Alberto De Jesús (Tito Kayak) Foto reproducida de su página de FB.
El activista espera salir “airoso” del proceso judicial
CLARIDAD
El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pospuso el juicio del activista Alberto de Jesús Mercado, mejor conocido como Tito Kayak, para el 26 de marzo, a las 10:00 a.m. La determinación surgió el jueves, 19 de febrero, tras una breve evaluación del caso.
Los agentes de la Policía Tomás Valentín Rivera, Iris Mercado, Josué González y el capitán Carlos Rivera arrestaron, el 6 de octubre, a Tito Kayak bajo la premisa de haber habilitado una carpa ilegalmente durante unas manifestaciones en contra de las políticas energéticas de la gobernadora Jenniffer González Colón y LUMA Energy. La Fiscalía de San Juan luego acusó, en diciembre pasado, al activista por obstrucción a la justicia.
Vestido de negro, con un sombrero y una bufanda, el activista acudió a la sala 1102 de la corte, acompañado de varios hombres con pulseras que leían <<Libertad para Palestina>>. Desde los bancos, otro puñado de personas esperaba a De Jesús con animosos saludos, incluyendo a la excandidata y ambientalista del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Myrna Conty.
En la fila final de bancos, una señora sujetaba un libro titulado El robo de santos en Puerto Rico mientras, atenta, prestaba oído a todo lo que el activista decía. La tertulia, que finalmente la integró, acabó discutiendo los efectos de las averías eléctricas en los enseres domésticos. De pronto, la alguacil indicó el inicio del juicio, todos callaron y se incorporaron.
La licenciada María Soledad Sáez, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), defendió al también ambientalista durante el juicio. La fiscalía indicó que uno de los agentes, Josué Meléndez, se excusaba ese día por estar en una actividad de la Policía, en Ponce. Los demás oficiales comparecieron.
El togado determinó que el juicio continuaría, el 26 de marzo, a las 10:00 a.m. Las partes asintieron con excepción de la defensa, que exigió la publicación inmediata del Informe de Uso de Fuerza y el Informe de Grabaciones de Eventos Públicos. La fiscalía argumentó que el documento era impertinente con relación al caso, pero el juez ordenó su publicación en un plazo de 10 días. Es decir, antes del 1 de marzo.
“Yo espero salir airoso de este infame atropello. No es la primera vez que la Policía abusa de la fuerza. Todos los compañeros que asistieron hoy han sido víctimas de la fuerza brutal de los agentes en manifestaciones. Nosotros vamos a llevar y apelar este caso hasta donde tenga que llegar y, de ser necesario, los demandamos otra vez”, expresó De Jesús a CLARIDAD al salir de la sala. En ese sentido, explicó el interés de varios activistas para “exponer”, a través de una demanda conjunta, cómo la Policía “brinca” procesos protocolares para el uso de fuerza y “entra” en abuso.
Por su parte, Myrna Conty reafirmó el compromiso del grupo de activistas para con Kayak: “nosotros tenemos que estar apoyando a Tito porque nos quieren limitar el derecho a manifestarnos. Esto es para intimidar a las personas, quieren hacer un ejemplo de Tito”.
Un regreso al pasado, evitar futuros aumentos, la adopción del modelo neoliberal en donde impera la ley de la oferta y la demanda del mercado, es decir, del más fuerte, es lo que implica el proyecto de ley PC 1115 impulsado por grupos y asociaciones empresariales. Con él se propone derogar la Ley 47 del 2021, Ley del salario Mínimo, así como la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CE).
El doctor Iyarí Ríos, economista y miembro de la Comisión Evaluadora, afirmó a CLARIDAD que se enteraron de la medida por la prensa. Ante lo que propone el proyecto de ley, señaló que el tracto de la Ley 47 anticipaba que eso iba a ocurrir. Recordó que la Ley de Salario Mínimo fue aprobada en el 2021, en una coyuntura particular, dado al hecho de que en un periodo de casi 25 años desde que se eliminó la Junta de Salario Mínimo en el 1998, el salario mínimo en Puerto Rico aumentó solo en el 2009, de $5.15 a 7.25, producto del aumento en el salario mínimo federal, es decir, del Gobierno de EE. UU. Pero en ese periodo de 25 años, el Gobierno de Puerto Rico nunca tomó acción para aumentar el salario mínimo.
El miembro de la CE describió que en el 2021, en el contexto de que no se había aumentado el salario mínimo desde el 2009 mientras el costo de vida estuvo aumentando de manera significativa (reflejado en la inflación y el deterioro de la situación económica de las familias), diferentes sectores de la sociedad salieron a las calles a exigir un aumento, con lo cual se logró la aprobación de la Ley de Salario Mínimo y de la CE.
La Ley de Salario Mínimo contiene tres elementos principales: uno establece política pública con respecto al salario mínimo; el segundo crea un vehículo para que se revise de manera periódica el salario de acuerdo con el costo de vida y otros elementos adicionales (para que no vuelva a pasar que en un largo periodo de 23 años el salario solo aumentó una vez y en los últimos 10 años antes de la aprobación de la ley no había aumentado) y un tercer elemento que dispone un aumento del salario mínimo de $7.25 a $10.50 de forma escalona.
Ríos recordó que cuando se estuvo discutiendo la ley, las asociaciones empresariales cabildearon en contra en la Asamblea Legislativa. También hubo proyectos que planteaban que el aumento debía de ser de $15.00 la hora. Las organizaciones empresariales cabildearon para que el aumento no fuera tan alto y fuera escalonado. “Así que la Ley 47 del 2021 es en parte producto de ese cabildeo, porque evitaron un aumento a $15.00 e hicieron el aumento de una manera escalonada”.
En el 2024, cuando el aumento escalonado llegó a $10.50, las asociaciones empresariales acudieron al tribunal demandando al Gobierno y a la CE, alegando que la Comisión no había actuado como correspondía y que el aumento de salario a $10.50 era nulo. El tribunal falló a favor de la Comisión, Desde ese momento, miembros de las asociaciones empresariales han dicho públicamente que una vez pasado el proceso electoral iban a acudir a la Asamblea Legislativa para que se derogara la Ley de Salario Mínimo o se enmendara la composición de la CE. Incluso, los empresarios fueron ante la Junta de Control Fiscal para que interviniera en el pleito legal a su favor, pero esta vez la Junta no intervino, explicó.
En términos económicos, las consecuencias de que los empresarios logren eliminar la Comisión, será que los salarios no suban. Explicó que lo que quieren es evitar aumentos posteriores, por lo que fundamentalmente están planteando regresar al periodo de 1998 y 2021 donde por casi 25 años solo hubo un aumento por causa del Gobierno de EE. UU., no del de Puerto Rico. El profesor Ríos recordó que el presidente de la Asociación de Detallistas ha hecho expresiones públicas de que favorece el proyecto para derogar la Ley y que además se opone a que haya aumentos posteriores al salario mínimo. Incluso dijo que en Puerto Rico se debía considerar fijar salarios mínimos inferiores a los que existen en EE. UU.
El economista expuso que, contrario a lo que alegaban los empresarios de que el aumento del salario mínimo a $10.50 iba a reducir la actividad económica y que el desempleo iba aumentar, los datos demuestran lo contrario. En el 2011, la mediana de ingresos del hogar en el país incrementó de $18,600 hasta $22,237. Estas cifras representan un aumento de 19 % en 10 años.
Entre el 2021 al 2024, la mediana de ingresos creció de $22,237 hasta $27, 213. Estas cifras representan un aumento de 22 % en los en tres años de vigencia de la Ley 47 del 2021.
El profesor Ríos hizo la salvedad de que no estaba diciendo que la situación económica es ideal y reconoció que hay que tomar medidas adicionales para mejorar las condicionas de vida, que no tienen que ver solo con salarios. A su juicio, es fundamental reconocer que el desempeño positivo de la economía tiene que ver con el aumento adquisitivo de las familias a través del salario mínimo. Incluso, un informe del 2024 de la CE reveló que en el país casi 250 mil personas trabajadoras se beneficiaron con el aumento de $10.50 la hora. “Estamos hablando de casi un cuarto de millón de trabajadores y trabajadoras”.
Su apreciación es que en la situación hipotética de que pasen años sin un aumento en el salario mínimo, veríamos un aumento en la pobreza. Agregó que la revisión periódica del salario mínimo en función de unos indicadores, entre los que se incluye el costo de vida, es un ejercicio que se hace en otros países, incluso en el mismo en el Gobierno federal EE. UU., con l objetivo de que se pueda conservar ese poder adquisitivo.
Por su parte, el abogado laboral Alejandro Torres Rivera destacó que la idea que precede al PC 1115 tiene que ver con las teorías desarrolladas por el economista Milton Friedman en los años 60, que sirvió de base para crear la Escuela de Chicago. Friedman plantea que la agenda liberal debería concentrarse en la eliminación del salario mínimo para que el salario de los trabajadores sea determinado por las fuerzas del mercado sin intervención del Estado.
“Esa posición de los años 60 ha sido una constante en todos los gobiernos neoliberales que se han desarrollado hasta el presente”. Torres Rivera igual hizo un repaso del devenir del salario mínimo en Puerto Rico y defendió que la ley vigente ha mejorado el salario mínimo federal, que sigue siendo $7.50 la hora. Apuntó que lo que pretenden los que favorecen el PC 1115 es que no solo se derogue la Ley 47 del 2021, sino que además se elimine la CE y que se deje a las fuerzas del mercado todo lo que tiene que ver con el salario. Eso incluye que si hay un aumento al salario mínimo federal, este no aplique a Puerto Rico o que se nos permita que se pague un subsalario por debajo del mínimo federal.
El abogado laboral aclaró que cuando se dice fuerzas del mercado, a la hora de la verdad, se refiere a la oferta de empleo y la demanda de los trabajadores. “Es una cosa horrorosa. La tendencia de los patronos va a ser ofertar trabajos con unas garantías menores a las que hoy garantiza la ley. Ya hay otras leyes que menoscaban los derechos de los trabajadores”.
Como ejemplo de lo anterior, señaló que según la Constitución de Puerto Rico, la jornada legal de trabajo es de 8 horas y que todo trabajo en exceso se debe pagar no menos de tiempo y medio. Pero la Ley 4 del 2017 del entonces gobernador Rosselló, hijo, permite una jornada de 4 días a la semana de 10 horas, pero no se paga tiempo extra. Esa ley 4, denunció, vino a trastocar más de mil leyes protectoras del trabajo.
El abogado laboral señaló que, el salario mínimo, para los efectos, aplica a las y los trabajadores que caen bajo la definición de empleado. Dentro de esa definición de empleado no caen los ejecutivos, los profesionales ni los administradores. En el caso de los legisladores, la estructura de salario la fija la propia Legislatura. Un director ejecutivo de una agencia pública es un empleado exento, igual los ejecutivos, administradores y profesionales son empelados exentos, tanto bajo la ley federal como el Reglamento 13 del Departamento del Trabajo de Puerto Rico.
Ante el riesgo de que, en efecto, se elimine la Ley de Salario Mínimo y su comisión evaluadora, Torres Rivera vaticinó: “Estamos hablando de que se regresa a la época del capitalismo salvaje donde no hay ningún tipo de intervención del Estado en los procesos económicos para unas garantías mínimas a los trabajadores y, como todo se deja a las fuerzas del mercado, el poder de negociación lo tienen los patronos”.
Sobre las consecuencias, agregó que a las y los empresarios “les tiene sin cuidado los efectos de la Ley, porque es una visión ideológica de gente que tiene esa perspectiva, donde hay quien gana y quien pierde. Ellos siguen con su modelo neoliberal y conviven dentro de los dos partidos de la alternancia”.
La campaña, Migrar es un derecho, anunció la iniciativa audiovisual “Yo migré”, un proyecto que busca amplificar testimonios reales y promover una cultura de solidaridad, dignidad y resistencia ante las redadas recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Adunas (ICE, siglas en ingles) de EE UU en Puerto Rico. de agencias federales como ICE.
La iniciativa recoge en videos cortos los testimonios de figuras reconocidas de los medios, la cultura, la música, la educación, la televisión y la radio, que llegaron a nuestro archipiélago como migrantes. Los protagonistas narran, con un tono genuino y orgánico, cómo la migración forma parte esencial de sus vidas y de la historia del archipiélago, así como de nuestras comunidades. “Yo migré” busca conectar con el público desde la humanidad con historias que rompen estigmas, desarman prejuicios y colocan el énfasis en los derechos que cobijan a todas las personas.
El grupo de portavoces de esta iniciativa está compuesto por Carlos Weber, Felipe Gómez, Larissa Dones, Eyra Agüero, Romelinda Grullón, Leonard Prophil y Pilar Lara. Este proyecto también es posible por la colaboración de todo el equipo de la casa productora Filmes Zapatero.
Sectores de la sociedad civil proclamaron su rechazo y censura ante la firma por parte de la gobernadora, Jenniffer González, del proyecto PS 923 que enmienda el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como asesinato el darle muerte a un concebido no nacido en cualquier etapa de gestación.
La medida que se aprobó en ambos cuerpos legislativos no tuvo vistas públicas, aun cuando portavoces de organizaciones feministas, sectores médicos, abogados y religiosos elevaron públicamente sus voces en contra del proyecto, incluida una manifestación frente al Capitolio el día que se suponía que la Cámara de Representantes la examinaría. Concluida la manifestación, el proyecto fue aprobado por descargue. La firma de la gobernadora se produjo el12 de febrero.
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y su Red de Redes junto a colectivos y personas feministas, religiosas, salubristas y defensoras de derechos humanos llevaron a cabo la “Vigilia por el Derecho a Decidir” frente a la Fortaleza en rechazo a la firma del proyecto.
“Con este acto de solemnidad y profunda empatía por todas las personas que profesan una fe o una filosofía de vida como el centro de sus vidas, manifestamos nuestra rotundo rechazo a la firma de la gobernadora al Proyecto del Senado 0923 y, ante todo, afirmamos que no resulta incongruente el respetar la vida de las mujeres y el derecho a decidir sobre los asuntos de su cuerpo y de su salud con nuestras creencias religiosas y filosóficas.”, expresó la profesora y ministra Dra. Agustina Luvis, de la Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida del MVC.
Mientras, la licenciada Mayra Vicil Bernier, de la Red de Derecho, Justicia y Seguridad del MVC, indicó que la medida, que enmienda el Artículo 92 del Código Penal, aunque se presenta como una de protección a la vida, en realidad crea un grave problema legal, constitucional y práctico para el sistema judicial y de salud en Puerto Rico. “Esa sola acción altera por completo la estructura de nuestro Código Penal, un sistema que no fue diseñado para procesar embarazos, decisiones médicas ni emergencias obstétricas como crímenes violentos”.
Por su parte, la Dra. Diana de la Paz, de la Red de Salud Integral y Universal del MVC, que formó parte de los más de 300 profesionales de la salud, ginecólogos y pediatras que se opusieron, mediante carta a la gobernadora, alertó de “las consecuencias graves para la práctica médica y, ante todo, para la autonomía de las mujeres y personas gestantes en su libre relación médica-paciente.”
La licenciada Eva Prados, coordinadora General del MVC, recalcó que la lucha continuará porque se trata de defender la vida y dignidad de todas las mujeres y personas gestantes vivas hoy y que la gobernadora arriesga por asegurar el voto de grupos antiderechos y machistas.
“Esta vigilia demuestra también que no vamos a permitir que el Gobierno ni grupos machistas y antiderechos sigan utilizando a las mujeres y su derecho a la intimidad para desinformar y manipular un pueblo que atesora su fe y sus valores, con el enmascarado propósito de mantenerse en el poder por el poder mismo y no por el bienestar de la población”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona, declaró que ante la firma de la gobernadora era importante reiterar que el aborto es legal en Puerto Rico, un derecho que no debería verse afectado. Sin embargo, observó que el hecho de no haber permitido una discusión amplia del proyecto, sobre todo tratándose de una enmienda al Código Penal que conlleva las sanciones más severas, es en sí mismo una violación al proceso de participación ciudadana y de la sana gestión administrativa.
“Con esta acción, la gobernadora valida —una vez más— el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas. El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco».
Otra entidad que expresó rechazo fue el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico.
“Nuestra institución expresa una profunda preocupación ante la decisión de la gobernadora de estampar su firma en un estatuto que ella misma calificó previamente como innecesario, reconociendo correctamente que la Ley Keyshla Madlane ya cubría el marco jurídico pretendido. Al proceder con esta firma, se ignora la advertencia del Colegio sobre la falta de coherencia normativa que este lenguaje introduce al establecer definiciones absolutas que no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales. El Colegio advirtió que el impacto real de esta medida no es claro, pero sí lo es el contexto político en el que se promueve, marcado por una agenda que ha evidenciado un patrón consistente de reducción de derechos”, expresó en declaraciones escritas la presidenta del Colegio, licenciada Vivian Godineaux Villaronga.
Para concluir, la presidenta sostuvo que el impacto de la legislación fomenta una medicina defensiva que podría obstaculizar la atención oportuna de mujeres y personas gestantes, afectando la salud pública.
Hay una verdad silenciosa que atraviesa la vida de todo ser humano: nacemos buscando héroes. No porque necesitemos figuras perfectas, sino porque necesitamos rostros donde anclar la esperanza, voces que nos enseñen a caminar cuando el mundo todavía nos queda grande. En la infancia, esos héroes suelen tener nombres sencillos: mamá, papá, abuela, tío. Son los primeros que levantan lo caído, los que curan con un beso, los que parecen tener poderes para espantar la oscuridad.
Pero crecer es, también, descubrir que los héroes cambian. Que el mundo se ensancha y con él se ensanchan nuestras aspiraciones. Los niños empiezan a mirar más allá del regazo familiar: hacia los maestros que los escuchan, los amigos mayores que los guían, y, por supuesto, hacia los héroes de ficción que habitan sus muñequitos, sus películas, sus mundos imaginarios. Para mis hijos eran los Power Ranger, los Ninja Turtle. Se disfrazaban de ellos, los imitaban y veian sus películas varias veces al día.
Esos héroes inventados cumplen una función vital: permiten soñar sin miedo, ensayar valentías, explorar quiénes podríamos ser. Pero llega un momento —siempre llega— en que la mirada se vuelve hacia afuera, hacia la vida pública, hacia quienes deberían encarnar el servicio, la visión, la dignidad colectiva.
Y ahí, en Puerto Rico, nos encontramos con un vacío.
No es un secreto que la política puertorriqueña ha perdido su capacidad de inspirar. No se trata de señalar individuos, sino de reconocer un patrón que la ciudadanía lleva décadas nombrando: desconfianza, promesas rotas, escándalos que se repiten como un eco cansado. La política, que en otros tiempos fue aspiracional, se ha convertido para muchos en un espacio de desgaste, un escenario donde la esperanza se diluye entre trámites, discursos huecos y luchas partidistas que no tocan la vida real de la gente.
Porque en el imaginario político puertorriqueño han surgido figuras que, lejos de despertar admiración, encarnan para muchos ciudadanos el papel del antihéroe: personajes cuya presencia pública provoca más cansancio que inspiración. Para amplios sectores del país, nombres como Jennifer González, Thomas Rivera Schatz o Johnny Méndez entre muchos otros se han convertido en símbolos de un desencanto profundo, no por lo que prometen, sino por lo que representan dentro de un sistema que muchos sienten desgastado, distante y desconectado de las necesidades reales del pueblo. En vez de proyectar grandeza o servicio, estos líderes son vistos por muchos como recordatorios de una política que ha perdido su capacidad de emocionar, de convocar, de ofrecer un horizonte común. Así, en la narrativa colectiva, ocupan el espacio ambiguo del antihéroe: figuras presentes, poderosas, inevitables, pero incapaces de convertirse en referentes de esperanza. Ellos trabajan para sus donantes no para el pueblo.
¿Cómo admirar lo que no emociona? ¿Cómo convertir en héroe a quien no logra conectar con el corazón colectivo?
Los héroes, al fin y al cabo, no se imponen: se ganan. Y en Puerto Rico, ese espacio emocional quedó abierto… y alguien lo ocupó.
Mientras la política se alejaba, la cultura se acercaba. Mientras los discursos se vaciaban, la música, el arte y la creatividad se llenaban de sentido. Mientras las instituciones perdían credibilidad, los artistas ganaban autenticidad.
Por eso no sorprende que figuras como Bad Bunny, Ricky Martin o Residente se hayan convertido en referentes heroicos para tantos puertorriqueños. A estos podemos añadir a deportistas como Roberto Clemente, Tito Trinidad o Mónica Puig entre tantos otros, que se han convertido en símbolos de la puertorriqueñidad. No porque sean perfectos —ningún héroe lo es— sino porque encarnan valores que la gente anhela ver en sus líderes: valentía para hablar, coherencia entre lo que dicen y hacen, compromiso con causas sociales, defensa de la dignidad boricua dentro y fuera de la isla.
Son héroes culturales porque representan a Puerto Rico en el mundo con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Porque hablan desde la emoción, no desde el trámite. Porque conectan con la gente donde la política no ha sabido conectar: en el terreno de la identidad, la memoria y la esperanza.
En un país marcado por la incertidumbre, ellos han ofrecido algo que escasea: un sentido de posibilidad.
No es casualidad. Los héroes emergen donde hay vida. Y en Puerto Rico, la vida —la verdadera— siempre ha estado en la cultura, en la calle, en la música, en la resistencia cotidiana.
Puerto Rico vive un renacer comunitario. Ante la ineficiencia y desconfianza en las instituciones, las comunidades han creado sus propias soluciones: energía limpia, agricultura sostenible, acceso a alimentos y resiliencia ante desastres.
Quizás por eso nuestros nuevos héroes no llevan corbata ni ocupan oficinas oficiales. Llevan micrófonos, escenarios, tatuajes, ritmos, palabras. Llevan la isla a cuestas sin pedir permiso. Expresan la esperanza de un pueblo que aún sueña con un futuro mejor.
Puerto Rico no ha dejado de buscar héroes. Lo que ha cambiado es dónde los encuentra. En un país que tantas veces ha sido herido, los héroes de hoy son quienes logran recordarnos —con música, con arte, con presencia— que seguimos vivos, que seguimos soñando, que seguimos siendo capaces de levantarnos una y otra vez. Nuestros nuevos héroes no vienen a salvarnos. Vienen a recordarnos que todavía podemos salvarnos juntos.
