El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, se mostró “sumamente complacido” tras reunirse con representantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para abodar la situación económica de la principal casa de estudios del país. En la reunión, Carrión dialogó con un grupo de rectores de la UPR, representantes del claustro y de los estudiantes. Luego de la cita, el presidente del organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico indicó que la UPR será considerada como “servicio esencial”, según indicaron académicos presentes en el encuentro.

“Durante la reunión entablamos un diálogo abierto y constructivo acerca del futuro de la institución y estoy sumamente complacido con el resultado de la reunión”, dijo en declaraciones escritas. Añadió que “les reiteré la importancia de que la administración universitaria someta cuanto antes un plan fiscal para la UPR que esté enmarcado dentro de y sea consistente con el plan fiscal certificado del gobierno de Puerto Rico”.

A su vez, aseguró que la JSF “pondrá todos los recursos que tiene disponibles para evaluar justa y responsablemente el plan fiscal que entregue la universidad con el fin de propiciar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de esta institución que tanto aporta a nuestra Isla”. El plan fiscal de la UPR fue elaborado por investigadores y docentes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) en colaboración con otros sectores universitarios. Asimismo, el plan fue discutido con el director de Finanzas de administración central de la UPR, Norberto González, el pasado lunes. Según ha trascendido, el plan fiscal que se presentó es un “híbrido”, que conjuga propuestas del plan fiscal diseñado por la la gerencia de la UPR y propuestas de los académicos. El pasado 28 de abril la junta de gobierno de la UPR rechazó el plan fiscal elaborado por el comité de finanzas de la entonces presidenta interina de la UPR.

El “procesamiento selectivo” es una defensa que pueden levantar los acusados de delito en nuestro sistema justicia. Quien la levanta alega que ha sido “seleccionado” para ser imputado de un crimen como resultado de un trato discriminatorio ya que el estado se ha hecho de la vista larga ante personas en similar situación. La defensa muy pocas veces prospera aunque esa selectividad se da con sobrada frecuencia.

No hace mucha gracia utilizar ese argumento para defender al grupo de personas vinculadas al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) recientemente acusadas por la fiscalía federal. Pero independientemente de la poca estima que este grupo merece, si miramos al pasado reciente, encontraremos casos iguales o peores con los que dicha fiscalía utilizó una vara distinta.

En el caso del DRD, el esquema que surge del pliego acusatorio hecho público incluye varios elementos bastante comunes. El primer paso fue identificar una fuente de fondos a los que se podía acceder con una propuesta “imaginativa”. El segundo fue diseñar un programa a desarrollar con algo de creatividad y mucha palabrería. El programa en cuestión debía dirigirse a alguna “población en desventaja” para que sea atractivo. El tercer paso fue conseguir los “contactos” para lograr aprobación de los fondos. Luego se ejecutó el “programa novedoso” con el mínimo de gastos posible y se repartieron las ganancias. En los primeros pasos, hasta que se llega a la repartición de beneficios, curiosamente no hubo “delito” a pesar de la evidente malversación. Este apareció cuando llegó la repartición y ésta incluyó al funcionario que ayudó a identificar los fondos y a viabilizar la aprobación.

Aunque en estos casos el delito aparece al final, si es que el funcionario facilitador mete la mano en el pote, ya fuere para él o para el partido político en el poder (o para ambos, lo que resulta más común) el esquema conduce, desde el principio, a la malversación de fondos públicos. Aun cuando el facilitador no guise en el festín, siempre se produce el desperdicio de grandes sumas de dinero en programas insulsos, innecesarios que, utilizando a los pobres como excusa, se diseñan y ejecutan con el solo propósito de engordar los bolsillos de los apadrinados.

El esquema del DRD, descrito en detalle en el pliego acusatorio, fue bastante clásico aunque ejecutado de manera burda y amateur. Una vez Ramón Orta se aseguró el nombramiento como Secretario tras las elecciones de 2012, se reunió con sus compinches para planear los “tumbes” que darían. La fuente de fondos sería federal, conseguidos a través de una “agencia hermana”, el Departamento de Educación, destinados a fines educativos y recreacionales. Los programas a desarrollar resaltan por su banalidad y, además, porque ninguno de los promotores tenía la más mínima experiencia en la materia, pero lo importante era obtener el dinero. Nombres como “verano saludable”, “aprendo saludable” y “matemáticas en contexto” dan una idea de las tonterías inventadas por individuos que nada sabían de nutrición ni tampoco de matemáticas. Pero a pesar de que eran evidentemente insulsas, consiguieron la asignación de más de diez millones de dólares que se repartieron entre los agraciados.

Desde antes de que terminara el cuatrienio en el que Orta estuvo al mando del DRD, la fiscalía y el FBI ya habían detectado el esquema fraudulento y en diciembre de 2016, antes de que Orta vaciara su oficina, efectuaron el primer allanamiento. Esa eficiencia merece aplausos, pero qué lástima que en el pasado, durante la reciente administración de Luis Fortuño, dejaran pasar un esquema mucho peor en el que se malgastaron más de $26.2 millones de fondos federales.

Me refiero al esquema que ideó e implantó el exrepresentante del PNP Pedro Figueroa que estuvo también dirigido a una “población necesitada” o, más bien golpeada por la propia administración de Fortuño. La población en cuestión fue la de los empleados públicos que fueron lanzados a la calle tras aprobarse la fatídica Ley 7. Como se recordará, la aprobación de aquella legislación implicó el desempleo inmediato de 30 mil trabajadores del Gobierno, despedidos en un momento en que la economía estaba en contracción por lo que la posibilidad de volver a encontrar empleo era mínima.

Esa tragedia fue la que el exrepresentante Figueroa y sus socios convirtieron en oportunidad ideando un programa para “adiestrar” a los nuevos desempleados y supuestamente ayudarles a buscar empleos. Según el entonces director ejecutivo del Consejo Ocupacional, agencia a cargo de repartir los fondos, Pedro Figueroa lo llamó y le dijo “te voy a diseñar algo”. Al funcionario en cuestión, un tal Aurelio González Cubero, le pareció que “era muy lógica” la propuesta y en apenas 7 meses Figueroa dispuso de $6 millones para dispensar “adiestramientos”. El río de dinero que consiguió Figueroa no terminó en esos $6 millones. La cifra se multiplicaría por 4 durante los dos años siguientes hasta alcanzar $26.2 millones, según denuncias hechas en 2012 por el senador Eduardo Barthia.

¿Investigaron la fiscalía federal y el FBI el esquema diseñado y ejecutado por Pedro Figueroa durante los años de Fortuño? Eso nunca lo sabremos, pero reclamos no faltaron. Tan pronto se otorgó el primer contrato en 2009, el de los primeros $6 millones, la Coalición Sindical exigió una investigación del FBI denunciando que el contrato a Figueroa duplicaba funciones que ya estaba haciendo el mencionado Consejo de Desarrollo ocupacional. Nada ocurrió en aquel momento ni ocurriría después cuando los $6 millones siguieron creciendo hasta llegar a $26.2.

Por eso, cuando tras el arresto de Orta y sus compinches, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez se ufanó en conferencia de prensa de su cruzada contra la corrupción, algunos se sonrieron. Uno de los más sonreídos debió ser el exrepresentante Figueroa quien, tras “ayudar” a los despedidos por Fortuño, ya debe estar buscando otra “gran idea” para “ayudar” a los que despida Ricardo Rosselló.

El movimiento obrero puertorriqueño tiene la virtud de contar con sindicalistas como Radamés Quiñones Aponte, quien fuera uno de los fundadores de la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud(ULEES). La ULEES se formó para la década de los setenta del siglo XX pero la militancia obrera de Radamés data desde mucho antes. Radamés, quien era natural de Salinas, era activista independentista desde los tiempos de escuela superior, según dan fe dos de sus amigos de juventud, los compañeros Nelson Sambolín y Nelson Santos. Dirigentes de la ULEES nos comunican que sus estudios de enfermería graduada, los realizó en el Hospital de Damas, institución organizada por la ULEES.

Al graduarse como enfermero en los setenta, se trasladó a San Germán para trabajar como enfermero anestesista en el histórico Hospital de La Concepción, fundado por el Obispo Alonso Manso en los primeros años de la colonización española, (1511). Allí, Radamés se inició en las filas sindicalistas, y se afincó en esas lides cuando se tiró a la calle con las enfermeras prácticas, en una huelga donde la Fuerza de Choque se movilizó para acallar con sus macanas la participación de los trabajadores de la salud. Cuando se desarrolló esa huelga, el hospital estaba ubicado en el pueblo, cerca de la Calle Luna. Para esa época la lucha de independencia y la lucha sindical estaban fortaleciendo sus formas de movilización y organización ante el llamado del Movimiento Pro Independencia al trabajo de base y la lucha de calle en apoyo a los reclamos obreros. Llamado, al cual Radamés Quiñones no era ajeno, al incorporarse a las diferentes esfuerzos organizativos que se desarrollaban en San Germán, la Ciudad de las Lomas.

Con nuevas estrategias organizativas, el MPI reactivó sus organismos de base mediante los círculos de estudios, el trabajo estudiantil y la propaganda en los centros de trabajo. Radamés Quiñones fue parte de esos esfuerzos, junto a Israel Torres Penchi, Miguel Santín, René e Iván Matos, Alberto Márquez, (responsable de Educación Política del MPI y miembro de su Comisión Política), Don Abraham, Don Jandro (quien trabajaba en el Hotel el Oasis y había sido fundador del MPI; y el Dr. José (Pepe) Román, entre otros. El entusiasmo y el optimismo pegajoso de Radamés contribuyó al despunte de un Junte de viejos militantes pipiolos, nacionalistas y emepeístas; y de mucha juventud que tuvo a bien llamarse el Círculo Lola Rodríguez de Tió, el cual inundaba de CLARIDAD los semáforos de la calle Luna todos los viernes en la tarde.

Allí estaba Radamés como uno de los más entusiastas vendedores del Periódico CLARIDAD, con Jorge Silva (Puro). Ese colectivo Lola Rodríguez de Tió se encargó eventualmente de organizar Lajas y Sabana Grande, además de organizar una FUPI en la Interamericana de Sol Luis Descartes; y una FEPI (Federación Estudiantil Pro Independencia, en la Escuela Lola Rodríguez de Tió. Ello, sin contar los círculos de estudios del Guamá, Sabana Eneas, el Cotui, El Retiro y en la General Electric, donde se trató de promover su sindicación.

Ese empuje para organizar, para movilizar y para pelear nunca lo perdió Radamés. Si algo han tenido los hospitales privados a lo largo de décadas ha sido un sindicato consecuente en la lucha sindical- con convenio o sin convenio; con descuento de cuotas o sin descuento, certificados o descertificados. Eso me lo afirmaron los funcionarios de la ULEES Ariel Echevarría y Justiniano Díaz. Radamés era un guerrero sindical. No digo que fuera el único, ni que otros no lo hayan hecho, pero la ULEES y Radamés han escrito su propia historia con los trabajadores y trabajadoras de la salud, siendo persistentes en los principios sindicales y en la solidaridad obrera.

La ULEES cuenta con una infraestructura envidiable: local, tecnología y tumbacoco. Todo ello-enfatizan los sindicalistas- Radamés lo tenía disponible para dar solidaridad. No esperaba que se le solicitara. Era desprendido con las causas justas: con la lucha estudiantil, con los reclamos comunitarios y con todos los esfuerzos para acabar con la desigualdad. Con mucho orgullo, una de las delegadas me hablaba que la Unión le enseñó a respaldar todas las actividades justas. Que vió su transparencia, su verticalidad y claridad. De otra parte, Radamés era un gran amigo.

No escapa para las personas que compartimos con él su compromiso con la educación obrera. Desde el Día uno, comenzó a apoyar al Instituto Laboral de Educación Sindical, el ILES, enviaba a su gente. Recientemente en Ponce, para el Día Internacional de los Trabajadores, participamos con una veintena de delegados y delegadas jóvenes del inicio de una promoción de educación sindical, lo que aprovechamos para rendir honor a Pedro Grant; y rememorar algunas de las anécdotas del Instituto Laboral de Educación Sindical, el ILES, del cual fue un ferviente colaborador.

Hay algo que no puedo dejar de decir: es que nunca tranzó con la afiliación de uniones puertorriqueñas a las norteamericanas. Para él era una cuestión de principios. Lo cual no le restaba capacidad para entender esa dimensión de la diversidad, tan necesaria para llegar a la unidad en la acción.

La ULEES da cuenta de sus aportaciones para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la salud. Destaca la ampliación de cláusulas en los convenios, la reclasificación de las escalas de enfermería en alianza con el Colegio de Enfermeras Graduadas e involucrarse en un esfuerzo legislativo para establecer un salario digno mediante legislación a las enfermeras prácticas y privadas. De la misma manera, hizo constar su solidaridad internacional apoyando durante muchos años la Revolución Cubana, la Misión de Puerto Rico en Cuba, Juan Mari Brás y otros esfuerzos de solidaridad patriótica. De las últimas gestiones compartidas con Radamés, destaco el apoyo al homenaje a Juan Mari Brás, y a la Misión de Puerto Rico en Cuba.

Radamés, como Pedro Grant, Angel Báez, Isolina y otros y otras, han dejado un amplio legado cultural, sindical y político. Necesitamos su ejemplo, para seguir adelante. Gracias, Radamés.

Una nueva junta de gobierno al servicio de los bonistas, es el claro propósito de la nueva ley que “reestructura” la composición de la actual Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El gobernador Rosselló Nevares, firmó este lunes 26 de junio la nueva Ley de la Autoridad de Eenergía Eléctrica (AEE) la cual constituye de facto una destitución de los actuales miembros de la JG de la AEE. La nueva ley reduce de nueve a siete los miembros de Junta con lo cual se reduce la representación en el citado cuerpo de la mayoría de los abonados de la AEE que es el pueblo.

La nueva JG estará constituida por tres personas nombradas a total discreción del Gobernador. Otros tres nominados por el Gobernador para consentimiento del Senado. Estos tres nominados a su vez serán seleccionados de una lista de candidatos como resultado de un proceso de búsqueda de talento. Este requisito de “independencia” es para cumplir 2/ 3 de los requisitos impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF). El séptimo miembro será el representante de los consumidores, seleccionado mediante elección dirigida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Antes eran tres los representantes de los consumidores.

Según la nueva ley cinco de los siete miembros deberán ser residentes de la isla, sus miembros deberán fijar por unanimidad su compensación, o en su lugar lo hará el gobernador. Para uno de los ya exrepresentante de los consumidores en la JG, el licenciado Carlos Gallisá, los cambios responden a exigencias de los bonistas y acuerdos entre la JCF y el gobernador Rosselló Nevares. El Plan Fiscal de la AEE fue sometido a la JCF en reunión el pasado 19 de marzo y aprobado por la JCF el 28 en abril 2017, en su resolución número cinco. En ambas reuniones se aprobaron cambios y tomaron decisiones que no fueron compartidas con la JG.

Gallisá, defendió que la junta destituída ha sido la de mayor independencia de criterio que ha tenido la citada corporación pública y que por el contrario la falta de transparencia, una cero fiscalización, la politización, una apertura a la corrupción, una reducción de ingresos, dado a la asignación de una remuneración a sus miembros, serán algunas de las consecuencias de la nueva junta.

Llaman la atención las palabras del Gobernador al firmar la ley de que los cambios al máximo rector de la AEE “ayudará a recuperar la credibilidad del gobierno y encaminar la economía de la isla”. Eso contrasta con la misma resolución número cinco de la JCF que aprobó el PF. La resolución reconoce que habrá un aumento en la tarifa del kilovatio hora, de 21 centavos, mientras habrá una reducción en el consumo de 23%.

En la resolución también se advierte que si no se cumple con los objetivos del Plan fiscal de; “reducir sustancialmente el costo de generar energía (costos de combustible) y mejorar la red de distribución a través de acuerdos de colaboración pública / privada sin obstáculos y / o privatizando completamente la generación de energía”, habrá la necesidad de privatizar por completo la generación de energía. Mientras tanto el acuerdo de reestructuración (RFA) de la deuda de la AEE se encuentra en suspenso.

Durante el largo tiempo que he trabajado en Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), muchas han sido las ocasiones en que ha estado en riesgo la importante aportación que hace esta institución para que las personas de escasos recursos económicos tengan acceso a la justicia en el ámbito civil. A este programa cuya iniciativa fue del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hace cinco décadas, se suman otros que surgieron posteriormente como la Oficina Legal de la Comunidad (OLC), vinculada a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y Pro Bono del Colegio. Son organizaciones que económicamente funcionan a base de propuestas que someten principalmente a la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos (LSC, por su siglas en inglés) y en mucha menor cuantía, pero de igual importancia, a la Legislatura de Puerto Rico. En cuanto a los fondos federales, la mayoría de las reducciones sufridas han respondido a las posiciones más conservadoras del Partido Republicano cuando ha asumido el poder. Típicamente organizaciones como SLPR litigan contra el gobierno por violaciones de derechos y esto, por supuesto, no es de su gusto. Así ocurrió cuando Ronald Reagan, cuyo gobierno impuso además limitantes restricciones para los casos que pueden tramitarse.

En esta ocasión en que el “Trompismo” ha rebasado los límites de la imaginación en cuanto a abuso de poder y decisiones adversas para las personas más vulnerables, ni siquiera aparecieron fondos asignados a LSC en el presupuesto inicial que fue sometido por la Casa Blanca. La esperanza está puesta en que tanto en el Partido Demócrata como en su contrario, hay defensores de los programas de Servicios Legales y que eventualmente la negociación que los procesos presupuestarios conllevan produzca asignaciones, aunque se da por descontado que habrá importantes recortes de fondos que traerán consecuencias sobre las entidades de Puerto Rico. Respecto a las asignaciones de la Legislatura de aquí, el drama tiene su raíz en la recesión económica que sufrimos, en el rol determinante de la Junta de Control Fiscal y en el proceso que se está dando en Cámara y Senado con el presupuesto. La falta de información y de un proceso abierto y participativo nos mantiene en ascuas sobre cuáles van a ser las cantidades que finalmente sean asignadas a los distintos programas de ayuda legal, al menos hasta el momento en que escribía este artículo. Están en la misma cuerda floja que otras organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que ofrecen al Pueblo servicios esenciales que el gobierno no puede proveer porque carece del personal especializado que se requiere y de las condiciones necesarias.

Es tiempo entonces de aunar esfuerzos para que las entidades que hacen la labor de viabilizar el acceso a la justicia a las comunidades que defienden su derecho a la vivienda y a la protección de los recursos naturales; a las sobrevivientes de violencia de género, incluyendo a las inmigrantes indocumentadas; a las personas que están al borde de perder sus hogares debido a la crítica situación económica que el país trata de sobrevivir; a las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional cuyo reclamo a la educación especial que necesitan está amenazado, continúen operando con la calidad y dignidad que se requiere. De esta forma también serán preservados los empleos de madres y padres de familia que por años han trabajado en SLPR, en la OLC y Pro Bono. El junte de acción y defensa de la integridad de los programas señalados debe ser en alianza de unos con otros, como ha ocurrido en años anteriores; de las gerencias que los dirigen y las juntas de dirección con las uniones que representan a su fuerza trabajadora, en la que hay abogadas y abogados, personal de apoyo y administrativo; junto a la clientela que es la razón por la que existen. ¿ Qué mejor demostración de la justeza de que estas iniciativas que surgen de la sociedad civil y de esfuerzos comunitarios se mantengan como brazo defensor de los reclamos de justicia de las personas más necesitadas que la unidad de todos los sectores involucrados, compartiendo información, estrategias, acercamientos, reuniones, iniciativas? Al igual que la sociedad puertorriqueña en estos tiempos aciagos debe refugiarse en la fuerza de la solidaridad, el análisis y acciones de consenso para resistir los males que nos acechan y luchar por nuestros derechos, las organizaciones que representan a las personas pobres en sus reclamos legales amenazadas por los recortes de fondos deben hacer lo mismo.