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Carlos Delgado: La alegría de ayudar al prójimo en equipo

La puntualidad lo distingue. Eso me dijeron. Y así es. Luego de que concertáramos la entrevista para este semanario por correo electrónico, su llamada entró a mi teléfono justo cuando me había advertido: 10:30 de la mañana del miércoles pasado. La conversación giró en torno a los 16 años de labor social ininterrumpida que ha ofrecido desde su fundación sin fines de lucro Extra Bases. Eso también lo distingue: el servicio al prójimo, en especial a los(as) niños(as) y jóvenes de Puerto Rico.

Carlos Delgado, jugador puertorriqueño de béisbol destacado en las grandes ligas, emprendió en 2001 la misión de ayudar a individuos y entidades que prestan servicios a personas, tanto en Puerto Rico como en el extranjero, que necesitan recursos para mejorar su calidad de vida.

“Es difícil, pero gratificante. Y digo difícil no de una manera mala, sino porque es sacrificado, hay que darle seguimiento a muchas tareas, hay que ir a un sinnúmero de reuniones, pero te llana de alegría el resultado de poder ayudar al más necesitado brindándole una mejor calidad de vida, y poder tener la oportunidad de compartir y conocer gente extraordinaria de nuestro País que trabaja día a día con estos jóvenes que tengan necesidades especiales, que sean de escasos recursos, que están participando de un programa after school o de una liga deportiva”, expresó de entrada quien fuera jugador de los Azulejos de Toronto.

Los principios de Extra Bases están fundamentados en complementar los esfuerzos que hacen otras organizaciones y entidades para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, aunque Delgado aseguró sentirse “súper bien y contento” con el esfuerzo que hace el equipo de trabajo de Extra Bases, también confesó: “yo siempre digo que ojalá que el trabajo fuera mermando porque eso significaría que hay menos necesidad. O sea, la idea es que Extra Bases y organizaciones como la de nosotros eventualmente no existan porque se atendió la necesidad. Pero lamentablemente no es así y, mientras existamos, continuaremos trabajando y ofreciendo ayuda al que podamos”.

Cabe mencionar que, en Puerto Rico, la labor de las fundaciones sin fines de lucro es tan grande que sobrepasa los servicios que el Estado ofrece. Por eso, quien ha representado al País internacionalmente, exhortó al Gobierno de Puerto Rico “a que ayude y que no estrangule a las organizaciones sin fines de lucro”.

Aunque son muchas las causas nobles que se pueden atender, Carlos Delgado desde un inicio decidió que ayudaría a la población de niños y jóvenes –mayormente de las edades que oscilan entre los 6 y 14 años– que son parte de diferentes entidades. A través de los 16 años de fundada, Extra Bases ha colaborado con organizaciones como Centro Ayani, Casa Juan Bosco, Hogar Infantil Jesús El Nazareno, Hogar Cuna San Cristóbal, Estancia Corazón, Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Casa Laura Vicuña, Hospital del Niño, Hogar Santa María Eufrasia, Asociación para la Superación del Niño Síndrome Down, Fundación de Niños San Jorge, Centro Pediátrico de Diabetes, Boys & Girls Club, entre otras.

Como la intención de Extra bases es complementar el esfuerzo que hacen estas otras entidades, “el procedimiento para que sean beneficiarias de los fondos de esta fundación es que envíen la propuesta, se atienda, se visite el lugar y, si se les puede ayudar con lo que están pidiendo, se hace. Hay organizaciones que aunque son muy loables, no se le puede dar lo que están pidiendo en ese momento porque hay que atender otras prioridades”, reconoció el jugador de primera base.

Para ser partícipes de Extra Bases, las organizaciones tienen que tener dos o más años de establecidas, deben ser sin fines de lucro, y tienen que atender a mujeres que hayan sido maltratadas o a jóvenes de escasos recursos, con necesidades especiales, o que estén en un programa deportivo o after school.

“Que los muchachos te agradezcan y te quieran devolver trabajando en la Fundación, ¡no existe nada más bonito que eso!”, expresó el pelotero ante la pregunta de cuáles son las recompensas que atesora luego de 16 años de trabajo ininterrumpido. “Yo digo que la recompensa más grande es ir por la calle y que alguien te diga: ‘gracias porque tu Fundación me ayudó en algún momento’, agregó.

“Yo siempre cuento una anécdota de un casito que atendimos en Aguadilla de un niño que necesitaba un implante coclear (aditamento que se pone en el oído para poder escuchar). Cuando me llegó la propuesta, el nene necesitaba el implante para aprender a hablar porque no había aprendido por falta de audición. Luego de que se le instaló y fue a las terapias, el niño habló y me dio las gracias. Todavía hoy me emociona recordarlo. Así es el impacto de ese agradecimiento que viene de la gente que tú puedes ayudar”, rememoró el natural de Aguadilla.

Según dice la página electrónica de Extra Bases, el propósito de esta organización es utilizar los recursos económicos y las relaciones que se han desarrollado a través de los años con la banca, el comercio y la industria, entre otros, para recaudar fondos y ponerlos a trabajar en pro de una mejor calidad de vida para los más necesitados.

En esa dirección, anualmente la Fundación realiza dos o tres actividades de recaudación: torneos de béisbol, de softball, fashion show, cenas, entre muchas otras ideas. Delgado, de paso, anunció que el 1ero de octubre Extra Bases celebrará la cuarta edición de la bicicleta Rodando la milla extra por Puerto Rico, un evento de recaudación de fondos a través del ciclismo. “Además, yo tengo el compromiso personal desde el primer día y lo he cumplido al pie de la letra de donar por lo menos $100 mil todos los años”, reconoció.

Tal como explicó Carlos, el nombre de su organización alude directamente al argot del béisbol, pero también se relaciona con el dicho de “dar la milla extra”, algo más allá de simplemente jugar pelota. Cómo has unido esas dos facetas de tu vida: tus éxitos en la pelota con el éxito de servir desde la Fundación, le preguntó este medio.

“Las he unido de varias formas. Primero, uso la imagen –la que desarrolló a través de su trayectoria en el béisbol– para tatar de llevar un mensaje positivo, para ser un poco más visible cuando tenemos un proyecto o una actividad de recaudación. Segundo, trato de utilizar la conexión que tengo en el deporte para conseguir invitados especiales para las cenas y los eventos de recaudación. Tercero, mi relación con el equipo de los Azulejos de Toronto me permite tener acceso a ciertas cosas que otras personas no pueden tener”, enumeró el pelotero.

Y el concepto de unidad, tan necesario en un equipo de béisbol y en una organización de servicio social, cómo lo defines, se le volvió a preguntar. “Es vital. El trabajo en equipo y que haya empatía entre el grupo de trabajo es importante. Por ejemplo, en la Fundación no somos muchos pero nos compartimos las ideas. Tenemos que trabajar en equipo y armonía para que el proyecto que tengamos en la mente pueda ser viable desde el punto de vista económico y legal”, respondió el hijo de Carlos “Cao” Delgado.

Una familia orgullosa

“Siempre ha estado ahí apoyándome de varias formas”, dijo rápidamente sobre su familia. “Mi papá es trabajador social de profesión y siempre me da ideas. También, apoya las actividades que hacemos. Mis hermanos me dan la mano y, si entienden que algo se puede hacer mejor, me lo sugieren. Más que nada, me han expresado el orgullo que sienten de que uno pueda hacer esa labor comunitaria”, comentó quien creció desarrollando su consciencia colectiva.

“Todos los hermanos tenemos algo de eso, pero más que nada es una cuestión de cómo nos criaron: teniendo en cuenta la justicia social, la equidad, el trato a los demás con respeto”, enfatizó quien entiende que heredó de su padre el gusto por el servicio a los demás.

“He sido bendecido. He tenido salud, una familia hermosa, la oportunidad de hacer por mucho tiempo lo que me encantaba – jugar pelota profesionalmente –. Eso me ha permitido estar en una posición en la que puedo ayudar al prójimo”, reconoció y agradeció Delgado.

Siempre has representado a Puerto Rico desde un aspecto positivo, primero desde el béisbol, luego desde el trabajo en la Fundación, ¿qué se siente? “Yo soy un optimista realista. Parte de las cosas que he aprendido en este trabajo, de lo más positivo, es aprender a decir que no. Uno quiere hacer lo mejor posible y representar a su País, pero en el caso de la Fundación hay propuestas que hay que decirles que no”

“Se siente bien hacer cosas positivas por uno y por el País. No estoy esperando que nadie me lo reconozca, yo ya salí en el periódico a través del deporte. Lo que quiero es que el País eche para adelante y que sea un País de bien”, finalizó quien aconsejó a la juventud puertorriqueña que tratara de mantenerse “lo más educada posible”.

Llegó la quiebra para la AEE

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) parece encontrarse en un callejón sin salida, luego de acogerse a la quiebra y que la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), rechazara el proyecto de la planta de gas en el puerto de Aguirre, en Salinas conocido como el Aguirre Offshore Gasport (AOGP).

La radicación de quiebra mediante el capítulo III de la ley “Promesa”, se dio a conocer este pasado viernes en la reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF). Según la Junta la petición se hizo a solicitud del gobernador Ricardo Rosselló. Pero la petición se dio después de que la JCF rechazara el acuerdo de la reestructuración de la deuda que elaboró la exsindica, Liza Donahoue.

No obstante para el exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Carlos Gallisá, el rechazo del acuerdo de reestructuración negociado por Donahoue, resulta en un paso positivo debido a que el acuerdo era uno malo tanto para Puerto Rico como para la AEE. Expuso que en primer lugar el acuerdo lo que hacía era llevar a la AEE a un endeudamiento por décadas y segundo, generaba más riqueza para los bonistas, a quienes se les intercambiarían unos bonos de 50 dólares por unos nuevos de 85.00. Y tercero el acuerdo era con el 70% de los acreedores y no el 100. Agregó que el tal acuerdo en el que sólo se reducía un 15% de la deuda no era una reestructuración, sino una prórroga de cinco años y después habia que seguir pagando. El llamado “ahorro” de esos cinco años era con lo que la AEE esperaba desarrollar el proyecto de Aguirre.

Gallisá comentó que el gobierno de Rosselló sabía que el “acuerdo” era uno muy oneroso pero que quería dar la impresión de un arreglo consensuado, acción que no se dio. Observó que para que la AEE pueda llevar a cabo una reestructuración la deuda tendría que rebajarse en un 40 a 50 por ciento. Ante ambos eventos y la falta de acceso a los mercados de la AEE el puerto de Aguirre queda suspendido.

Por otra parte el Instituto de Economía de Energía y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés), consistente con sus denuncias sobre los resultados perjudiciales para los consumidores y la misma AEE del ya rechazado plan de reestructuración, también advirtió que la AEE no tiene un plan viable para costear el proyecto de Aguirre, el cual costaría $380 millones.

Según las consultoras de energía de IEEFA, Anna Sumers y Cathy Kundel, en teoría la AEE tiene cuatro opciones de financiamiento. La primera sería un préstamo del Departamento de Energía de Estados Unidos (EE UU): Segundo una emisión de bonos de una reestructuración de la deuda que incluya el capital para el proyecto: La tercera sería ceder el proyecto a terceros, que no es otra que la privatización: y cuarto pasar el gasto a los contribuyentes.

En declaraciones suministradas a CLARIDAD las consultoras de IEEFA denunciaron que era difícil saber cuál es la opción que la AEE estaba buscando “porque la agencia ha puesto información contradictoria, pero hay buenas razones para dudar que las tres primeras opciones estarían disponibles, suponiendo que el proyecto de Aguirre sea aprobado por la Comisión de Energía”.

En tanto grupos ambientalistas en Puerto Rico también han expresado su oposición al proyecto. “La propuesta de AEE del AOGP nos atará al combustible fósil para los próximos 50 a 60 años cuando el resto del mundo ya se está moviéndo hacia la energía renovable. También en un momento donde estamos en una crisis económica no tiene sentido que el país invierta más de un billón de dólares o que destruya sus recursos naturales”, manifestó David Ortíz, director de la ONG, El Puente: Enlace Latino de Acción Climática.

La Coalición de Organizaciones en contra de la Incineración, es otra de las organizaciones que rechaza el proyecto. “El puerto de Aguirre no se puede llevar a cabo, sería catastrófico para la zona marítima de la bahía de Jobos”, dijo la portavoz Myrna Conty.

Del impasse de 1909 al mameyazo de 2017

En las colonias la historia es circular. Como los elementos esenciales no cambian, los eventos que éstos provocan se repiten. Se alteran nombres y fechas, los que a veces nos dan la sensación de un cambio, pero éste nunca llega.

En 1909 Puerto Rico iniciaba su segunda década bajo el régimen colonial estadounidense. La alegría que había provocado en algunos la aprobación de la primera ley orgánica, el Acta Foraker, –que sustituía el gobierno militar por uno civil– se había desvanecido. El tal gobierno lo presidía un gobernador nombrado desde Washington que estaba al mando de un Consejo Ejecutivo también nombrado desde la capital metropolitana. El único rinconcito de poder que aquella legislación imperial les dejó a los puertorriqueños fue una Cámara de Delegados de elección popular con poderes muy limitados, claramente supeditados a los del Consejo Ejecutivo.

Pero entre esos poderes limitados había uno que, utilizado con cierta creatividad, podía convertirse en una pequeña arma de presión: el presupuesto. La Cámara debía aprobar el presupuesto que se le sometiera el Consejo Ejecutivo.

En 1909 comenzaba una nueva legislatura dominada por el Partido Unión a la que llegaban algunos jóvenes, como Luis Lloréns Torres, y curtidos veteranos ya hartos de colonialismo como Rosendo Matienzo Cintrón. Aireando sus frustraciones por el limitado poder que el nuevo régimen les dejaba a los puertorriqueños, la Cámara decidió utilizar el presupuesto como arma. Procedieron a alterar el que les fue sometido y, entre otras cosas, les redujeron el salario a los ejecutivos del Gobierno y a los jueces federales. El gobernador Regis H. Post, como era de esperar, rechazó ese presupuesto y se lo devolvió a la Cámara estipulándole las enmiendas que debía hacer. Ésta, entonces, se negó a actuar, declarándose en receso, produciéndose lo que algunos historiadores llaman “el impasse de 1909” y otros la “huelga legislativa de 1909”.

Como era de esperarse, aquella confrontación tuvo un desenlace típicamente colonial ya que condujo a la reducción del ya limitadísimo poder que tenían los puertorriqueños. El gobernador Post apeló ante su jefe, el presidente William Taft, quien de inmediato envió un proyecto de ley al Congreso para enmendar el Acta Foraker. Lo aprobado se conoce como Ley Olmstead que, entre otras cosas, dispone que cuando la Cámara de Delegados no apruebe un presupuesto para el próximo año regirá el anterior, lo que efectivamente despojaba al cuerpo electo de su pequeño resquicio de poder. Luego de aprobarse la enmienda, el gobernador Post fue un poco más allá y sencillamente elaboró y ejecutó un nuevo presupuesto diseñado a su gusto. La Cámara procedió a impugnar ese nuevo presupuesto en el tribunal de Puerto Rico, pero el caso fue removido a la Corte Federal que falló a favor del Gobernador.

¿Qué ha cambiado en Puerto Rico 1909 y 2017? El lapso de tiempo es enorme, 108 años, pero si comparamos lo ocurrido hace más de un siglo con lo que finalmente se concretó el pasado 30 de junio de 2017, resulta evidente que pocas cosas han cambiado en nuestro país. En esa fecha la Junta de Control Fiscal federal, tras cierto impasse con la Legislatura, decretó cuál será el prepuesto del año 2017-18 que comienza el 1ro de julio.

Como la Ley Olmstead de 1909, la Junta fue producto de un acto unilateral del Congreso de Estados Unidos, un cuerpo en el que, como entonces, ningún puertorriqueño vota. El propósito de la ley que creó la Junta fue, igual que aquella de hace 108 años, establecer un control metropolitano directo sobre el gasto público en Puerto Rico con mínima intervención de los isleños. Ambas leyes, de forma unilateral, cambiaron estatutos anteriores que supuestamente reconocieron ciertos poderes a los puertorriqueños. La de 1909 le quitó a la legislatura puertorriqueña el poder efectivo de aprobar presupuestos a menos que ésta se limitara a aprobar lo que el Ejecutivo peticionaba. La de 2017 dispone que cuando existan diferencias entre el Gobierno o la Legislatura y la Junta, ésta última decretará el presupuesto que le plazca “que se entenderá aprobado por el Gobernador y la Legislatura”. Las pequeñas diferencias entre una y otra ley son puramente semánticas.

En 1909 el cuerpo legislativo se sintió vulnerado –no tanto por la ley, ante la que se sabían impotentes, sino por lo que hizo el gobernador Post después– y decidieron “retarlo” en los tribunales. La disputa terminó adjudicándola el tribunal de los pares de Post, el federal. En 2017 la impugnación que el mismo cuerpo, ahora llamado Asamblea Legislativa, amagó con hacer contra las acciones de la Junta (y que sabemos no hará) la decidiría otra vez el tribunal federal y el resultado sería idéntico al de 1909.

En 1909, cuando el presidente Taft envió su proyecto de ley al Congreso para acabar con la huelga de los legisladores, dijo que los puertorriqueños habían sido ingratos, que habían “olvidado la generosidad de Estados Unidos”. Añadió que no podía esperarse que un pueblo tan poco educado tuviera la capacidad de autogobernarse. Por eso era necesario que ellos ejercieran la “tutela y el encausamiento” sobre nosotros. Se lamentó de que su país hubiera actuado con “demasiada rapidez” al reconocer ciertos derechos y por eso recomendaba reducirlos.

El “razonamiento” brutalmente colonial que un energúmeno como Taft utilizó en 1909 fue el mismo que vertieron muchos miembros del Congreso de Estados Unidos cuando debatieron la ley que, por puro cinismo, bautizaron con el acrónimo PROMESA. Igual que Taft dijeron que habíamos hecho mal uso de los poderes que ellos generosamente nos habían concedido.

Otra secuela del incidente de 1909 fue que todo lo relacionado con Puerto Rico pasó a ser responsabilidad del Departamento de Guerra, para recordarnos que éramos parte de un botín militar y no pretendiéramos dejar de serlo. Tal vez ahora mismo, tras la escaramuza de la Legislatura puertorriqueña con la Junta federal, el nuevo presidente Trump, que resulta ser más energúmeno que Taft, está pensando en alguna medida similar.

(Los datos resumidos en este artículo sobre lo ocurrido en 1909 fueron tomados de José Trías Monge, Historia Constitucional de PR, Vol II, Capítulo XV.)

Salud: “Lo primero que hay que hacer es sacar a los mercaderes del templo”

Para lidiar con la visión imperante en Puerto Rico de que la salud es un negocio, “lo primero que hay que hacer es sacar a los mercaderes del templo. Hay que sacar a las aseguradoras del sistema, que se están llevando un 20% de un presupuesto de casi $11 mil millones. Si uno suma el gasto de la Reforma de Salud, con el de Medicare, el de ACA, el del Fondo del Seguro del Estado, el de los planes médicos privados, entre otros, el resultado evidente es que aquí se gastan más de $11 mil millones en servicios de salud, y el 20% de eso es $2.500 millones dirigido a las ganancias de las aseguradoras, en vez de a los servicios a los pacientes”, así contestó a este medio el médico de familia, doctor Héctor Luis Pesquera Sevillano cuando se le preguntó cuál era el primer paso para subsanar la debacle en el sistema de salud.

Según Pesquera Sevillano, en la actualidad puertorriqueña nos estamos enfrentando “a una agresión más del capitalismo salvaje que no quiere reconocer en la salud un derecho humano fundamental al que todos y todas deberíamos tener acceso independientemente de la capacidad económica, y que se empecina en mantener un negocio multimillonario a expensa de la salud de los más necesitados”.

Para el Dr. Pesquera, a pesar de que “el País completo está vulnerable a esta ofensiva del capitalismo en el área de la salud”, tres son los sectores más vulnerables ante la crisis: el sector de los(as) niños(as) con impedimentos, los(as) envejecientes y la población médico indigente.

“Puerto Rico es uno de los países del mundo que más gasta en salud, esa que finalmente no llega al paciente. Lo que tenemos es que ajustar esos gastos y cubrir a la población con presupuesto en todas las áreas: accidentes de auto, en el centro de trabajo, de servicio a los veteranos, a los envejecientes con ACA. Toda esa gente puede ofrecer servicios de salud de calidad con un pagador único inicialmente, sacando a las aseguradoras del mercado”, continuó el médico de familia.

El ahorro obtenido de la integración de todos los servicios mencionados en el párrafo anterior, “nos da y nos sobra para un sistema de salud universal con acceso gratuito para todo el mundo”, reconoció Pesquera Sevillano. A juicio del doctor, ese sistema de salud universal con pagador único es viable, aun en el sistema capitalista. Ofreció como ejemplo, lo que ha ocurrido en el estado de Vermont: “hay un sistema de pagador único muy parecido a lo que yo estoy planteando en el que se eliminaron las aseguradoras del sistema y todo el dinero se utiliza para dar servicios a través de un pagador único que administra el gobierno de Vermont”.

De empezarse a dar en Puerto Rico, Pesquera Sevillano aseguró que “sería más fácil si no tuviéramos esas aseguradoras invirtiendo en legisladores y apoyando partidos políticos que lo que hacen es dejar las cosas como están y no meterle mano al problema, que es cada día más urgente”.

Sobre el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, entidad creada en el 2015 para que estudie y analice los modelos de organización de sistemas de salud existentes y su financiamiento en búsqueda del más adecuado para la Isla, el Dr. Pesquera comentó: “fuimos en un principio con la mejor intención a plantear un pagador único y un sistema universal de salud, pero el proyecto que presentamos fue mutilado en la Legislatura y [lo que se obtuvo allí] fue una legislación inoperante con 25 miembros representantes de un sector de salud, casi todos parte de los mercaderes del templo que lo que hacen es beneficiarse económicamente de los servicios de salud. Es el sector económico quien está representado en esa Comisión. Sólo hay 8 o 10 representantes que no tienen amarres económicos y que están a favor de un sistema de salud universal”.

El Colegio de Médicos cree en un sistema de salud basado en el capitalismo y en la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Todo lo que parezca socialismo será obviado por ellos.

Ganancia justa para todo el mundo

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, entiende que la solución para la crisis del sistema de salud de Puerto Rico es cambiar el modelo a un “sistema de salud universal no socializado con pagador único”.

Por eso, nosotros planteamos que la propuesta actual que tiene el gobernador Rosselló –hacer una región única donde las actuales aseguradoras compitan– nos acerca a la meta. No es lo que queremos, pero rompe el monopolio de las aseguradoras en cada una de las regiones. Las cosas se van adelantando paso a paso con la medida del Gobernador”, continuó el pediatra de profesión.

“Los sistemas socializados han tenido históricamente más problemas que los no socializados. La mayoría de los países tienen sistemas universales no socializados como lo son Alemania, Holanda, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Los sistemas socializados están en España, Inglaterra, Cuba”, explicó el también vicepresidente del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico.

A juzgar por el presidente del Colegio de Médicos, el panorama actual de los servicios de salud en la Isla “está difícil”: “Se supone que un sistema de salud en buenas condiciones tenga la mitad de la población en planes privados y la otra en planes públicos, que en Puerto Rico son Mi salud y Medicare. Nosotros tenemos 80% de personas entre Medicare y Medicaid y sólo un 20% en planes privados, lo cual es un riesgo bien alto de concentración en el dinero público porque tenemos una crisis fiscal y un problema de asignación de fondos federales a nivel de Medicare, así que eso crea un disloque bien grande”, aseguró.

Según Ramos, el modelo de salud que se ha propuesto desde el Colegio de Médicos vislumbra un Health Care Organization, medida que aseguraría que “todo el mundo a sabiendas tenga ganancias juntas sin afectarse entre ellos”.

Con la intención de que todo el mundo salga beneficiado – los proveedores de servicios, el Estado y los pacientes –, el Colegio de Médicos se ha propuesto levantar una aseguradora de proveedores, la cual esperan que comience a funcionar en enero 2018.

Para el pediatra, el cambio del modelo es lo más importante porque el universal no socializado con pagador único hará “que los pacientes estén mejor servidos, que los planes estén contentos, que esto no le cueste al Estado lo que le está costando”.

¿Y en términos municipales?

Ya se han anunciado recortes a los presupuestos municipales, lo cual repercute en el funcionamiento de los Centros de Tratamiento y Diagnóstico (CDT) existentes por municipios. Ante eso, ¿cuáles son las alternativas?

Según el Dr. Pesquera, en San Juan, por ejemplo, funcionaría un “sistema de salud comunitario, con el que se llevaría a cabo efectivamente la medicina preventiva que tanto hace falta en este país y que no se ha podido canalizar”.

“Nosotros le propusimos a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, un sistema de salud basado en la comunidad, en el médico comunitaria y en el organizador de salud comunitaria. Ella lo acogió con buenos ojos, pero el concepto no ha adelantado mucho. En Perú, Brasil y algunos estados de Estados Unidos ha funcionado y para San Juan es viable porque la capital tiene todos los elementos de salud necesarios para ejercerlo”, explicó.

El Dr. Víctor Ramos, por su parte, considera que a los alcaldes no les costó más remedio que solicitar la privatización de las facilidades médicas regionales. “Los alcaldes fueron los que pidieron el proyecto de la venta de las facilidades médicas regionales porque ni Salud ni los municipios tienen la capacidad económica de poner al día las 13 estructuras que dan servicio médico a nivel municipal. Algunas de esas estructuras, por lo menos cinco o seis, están cerradas. Las otras, las maneja Salud o los municipios, pero sin la capacidad de ponerlas al día. Es un riesgo para los pacientes que estén funcionando como CDT y por eso, los alcaldes pidieron salir de los Centros”.

Una sesión ordinaria poco ordinaria

Luego de semanas de intriga con conversaciones de pasillo en la Asamblea Legislativa, cartas de lado a lado entre la junta y el gobierno, vistas públicas donde los jefes de agencia aceptaban dócilmente los recortes a sus presupuestos, y otras peculiaridades de esa naturaleza, finalmente quedó confeccionado y aprobado el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Por primera vez desde la creación del espejismo constitucional denominado Estado Libre Asociado, la mayoría de los representantes electos del pueblo puertorriqueño tuvieron que responder directamente a una entidad norteamericana a la hora de determinar cómo utilizar el dinero de nuestro pueblo en un año fiscal. Tras un año de la aprobación de PROMESA, no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo enérgico a lo que representa el ejercicio más burdo del poder colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico.

En gran medida, el proceso de aprobación del presupuesto es el final adecuado para una primera sesión ordinaria marcadamente neoliberal. Al igual que la Junta vino a velar por que los acreedores cobraran, el PNP llegó –como el PPD antes– para obedecer a la Junta. Así, por ejemplo, la mal llamada reforma de permisos aprobada a inicios del cuatrienio no tuvo como propósito salvaguardar el uso ordenado de nuestros recursos limitados, sino fomentar a toda costa el desarrollo desmedido e irrestricto de proyectos en nombre de la prosperidad. Poco importó que todos los grupos ambientales y las comunidades afectadas, así como individuos e instituciones académicas expertas en el tema, resaltaran las consecuencias nefastas de desmantelar gran parte del andamiaje vigente. Su “progreso” iba por encima de la participación ciudadana.

El desprecio a la disidencia nunca fue más patente que al analizar cualquier tema relacionado con la Universidad de Puerto Rico. La mera mención de “la iupi” y “los huelguistas” propiciaba la repetición del mismo discurso anquilosado de la Guerra Fría. Dicho prejuicio provocó el recrudecimiento de nuestras leyes penales, con la intención expresa de disuadir las acciones que llevaban a cabo nuestros jóvenes luchadores. Este prejuicio visceral condujo a la aprobación de medidas –seguramente inconstitucionales– para detener el pago del salario a profesores y empleados de nuestra universidad de manera automática e irreflexiva en caso de que se inicie nuevamente un proceso huelgario.

Estos primeros meses del nuevo gobierno también estuvieron marcados por un creciente conservadurismo social. El fundamentalismo religioso más intolerante de nuestra sociedad encontró en el PNP un aliado incondicional para impulsar una agenda política peligrosa que intenta enmascarar el miedo a la diversidad bajo el manto de “libertad religiosa”. De esta forma, las mismas personas que continuamente discriminan contra todo aquel que piense distinto a ellas, buscan abiertamente utilizar los mecanismos del Estado para imponer su visión particular del mundo sobre el resto de la sociedad. En efecto, los perseguidores se visten de perseguidos para obtener tratamiento legal preferente por el hecho de profesar una creencia religiosa particular. Producto de esta agenda es la ley de las Iglesias-Escuela, bajo la cual esta categoría especial de instituciones educativas no tendrán que ser acreditadas por las autoridades estatales pertinentes ni cumplir con una serie de requisitos mínimos con los que el resto de las escuelas tendrán que cumplir para asegurar que la juventud cumpla con unos estándares mínimos de excelencia educativa que nuestra sociedad estima necesaria. El trato privilegiado resulta ofensivo cuando consideramos que el sistema público de enseñanza fue golpeado disipadamente durante estos meses con el cierre inmisericorde de planteles escolares a través de toda la isla. Otro logro del fundamentalismo fue la aprobación del proyecto para la “restauración” –como si se hubiera roto– de la libertad religiosa en Puerto Rico, versión criolla de una ley federal ya impuesta directamente al territorio, la cual permitirá a individuos o entidades escudarse detrás de la libertad religiosa para decidir unilateralmente cuáles leyes neutrales y de aplicación general tendrán que acatar, privilegio con que contarán los no creyentes, independientemente de los argumentos por los que protesten contra una ley particular.

Ante el recrudecimiento del colonialismo norteamericano, quizá lo único positivo del discurso oficialista a principios de cuatrienio era su supuesto repudio al régimen colonial y su voluntad “inquebrantable” de acabar con el Estado Libre Asociado. Pero les duró poco. Aunque desde el PIP impulsamos una asamblea de estatus como mecanismo descolonizador y a pesar de que votamos en contra del proyecto inicial de plebiscito por su lenguaje sesgado a favor de la estadidad y porque subordinó el proceso a la autorización de Washington, aun así tomamos la decisión política de defender la independencia y la soberanía junto a diversos grupos en un referéndum entre la anexión y la soberanía nacional, con la condición expresa de que el estatus territorial rechazado por nuestro pueblo en 2012 no fuera incluido. El PNP aseguró que no accedería a la presión de lo colonialistas internos y externos, pero dobló rodillas tan pronto el amo metropolitano expresó reservas al proceso. El resto es historia: el gobierno federal no se comprometió con el plebiscito; la colonia rechazada fue incluida, obligándonos a boicotearlo; y el PNP obtuvo el 97% de los votos emitidos en una consulta en la que participó apenas un 23% del electorado. El plebiscito fracasó y el PNP quedó retratado como un partido tan sumiso y colonizado como el PPD al que tanto critica.

Desde nuestro espacio legislativo combatimos esos proyectos nefastos. Defendimos a las comunidades escolares ante el cierre de sus escuelas. Fomentamos el acceso a la justicia. Apoyamos a organizaciones culturales. Luchamos incansablemente por proteger los derechos de nuestros trabajadores. Promovimos la equidad y la perspectiva de género. Y, fiel a la trayectoria histórica del PIP, exigimos por distintos medios nacionales e internacionales la descolonización e independencia de nuestra nación.

Este recuento de mi tiempo en la Legislatura durante la primera sesión legislativa pone de manifiesto la relación clara entre nuestra condición política y nuestro deterioro económico y social. El capital nos gobierna directamente a través de organismos nacionales extranjeros que aplican legalmente aquí únicamente porque así lo determina otro. Hoy más que nunca debemos luchar contra estas desigualdades para construir finalmente el país libre y próspero al que todos aspiramos.

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