Inicio Blog Página 21

Problemas del esfuerzo trumpista por cambiar el mundo

 

Especial para CLARIDAD

Cuestión crucial ahora es la preparación militar de Cuba y Venezuela por si Estados Unidos desata una guerra. El estado cubano ha reiterado que jamás claudicará, mientras el régimen de Trump intenta rendir a Cuba por hambre y penuria, en el entendido de que el estrangulamiento por el bloqueo naval de petróleo hará colapsar al estado cubano. Además de confirmar el calificativo de fascista y genocida que acertadamente dio el dirigente cubano Miguel Díaz-Canel al gobierno de Trump, el bloqueo naval yanqui delata una conducta errática. Después de las dramáticas amenazas que suele hacer Trump, a menudo las tensiones se disipan.

Dada la superioridad tecnológica de las fuerzas armadas imperialistas, que el 3 de enero desactivaron los sistemas electrónicos de comunicación y operación militar de Venezuela antes de invadir, los cubanos y los venezolanos deben ponderar combinar sus tecnologías digitales y electrónicas con recursos originales y tecnologías y comunicaciones fuera del campo digital, por así decir convencionales, populares o guerrilleras.

También contra Irán los yanquis han provocado una tensión altísima con su amenaza de guerra. Al momento de escribir, sin embargo, había negociaciones, por cierto facilitadas por Rusia. La ofensiva ‘histórica’ de Washington quisiera terminar los estados desafiantes y desterrar del hemisferio americano toda presencia de la corriente de multipolaridad y descolonización económica que BRICS representa, y especialmente de China y Rusia. Pretende hacerlo con golpes selectivos. Hasta ahora evita una guerra convencional y despliegue de tropas, y usa comandos y ‘operaciones especiales’ con tecnologías avanzadas. Proclama grandes objetivos, pero sólo aplica tácticas.

Contrarrevolución colonialista

 Destruir el estado cubano sería, en la ideología trumpista, un premio mayor, por su simbolismo hemisférico y mundial. Derrocar al iraní sería un golpe al islam anticolonial, además de conllevar un rico botín petrolero y geopolítico. Son abundantes las dificultades, desde luego, para realizar estos deseos.

Tendencias comercial y políticamente soberanistas progresan en gobiernos de África, Asia, Medio Oriente y Europa. El reducto más seguro de Estados Unidos, si no el único, es Latinoamérica y el Caribe. Trump persigue revertir en tres años los progresos antimperialistas del mundo –como el ascenso del Sur global, que China emblematiza– pero la falta de estrategia efectiva produce desorden en la casta gobernante, que desciende al ridículo y la inconsistencia.

Es entendible que Washington procure acceso al petróleo venezolano para garantizar sus abastos y, porque si desata una guerra contra Irán para adueñarse de su petróleo, Teherán podrá cerrar el flujo petrolero y crear una escasez internacional. El aumento desorbitado del precio del crudo agravaría, entre otras cosas, la crisis económico-política en Estados Unidos y otros países occidentales. Los Republicanos podrían perder la Cámara el próximo noviembre.

¿Por qué entonces usurpar el petróleo de Irán, si ya tienes el petróleo de Venezuela? Es enorme la dificultad de derrocar al estado iraní, a no ser con una hipotética guerra hiper-destructiva, que se desbordaría al Oriente Medio, amenazaría la existencia del estado de Israel y podría hacerse mundial. ¿Por qué entonces no aceptar que no puede derrocarse? Explicación plausible es la desesperación por frenar a BRICS, del cual Irán es miembro importante.

La obstinación contra Cuba es espectáculo global de crueldad, un intento de lenta tortura a una antilla que trata de desarrollarse, ya empobrecida por siglos de colonialismo y esclavitud y por el bloqueo yanqui desde los 1960. Cuba como quiera recibe solidaridad. La saña de Washington obedece a lo que Cuba simboliza: voluntad soberanista, revolucionaria y antimperialista que se admira a escala global. Durante décadas Washington ha tratado en vano de destruir el estado cubano, que guarda estrecha unidad con el pueblo. Acaso podría si lanza una brutal e interminable guerra, la simple idea de la cual aumenta el repudio a Trump en Estados Unidos; una guerra que confirmaría la superioridad moral, y quizá también militar, de los cubanos. ¿Por qué entonces desplegar ese espectáculo de tan escaso rating en popularidad? Lo explica el carácter errático del trumpismo, su oscilación entre producir una estrategia de sobrevivencia del sistema imperialista, y lanzar tácticas espectaculares carentes de estrategia.

El comercio, fuerza del Sur global (y de BRICS), es a la vez su debilidad, por su falta de estructuras políticas y militares. China y Rusia, estados que poseen armamento nuclear, se refrenan de intervenir militarmente en el hemisferio americano por el peligro de una conflagración nuclear, dada la irresponsabilidad estadounidense. Ellos mismos están amenazados, respectivamente, en el Mar de China –con el pretexto de Taiwán– y por la Unión Europea y Ucrania.

Estados Unidos posee tecnologías militares para hacer casi cualquier cosa para destruir casi cualquier gobierno del mundo, especialmente en América Latina. Pero en Cuba y otros países los grupos sociales que podrían suplantar al estado nacional siempre fueron débiles, a menudo una farsa; apéndices del colonialismo. Después del proceso revolucionario desaparecieron. Washington puede, por supuesto, recurrir a la guerra para tratar de imponer un régimen, pero habrá que ver si su guerrerismo se haría estrategia –una política de largo plazo– a ser aplicada por los gobiernos sucesivos después de 2028. El imperialismo siempre necesitó de la guerra. Difícilmente puede conseguir sus objetivos sólo con golpes tácticos. Estar todo el tiempo amenazando con violencia aquí y allá y propinando golpes arteros y criminales resulta incompatible con el mercado internacional, pues impide el intercambio y desarrollo de los países. Difícilmente puede sostenerse política, militar y económicamente, como conducta permanente.

Negociaciones venezolanas

 En Venezuela el plan trumpista se impuso porque el gobierno negoció y colaboró. Sin embargo hay que ver cómo se desenvuelve la tensa situación. Poco antes de su secuestro Nicolás Maduro estaba en proceso de acordar con China un proyecto para facilitar petróleo a los países latinoamericanos y cooperación para que construyan infraestructuras, todo ello en divisas que no serían el dólar. La posibilidad de que el dólar deje de ser divisa en los intercambios petroleros puede ser preámbulo de su destronamiento definitivo. Que además disminuyan los abastos estadounidenses de petróleo y el control yanqui en Latinoamérica provocó máxima alarma en Washington.

El gobierno bolivariano que representa Delcy Rodríguez hizo concesiones importantes al privatizar parcialmente la producción y comercio del petróleo y dar participación decisiva a las corporaciones norteamericanas. Perseguiría ganar tiempo para prepararse para potenciales enfrentamientos, políticos o militares. Ninguno de los dos bandos puede descartar la guerra, aunque parezca poco probable. Si la hubiese, y aun sin que la haya, Estados Unidos podría tratar de ocupar la zona de producción petrolera de Venezuela. Las concesiones venezolanas dan prioridad al ‘diálogo’, mientras es obvio que han sido hechas bajo violenta amenaza. Delcy parece evitar a toda costa un enfrentamiento militar.

La reciente solicitud de Delcy Rodríguez al Tribunal Supremo venezolano para que confirme que el estado tiene derecho a comerciar su petróleo con los demás países –algo muy elemental–sugiere la intención política yanqui de controlar el comercio venezolano. En los medios de prensa el gobierno estadounidense se presenta como si tuviese pleno control de Venezuela, mientras Caracas insiste en que controla su política y las corporaciones norteamericanas son un vehículo de la economía venezolana. Ambas partes suponen que usan la otra. La versión yanqui de que controla el estado venezolano es poco convincente; Trump dice que está ‘permitiendo’ que siga el comercio petrolero entre Venezuela y China; Rusia sigue comprando crudo venezolano.

Quizá el estado bolivariano trace un límite, por ejemplo el básico derecho a su propia libertad de comercio exterior, o acaso gane terreno mediante la ambigüedad. Éste y otros gobiernos deben haber aprendido a adelantar sus estrategias en la práctica, calladamente evitando contradecir en público al Hombre Naranja, dejándolo que haga su show. Un hecho imponente es que en Venezuela no hay otra fuerza, aparte del gobierno, con la cual las empresas estadounidenses puedan hacer negocios petroleros. Washington podría tratar de cambiar el régimen, sería demasiado costoso, pues una guerra podría ser interminable, además de absurdo, pues ya tiene acceso al petróleo.

CNN informó que la CIA estaba instalando una estación en Caracas. Por lo que aparece en la prensa, el gobierno de Delcy Rodríguez no lo ha negado. Se infiere que la información es cierta y el gobierno no se opone. No hay que suponer omnipotentes o absolutas las capacidades de la CIA, o las tecnologías sofisticadas imperialistas, pero dicha estación podría colaborar con la derecha, auspiciar nuevamente guarimbas (movilizaciones terroristas disimuladas como ‘protestas del pueblo exigiendo democracia’), y montar un sistema militar paralelo al venezolano. Podrá conspirar, cuando menos, contra Colombia, Brasil y México, y coordinar esfuerzos con el Comando Sur del ejército norteamericano que ha hecho sede en Argentina. La presencia de la CIA –anunciada públicamente si la misma CIA ‘liqueó’ la noticia de CNN–representaría estabilidad permanente para las inversiones de las empresas estadounidenses.

El gobierno del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), representado por Delcy Rodríguez, propuso enmiendas a la ley de hidrocarburos que disminuirán las regalías, o sea los dineros que recibe el estado venezolano del negocio petrolero, y dan a las compañías privadas la mayoría de la participación. Reconocen la propiedad estatal del petróleo en el subsuelo, pero las corporaciones estadounidenses controlarían en su mayoría la contabilidad y el comercio, además de la extracción y producción. Negociaciones internacionales, es decir, con las empresas inversoras, decidirían las controversias, más que los foros del estado venezolano.

El gobierno y la prensa leal insisten en la ‘dignidad nacional’, aunque Delcy Rodríguez describe la contradicción monumental entre su país y el imperialismo como ‘diferencias’. Celebra que ha conversado ‘francamente’ con los yanquis. Las vehementes condenas de Rusia, China y otros países al bloqueo naval contra Cuba contrastan con la virtual ausencia de pronunciamientos de Venezuela, cuyo petróleo, especialmente importante para Cuba, es vedado por Washington, que lo restrega en la cara a los herederos de Hugo Chávez.

Carrera de obstáculos

A primera vista luce convincente el reclamo –del Partido Comunista de Venezuela y otros– de que estas concesiones representan un viraje neocolonial, pues entregan conquistas básicos del chavismo. Un comentarista sostiene que desde 2016 el gobierno de Maduro mal administró la estatal Petróleos de Venezuela. Inversiones venezolanas, algunas de gente del liderato del PSUV, tuvieron peso importante en la compañía pero sus ganancias apenas fueron reinvertidas para ampliar la producción, de manera que ésta disminuyó considerablemente así como el comercio petrolero, lo cual contribuyó a la crisis económica. El gobierno de Maduro aplicó represión a trabajadores de la petrolera y a mucha gente que se activaba en las oposiciones de derecha a izquierda, que crecían por el deterioro socioeconómico.

Nótese la dicotomía que comúnmente aparece entre un estado inspirado por ideas socialistas que impulsa el desarrollo nacional descolonizador y para ello debe colaborar con el capital y el mercado, y los grupos populares que movilizan los trabajadores contra ese estado, exigiendo justicia social y radicalización del gobierno hacia la izquierda. No se integran entre sí estas dos izquierdas. Si lo hicieran fortalecerían estratégicamente la calidad intelectual y organizativa del núcleo socialista del estado y el proyecto nacional. Se oponen amargamente, peleando una contra la otra, mientras el imperialismo observa interesado. El estado supone inútil tratar de que los otros cambien su razonamiento, y éstos insisten en protestar contra el estado, como si así afirmaran su identidad. Bajo acoso imperialista, el estado reprime a los otros, y éstos denuncian la represión del estado y su confusión con el capital, cosas ciertas. A menudo escasean las virtudes de la prudencia y de apreciar lo general versus lo particular, y la contradicción principal versus la secundaria.

El estado bolivariano ha hecho contribuciones políticas importantes con economía comunalizada, poder popular local y nacional, y articulación de los intereses populares a la lucha anticolonial. Pero para adoptar la ley petrolera el gobierno de Delcy Rodríguez replicó una práctica de gobiernos capitalistas, de imponer leyes y decisiones rápidamente desde arriba en vez de auspiciar discusiones extensas entre el pueblo. Razonaría que había urgencia y que a la larga, con una consolidación socioeconómica, el poder popular se fortalecerá.

Después del 3 de enero el gobierno se sabría sin preparación militar suficiente para enfrentar las fuerzas yanquis, pero no debe concluirse que simplemente se atemorizó. Trasladó el conflicto al plano político, estratégico y del mercado, sacándolo de la lógica militar, la reacción confrontacional y el trauma por el secuestro del presidente. Además necesitaría tiempo para organizarse para la negociación con Estados Unidos.

En el show de Trump, el presidente Maduro era ‘el malo’. Quizá éste hubiera apelado a la movilización popular para enfrentar la intervención estadounidense e insistir en su plan de desarrollo y cooperación con países de la región y China mediante el petróleo. No perseguimos eximir a Maduro ni a nadie de la posibilidad de equivocarse o de decisiones que a posteriori se juzguen desacertadas, pero véase que: 1) Desde 2016 Estados Unidos (y aliados suyos como Inglaterra) intensificó bárbaramente su acoso a Venezuela mediante el estrangulamiento comercial, sabotajes económicos, y azuzando movilizaciones callejeras violentas. Después atribuyó a Maduro el deterioro económico y la violencia, en una incesante campaña mediática mundial según la cual el presidente sería ilegítimo, dictador y corrupto. Crecieron la pobreza y el desempleo –ya grandes en un país pobre como son los caribeños y latinoamericanos–; la emigración subió a siete millones en un par de años. Sin embargo, Maduro adelantó proyectos de democracia popular y desarrollo económico local, y buscó formas descolonizadoras de acumulación para el desarrollo nacional junto a las tendencias soberanistas del mercado mundial.

2) Problema de fondo ha sido la ausencia de capital. Es por definición un problema esencial de las naciones pobres.

Argumentos chavistas

 Luce que la nueva ley petrolera era un hecho consumado en los días previos a aprobarse el 29 de enero. Había empezado a ingresar al estado dinero del comercio petrolero de compañías norteamericanas, que el gobierno destina a más obra social en beneficio del pueblo trabajador. En ánimo conciliatorio y de unidad nacional –coincidente con exigencias estadounidenses– el gobierno bolivariano excarceló cientos de presos. También, miles de venezolanos que habían migrado están regresando, una vez Trump terminó el bloqueo aéreo. Washington devolvió a Venezuela cuantiosos valores confiscados en el exterior como parte del bloqueo.

El gobierno venezolano señala que aunque con la nueva ley de hidrocarburos tenga menos regalías y participación, recibirá grandes dineros que servirán al proyecto social bolivariano. De aquí las simpatías en la población hacia el plan norteamericano, a pesar de su lado gangsteril. El argumento ‘práctico’ de Trump parece cierto: a Venezuela llegará mucho más dinero, a corto plazo, del que llegaría con el plan con China para el comercio cooperativo con países latinoamericanos. Está sobre el tapete, sin embargo, la libertad de comercio venezolana. En el hemisferio los grandes financiamientos y capitales para mejoramiento progresivo de operaciones petroleras los provee abundante y rápidamente el capital norteamericano. Su ingerencia en Venezuela ahora incluye, al menos en teoría, controlar la producción y el comercio.

Son demasiado rudimentarias teorías coloquiales que se oyen, de que Delcy y la dirección del PSUV ‘se vendieron’. Hay que detenerse en el razonamiento que algunos suponen neocolonial del gobierno. Su prioridad es sacar a Venezuela de la precariedad económica que produjo siete millones de migrantes en pocos años, y de su aislamiento comercial internacional. Las limitaciones materiales hicieron vulnerable al estado, a pesar de la labor dedicada del liderato bolivariano. Si Venezuela acumulara capital nacional, razona el gobierno, haciéndose un centro mundial de producción y distribución de petróleo, podrá amasar poder político, fortalecerse y perfeccionarse, y adelantar el proyecto soberanista. Usaría la inversión extranjera para fortalecer su propia ruta. Lo facilitaría la razonable probabilidad de que después de 2028 Washington desista de la brutalidad confrontacional trumpista.

Procede fortalecer la economía venezolana –concluiría el gobierno–, aislar las facciones que buscan guerra civil, y avanzar en los logros bolivarianos de poder popular, cooperativismo, productividad, salud, educación, sustentabilidad alimentaria y democracia social y participativa. Cierto que la CIA tiene una estación en Caracas y la Marina estadounidense acecha, pero las conspiraciones y tramas secretas serán inútiles si la nación despega económicamente y un consenso político masivo consolida el estado y su estrategia. No hay que dejarse intimidar si hay crecimiento y desarrollo, irónicamente en colaboración con capital estadounidense. El rol dirigente del estado nacional permitirá convertir el crecimiento en desarrollo. El capital extranjero podría incluso contribuir a planes como los que Maduro perseguía, de cooperación entre países latinoamericanos y antillanos mediante acceso a energía petrolera. Las corporaciones tienden a las oportunidades rentables del mercado, incluso colaborando con empresas y gobiernos ‘adversarios’. Difícilmente fundarán sus decisiones en dogmas ideológicos y violentos como los de Trump, añadiría el razonamiento.

Véase que en enero de 2026 esencialmente el gobierno de Trump terminó –sin admitirlo así–el bloqueo petrolero que él mismo había impuesto contra Venezuela en 2019. Las corporaciones estadounidenses volvieron a tener acceso al petróleo, algo que los venezolanos siempre dijeron que querían, por obvias razones comerciales. El secuestro de Maduro y Cilia Flores con el pretexto del narcotráfico fue un espectáculo ruín, indudablemente para golpear y desmoralizar la izquierda. Maduro expresa el lenguaje revolucionario y la tradición de verticalidad antimperialista latinoamericana –por ejemplo admirando al guerrillero independentista de Puerto Rico, Filiberto Ojeda Ríos–. Lo secuestraron precisamente porque insiste en el socialismo y es dirigente y organizador popular. Aunque su secuestro pueda disminuir por ahora la retórica revolucionaria –que fastidia a los yanquis– el proceso bolivariano continúa. Por cierto, la fiscalía norteamericana pidió que se aplace la vista en el tribunal contra Maduro y Cilia Flores. Dijo que la evidencia es insuficiente.

Deterioro social de Occidente

 ¿Cómo produjo el imperialismo occidental un espécimen como el nostálgico presidente-rey y su indisimulado derechismo virulento, que los yanquis usualmente disimulan? Demagogo consumado, Trump ascendió electoralmente en Estados Unidos representando protestas que la izquierda socialista, ahora dispersa y débil, representaba en el pasado, por ejemplo contra un establishment corrupto e insensible, las deudas, la desinformación del sistema mediático, la guerra permanente, la desindustrialización y las inversiones en el exterior en vez del país.

Con la ‘economía de servicios’ en los países occidentales, en décadas recientes se redujo la clase obrera productiva. El socialismo y el marxismo fueron marginados. Se celebraron teorías de una sociedad ‘pos-trabajo’, mientras buena parte de la actividad industrial y agrícola se trasladaba al Sur global, gracias a la expansión de los monopolios. Como resultado de la enorme productividad que hubo entre los años 40 y 70 del siglo pasado, Occidente goza de una circulación y acumulación de dinero nunca antes vistas, bajo hegemonía de las finanzas y el comercio, en que descansa la ‘sociedad de consumo’.

Desapareció el socialismo científico como fuerza política pública o de masas en los países donde había nacido o avanzado extraordinariamente, y en Estados Unidos y sus zonas de mayor influencia. Partidos comunistas y revolucionarios se desmantelaron o autodisolvieron. Ambientes académicos, intelectuales y mediáticos suponen que el comunismo, la revolución y el antimperialismo fueron una moda que pasó, y se saturan de cultura competitiva de mercado. Narrativas contrarrevolucionarias se revistieron de teoría izquierdosa, especialmente entre intelectuales con salarios altos. Junto a las privatizaciones, la sociedad civil creció al extremo de dejar chiquita la sociedad política (el estado, los partidos, la política). La revolución digital, microelectrónica y de internet, terreno de una relativización intelectual, moral e informativa con gran potencial para mejorar la sociedad, se dirigió principalmente a la actividad financiera, comercial, monopólica y militar. A menudo promueve ideologías de narcisismo, indiferencia social y banalidad; una ‘sociedad del espectáculo’ y de entretenimiento.

Ahora la abundancia occidental está amenazada por la reducción productiva que sus países principales se auto-infligieron, y por los cambios históricos del mercado global. Disminuyen el valor del dólar y su uso en el comercio petrolero en Oriente Medio y otras regiones. Aumenta el uso del yuan, el rublo, el rupí y otras divisas particulares de los países. No puede el imperialismo eliminar el surgimiento comercial y político del Sur global, ni la transformación cultural que conlleva, pero apuesta a debilitarlo y restarle velocidad y moméntum. Las normas y leyes de diplomacia, cooperación e intercambio que los países emergentes tratan de respetar es lo que el régimen de Trump patea y desbarata, exponiendo descarnadamente las relaciones de fuerza y poder.

Contradicciones sobre el gasoducto: ¿proyecto real o negación gubernamental?

Fotos sumnistradas por el autor

 

 

 

“Las contradicciones no surgen por error, sino por conveniencia.”

En los últimos días han emergido dos narrativas claramente opuestas sobre la existencia y el desarrollo de un proyecto de gasoducto en Puerto Rico. Estas versiones encontradas podrían generar confusión en la ciudadanía, pero de seguro levanta serias dudas sobre la transparencia y coherencia del discurso oficial en torno a la política energética del país.

Por un lado, el periódico El Nuevo Día publicó el artículo titulado “En camino un gasoducto de San Juan a Palo Seco de la mano del gobierno federal: ‘Tomaría menos de tres meses’”, en el que se sostiene que agencias del gobierno federal, como el Cuerpo de Ingeniero de Estados Unidos, estarían colaborando con autoridades puertorriqueñas para desarrollar un gasoducto que conecte las centrales de San Juan y Palo Seco, en Toa Baja.

La nota cita a Iván Báez, portavoz de Genera PR, quien habría confirmado dichas gestiones intergubernamentales como parte de un esfuerzo para expandir la infraestructura de gas fósil —denominado eufemísticamente “gas natural”— en la isla.

La información publicada no se limita a una mera idea preliminar. Por el contrario, sugiere actividad concreta, coordinación institucional y un posible calendario de ejecución relativamente corto. Incluso, la versión impresa del diario incluye un mapa que presenta un posible “anillo” costero de tuberías de gas conectando muelles y plantas en San Juan, Toa Baja, Arecibo, Mayagüez, Guayanilla, Peñuelas, Salinas y Guayama, un esquema que recuerda de manera inquietante el proyecto de gasoducto en tres fases promovido por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hace dos décadas.

En marcado contraste, un artículo publicado por El Vigía News recoge expresiones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien negó de forma categórica la existencia de una propuesta federal formal para construir un gasoducto que conecte diferentes puntos del sistema energético del País. La mandataria afirmó que su administración no ha recibido ninguna propuesta oficial y que el gobierno no está construyendo ni evaluando gasoductos en este momento.

La gobernadora fue enfática al sostener que cualquier proyecto de infraestructura energética debe ser presentado formalmente ante el gobierno, y reiteró que, al presente, no existe ningún plan sometido, evaluado o considerado por su administración.

El núcleo de la contradicción

Es interesante señalar que la controversia sobre el supuesto gasoducto entre San Juan y Palo Seco —y sus posibles extensiones— no surge de interpretaciones externas, sino de expresiones contradictorias emanadas desde el propio aparato gubernamental y sus aliados privados en el sector energético.

Mientras la gobernadora insiste en que el proyecto “no es real” y que no existe ninguna propuesta federal ni discusión oficial sobre gasoductos, representantes de Genera PR proyectan una narrativa completamente distinta.

A esta disonancia se suma el rol de Josué Colón Pérez, el controversial “zar de energía” del gobierno y una de las figuras más influyentes en la formulación de la política energética de la administración. Colón ha realizado expresiones públicas que, lejos de disipar dudas, profundizan la confusión.

En distintos foros ha hablado de estudios, evaluaciones, alternativas de infraestructura y expansión del uso del gas fósil como parte de la estrategia energética del país. Aunque no siempre utiliza explícitamente el término “gasoducto”, sus referencias a interconexión entre plantas y opciones de transporte de combustible chocan frontalmente con la negación categórica de la gobernadora.

Tampoco se puede obviar que entre 2009 y 2012, siendo director de generación de la AEE, Josué Colón respaldó la construcción del Gasoducto del Sur, propuesto por el gobierno PPD, y el Gasoducto del Sur al Norte, (llamado Vía Verde) propuesto por el gobierno del PNP.

Esta contradicción interna resulta especialmente grave si se considera que Genera PR opera plantas del sistema eléctrico bajo contrato con el gobierno, y que Josué Colón funge como el principal arquitecto y enlace de la política energética del régimen de Jenniffer González.

La brecha entre lo que afirma la gobernadora, lo que comunica el operador privado y lo que su propio zar energético sugiere plantea interrogantes fundamentales: ¿quién define realmente la política energética? ¿qué información se le está ofreciendo al pueblo? ¿existen dos discursos paralelos, uno político y otro técnico?

En conjunto, estas tres figuras encarnan tres narrativas distintas sobre un mismo asunto, evidenciando una fractura discursiva que mina la confianza pública y pone en entredicho la coherencia del manejo energético del país. O quizás no…

Confundir, no aclarar

Cabe la posibilidad de que estas contradicciones no sean tales, sino que formen parte de una estrategia deliberada de comunicación destinada a confundir, fragmentar el debate público y moldear una narrativa conveniente.

Aunque podría argumentarse que una cosa son estudios exploratorios o consultas preliminares y otra muy distinta un proyecto formal sometido para evaluación y ejecución, esa distinción no ha sido explicada con claridad al pueblo.

Por el contrario, la ambigüedad parece funcional: permite avanzar discusiones técnicas y gestiones intergubernamentales mientras, en el plano político, la gobernadora niega la existencia de un proyecto concreto. El resultado es un escenario de versiones encontradas, mensajes cuidadosamente disonantes y una ciudadanía obligada a descifrar cuál discurso responde a la realidad.

En ese contexto, la coexistencia de narrativas paralelas podría responder a una estrategia más amplia para diluir responsabilidades y reducir el costo político de un proyecto históricamente impopular. La posible participación de agencias federales en el desarrollo del gasoducto serviría, entonces, como un amortiguador político, desplazando el foco de la toma de decisiones y presentando la iniciativa como una imposición técnica o federal, más que como una política pública impulsada por la gobernadora.

No es casual que proyectos de esta naturaleza hayan enfrentado, de manera consistente, una fuerte oposición de comunidades y sectores ambientales, precisamente por sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

Así, más que un error de comunicación o un desacuerdo interno, lo que se perfila es una construcción narrativa diseñada para normalizar la idea del gasoducto, minimizar resistencias y avanzar el proyecto por etapas, mientras se mantiene una negación política formal. En ese escenario, la confusión no sería un efecto colateral, sino el objetivo mismo de la estrategia. Como bien resume esta controversia: “Las versiones paralelas existen para confundir, no para aclarar.”

El autor es Secretario Asuntos Ambientales, PIP.

Tercer intento de gasoducto

Foto reproducida de la página de Casa Pueblo

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Genera PR, la privatizadora encargada de la generación de electricidad; el zar de Energía, Josué Colón, y el Gobierno de Puerto Rico, con el aval del  gobierno de Estados Unidos, han anunciado que tienen la intención de construir un gasoducto entre la Central de San Juan y Palo Seco.  Ante esta noticia, se plantea la incógnita de si hay algún procedimiento de permiso o de escrutinio público donde las comunidades y organizaciones puedan participar.

La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico, junto a otras organizaciones y residentes de comunidades de Cataño, Bayamón, San Juan y  Toa Baja denunciaron  la insistencia del  gobierno en expandir la infraestructura fósil del gas metano con generadores “temporeros”, conversiones de plantas, barcazas de gas natural licuado más grandes y, ahora, de un tercer intento de gasoducto.

A preguntas de CLARIDAD, el coordinador de Política Pública Ambiental de El Puente, licenciado, Gabriel Meléndez Cardona,  señaló que la posibilidad de esa participación es parte de la incógnita.  “Todo esto se ha dado a espaldas del pueblo. No se nos permite saber cuáles son esas instancias donde el pueblo puede participar”. Dio como ejemplo el historial de News Fortress Energy (NFE) cuando  comenzó con la construcción de su terminal en San Juan, que de manera  unilateral decidió que no iba a solicitar permiso de la Agencia Federal de Energía (FERC en inglés) porque, según ellos no aplicaba. No fue hasta que las comunidades comenzaron a exigir y se comunicaron con FERC que se inició un procedimiento de participación ciudadana que se debió dar desde un inicio.Señaló que el problema es que el Gobierno de Puerto Rico se está dejando llevar por la narrativa de las mismas empresas, cuando la realidad es que hay un proceso que se debe seguir.

Para Meléndez Cardona la propuesta de este nuevo gasoducto es un caso similar. Anteriormente, NFE había propuesto la construcción de un gasoducto entre San Juan y Palo Seco para el suplido de gas y fue ante FERC y le dijo a la agencia federal que estaban en comunicación con las agencias locales.

“Para nosotros fue una sorpresa que la agencia federal decida no intervenir y, aunque existe un procedimiento, se excusan en la supuesta emergencia de más generación”.

Para Meléndez Cardona, en esta nueva propuesta de gasoducto todo aparenta que son las agencias federales las que están empujando el proceso junto a Genera a que NFE se retirara a un segundo plano. No hay que perder de vista que NFE es la empresa matriz de Genera y por algo quiere seguir convirtiendo el resto de las plantas generatrices a gas metano.

Al denunciar que ese es el modus operandi de NFE, destacó la participación de las agencias federales, en particular en esta ocasión, la del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos  (USIS  en inglés)  para mover el proyecto.

Junto al Puente, las organizaciones Toabajeños en Defensa del Ambiente y Amigues del Mar denunciaron que fue precisamente Josué Colón, el ahora Zar de Energía, quien como director de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica promovió sin éxito la construcción de dos gasoductos. También rechazaron las expresiones de Daniel Hernández Morales, anterior vicepresidente de operaciones de Genera PR, de que el escenario óptimo sería un anillo costero de gasoductos que enlace todas las plantas del norte, oeste y sur.

“Nuevamente se nos presenta un proyecto de gasoducto manejado desde la confusión, el engaño y las medias verdades. Por un lado tenemos a todo un equipo estatal y federal promoviendo un proyecto de gasoducto, y por otro, tenemos a la gobernadora negando que tenga ante sí un proyecto como tal. No es posible que el zar de la energía sea el presentador y uno de los promotores principales de ese proyecto y la gobernadora esté desconectada y en desconocimiento del mismo”, manifestaron.

Respecto a que, según sus proponentes, la construcción del gasoducto entre San Juan y Palo Seco tomaría un plazo de tres meses, Meléndez Cardona subrayó que esos plazos nunca se cumplen, aunque hizo la salvedad de que las agencias federales  recomiendan todos los pasos que hay que hacer, por lo que, si se lo proponen, estarían  moviéndose en esa dirección.

Las organizaciones calificaron de  inconcebible que FERC continúe avalando la operación de NFE, la cual dista por completo del proceso establecido por ley, y que se haga de la vista larga al decidir no intervenir con la propuesta de expandir la infraestructura del terminal mediante un gasoducto.

“Ya va casi un año desde que FERC le ordenó a New Fortress que presentara un nuevo calendario para la preparación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, debido a que la empresa modificó su operación y alteró el terminal sin autorización previa, calendario que no se ha presentado aún. Todo esto bajo total impunidad y sin consecuencia alguna para la empresa que incumple”.

La propuesta no se limita a San Juan – Palo Seco, se trata de  establecer un gigantesco y peligroso proyecto de gasoducto (anillo costero) para transportar gas alrededor de toda la isla. Tampoco se trata de reutilizar una tubería existente que transporta Bunker C, ya que esa tubería fue diseñada y construida para transportar un material fósil con características y condiciones diferentes, como presión, temperatura, válvulas especiales, soldaduras y sistemas de seguridad.

En el caso de la construcción del tramo de San Juan a Palo Seco, Meléndez Cardona dijo que se estaría utilizando  la servidumbre de paso que tienen las tuberías de la gasolinera PUMA.

El director de Política Pública de El Puente recalcó que  la intención es continuar invirtiendo en aumentar el uso del gas en la generación de plantas temporeras.  Señaló que, ya el Negociado de Energía dio su aprobación para que la planta de Aguirre genere 400 megavatios con gas y se busca un permiso para generar otros 2000 en Costa Azul, todo a base de gas. Apuntó a que una vez se instala, ya se tienen los generadores y se coloca al pueblo entre la espada y la pared al tener que escoger entre el uso del gas o moverse a la energía solar, debido a que  ya se hizo la inversión. Resaltó que la vida útil de una planta de gas es de 25 años, lo que nos pone por encima de la meta de que para el 2050, según la ley de política pública, nos hayamos movido a la energía renovable.

“El pueblo ha sido claro sobre qué tipo de energía prefiere. El que las instalaciones de sistemas solares en techos, tanto residenciales como comerciales, se hayan quintuplicado en los últimos 4 años, te lo deja saber. Cabe señalar que esto ha ocurrido a costa de la iniciativa y el endeudamiento de la ciudadanía, con muy poco apoyo gubernamental, el cual está siendo desviado por la administración actual para ser invertida en más infraestructura fósil”.

 

 

 

 

Puerto Rico como laboratorio neocolonial del “Gringocentrismo”

Foto tomada de la Enciclopedia de Puerto Rico

 

Especial para CLARIDAD

Puerto Rico, desde su invasión por Estados Unidos en 1898, constituye un caso paradigmático de esta transformación del poder colonial. Se han desarrollado mecanismos más sofisticados de control que combinan coerción selectiva, dependencia económica, manipulación psicológica y marcos legales asimétricos. La guerra psicológica y guerra hibrida ha sido constante y estructural, convirtiendo el modelo colonial compatible con la democracia liberal a impulsar. En el laboratorio colonial se ensaya desde la construcción de una mentalidad de dependencia, la deslegitimación del proyecto independentista, la normalización de la colonia, la creación de divisiones en la sociedad (para que sea más manejable), la percepción de incapacidad económica, la dependencia como solución, el control financiero y la falta de soberanía. Para comprender adecuadamente la realidad puertorriqueña, es necesario incorporar el concepto de “gringocentrismo” como una dimensión específica de la colonialidad del poder en la colonia. Nombrar esta forma de dominación permite visibilizar a Estados Unidos como centro hegemónico que impone su racionalidad económica y política, sus modelos de desarrollo, sus marcos teóricos, sus narrativas históricas y mediáticas, deslegitimando conocimientos y alternativas locales. Desde esta perspectiva, Puerto Rico no es una colonia del pasado, sino una colonial moderna. Una colonia integrada al capitalismo global bajo una forma de modernidad dependiente que reproduce la subordinación estructural. La subordinación estructural se reproduce a través de normas, instituciones y prácticas sociales arraigadas, como es el patriarcado y el neoliberalismo.

Puerto Rico ha funcionado como un laboratorio neocolonial, donde se han experimentado estrategias para (1) mantener una colonia sin represión militar constante, pero con persecución sistemática de independentistas, socialistas, y otras formas de lucha y resistencia; (2) gestionar crisis económicas, fiscales, sociales y ambientales sin conceder soberanía política; y (3) sostener el colonialismo mediante un consentimiento parcial producido a través de la guerra psicológica. Estas estrategias, articuladas como una forma temprana y sostenida de guerra híbrida, han servido como modelo para intervenciones posteriores en América Latina, el Caribe y otras regiones. Se reproduce elementos ya probados, ensayados, refinadas y estabilizadas en Puerto Rico desde el control económico, la manipulación informativa, la criminalización del disenso (oposición/resistencia) y la gestión de crisis sin autodeterminación, sin poderes y sin voluntad política. Entonces, la guerra psicológica y la guerra híbrida pueden entenderse, como tecnologías coloniales de poder con mecanismos que operan sobre la mente, la economía y el derecho para sostener relaciones de dominación prolongadas con bajos costos políticos y alta legitimidad internacional.

Hablar de “laboratorio” no es sugestión sino un experimento concreto de modernidad colonial dentro del capitalismo colonial neoliberal. La modernidad que experimenta la isla no es autónoma ni emancipadora, sino una modernidad impuesta, diseñada para servir a los intereses del centro hegemónico capitalista estadounidense. Donde la opresión y la dominación se normalizan y suavizan con discursos ensayados para manipular, lograr aceptación y disciplina.

Uno de los rasgos centrales del caso puertorriqueño es la ausencia de una ocupación militar constante combinada con una represión selectiva del disenso (la oposición) política. Durante el siglo XX, los movimientos independentistas y socialistas fueron objeto de vigilancia, criminalización legal, persecución política y estigmatización mediática. En el siglo XXI se persigue además de los independentistas y socialistas, a todos los grupos de luchas y resistencia, transversales en diferentes formas de opresión capitalista neoliberal. Estas prácticas no buscaban únicamente neutralizar a sectores específicos (mujeres, colectivos de preferencias sexuales diferentes, colectivos de lucha racial, inmigrantes, ambientalistas, universitarios y otros grupos en lucha y resistencia), sino producir un efecto disciplinador generalizado. Leyes como la Ley de la Mordaza y programas de inteligencia como las carpetas del FBI y de la policía local no solo reprimieron físicamente, sino que cumplieron una función psicológica más amplia, enviar un mensaje disciplinador al resto de la sociedad. Hoy la persecución sigue y los medios de comunicación son una herramienta de control social donde se trata de disciplinar a los desviados del orden colonial establecido, practicando métodos diversos, ensayados y justificados.

De este modo, el colonialismo en Puerto Rico se volvió una condición latente donde la coerción se internaliza, la autocensura sustituye a la fuerza abierta, y la represión y persecución se normalizan. En el laboratorio colonial se impone ese “gringocentrismo” donde deslegitima el conocimiento propio y refuerza la idea de que el progreso sólo puede lograrse mediante la imitación del modelo estadounidense. Nombrar esta lógica como “gringocéntrica” es un acto político, epistemológico y de visibilizar ese poder hegemónico.

Otro eje fundamental del laboratorio puertorriqueño ha sido la gestión de crisis estructurales sin concesión de soberanía, sin poderes. Crisis económicas, fiscales, sociales y ambientales han sido utilizadas como oportunidades para reforzar la tutela colonial. Bajo discursos de eficiencia, responsabilidad fiscal y gobernanza, se han suspendido mecanismos democráticos y transferido decisiones clave a entidades externas. Este proceso puede entenderse como una forma de colonialismo tecnocrático, donde la política es despojada de su dimensión conflictiva y reducida a un problema de administración. La soberanía no se discute; se neutraliza mediante el lenguaje de la necesidad y la urgencia y se impone el colonialismo financiero y la sumisión intelectual (abandonar el pensamiento crítico y repetir dogmas). Se anula la capacidad de cuestionamiento.

Otra característica, a diferencia del colonialismo clásico, es que el orden colonial en Puerto Rico se sostiene mediante un consentimiento parcial, cuidadosamente producido. Este consentimiento (manifestación de voluntad fragmentada) no implica adhesión plena, sino aceptación condicionada basada en el miedo, la dependencia y la manipulación discursiva.

En Puerto Rico la guerra híbrida y psicológica opera a través de diversos discursos. La construcción del miedo al cambio político y al socialismo, aplicado en las elecciones 2024. La asociación de la soberanía con desastre económico, sin reconocer o discutir que el desastre económico, social y ambiental se da en la colonia. La falta de responsabilidad fiscal y la corrupción, sin analizar que se ha dado en la colonia. Bajo el discurso de responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa, se suspenden mecanismos democráticos y se transfieren decisiones clave a entidades no electas. De esta manera se justifica la colonia sin poderes y tutelado como pragmático e inevitable, así se justificó la Junta de Control Fiscal. Esta forma de control coincide con lo que autores críticos describen como colonialismo neoliberal, donde la economía se convierte en el principal campo de batalla, y la política queda subordinada a la “gestión”. Entonces la soberanía no se discute se administra la colonia como un problema técnico, no político.

En el laboratorio colonial, Puerto Rico representa una forma temprana y estable de guerra híbrida, donde se combinan instrumentos legales, económicos, políticos, de información, mediáticos y psicológicos (el miedo) para ejercer control sin recurrir a la guerra convencional. La colonia funciona como un entorno controlado donde estas técnicas pueden aplicarse de manera permanente y perfeccionarse a lo largo del tiempo. Este modelo permite un control duradero, de bajo costo militar y alta compatibilidad con el discurso democrático liberal (las elecciones como democracia), lo que explica su valor estratégico.

Puerto Rico es un espacio de experimentación política, donde se han ensayado formas de guerra psicológica y guerra híbrida. Los resultados luego se replican en otros territorios dependientes o Estados sometidos a tutela económica, con políticas de ajustes a la deuda, las políticas de austeridad, privatizaciones, quitar derechos laborales y civiles. En los mismos domina la suspensión parcial de soberanía, el control económico, la criminalización del disenso (oposición/resistencia) y la gestión tecnocrática de crisis. La tecnocracia se impone como forma de dominación colonial mediante los expertos y los discursos de aceptación como algo inevitable, como sucedió con la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.

Puerto Rico destaca como un caso pionero, donde estas estrategias no son episódicas, sino estructurales y permanentes, como es la colonia. En este sentido, la isla archipiélago funciona como un archivo vivo del neocolonialismo contemporáneo. Estudiar la guerra psicológica y la guerra híbrida como regímenes permanentes de poder implica desnaturalizar conceptos como “crisis”, “ayuda”, “estabilidad” o “estatus”, y reconocer su función disciplinadora. Estudiar las formas de resistencia en diferentes ámbitos permite encontrar soluciones.

Puerto Rico no es simplemente una colonia persistente, sino un laboratorio neocolonial de alta sofisticación, donde se han ensayado formas contemporáneas de dominación basadas en la guerra psicológica y la guerra híbrida. La combinación de represión selectiva, gestión de crisis sin soberanía y producción de consentimiento parcial demuestra que el colonialismo del siglo XXI opera más sobre la mente, la economía y el saber que sobre el territorio físico.

Puerto Rico, como laboratorio neocolonial, no solo interpela, cuestiona e interroga no solo a la teoría colonial y la historia del colonialismo estadounidense, sino también los límites del conocimiento social contemporáneo para nombrar y confrontar las nuevas formas de dominación global donde se impone el “gringocentrismo”. Por eso no es posible comprender ni transformar la realidad puertorriqueña sin descolonizar los marcos analíticos que la interpretan. Nombrar el colonialismo “gringocentrico”, identificar sus tecnologías y desarticular sus narrativas no es un gesto retórico, sino una condición necesaria para cualquier proyecto emancipador. En la colonia, la guerra psicológica suele ser una herramienta clave dentro de la guerra híbrida, generar miedo, confusión o desmoralización, dividir a la sociedad, manipular la opinión pública y provocar resignación o sumisión que ataca la mente colectiva, las luchas y la voluntad de resistencia.

Puerto Rico revela que las nuevas formas de dominación no son excepciones, sino modelos ensayados y replicables. En este sentido, estudiar el colonialismo en Puerto Rico es estudiar el presente y el futuro del poder global enmarcado en ese “gringocentrismo”. El “gringocentrismo” ya sea en la Doctrina Monroe o la nueva Doctrina Donroe, lo primero es identificar el problema, el poder imperialista y colonialista de Estados Unidos, ese “gringocentrismo. Comprenderlo críticamente es, por tanto, una tarea no solo académica, sino profundamente política.

La autora es economista.

Nuevos criterios retrasaron la declaración de una epidemia

Dra. Cruz Nazario. Foto tomada del periódico El Sol

CLARIDAD

 Las políticas de Salud parecen seguir la tendencia de flexibilización en las agencias federales

 Puerto Rico enfrenta, desde finales del año pasado, una cantidad de casos de influenza que supera el promedio histórico. El Gobierno oficializó, el 27 de enero, la declaración de epidemia para alertar a la ciudadanía de los más de 3,000 casos registrados en el primer mes del año. La declaración, que responde a un umbral de aviso con estándares recientes, expone a la ciudadanía a menos campañas de cuidado y modos de prevención, explicó una fuente.

De acuerdo con la doctora en epidemiología Cruz Nazario Delgado, los criterios del Departamento de Salud “no corresponden a lo ordinario” porque ahora enfatizan informes periódicos, en lugar de observaciones, y avisos prolongados sobre el patrón de contagios, como se hacía antes. El promedio histórico, agregó, se distingue del umbral de aviso porque analiza la situación con datos que fechan desde 2018.

“Si nosotros vemos el promedio histórico, según ellos mismos lo han definido, nosotros vemos que Puerto Rico tenía más casos de lo esperado durante las primeras 12 semanas de la temporada. Pero el Departamento de Salud no dio ningún aviso porque están mirando una gráfica construida de forma diferente, y si no está por encima del umbral de aviso, no se declara”, elaboró la experta en salud pública.

En ese sentido, Nazario Delgado aseguró que hay clínicas, laboratorios y farmacias en todo el país apercibidos del aumento en casos de influenza. Enfatizó que la definición común de una epidemia –cuando surgen más casos de lo esperado– responde mejor al estado de contagios que los parámetros de Salud. Nazario, además, destacó que la agencia esperaba, antes de agosto de 2024, cuatro semanas para declarar una epidemia.

“Ahora tiene que ser por encima de seis semanas consecutivas. A mí eso me da muy mala espina. Es como si te diera fiebre y el médico te dijera que si te dura más de dos días, vengas al médico. Entonces, te da fiebre de nuevo y te dice ahora tienes que esperar seis días con fiebre alta para que vengas. Eso no compagina con lo que son medidas de prevención”, dijo.

Para la epidemióloga, estos cambios en definiciones y métricas no tienen una explicación clara por parte de Salud, a pesar de que los casos sobrepasan las cantidades registradas en temporadas anteriores. Acatando la nueva política, contó Nazario Delgado, la agencia dio inicio a la emergencia de salud pública a poco menos de dos semanas de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Si el secretario hubiera estado mirando el promedio histórico, que es lo que nosotros esperamos en salud pública, sabría que los casos están por encima del promedio histórico desde la semana 2, que corresponde a la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2025. ¿Cuántas semanas son? Los casos estuvieron por encima de lo esperado por 17 semanas, pero estaban por debajo del umbral epidémico. Esa es la nueva forma de calcular que no han explicado”, puntualizó.

Del mismo modo, la excatedrática del Recinto de Ciencias Médicas resaltó que ocho semanas antes de oficializarse la epidemia, para el 30 de noviembre, los casos aun se mantenían por encima del promedio histórico. De haberse regido por los criterios anteriores a agosto de 2024, la epidemia debió declararse para la semana del 21 de diciembre.

El retraso en la declaración de la epidemia, añadió la experta, debilita su efectividad puesto que estas campañas estatales sirven para alertar a la ciudadanía e implementar medidas de prevención como el aislamiento, el uso de mascarillas o el lavado frecuente de manos.

“Cuando yo vi al secretario anunciar, dos o tres días antes de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que la gente se vacunara fue como una bofetada en la cara. Porque los médicos saben que las vacunas tardan de una a dos semanas en proteger al individuo. Así que te vacunas tres días antes, te vas para las fiestas, te da influenza y ¿qué vas a decir? Que la vacuna no funcionó. No se puede hacer campaña de prevención en medio de la epidemia”, continuó.

El llamado a la vacunación por parte del secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, se dio dos días antes de las fiestas multitudinarias, en las se reportó una asistencia de más de 1,000,000 de personas.

Cambios que siguen un patrón federal

 La Dra. Nazario Delgado señaló que estas determinaciones imitan las tendencias políticas de los Estados Unidos (EE. UU.), donde el Gobierno federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) declaran epidemia de influenza a las seis semanas. Describió las decisiones del Departamento de Salud local como “colonizadas”, y recordó que inclusive los estados federados tienen potestad de fijar sus parámetros de salud pública.

“No hay por qué seguir los patrones de un departamento que está siendo dirigido por personas que no tienen ningún conocimiento en salud pública. Tenemos un Departamento de Salud en los Estados Unidos dirigido por un desquiciado, este señor Kennedy, que dice disparates. Nosotros deberíamos estar mirando los datos de Puerto Rico. Aquí hay un caudal de información maravilloso”, criticó Nazario Delgado.

En esa línea, la doctora criticó que se “tomen prestados” modelos que no aplican a la demografía puertorriqueña, y contó de exestudiantes suyos que tiene que regirse por las métricas que establecen los CDC y el Departamento de Salud federal. A principios de este año, por ejemplo, estas agencias federales modificaron el requisito anual de la vacuna de influenza.

“Evidentemente, con estos cambios nuevos, los CDC están totalmente desacreditados. Conozco colegas de la Universidad de John Hopkins que ya no quieren leer los informes de los CDC. Pensar que esa era la institución de salud pública que todos los que estudiamos epidemiología mirábamos como el norte… A partir de la era de Donald Trump, eso no es así”, opinó.

Para decretar el fin de la epidemia, Nazario Delgado dijo que no hay unos pasos fijos establecidos por Salud. A su juicio, el término de la situación depende de cuánto dure y cómo se mitigue y, sobre todo, de la participación activa de la ciudadanía en métodos de prevención. Que se hagan pruebas de diagnóstico, que se laven las manos con agua y jabón y que mantengan distancia.

 

 

Traducir»