Con firme decisión, al grito de consignas como, “ el gobierno en Puerto Rico, instrumento de los ricos”, “Junta de Control Fiscal, la tenemos que sacar”, y otras, alrededor de 500 militantes independentistas, participaron de la cuarta marcha, independencia ya, bajo la presencia amenazante de fuertes contingentes policíacos apostados por todo el camino.

La marcha celebrada este domingo 11 de junio y que salió cerca de las dos y media de la tarde de las inmediaciones del puente Martín Peña, en la avenida Ponce de León para llegar frente al edificio del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, (el edificio federal) centró sus denuncias en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF), la celebración del plebiscito de estatus ese día, y el cierre de escuelas. Entre los grupos que respondieron a la convocatoria del colectivo Ñin Negrón, estuvieron el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), el Colectivo Mujeres Feministas (CMF), el Ejército Popular Boricua-Macheteros (EPBM), Poetas en Marcha y Jornada se Acabaron las Promesas.

Los manifestantes hicieron una primera parada frente al edificio del Banco Popular, en la avenida Luis Muñoz Rivera, que a su vez tiene frente al lado opuesto, el edififico de UBS, ambas instituciones relacionadas con la deuda pública de la isla y la JCF. Aquí el miembro de Poetas en Marcha, leyó un poema en el cual aludió al repudio de la presencia de la JCF y la joven Jessica Reyes Serrano, denunciando el cierre de escuelas. Todo esto bajo la presencia de un fuerte contingente policíaco que se movía según iba la marcha. De hecho un observador de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) también estuvo documentando la presencia policiaca. De ahí los manifestantes continuaron por la avenida para tomar la calle que conduce al edificio de la CEE, en donde la Policía casi doblaba a los manifestantes.

Al llegar frente al edificio de la CEE una joven del grupo Las Musas descalzas, ofreció una puntillosa declamación en alusieon a la lucha de los jóvenes universitarios, Me llaman resietencia. La tensión palpable aumentó dado al hecho que uno de los manifestantes al conteo junto a los presentes echó en un balde y quemó más de 100 pequeñas banderas de Estados Unidos. La actividad continuó hasta llegar frente al edificio federal, rodeada por efectivos policíacos. El grupo Papel Machete, hizo una presentación artística en alusión una vez más al tema de la JCF y la deuda.

La presencia y liderato de jóvenes en la manifestación fue predominante y el mensaje principal estuvo a cargo de la joven Adriana Ortíz Morales, del Movimiento Ñin Negrón. “Estamos ante una situación crítica, planificada de antemano por el imperialismo. Está en juego la existencia de nuestra Nación. Está en juego la desaparición de la nacionalidad. Tenemos que entender que lo que estamos por vivir es parte del plan colonizador del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué mejor ejemplo que la imposición que hiciera el Congreso yanqui, en la mal llamada Constitución de Puerto Rico (que no es otra cosa que la ley Jones expandida), de una cláusula que estipulaba que la deuda pública había que pagarla antes de cubrir las necesidades del pueblo? Mirando hacia el pasado vemos que más de 60 años atrás, los yanquis sabían que su política colonial llevaría a la ruina a nuestro pueblo. En otras palabras ellos incluyeron esa cláusula a sabiendas que la colonia iba a llegar a un momento como el actual”, manifestó. Ortíz Morales, exhortó a los presentes a hacer un “compromiso serio de luchar cada día en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo o de estudio y en las entidades de la sociedad civil para luchar hasta las últimas consecuencias hasta alcanzar la liberación de nuestra Nación y la construcción de una sociedad justa e igualitaria. La libertad suma, no resta”.

Mientras el licenciado Eduardo Villanueva, (ver p.27) se refirió de manera directa a la presencia de la Policía y les emplazó a que como policías tenían que saber del derecho constitucional a la libre expresión y asociación y que había que recordarle que ellos -los policías- tienen esos mismos derechos, les recordó que ellos también son trabajadores explotados del gobierno y les exhortó a que lo pensaran tres veces antes de ‘darle un macanazo a un manifestanate contra la junta o aun estudiante”.

Policía vuelve a secuestrar manifestantes

Aun cuando la manifestación concluyó sin que se produjeran incidentes, cerca de las cinco de la tarde cuando ya la mayor parte de los asistentes se habían retirado la Policia arrestó a tres jóvenes que participaron de la actividad pero que en esos momentos se encontraban en un negocio cercano.

El arresto de: Adrián Robles Reyes de 32 años, residente en Toa Baja, Jan Rosario Alvarado de 22 años, residente en Bayamón y Víctor Rodríguez de 22, de Naranjito, siguió la modalidad de la Policía de un secuestro, al no dar a conocer a dónde fueron trasladados, ni las acusaciones por las cuales fueron “arrestados”. Según informaron los abogados Mariana Nogales y Alvin Cuoto mediante las redes sociales, los jóvenes llevaban 22 horas desaparecidos. El agente Gerardo López presentó cargos contra el grupo por daños a la propiedad y aun cuando la juez del TPI Mónica Pérez Díaz ordenó radicar cargos este lunes en la mañana, todavía en horas de la tarde no se habían presentado los cargos.

Si la prensa actuara como lo hizo el pueblo puertorriqueño ignoraría el resultado del “plebiscito” (con comillas por favor) y se pondría a hablar cosas más interesantes. Porque un evento electoral en el que, a pesar de la evidente manipulación, solo aparece votando el 23 % de los electores, no debiera comentarse como si fuera un acontecimiento. El pueblo optó por irse a los parques o a la playa en un día particularmente caluroso, dejando a los anexionistas solos en una fiesta con aires de velorio que, para colmar el vaso, fue descaradamente financiada con fondos públicos extraídos de un tesoro quebrado.

Pero a pesar de que el rechazo del pueblo fue apabullante –porque tres cuartas partes de los electores optaron por no participar– los titulares de los medios digitales ese domingo por la tarde eran que “ganó” la estadidad, como si de verdad pudiera ganar un corredor que transita solo en una carrera inventada por él mismo. Al otro día el tono cambió. En la prensa estadounidense, sin embargo, desde la primera noticia del día el énfasis estuvo en la “histórica” (la palabra es de uno de esos medios) baja participación. Allá, a donde irán los anexionistas a promover su causa, nadie se creyó el cuento del “triunfo de la estadidad”.

Tras la debacle del 23 por ciento (a pesar de la manipulación), la pregunta que se hacen algunos es por qué los anexionistas mantuvieron vivo su “plebiscito” luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les negó el uso de fondos previamente legislados para esa consulta y, de paso, les exigió que pusieran la colonia –llamada “territorio”– como opción en la papeleta de votación. El tono de aquella carta no dejaba duda alguna de que la actual administración de Estados Unidos no quiere dejar abierta la más mínima rendija por la que se pueda atisbar un posible apoyo a la estadidad. Negaron el uso de fondos, cambiaron el contenido de la papeleta y, adelantándose a otra manipulación, advirtieron que ante cualquier nueva petición de aprobación, necesitaban “mucho tiempo” para evaluar lo que se les someta. Como ven, cerraron todas las puertas y luego las remacharon advirtiendo de que el reclamo de que sólo la estadidad “garantiza la ciudadanía americana” era falso.

Ante ese aguacero, los anexionistas boricuas pudieron haberse guarecido con el argumento de que incluir la colonia como alternativa en una consulta dirigida a resolver nuestro problema de estatus no permitía una consulta digna. Es a todas luces absurdo que lo que efectivamente es el problema –la colonia– aparezca como alternativa para su solución. Y resultaba aún más indignante que fuera la metrópolis colonizadora la que exigiera ese particular contenido de la papeleta. Ante el nuevo escenario creado por la carta de Justicia federal, lo correcto y lo digno desde el punto de vista político era posponer o anular la consulta.

La posposición, además, hubiese tenido sentido luego de los eventos que se desencadenaron en Puerto Rico durante los primeros cinco meses del año, mientras los anexionistas solos estaban en campaña plebiscitaria. Lo que comenzó como un impago de la deuda y severas medidas de austeridad fiscal impuestas por la Junta de Control Fiscal, culminaron en la declaración formal de quiebra ante una juez llegada desde Estados Unidos. Ese hecho significa que todo el país fue formalmente declarado en bancarrota y que toda la operación del gobierno estaría a partir de ese momento sometida al escrutinio de un procedimiento judicial.

Esos eventos, junto a la creciente estrechez económica, crearon un ambiente de desasosiego e incertidumbre que, lógicamente, afectarían cualquier proceso de votación. Como dijo un alcalde del PNP, “el país no está para plebiscitos”. De paso, advirtió sobre la debacle que efectivamente llegaría más tarde.

Fuera de aquí la noticia de la quiebra se juntó con el plebiscito y con evidente sorna muchos periódicos de Estados Unidos comentaban con asombro que en Puerto Rico se estuviera celebrando un evento electoral para solicitar la estadidad en el mismo instante en que se daba inicio a la quiebra formal. Esa combinación de eventos no tenía sentido para los periodistas extranjeros y en realidad así es. Cualquier petición de estadidad en estos momentos sólo puede provocar risa. Uno tras otro los principales medios de prensa de Estados Unidos publicaron reportajes asombrándose de que en estas circunstancias se pretendiera celebrar una consulta de status que pudiera culminar en una petición de estadidad.

Nada de esto detuvo al joven gobernador anexionista. Insistió en la consulta gastando más de siete millones de fondos públicos de un país en quiebra para al fin obtener una “victoria” en un evento en el que sólo votó el 23 por ciento del censo electoral. Ahora, con la misma desfachatez con que promovieron el mevento, irán a Washington a informar de una “victoria” donde la estadidad aparece sacando menos votos –cien mil menos– que los que el candidato a la gobernación del PNP obtuvo hace apenas siete meses.

Cuando vayan a presentar esos números en Washington se reirán de ellos, pero para los puertorriqueños, que hemos visto cómo se despilfarraron siete millones de dólares en un plebiscito tonto, el asunto no nos da risa. Sólo rabia.

Antes de terminar este artículo se impone una pregunta: ¿quién hizo la encuesta de El Nuevo Día donde se predice que el 72 por ciento de los electores iría a votar? Ese anuncio se hizo apenas unos días antes del evento y durante ese tiempo nada ocurrió que pudo alterar la intención de los votantes. Resulta evidente, por tanto, que la encuesta fue un fiasco, tan grande como el plebiscito mismo, o que se hizo con un evidente intento de manipulación.

Por Gabriela Ortiz Díaz/CLARIDAD

Muchas fueron las noticias que resultaban día tras día del proceso huelgario de la Universidad de Puerto Rico (UPR): marchas, arrestos, denuncias, vistas judiciales, recortes, propuestas, más recortes, renuncias, piquetes, encontronazos por ideologías políticas… ¿Qué logros se obtuvieron luego de esos dos meses de paralización? La respuesta dependerá del ángulo desde el cual se analice esta huelga.

De lo que sí podemos estar seguras y seguros es de que se supo que hay un sector de la juventud puertorriqueña que está indignado por los grandes retos que vive su generación y el país completo. Mientras lucharon –y continuarán haciéndolo– por la Universidad y por Puerto Rico, estos(as) jóvenes visibilizaron la urgencia de repudiar las medidas de austeridad que le imponen al pueblo.

Los recintos de Río Piedras y Humacao de la UPR fueron los últimos en culminar el proceso de huelga iniciado el 6 de abril tras la decisión que tomó el estudiantado en la histórica Asamblea Nacional de Estudiantes.

Una vez finalizada la paralización, de la que en determinado momento participaron 10 de los 11 recintos, han sido muchas y variadas las apreciaciones sobre este proceso. Por un lado, hay quienes pensaron que cerrar los portones de los recintos era el método correcto para ejercer presión y combatir la austeridad que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno actual han impuesto sobre la UPR y el país. Por el otro, hay personas que conforme iban pasando los días se reafirmaban en la idea de que abrir los portones de los recintos aseguraba la conservación de una UPR pública y accesible.

A pesar de esa controversia, los reclamos principales del movimiento estudiantil que dieron con la huelga a portones cerrados fueron: que no se recortara el presupuesto de la UPR –al día de hoy las cifras de recortes siguen siendo de $512 millones para el 2026 y $202 millones para el próximo año académico 2017-2018–, que no se alzaran los costos de matrícula, que se realizara una auditoría a la deuda pública del país, que se creara una reforma universitaria desde la misma comunidad del sistema UPR.

Ante esas exigencias del estudiantado, cabe destacar algunos aciertos de la huelga recogidos en la moción “para evolucionar la lucha” que leyó el Movimiento Estudiantil (ME) de Río Piedras en la quinta Asamblea General de Estudiantes que hizo este recinto: el Comité Negociador del ME redactó cinco propuestas para allegar fondos a la UPR (esas propuestas se convirtieron en Proyectos de Ley tras la aprobación de algunos senadores); los y las estudiantes lograron reunirse con la JCF, la cual catalogó la UPR como “un servicio esencial”; los estudiantes en lucha iniciaron una ardua jornada de concientización social y económica que resultó en difundir la importancia de auditar la deuda, en movilizar a miles y miles de puertorriqueños al Paro Nacional del 1ero de mayo, y en la articulación de un comité de auditoría ciudadana de la deuda.

Además, durante ese periodo de paralización del calendario académico, los y las estudiantes organizaron un sinnúmero de otros comités, conversatorios, manifestaciones sociales y culturales que sirvieron de enlace entre la Universidad y el país, y que demostraron que la educación superior también se adquiere fuera de los salones de clase.

Se logró, igualmente, la aprobación por parte de la Junta Universitaria (compuesta por rectores y rectoras), el Senado Académico y algunos miembros de la Junta de Gobierno de ocho preacuerdos que estableció el ME, entre los que se encontraban: una moratoria al alza en los costos de matrícula –lo que se logró aplazar al menos por un año– y a la eliminación de exenciones durante el año académico 2017-2018, además, no sancionar a los estudiantes que han participado de la huelga.

En definitiva, si bien es cierto que el fin de la huelga no trajo certeza para celebrar el logro total y firme de alguno de los reclamos principales del estudiantado, también es cierto que los estudiantes alcanzaron un alto nivel de organización –que integró otros sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad civil– y de creación de propuestas, cuyos frutos se recogerán en poco tiempo, según piensan algunos de los huelguistas.

Otros de los estudiantes que estuvieron activos en el proceso piensan que en vez de comenzar a levantar la huelga por recintos se debió esperar un poco más, por lo menos hasta que hubiera garantía con los preacuerdos. Según esos estudiantes, la huelga era el único mecanismo para continuar presionando al Gobierno sobre las negociaciones que se estaban dando. Por el contrario, otros y otras huelguistas coinciden en que con el pasar de los días, se comenzaron a quedar solos en el proceso huelgario, lo que obligó a redirigir la lucha.

Con esa disyuntiva de fondo, todos los recintos de la UPR han reiniciado el semestre académico y el Movimiento Estudiantil ha decidido “evolucionar la lucha”, haciendo la salvedad de que continuarán las labores que han ejercido hasta el presente e instando siempre a toda la comunidad universitaria a sumarse a la causa para defender la educación superior pública.