no había firmado el proyecto todavía porque tenía mas de 300 enmiendas , era un proyecto muy largo y tenía que leerlo.

Warren expresó “existe mucha desesperanza después del huracán y estamos aquí defendiendo la escuela pública”.

En conversación con una terapista ocupacional presente en la actividad CLARIDAD confirmó que, por ejemplo en los pueblos de Arroyo y Patillas los traslados de maestros han provocado trastornos en los estudiantes de educación especial. Contó la experiencia de un estudiante con autismo de cuarto año se le quitaron tres maestras lo que representó la perdida de cuatro clases. “El joven no se podía concentrar y expresaba su preocupación de qué iba a pasar con él y que iba a pasar con las maestras”.

En tanto a la llegada de la marcha a la calle Fortaleza, a una cuadra de la casa de la gobernación, jóvenes estudiantes se hicieron cargo de la actividad. “Nuestra escuela no se vende, nuestra escuela se defiende”, avivó Christian Daniel Pérez, estudiante de la Escuela José Julián Acosta, especializada en teatro, localizada en el Viejo San Juan, quien sirvió de maestro de ceremonia. El público quedó impresionado con el talento desplegado por el niño de ocho años Alejandro Rivera Ortíz, de la Escuela Segunda Unidad Pedro Fernández, de Naranjito, quien interpretó unas décimas en denuncia de las escuelas “charter”. Las décimas son de la autoría del trovador Ricardo Villanueva. Alejandro estuvo acompañado por la maestra de música de su escuela, Jaqueline Negrón.

Otro joven que desplegó su talento en unas décimas fue Sebastián González, de la Escuela Libre de Música, Ernesto Ramos Antonini, en San Juan. Mientras la maestra Negrón también interpretó la canción, Mis derechos de mujer, de su autoría. La actividad concluyó con la exhortación de continuar la defensa de la escuela pública en las calles.

ccotto@claridadpuertorico.com

Pobreza, emigración, la esclavitud del siglo XXI, son solo algunas de las consecuencias para las y los trabajadores(as) y por consecuente para el país, que acarreará la nueva reforma laboral, anunciada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, precisamente un día antes de conmemorarse el 145 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico (22 de marzo de 1873). Según lo anunciado la reforma limita los días de vacaciones y enfermedad para los trabajadores del sector privado a siete días, se elimina el bono de navidad y la Ley 80, que protege a al trabajador de despido injustificado. El gobernador defendió que con la reforma se aumentará el salario mínimo a 8.25 la hora de aquí al año 2023.

Las diversas organizaciones sindicales reaccionaron en primera instancia al anuncio mediante comunicados de prensa y este lunes 26 de marzo realizaron una manifestación frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

“El gobernador Rosselló es un hipócrita, que un día dice que no va a afectar a los trabajadores y días después los apuñala una y otra vez por la espalda. Él sabe muy bien que subir de manera pírrica el salario mínimo no es ninguna ayuda a la generalidad de la clase trabajadora porque solo se impacta a un porcentaje bien bajo. Además, ese aumento se le hace sal y agua frente a los beneficios que le pretenden quitar”, denunció Argenis Carrillo, presidente de la Unión de Tronquistas que agrupa a trabajadores del sector privado.

A él se le unió el Secretario Tesorero de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Juan Cortés Valle, quien expresó que era una inmoralidad quitarle más derechos a la familia trabajadora ante el desorbitante despilfarro de gastos públicos en contratos y sueldos que exhibe el gobierno.

“Cuando usted tiene a gente del gobierno cobrando cifras que alcanzan el medio millón de dólares, cuando tiene a una Natalie Jaresko cobrando casi tres cuartos de millón de dólares, usted no puede hablar de más estrangulamiento a la clase trabajadora. La crisis es solo para la familia trabajadora y los demás a vida de ricos de primer mundo. Basta ya, hasta aquí trazamos la raya”, denunció Cortés Valle.

Mientras Carrillo añadió que la intentona de derrotar la legislación protectora de los y las trabajadoras es insostenible e injusta cuando hay muchas compañías foráneas que expatrian miles de millones de dólares sin tributar en la isla.“Promover nueva legislación laboral que ahogue más a la familia trabajadora es sinónimo de agravar más la economía porque en la medida que se le quitan beneficios a las y los trabajadores, se reduce su movilidad para gastos y consumo. Eso es un efecto dominó exponencial que impacta también a las finanzas del gobierno. Tal parece que al gobernador le gusta jugar a la ruleta rusa, solo aquí a quien apunta es al pueblo”, añadió el dirigente de los Tronquistas.

Las declaraciones de Cortés Valle y Carrillo fueron suscrita por la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada (afiliada a la CPT), la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (Ftpr-AflCio), la Federación Central de Trabajadores (FCT), la Unión Independiente de Trabajadores de los Aeropuertos, la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión de Tronquistas.

En tanto el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) también tronó contra la propuesta reforma laboral. “Es insólito que luego de más de 10 años de imponer recortes y eliminar derechos laborales anunciando que así generarán empleos, sigan exprimiendo y castigando a las y los trabajadores con el mismo cuento, con la misma excusa”, declaró indignado el presidente del SPT, Roberto Pagán. Pagán censuró que la anunciada reforma continúa la tendencia de los últimos años de reducir el salario real de las y los trabajadores mientras aumentan las ganancias de las mega empresas y los millonarios.

“Es una falacia alegar que con estas medidas estimulan la creación de empleos, cuando bien saben que lo que invitan es a que nuestra fuerza trabajadora emigre en busca de salarios decentes”, aseguró.

“El abuso contra los y las trabajadoras en el sector privado se da con tanto descaro porque no cuentan con una voz que les represente, ya que apenas el dos por ciento están organizadas en sindicatos. Por eso es urgente desarrollar una iniciativa organizativa que potencie la fuerza y el poder de este sector tan maltratado y acabar con tanto abuso”, continuó el líder sindical.

El presidente de la SPT advirtió a las y los empleados(as) públicos(as) el que también deben protestar en contra de estas medidas porque ya le han recortado días de vacaciones, licencias de enfermedad, días feriados y se aprestan a arruinar las pensiones. “Cada recorte de derechos en el sector privado es seguido por recortes en el servicio público, esa es la experiencia”, afirmó.

La SPT representa a sobre 12 mil trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado y está afiliado al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) que cuenta con sobre 2 millones de miembros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Por otra parte el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también reaccionó indignado ante lo anunciado. En conferencia de prensa el liderato del PIP, la vicepresidenta, exsenadora María de Lourdes Santiago y los legisladores, Denis Márquez y Juan Dalmau, emplazaron al primer ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y al gabinete económico del gobernador a que documentaran con absoluta transparencia los siguientes elementos: Los efectos en la economía y en la clase trabajadora de la imposición del IVU la eliminación de la ley de cierre y la primera reforma laboral. La cuantificación de los ingresos dejados de recibir por el fisco a través de los subsidios a grandes corporaciones y que se detallen los beneficios económicos que el país ha recibido a cambio.

Un estimado preciso de los empleados que se verán afectados por la nueva propuesta de reforma laboral incluía la cantidad de dinero que dejará de circular en el país por motivo de la eliminación del bono de navidad con una proyección validada del efecto que esto tendrá en las ventas de esa temporada.

El liderato independentista cuestionó el que la reducción de derechos sea un bien que se le esté haciendo al país y que termine incentivando el desarrollo económico. Señalaron que esa ha sido exactamente la misma justificación que se ha dado por diferentes administraciones ante las imposiciones previas de medidas que castigan a la clase pobre media y trabajadora como con el impuesto sobre las ventas y uso y sucesivos aumentos. Explicaron que con la primera reforma laboral se redujeron los días por enfermedad, vacaciones y se liberalizó la Ley 80 de protección contra el despido injustificado; se eliminó la ley de cierre, se privó de paga adicional a quienes trabajan los días domingo.

Estimaron que a estas alturas el país debiera estar listo para asumir una postura de cuestionamiento y confrontación. Los legisladores independentistas anunciaron que utilizarán el espacio legislativo para denunciar los efectos de la segunda reforma laboral y, a nivel institucional, la colectividad se mantendrá en comunicación con los sectores afectados.

Por su parte el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) fue otro sector que condenó la intención del gobernador Ricardo Rosselló de continuar su ataque despiadado a la clase trabajadora. La presidenta del PPT, Mariana Nogales Molinelli, advirtió que continuar por este camino solo acelerará la migración de nuestra fuerza trabajadora y agudizará aún más las condiciones de pobreza de quienes permanezcan en Puerto Rico.

«El senador Rivera Schatz dice que con esto los puertorriqueños van a salir adelante. Pero a donde único van a salir con este plan es al exterior y a condiciones más terribles de pobreza y desesperación. El gobernador y sus secuaces no pueden decir que no conocen las consecuencias de lo que están haciendo. Múltiples sectores y la historia misma han confirmado el daño que las medidas de austeridad le hacen a la economía y a las condiciones de vida de la gente. Sin duda, están allanando el camino para convertir a Puerto Rico en un paraíso solo para ricos, donde no cabemos nosotras ni caben nuestros derechos. Rosselló va a ser recordado como el último verdugo de nuestros derechos laborales, los mismos que se ganaron durante el pasado siglo mediante grandes luchas que consiguieron acercarnos a una vida más digna», aseguró.

El abogado Edwin Vélez, defensor del estudiante Randiel J. Negrón Torres, uno de los(as) siete acusados(as) tras irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) donde se discutía el Plan Fiscal de la institución el pasado 27 de abril, aseguró a este medio que el proceso judicial que enfrentan será incierto y largo.

Además de Negrón Torres, Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo fueron imputados por los delitos de motín, daño agravado, derecho a reunión, restricción de libertad agravada, intimidar al orden público.

El miércoles pasado se llevó a cabo una vista preliminar para continuar con las declaraciones de los testigos de fiscalía. El sargento Valentín, uno de los guardias de seguridad encargados, declararía ante el fiscal que lidera el caso en el Tribunal Estatal, Ángel García.

Se pautó el 4 de mayo como el próximo día para continuar con la vista. “No sé cuál es el estado de Fiscalía en estos momentos. Hasta el 4 de mayo sigue la incertidumbre para estos muchachos. Podría ser que finalice ahí. Depende del fiscal”, dijo el licenciado entrevistado.

Cada estudiante cuenta con cuatro cargos “grandes y con implicaciones fuertes, como pena de cárcel, de resultar probados”, según Vélez.

Las vistas preliminares de este caso se han pospuesto porque el Tribunal tiene problemas con varios testigos en sus comparecencias. “De hecho, uno de los testigos que es importante para el fiscal, el agente investigador del caso, no está viviendo en Puerto Rico”, informó Vélez.

Según el licenciado, en esta etapa procesal, que es vista preliminar, el fiscal no está obligado a decir quiénes serán los testigos, aunque a este momento todos los abogados defensores saben quiénes son porque ya juramentaron. Sin embargo, “lo que no es normal en el proceso y lo que nos llama la atención es el interés que tiene el Estado en este caso. Desde Regla 6, fiscales, pruebas, regla 6 en alzada, el interés del Estado es seguir con estos estudiantes hasta el final”, confesó.

“Hay una intención del Estado de darles una enseñanza a esos estudiantes –y al sector del pueblo que representan– de que aquí se protesta como yo diga. Si protestas fuera de lo que yo acepto, eres un delincuente”, continúo ofreciendo Vélez su lectura sobre cómo el Estado ha desatado este proceso judicial.

El licenciado cree que Fiscalía quiere darle un escarmiento a los y las acusados(as), y más por ser estudiante de la UPR en el contexto histórico de hoy y teniendo en cuenta la recién aprobación del Plan Fiscal UPR. Parecido a lo que ha pasado con la compañera Nina Droz, Vélez piensa que el Estado tiene un interés bien particular de “bajarle con todo” al grupo de estudiantes.

Cuando abras el buzón para recoger libros, aparatos electrónicos o cualquier compra hecha en Amazon desde el primero de abril de 2018, no sólo habrás pagado por primera vez el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) a esa tienda en internet. Será además el fin de un trato desigual que beneficia a esa empresa.

Precisamente porque Amazon no lo cobra y puede despachar sus artículos aún más baratos que las tiendas locales, a estas se les hace más difícil competir con el gigante de las ventas al detal, propiedad de Jeff Bezos, hoy el hombre más rico del mundo.

Dejar a Amazon sin cobrar el IVU es algo bien distinto a darle un incentivo o una exención contributiva, pero la práctica se asemeja al mantengo corporativo en la medida que ofrece una ventaja a la compañía.

Después de que el Departamento de Hacienda anunció que había llegado a un acuerdo con Amazon para que esta empresa cobre el IVU, se levantó en las redes sociales un maremagnum de críticas ante un alegado “nuevo impuesto”. Algunos aseguraban que, como castigo por aliarse con el Gobierno, cerrarían el servicio Prime, una membresía con la compañía a cambio de ciertos beneficios.

Pero en realidad, la administración de Ricardo Rosselló está haciendo que Amazon cumpla con una responsabilidad que ya tienen compañías puertorriqueñas cuando venden artículos o servicios. No es un nuevo impuesto. Y si Amazon no lo recauda, entonces las empresas de Puerto Rico también deben estar exentas.

Antes de que Amazon se popularizara como el principal sitio de ventas por internet, los impuestos en los estados y en los territorios los cobraban las populares empresas de ventas por catálogos sólo si tenían presencia física en la jurisdicción, según una decisión del Tribunal Supremo de EE UU de 1992. Amazon extendió el cobro del impuesto independientemente de si tenía sede en los estados, ante la presión de los gobiernos estatales que retaban el razonamiento de la ley de 1992 en la era de internet. En Puerto Rico, el gobierno de Rosselló intervino para que en la Isla también se cobrara, y de este modo la Isla completa el grupo de los estados y territorios que cobran el impuesto por productos comprados en internet, con excepción de las jurisdicciones que no tienen impuestos estatales.

El dilema que tienen ahora los estados no es si cobrarle IVU a Amazon o no, sino extenderlo efectivamente a aquellos vendedores independientes conocidos como third party sellers, que usan a esta compañía como plataforma, y ni siquiera lo están cobrando por sus ventas en los estados en que están localizados.

Hasta ahora, cuando recibías un artículo comprado por internet, se suponía que fueras con el recibo ante el Gobierno para pagar el IVU. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Este mandato del Código de Rentas internas era totalmente ignorado.

El IVU del 11.5% resulta odioso en momentos de dificultad económica y cuando el gobierno de Rosselló asfixia a la población con políticas de austeridad que hacen la vida más precaria, como la propuesta de bajar a siete los días de vacaciones y los días por enfermedad. Y hay razón en señalar que una gran parte del IVU que se pagará por las compras, por Amazon o por cualquier tienda local, va a costear ciertas obligaciones de la deuda de Puerto Rico con sus bonistas.

Amazon puede ofrecer mercancía que no está disponible en el mercado local, y la verdad es que la empresa llega a ofrecer productos mucho más económicos de lo que se pueden encontrar en ciertas tiendas de Puerto Rico, independientemente del IVU. Pero quejarse de que la empresa ahora cobra el impuesto y no protestar por que las empresas locales están obligadas a hacerlo desde hace más de diez años representa un problema de doble vara y de falta de conciencia respecto a las desventajas que enfrentan los pequeños comercios ante las multinacionales.

Aún así, al pedir a Amazon que imponga el IVU, el gobierno de Puerto Rico está lejos de probar que ha enderezado su fracasada política de permitir beneficios a las corporaciones sin que prueben cómo benefician al País. Todavía está pendiente la promesa de Rosselló de revisar los subsidios que reciben empresas, muchas de las cuales obtienen beneficios cuando son totalmente innecesarios. Así sucede con las empresas de biotecnología agrícola como Bayer y Monsanto, que vienen porque la Isla tiene una ventaja competitiva, el índice de calor que necesitan para sus experimentos con semillas, mientras se encuentran bajo el sistema legal estadounidense, el más liberal para los experimentos con transgénicos, y reciben millones en fondos públicos para llevar a cabo sus actividades. Un caso similar es el de empresas que producen ron en la Isla como Bacardí, donde el Gobierno ha dejado de devengar $454 millones para entregarlos a compañías que han mostrado crecimiento mientras han reducido su aportación al erario. Y así hay otros ejemplos de un problema sistémico en el que la ciudadanía ni el gobierno saben cuánto se pierde o cuánto se gana con estas políticas.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ofreció a la Isla para que Amazon construyera una segunda sede, lo que iba a crear alegadamente miles de empleos y atraer millones de dólares en inversiones. La empresa decidió dejar a la Isla fuera de sus planes de expansión. Por ende, Amazon no crea empleos en Puerto Rico ni deja dinero en contribuciones, por no tener aquí sus instalaciones. No se justifica darle una ventaja ante tiendas locales que producen empleo, pagan impuestos y dejan el dinero en el país, cuando más lo necesita.