El 30 de mayo, de madrugada, leía el estudio que publicó Harvard en el que colaboraron científicos puertorriqueños. Recordé, y leí, un artículo de Omaya Sosa en el Centro de Periodismo Investigativo. En diciembre de 2017 ya sabíamos que más de mil habían fallecido con el paso del huracán y los efectos terribles del mismo en la salud. Lesiones, enfermedades, carencia de ayuda médica, condiciones insalubres.

Esa misma mañana leí un comentario de la poeta Yara Liceaga. Recordaba ls escritora aquella escena demoledora de Dreams, de Akira Kurosawa. El capitán de la tropa que mira sobrecogido a sus muertos y les ordena que regresen a perderse en el inframundo. La escena se llama “El túnel”.

Yara se preguntaba de qué manera tierna dirigir a nuestros muertos por un camino digno. “Casi todos desde el 20 de septiembre hemos andado con el alma cenagosa y expuesta, en un luto amplio, abarcador, y en desconocimiento. Si en algo creo es en la energía y en algunos sueños, recuerdo aquel sueño gris pienso en toda la energía que necesitamos para encaminar aquellas energías sueltas sin haberles llevado a cabo sus rituales de muerte. De manera rústica u ordenada, me parece que nos toca hacer algo”, decía la poeta.

Seguía leyendo llamados a “hacer algo”. El artista Nelson Rivera proponía llevar zapatos a El Capitolio. Proponía otras cosas que no repito. Casi de forma simultánea compañeras y compañeros propusieron lo mismo: una manifestación con zapatos representando a los fallecidos en Fortaleza, Capitolio, Cuartel General, Tribunal Federal. Todas buenas ideas.

Sin embargo, esa sensación de que era necesario el duelo, esa necesidad de cerrar el círculo y/o abrir el sentimiento, proponer procesos de sanación, exigir respeto, trato digno, transparencia, dominaron. Se hizo una convocatoria temprano esa mañana. Gloribel Delgado me llamó y nos reunimos. Llegué pensando en que la plaza frente al Capitolio era amplia, pública, y un espacio reconocido de expresión pública. Esta sería la expresión de colectiva del dolor. Una oportunidad de reconocernos en ese dolor, en el duelo, en el homenaje a la vida honrando a nuestros muertos. Y así se hizo.

La respuesta inicial del estado fue cruel. En el contexto del que hablamos el cinismo no tiene cabida. Alguien en la oficina de Beatriz Rosselló envió una comunicación pública en la que se ofrecían zapatos y bultos para niños. Por supuesto, esa caridad no tenía nada que ver con la convocatoria.

Lo que allí sucedió fue un junte de mucha solidaridad humana. Decenas de historias de amor. Ponerle nombre a los números. Respeto y dignidad. Aprecio del silencio sanador. Ejercicio de la memoria. Nos hacía falta. Nos hace falta. Se ocupó un espacio público porque el estado no solo fue ineficiente, sino que también fue negligente y ni siquiera dio tiempo y espacio para esa reflexión necesaria.

Al finalizar la actividad el joven Ricky Rosselló fue escoltado al lado norte del Capitolio junto a la Primera Dama. Allí, cuando quedaban algunas flores, velas, recordatorios y algunos zapatos, posó para su fotógrafo oficial y para una dama que, casualmente, pasaba por allí y que, casualmente, formó parte de su equipo de campaña. Nuestra primera reacción fue de rabia. Duró dos segundos. Duró poco porque lo que dominó fue la idea clara de que aquello había sido, por tres días, un espacio de solidaridad humana, respeto, dignidad, abrazo colectivo, duelo. Nada iba a empañar eso.

Lo que le expresé a Ricky fue eso. Le agradecí su presencia porque era el reconocimiento tácito de que su administración cometió un error. La cifra oficial es, aún hoy, absurda. No porque lo diga Harvard, sino porque lo decían desde el primer día las voces de familiares y amigos de los desaparecidos. Porque lo decían los furgones refrigerados de FEMA que sirvieron de morgue provisional, porque lo decían los testigos, porque lo repitieron por primera vez de manera colectiva y desde un espacio público centenares de personas. Rosselló repitió slogans. Volvió a hablar del estudio de la George Washington University. Y más que rabia sentí tristeza. Me duró dos segundos. La paz de aquellos tres días nunca será borrada.

Queda mucho por hacer y hay miles trabajando. Los que tienen los recursos de agencias federales del país más rico del mundo (y el más endeudado), así como los recursos del territorio más subordinado del mundo (y el más endeudado) son, precisamente, los que dejaron al país a su merced. Son ellos los que tienen que responder y son ellos los responsables. La caridad no es la respuesta. Si cierran escuelas y regalan bultos ¿qué bien le hacen al país? Si se reúnen con los sindicatos y derogan la ley 80 ¿qué bien le hacen al país? Si se reúnen a ver la boda real con sombreros y champán ¿qué bien le hacen al país? ¿Cómo es que regalarle el país a los millonarios resuelve problemas de agua potable, energía, salud, educación? Mientras escuchaba al gobernador en su espectáculo mediático en lo que había ido un espacio casi sagrado no pude dejar de pensar en eso. Sin embargo, ese no era el lugar ni el momento para respuestas agresivas. Pude presentar mis objeciones sin dañar el homenaje a la solidaridad humana. Ya habrá otros momentos y lugares para manifestarse. De muchas formas.

¿Te gustó este artículo? ¡Dona a Claridad!

Claridad se sostiene con la generosidad de sus lectores

Para donar, oprima aquí

José Arcadio Buendía, el patriarca de Cien años de soledad, vivió toda su vida con un muerto a cuestas. El fantasma de Prudencio Aguilar lo persiguió hasta su propia muerte y, ya amarrado bajo el castaño, nunca dejó de verlo. ¿Cómo se sentirá aquel que, en lugar de un fantasma, tiene a 4,645 persiguiéndolo? A juzgar por lo que se ha escuchado tanto desde el gobierno de Puerto Rico como del estadounidense, a pocos de sus funcionarios parece angustiarle la consciencia tanto como al patriarca de los Buendía, a quien sólo le pesaba un muerto.

Hasta que explotó la reciente noticia del estudio patrocinado por la Universidad de Harvard, que establece una media de 4,645 a las muertes vinculadas al huracán María hasta el 31 de diciembre de 2017, tal parecía que los puertorriqueños nos habíamos acostumbrado a vivir sin que nuestros muertos, como el fantasma de Prudencio Aguilar, perturbaran nuestra consciencia. La bochornosa cifra oficial de 64 decesos atribuidos al huracán permanecía en el discurso oficial y, aunque nadie la creía, la indignación no brotaba.

No faltaron advertencias. Tan temprano como el 28 de septiembre de 2017, apenas 8 días después del paso del huracán, una noticia circulada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) advertía que la cifra oficial de muertes informada por el Gobierno, que entonces apenas llegaba a 16, era irreal. Dos meses después, el 7 de diciembre, el CPI probó con datos que la cifra ya superaba el millar. Señalaba el reportaje que en los primeros cuarenta días posteriores al azote, las defunciones inscritas en el Registro Demográfico de Puerto Rico sobrepasaba en 985 a las que se inscribieron para el mismo periodo el año anterior.

La investigación del centro periodístico aportaba un dato todavía más preocupante cuando profundizaba en algunas variables, particularmente en la distribución de muertes por edad. En el mes de septiembre, en los primeros diez días posteriores al huracán, los fallecimientos se concentraban en personas mayores de 70 años, obviamente los más vulnerables a las carencias que surgieron a partir de aquel fatídico día. Para el siguiente mes de octubre, las muertes impactaron todos los segmentos poblacionales, manifestándose con crudeza en las edades más tempranas. En el grupo de 30 a 39 años el aumento en comparación con 2016 fue de 36% y en el siguiente segmento, el de 40 a 49 años los decesos aumentaron en un 23.3%. El reportaje periodístico destacaba en un recuadro tres datos verdaderamente alarmantes, a saber, que en las salas de emergencia de los hospitales la mortalidad había aumentado un 47%, que en los hospitales en general el aumento era de un 38% y que en los asilos de ancianos el incremento se disparaba hasta un 77%.

La conclusión que saltaba de esos datos divulgados por el CPI era evidente para cualquiera que quisiese mirarlos. Los vientos y las lluvias del huracán mataron poca gente porque la gran mayoría estaba protegida en edificaciones de concreto ubicadas en áreas más o menos seguras, pero el colapso de servicios públicos que siguió después tuvo efectos fatales. Los primeros afectados fueron los adultos mayores que ya padecían de alguna condición de salud, que el cierre de hospitales o las dificultades para comunicarse y trasportarse impidió tratar. Luego, como el problema de aislamiento y falta de atención continuó, no sólo los viejos sino otros grupos de menor edad pero con problemas de salud, también perecieron.

Esos datos que recopiló el CPI a principios de diciembre de 2017 estaban o debieron estar en todo momento en poder de los gobiernos, el de aquí y el de allá que tanto cacareaba querer ayudar, pero ninguno los vio o los quiso ver. Luego, cuando los periodistas los divulgaron tampoco quisieron reconocer la realidad el problema tomando las medidas que impidieran su empeoramiento. El Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, respondió a la información con un comentario que retrata la desidia gubernamental: “En los hospitales todos los día muere gente”.

Cuando se divulgó el reportaje periodístico –7 de diciembre– nos acercábamos al tercer mes post huracán, pero casi todo el país seguía sin el vital servicio de energía eléctrica. Aún había centros hospitalarios totalmente cerrados y los que operaban muchos lo hacían de manera limitada. La ausencia de comunicación telefónica se manifestaba con crudeza en todo el país y muchas áreas rurales de los municipios del centro montañoso continuaban aisladas debido a la caída de puentes o el cierre de carreteras.

Ya teníamos evidencia fehacientemente documentada –gracias a labor diligente de la prensa– de que esas condiciones estaban disparando la mortalidad. Sin embargo, nada cambió. El paso de tortuga para restablecer servicios públicos continuó y, peor aún, pocos corrieron a aumentar la ayuda a las poblaciones y personas más vulnerables.

Ahora hay otro estudio, elaborado desde una prestigiosa institución académica, con mayores recursos que los de una organización periodística como el CPI, que confirma lo que ellos denunciaron hace casi 6 meses. Gracias al prestigio de Harvard los principales medios noticiosos internacionales divulgaron con alarma la noticia. En Puerto Rico, sin embargo, el gobierno sigue en negación e insiste en mantener la cifra de decesos en 64. Más aún, se ha llegado al extremo de querer impugnar la validez del estudio publicado por la New England Journal of Medicine. En cuanto al gobierno estadounidense, cuya inacción ha sido fuertemente criticada por los medios de prensa, tan solo se limitaron a tomar nota de la nueva información.

Al patriarca de los Buendía le atormentaba un muerto, que le persiguió en su consciencia durante toda la vida. A los gobiernos de aquí y de allá le atormentarán más de 4 mil aunque, a diferencia del personaje de García Márquez, tal vez nunca tengan la sensibilidad necesaria para sentirlo consciencia adentro. En el pueblo puertorriqueño, en medio de la pena crece la indignación que ojalá se traduzca en lucha.

¿Te gustó este artículo? ¡Dona a Claridad!

Claridad se sostiene con la generosidad de sus lectores

Para donar, oprima aquí

La Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales (UAASL) denunció que la gerencia de la Corporación de Servicios Legales se niega a sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo ante el vencimiento del convenio vigente este próximo 30 de junio.

Según dio a conocer la Unión en comunicado de Prensa desde el 11 de mayo le cursaron una comunicación a la gerencia de la CSL en la que le solicitaba que se retomaran las negociaciones e incluso que ya tenían para ello separado el salón número 4 del vestíbulo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). La Unión además presentó los nombres de los miembros de su Comité Negociador y solicitó los documentos de reglas de negociación y la contrapropuesta de negociación de la Gerencia.

Por su parte -denunció la Unión- el representante de la gerencia de la CSL, licenciado Carlos Padilla no cumplió con su contestación de que se enviarían las propuestas en o antes del 14 de mayo y rechazó las propuestas de la Unión de reunión en las fechas del 14 y 21 de mayo por no ser hábiles para los restantes miembros del Comité Negociador de SLPR. En su lugar propuso comenzar la negociación en la semana del 29 de mayo, a escasos 30 días del vencimiento del Convenio Colectivo.

Sin embargo el 14 de mayo el Lcdo. Padilla, vía correo electrónico volvió a posponer las reuniones de negociación alegando a la situación financiera y presupuestaria de la CSL hasta una fecha posterior al 4 de junio.

Ante esta excusa la Unión expresó extrañarse debido a que la CSL siempre ha accedido a los fondos del programa LSC (dinero federal), sin ningún problema, aun cuando son fondos competitivos, y que se conoce con bastante tiempo de antelación las fechas originales para presentar propuestas, y que se supone sea un proceso harto conocido por la Gerencia, no estuviesen mínimamente preparados para trabajar esos documentos, y tuvieran que posponer la negociación, presentada desde marzo de 2018.

Debido a que la gerencia de la CSL se niega a sentarse a negociar antes del 4 de junio la Unión le propuso al patrono que reconsidere la propuesta original de negociación, presentada el 27 de marzo pasado, de dejar el Convenio vigente como está. De esta manera se llega a un acuerdo con el patrono y SLPR libera todos sus recursos para poder dedicar todo su tiempo y esfuerzos para completar la propuesta de fondos a LSC. La gerencia tampoco contestó a esta propuesta.

Por lo tanto de no de no sentarse a negociar y lograr acuerdos con el patrono en o antes del 30 de junio de 2018, fecha límite para firmar el Convenio Colectivo la Unión denunció mas de una veintena de los derechos que perderían los trabajadores. Entre otros la afiliación a la Unión sería voluntaria; el patrono tampoco está obligado a descontar cuotas; se perderían las licencias sindicales; el abogado pierde el derecho a tener acceso al expediente de personal; queda sin protección para presentar querellas en casos de violaciones al Convenio Colectivo por parte del patrono. Este derecho se vería reducido al mínimo concedido por la Ley; los poderes y prerrogativas gerenciales serían más amplios que los reconocidos por el convenio, como lel que la CSL podría cesantear por cualquier razón no prohibida por la Ley. Se perderían los derechos a licencia de paternidad, adopción, sin sueldo, por orientación de convenio, judicial, militar, fallecimiento en la familia, comisión funeral y autorización para estudios en horas laborables, entre otros derechos laborales negociados.

La Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) ha incorporado su voz al numeroso y diverso coro que se ha manifestado en contra de la legislación que, según han indicado sus portavoces Josefina Pantoja Oquendo y Marta Elsa Fernández Pabellón, le asesta un golpe más a la clase trabajadora del país que está compuesta en más de 40 por ciento por mujeres. Señaló Pantoja Oquendo que desde finales del siglo XX, pero con más intensidad en la última década, las entidades que agrupan a los patronos, como la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y otros sectores conservadores han intentado menoscabar los derechos laborales alcanzados por medio de lucha y militancia. Reiteradamente han propuesto eliminar o enmendar medidas cuyo propósito es establecer un equilibrio en la balanza de poder que se inclina a favor de los dueños de las empresas privadas. “Ha sido motivo de orgullo para Puerto Rico contar con legislación protectora como la Ley de Madres Obreras, la Ley 100 que prohíbe el discrimen en el empleo, la Ley 89 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo, la que viabiliza la lactancia y, por supuesto, la Ley 80 contra el despido injustificado. Estas y otras leyes reconocen la importancia de valorar las aportaciones que al desarrollo económico del país hacen las trabajadoras y trabajadores, estableciendo garantías para su estabilidad y tranquilidad en el empleo, lo que constituye un incentivo para que tengan un mayor y mejor desempeño. El deseo de socavar el estado de derecho ha sido una constante que se ha agravado con la llegada de la Junta de Control Fiscal y su avasallador ataque a reivindicaciones fundamentales del Pueblo”, criticaron las portavoces.

“Son bochornosas las actuaciones del gobierno de Puerto Rico con relación a la utilización de la Ley 80 como pieza de cambio en el toma y dame que mantiene con la Junta y sobre el cual siempre queda la duda de si es realidad o teatro. Lo cierto es que, independientemente del carácter prospectivo que el Senado le impartió al Proyecto 1011 de dicho cuerpo, se ha colocado a las trabajadoras y trabajadores de la empresa privada a la merced del músculo patronal, eliminando la posibilidad de una mesada o compensación económica mediante un proceso legal expedito cuando sin causa justa sufran despedidos. No se ha demostrado el impacto favorable que tendrá en el desarrollo económico del país la eliminación de la ley y por el contrario, especialistas en el campo de la economía sin ataduras políticas han señalado que puede ser contraproducente y estimular factores como la emigración masiva, que tanto daño nos está haciendo. El hecho de que existan otras legislaciones que garantizan derechos, como algunos han planteado, no minimiza el grave impacto que conllevará la pérdida de los que establece la Ley Contra el Despido Injustificado”, explicó Marta Elsa Fernández.

Destacaron que en el caso particular de las mujeres que ya tienen en su contra la falta de equidad salarial, despedirlas puede ser más fácil por los roles estereotipados que les asigna la sociedad patriarcal. Su asistencia y puntualidad se afecta por la abrumadora doble jornada de trabajo que incluye el cuido de las hijas e hijos y personas envejecientes; las visitas requeridas a las escuelas, hacerse cargo cuando hay enfermedad o cuando no hay clases ni quien les cuide. “Además, como indicaba un experto en el área laboral recientemente, al tomar la decisión de aumentar sus ganancias mediante despidos será más probable que los patronos opten por sacar a mujeres en edad reproductiva, más que a varones, para ahorrarse los pagos de la licencia por maternidad, así como el tiempo y el lugar adecuado para la lactancia o extracción de la leche materna”, abundó Pantoja. Continuó diciendo que de poco vale preservar el bono de Navidad y las licencias por vacaciones y enfermedad, los cuales las personas despedidas sin razón por parte del empleador no podrán disfrutar.

Señalaron las portavoces que si finalmente prevaleciera la posición del Senado y su voluble presidente respecto a que la no aplicación de la Ley 80 sea solamente para empleados y empleadas de nuevo reclutamiento, se estaría validando un tipo de discriminación, especialmente contra la gente joven que se incorporará a la fuerza de trabajo, lo que consideran inaceptable. “Nuevamente las mujeres que son mayoría en la industria manufacturera, farmacéutica y de servicios como tiendas y restaurantes, añadirían precariedad a las desventajas laborales que ya tienen de empleos con bajos salarios, a tarea parcial y con pocos o ninguno beneficios marginales”, trajo a colación Marta Elsa Fernández.

En repudio a las actuaciones de la Junta de Control Fiscal contra la clase trabajadora y en defensa de los derechos de las mujeres, la OPMT participará en la actividad que en respaldo a la Ley 80 ha sido convocada por el frente Pueblo Unido para el martes 5 de junio a las 4:00 de la tarde frente al Departamento del Trabajo. Allí se exigirá que no se derogue la Ley 80 y la renuncia del Secretario que dirige la agencia.