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Los ultras pierden fuerza en EU

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

 

 

CLARIDAD

Casi todos los análisis que se han hecho de las elecciones celebradas en alguna ciudades y estados de Estados Unidos el pasado 4 de noviembre coincide en ver el resultado como un “golpe a Trump”, pero algunos van un poco más allá y concluyen con la derrota de candidatos apoyados por el mandatario se ha revertido el viraje hacia la ultraderecha de la sociedad estadounidense. Sobre esto último mi opinión es que, aunque los resultados de esas elecciones son importantes, no constituyen una muestra lo suficientemente grande para llegar a esa conclusión.

Elecciones como las del pasado 4 de noviembre de ordinario no generan interés más allá de los estados o ciudades donde se vota, pero con el “trumpismo” entronizado en Washington y, además, habiéndose implicado personalmente Trump en varias de las contiendas, los principales medios noticiosos del mundo las cubrieron como un acontecimiento importante. La alcaldía de Nueva York fue la carrera más observada, seguida por las contiendas por la gobernación en New Jersey y Virginia. En California hubo otra consulta para una redistribución de los distritos representativos al Congreso que, por lo que puede implicar para las elecciones del año próximo, también generó mucho interés.

La contienda por la alcaldía de NY capturó el imaginario porque un joven que se proclama socialdemócrata, Zohran Mamdani, comandaba las encuestas desafiando la creencia de que sólo desde el centro político o desde la centroderecha se puede detener a los ultras. La intromisión directa de Trump tratando de reunir apoyos para Mario Cuomo, otro “demócrata” con largo historial en la ciudad, disparó el interés mediático en la votación.

La victoria de Mamdani -por su juventud, por no rehuirle al calificativo socialista y por el apoyo que obtuvo (50.4%) enfrentándose a una amplia coalición de opositores- es, sin duda, una gran noticia. Se enfrentó, además, a la maquinaria tradicional demócrata que, desde los tiempos del Tammany Hall en el lejano siglo XIX, controla la política de la ciudad. Pero muy poco de lo que ocurre en Nueva York puede proyectarse al resto de Estados Unidos. El exdirector de CLARIDAD Ramón Arbona, quien vivió, trabajó y luchó muchos años allí decía que la ciudad era “otro país”. Su composición poblacional, su tamaño y su historia como centro políticamente diverso y, en ocasiones progresista, la diferencian no sólo de Estados Unidos, sino hasta del resto del estado.

La advertencia de Arbona sigue siendo cierta, pero el triunfo de Mamdani levantó una ola de ilusión muy necesaria dentro y fuera de Estados Unidos. El movimiento hacia la izquierda dentro del Partido Demócrata que comenzó Bernie Sanders y que ha continuado desarrollando Alexandra Ocasio Cortés, se adjudicó una victoria muy importante con Mamdani. Por eso no resulta raro ver que, además de los trumpistas y republicanos, los sectores tradicionales demócratas también empiezan a preocuparse, aun cuando el mismo 4 de noviembre ese mismo sector obtuvo victorias importantes en New Jersey y Virginia.

Esas otras dos victorias demócratas, particularmente la de Virginia, deben tener muy preocupados a los analistas ultras porque en ambas tanto Trump como el movimiento MAGA se implicaron directamente, apoyando a los candidatos republicanos. Estos, distinto a Cuomo, también se identificaron con las políticas del mandatario, adoptando su retórica. La derrota contundente que ambos sufrieron inevitablemente se extiende a Trump.

En el caso de New Jersey el candidato republicano, Jack Ciattarelli, había estado muy cerca de un triunfo en 2021 cuando quedó a apenas 3 puntos porcentuales de Phil Murphy, el incumbente reelecto. En esta ocasión, distinto a 2021, asumió abiertamente las posiciones trumpistas, pero ni siquiera repitió los números de la elección anterior, sino que quedó a 15 puntos porcentuales de la ganadora.

En Virginia, estado sureño con gobernador republicano y donde la vicegobernadora se postulaba para sucederle, se produjo un resultado similar al de New Jersey. A pesar del apoyo explícito de Trump a la republicana, la demócrata Abigail Spanberger se impuso con soltura.

Estas fueron las primeras elecciones celebradas luego de que el trumpismo y el movimiento MAGA se encumbraran en 2024 y el resultado les resultó negativo. El avance de la ultraderecha perdió fuerza, pero habrá que esperar por las cruciales elecciones de 2026, las llamadas “de medio término”, cuando el control de las dos cámaras del Congreso vuelve a estar sobre el tapete. Allí los estadounidenses tienen la última oportunidad de, al menos, frenar la demolición del establishment tradicional que se desarrolla en Washington.

Volviendo a Nueva York, con la elección de Mamdani se abre un nuevo capítulo de crispación, hasta ahora inédito, entre la ciudad y el gobierno federal. MAGA y el trumpismo, controlando los amplios recursos del gobierno central, harán todo lo posible por ahogar la nueva administración municipal dirigida por alguien que es y representa todo lo que ellos combaten: inmigrante, musulmán y progresista. Las confrontaciones institucionales y las batallas legales serán intensas.

 

 

La reconfiguración de la educación superior: La universidad neoliberal

 

 

Especial para CLARIDAD

 

Desde finales del siglo XX, la educación superior ha sido profundamente transformada por la expansión del paradigma neoliberal. Más que un conjunto de reformas económicas, el neoliberalismo constituye una forma de gobierno de las subjetividades y de las instituciones, que redefine la relación entre conocimiento, poder y sociedad. Es una racionalidad política y cultural que redefine las formas de pensar la sociedad, el sujeto y el conocimiento. En las universidades, su influencia no solo se manifiesta en la organización institucional o en los mecanismos de financiamiento, sino también en la redefinición del sentido político y ético de la educación. Lo que antes era concebido como un bien público orientado al desarrollo social y la emancipación, ahora se traduce en un bien de consumo, medido por su rentabilidad y por su capacidad de insertarse en el mercado. En este marco, la universidad deja de concebirse como un espacio público de producción crítica del saber y pasa a funcionar como una empresa del conocimiento, sometida a las lógicas del mercado y la competitividad. La llamada universidad neoliberal no solo reorganiza su estructura institucional, sino que altera su sentido ético y político, transforma el modo en que pensamos el saber, el sujeto y el propósito mismo de la educación. La universidad neoliberal es un proyecto cultural que redefine qué significa aprender, enseñar y producir conocimiento.

El neoliberalismo impulsa una mutación estructural en la educación superior, impulsado un proceso de mercantilización de la educación, en el que las universidades se ven forzadas a operar bajo la lógica de la eficiencia, la competitividad y la productividad. La universidad deja de entenderse como un bien común —una institución orientada al desarrollo humano y social— para convertirse en una organización regida por criterios de eficiencia, productividad y rentabilidad.

Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, adoptan modelos de gestión empresarial, con estructuras jerarquizadas que privilegian la evaluación cuantitativa, la captación de recursos externos y la vinculación con el sector privado. En este contexto, el financiamiento público disminuye y las universidades se ven obligadas a competir por fondos, atraer estudiantes-clientes y generar ingresos propios. Se introduce una cultura gerencial que privilegia los indicadores cuantitativos (ranking, impacto, acreditaciones) sobre la reflexión crítica o el compromiso social.

La universidad se transforma así en una empresa de servicios educativos, donde el conocimiento se produce, distribuye y evalúa según su valor económico. Las carreras se orientan a la empleabilidad, la investigación se vincula al sector privado, y la innovación se mide por su capacidad de generar patentes o atraer inversión. Lo que antes se concebía como un derecho o un espacio de formación integral, ahora se traduce en una mercancía educativa. La educación deja de ser un derecho, un bien público o un espacio de formación ciudadana, para convertirse en una inversión individual.

Uno de los efectos más profundos del neoliberalismo es la reconfiguración del sujeto que habita la universidad. Tanto estudiantes como docentes son interpelados por una lógica de autoexplotación y competencia permanente.

A nivel subjetivo y pedagógico, la racionalidad neoliberal promueve un tipo específico de sujeto, el emprendedor de sí mismo. Los estudiantes ya no son concebidos como ciudadanos en formación, sino como clientes que invierten en su propio “capital humano” con la expectativa de obtener una rentabilidad futura. La educación se presenta como una inversión privada destinada a maximizar la empleabilidad, no como un proceso ético y político de formación integral. Su éxito o fracaso se interpreta como responsabilidad individual, ocultando las desigualdades estructurales que condicionan el acceso y la permanencia en la educación superior.

El docente, por su parte, se convierte en gestor de su propia productividad académica, debe publicar constantemente, conseguir financiamiento y demostrar “impacto” medible. El docente por contrato que puede ser contratado o despedido según la demanda y el presupuesto, debe asumir múltiples tareas (docencia, gestión, investigación) sin garantías de estabilidad ni beneficios. Vende su perfil académico, compite con otros colegas precarios por contratos, becas o reconocimiento. La vocación intelectual y la reflexión crítica ceden ante la presión de los indicadores. Se instala así una cultura del rendimiento que naturaliza la precariedad laboral, la competencia y la falta de tiempo para el pensamiento profundo.

La precarización docente permite a la universidad comportarse como empresa para reducir costos, aumentar productividad y adaptarse al “mercado educativo”. A su vez, destruye las condiciones para la libertad académica y la crítica institucional, porque los precarios no pueden arriesgarse a cuestionar sin perder su empleo. La universidad se convierte así en un espacio donde la docencia y la investigación se subordinan a la lógica del rendimiento, y el pensamiento crítico se margina. La universidad neoliberal produce, en suma, un tipo de sujeto adaptado a la lógica del mercado, autónomo en apariencia, pero disciplinado por la exigencia constante de rendimiento y eficiencia. Simboliza la transición completa de la universidad pública a la universidad neoliberal.

El impacto del neoliberalismo no se reduce a la estructura institucional; afecta el sentido mismo de la educación superior como proyecto político y ético. La universidad, históricamente vinculada a la producción de pensamiento crítico y al cuestionamiento del orden establecido, se ve hoy tensionada por una lógica que subordina el saber al capital. Se produce, en palabras de Wendy Brown (2015), una “desdemocratización del conocimiento”, esto es la reducción del valor educativo al valor económico.  En la universidad neoliberal, el saber pierde su valor intrínseco como búsqueda de verdad o como herramienta de transformación social. Se convierte en capital cognitivo: un recurso económico que debe generar beneficios tangibles.

En este contexto, la ética universitaria se redefine en términos de productividad, eficiencia y éxito individual, mientras que se diluyen los principios de justicia social, bien común y compromiso con la verdad. La formación ética ya no apunta a la construcción de sujetos reflexivos y solidarios, sino a la adquisición de “competencias blandas” que faciliten la inserción en el mercado laboral. La dimensión política de la educación —su capacidad de cuestionar, imaginar y transformar— se ve reemplazada por la gestión técnica de recursos humanos. Entonces la investigación aplicada desplaza a la teórica o crítica. Los campos de conocimiento no rentables (como las humanidades o las artes) sufren recortes y deslegitimación. Y el lenguaje de la gestión sustituye al de la deliberación intelectual: se habla de “proyectos”, “resultados”, “impacto”, “rendimiento”.

El conocimiento se somete a un régimen de productividad cuantificable, lo que genera una paradoja, nunca se produce tanta información, pero cada vez se piensa menos críticamente sobre su sentido. La universidad neoliberal acumula datos, pero erosiona el pensamiento.

La transformación neoliberal no afecta solo a la estructura o al financiamiento de la universidad; altera el sentido político y ético de la educación superior. Se debilita la idea de la universidad como espacio de pensamiento crítico, debate, construcción democrática y compromiso con la justicia social. Se erosiona la autonomía académica, los intereses del mercado y los criterios de productividad sustituyen el debate intelectual y la libertad de cátedra. La “desdemocratización” del conocimiento, pues solo aquellos con recursos pueden acceder o beneficiarse plenamente del sistema, reproduciendo desigualdades.

En cambio, bajo el neoliberalismo, se impone una lógica tecnocrática que despolitiza el conocimiento, se privilegia la gestión eficiente sobre la reflexión, el consenso técnico sobre el conflicto de ideas. En el plano ético, se sustituye la noción de responsabilidad colectiva por la del mérito individual. Se valora la competencia, no la cooperación; la excelencia personal, no la justicia social. La universidad deja de pensarse como comunidad de saber y se redefine como mercado de trayectorias individuales en detrimento de valores como la solidaridad, la cooperación o la búsqueda desinteresada de la verdad.

A pesar de la fuerza del paradigma neoliberal, en la universidad emergen espacios de resistencia y reinvención. Movimientos estudiantiles, colectivos docentes, pedagogías críticas y proyectos de investigación crítica reivindican una educación pública, inclusiva y emancipadora. Estos espacios de pensamiento libre, plural y comprometido con la justicia social buscan recuperar el sentido público y emancipador de la educación superior.

Estas iniciativas apuntan a reconfigurar la educación no desde la lógica del mercado, sino desde la ética del cuidado, la cooperación y la responsabilidad colectiva. En ellas, la educación se entiende nuevamente como práctica política, una forma de construir comunidad, de imaginar futuros posibles y de disputar los significados del conocimiento en el siglo XXI. Recuperar la universidad como bien común implica defender la autonomía del pensamiento frente al mercado y re imaginar la educación como práctica ética, solidaria y democrática.

La universidad neoliberal representa una de las expresiones más visibles del capitalismo contemporáneo, una institución que, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, somete el conocimiento a la lógica del valor económico. Sin embargo, también encierra una tensión, mientras se la instrumentaliza para servir al mercado, sigue siendo uno de los pocos espacios donde puede pensarse críticamente ese mismo orden.

El neoliberalismo ha reconfigurado la educación superior de manera profunda, transformando su estructura institucional, su modo de producción de conocimiento y su horizonte ético-político. Bajo su influencia, la universidad corre el riesgo de reducirse a un engranaje más del aparato económico global. Sin embargo, reconocer esta transformación es el primer paso para recuperar la universidad y educación como bien común y para reconstruir su sentido democrático. Recuperar la dimensión política y ética de la universidad implica resistir la lógica del capital y apostar por una formación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida en común.

El desafío actual consiste en restituir el sentido público y emancipador de la universidad, resistiendo la colonización del pensamiento por la economía neoliberal. Una universidad verdaderamente libre no es aquella que se adapta a la competencia global, sino la que enseña a imaginar otros mundos posibles.

Estas alternativas defienden una visión de la universidad como comunidad de pensamiento, no como empresa; como espacio de deliberación democrática, no como plataforma de entrenamiento para el mercado. Por recuperar la UPR para el pueblo y con el pueblo.

La corrupción tiene nombre y apellido

 

 

Especial para CLARIDAD

 

Un inesperado abrazo entre un fiscal federal y un prominente líder pipiolo, en pleno estacionamiento del tribunal de la calle Chardón, marcó el epílogo de un proceso judicial tan bochornoso como inolvidable. El juicio contra el doctor Yamil Kouri, que cumple 26 años este noviembre, dejó para la posteridad una frase lapidaria: “En Puerto Rico, la corrupción tiene nombre y apellido.” Pronunciada con absoluta soltura por el jefe de fiscales del distrito, esta sentencia adquirió una fuerza demoledora, revelando con crudeza el entramado político que se escondía tras el telón de la justicia. El dedo apuntaba directamente al Partido Nuevo Progresista.

El juicio contra Yamil Kouri y sus cómplices fue más que un proceso legal: fue un ajuste de cuentas moral, político y social. El médico cubano, figura central del caso, parecía una sombra escapada del Caribe revolucionario. Su rostro, desgastado por el cinismo, compartía escena con Janet Sotomayor Vázquez, una administradora arrogante de modales ostentosos, y Armando Borel Barreiro, un empresario opaco cuya ambición lo llevó al borde del abismo. Juntos urdieron un esquema de fraude que, en otro contexto, habría sido apenas un escándalo administrativo. Pero aquí, se convirtió en tragedia.

Los fondos desviados —más de 2.2 millones de dólares— estaban destinados a comprar medicamentos, pagar tratamientos y sostener el primer centro especializado en VIH/SIDA del Caribe y América Latina. En lugar de eso, se usaron para financiar campañas políticas, costear lujos personales y comprar silencios. La evidencia era abrumadora: empresas ficticias, lavado de dinero internacional, manipulación de testigos y grabaciones comprometedoras.

La fiscal a cargo, en avanzado estado de gestación, se movía por la sala como un transatlántico que avanza con firmeza. Su actitud era la de un tiburón rondando a su presa, segura de que los tenía acorralados. Las grabaciones del FBI se escuchaban por altavoces. Algunas eran embarazosas, como la de Sotomayor insultando a la fiscal, convencida de que no era persona de interés. La grabación se logró gracias a la colaboración de su empleada doméstica, quien narró con humor cómo mantenía cerca de su patrona la cartera con el micrófono oculto.

El caso Kouri removió fibras sensibles. Desviar recursos destinados a tratar una enfermedad estigmatizada y mortal fue más que un delito: fue una declaración de desprecio hacia los sectores más vulnerables. Fue el recordatorio cruel de que, a veces, el sistema prefiere mirar hacia otro lado.

Desde entonces, Puerto Rico ha sido testigo de una secuencia vergonzosa de escándalos de corrupción que no cesan. Los partidos que se han alternado el poder —el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— parecen no haber aprendido la lección. Al contrario, cada nuevo caso revela un patrón más descarado, más impune, más corrosivo.

Entre 2019 y 2025, más de 30 funcionarios públicos han sido acusados o condenados por corrupción. La lista incluye:

  • Julia Keleher (PNP), exsecretaria de Educación, condenada por fraude electrónico.
  • Wanda Vázquez Garced (PNP), exgobernadora, acusada por el FBI de aceptar sobornos para financiar su campaña.
  • Alcaldes de ambos partidos, arrestados por aceptar pagos ilegales a cambio de contratos municipales.
  • Demandas del Departamento de Justicia (2024) contra más de 30 exfuncionarios por pérdidas de más de 30 millones de dólares al erario.

Estos casos no son errores aislados. Son síntomas de un sistema que ha normalizado el saqueo, donde el servicio público se ha convertido en una plataforma para el enriquecimiento personal.

En 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón se vio envuelta en una controversia por construcciones ilegales en La Parguera, propiedad de sus suegros. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), bajo su designado Waldemar Quiles, archivó la investigación sin consultar a otras agencias. Se denunció la tala de manglares y la remodelación de estructuras en zona protegida, sin permisos.

La intervención del FBI y las denuncias del senador independiente Eliezer Molina han puesto en evidencia un posible abuso de poder. La gobernadora ha evadido preguntas clave, mientras el país observa cómo el aparato estatal se pliega ante los intereses familiares de quien ocupa la silla ejecutiva.

Lo más alarmante no es solo la frecuencia de los escándalos, sino la falta de sonrojo. La corrupción ya no se esconde: se exhibe. Se archivan investigaciones, se protegen aliados, se manipulan agencias. El pueblo, cada vez más hastiado, observa cómo los partidos tradicionales se reparten el poder mientras el país se hunde en la desconfianza.

La alternancia entre el PNP y el PPD ha sido una danza de espejos: cambian los rostros, pero no las prácticas. Ambos partidos han demostrado ser incapaces de erradicar la corrupción, porque están atrapados en una cultura política que la tolera, la reproduce y la premia.

Este momento exige más que indignación. Exige acción. Puerto Rico necesita una transformación radical en su modelo de gobernanza. No basta con cambiar de partido: hay que cambiar de paradigma. Se necesita transparencia real, fiscalización independiente, participación ciudadana activa y una cultura política que ponga al país por encima de los intereses personales.

La corrupción no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Y esas decisiones pueden —y deben— cambiar.

La autora es asambleísta por Victoria Ciudadana en el Municipio de San Juan.

Expedición costosa y de alto riesgo en el mar Caribe

 

  NCM noticias

La operación aeronaval comenzada por Estados Unidos en agosto y que desde entonces ronda de un lado al otro en el Mar Caribe sin rumbo claro y sin haber desembarcado en tierra alguna excepto sus colonias y Trinidad, se ha convertido en una aventura costosa y de alto riesgo para la estabilidad de la zona.

En 69 días, con poco más de 60 civiles muertos y una docena de pequeñas embarcaciones hundidas, la concentración aumenta, se hacen construcciones, se almacenan municiones y la flota se prepara de manera ostensible para tocar tierra e intentar un ataque devastador.

Pero esos costos y riesgos no se limitan a los directamente asociados con el gasto militar y la incertidumbre sobre duración y resultados de una posible guerra. También se trata del precio político y estratégico de su efecto desestabilizador en la economía y el bienestar en los países del área, como lo consignó la Conferencia Episcopal de las Antillas.

En el propio territorio nacional de EEUU no hay un consenso general en favor de una guerra en el Caribe ni de las políticas draconianas y de persecución contra los latinoamericanos. Además, desde hace años entidades como el Instituto CATO han estado advirtiendo que se debe evitar una guerra que no se pueda ganar, en especial en lo que tiene que ver con México, país que también está opuesto a la aventura naval estadounidense.

Al cierre de esta crónica, ya se había tenido que posponer para el año próximo la Cumbre de las Américas, debido a que EEUU exigió que no se invitara a Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que motivó que México y Colombia se retirasen. La mayoría de los países de CARICOM han expresado estar opuestos a la operación y la isla de Granada -que en 1979 fue la líder de la región para que se declarase el Caribe como “zona de paz”- todavía no responde si aceptará el pedido de EEUU de convertirse en base de radares.

Hay informes de inestabilidad política en Centroamérica -que incluyen denuncias de un posible golpe de estado fraguándose para Guatemala- y protestas emergentes en varios países. Venezuela está cada vez más armada y en acuerdos de apoyo con Rusia y China, potencias que hasta ahora no han dado señales de movilizar sus inmensas flotas hacia la zona, pero que han dejado clara su oposición al despliegue aeronaval estadounidense.

Según los informes públicos, EEUU cuenta con una fuerza activa de 241 barcos -que incluye 69 submarinos, 11 portaaviones y 76 destructores- para mantener su hegemonía mundial. La flota rusa tiene 354 barcos activos -entre ellos 83 submarinos y un portaaviones, mientras que China tiene una flota de 1.010 barcos activos, con tres portaaviones, 73 submarinos y 50 destructores.

Hasta ahora, ni Rusia ni China dan señales de estar movilizando fuerzas navales hacia el Caribe y el único barco de bandera china en ruta es un buque hospital que se dirige a Nicaragua, La presencia de esas potencias se concentra mucho más en continuar su influencia creciente social y económica en Latinoamérica, en especial los chinos, que cuentan con más de veinte proyectos de desarrollo portuario y aumentan su presencia en desarrollos de exploración petrolera en países como Brasil.

Las políticas de EEUU se han concentrado en gestionar y proteger gobiernos favorables a su política, como en los casos de Argentina, Bolivia y Perú. Esos gobiernos sirven para presionar el Caribe, donde hasta ahora se desarrolla el epicentro de la fuerza expedicionaria que busca restaurar un nivel hegemónico estadounidense incuestionable.

Mientras tanto, las fuerzas aeronavales estadounidenses siguen incrementando sus preparaciones y aumentando su capacidad de fuego en el Caribe.

La revisión combinada de despachos de agencias noticiosas, del Comando Sur y del Instituto Naval, entre otras, permiten calcular un panorama preliminar de ese incremento.

Al 2 de noviembre, habían sido destacadas 24 naves, que incluyen diversos tipos de barcos de combate marítimo con misiles, al menos un submarino y equipo de navegación submarina, naves de desembarco y de guerra de litoral, un barco camuflado de mercante con fuerzas especiales y un buque hospital. Muchos de ellos, en aparente rotación o reemplazo, usan como bases las islas de Puerto Rico, Santa Cruz, St. Thomas, Trinidad y la estación naval de Guantánamo, en Cuba, de forma que, en todo momento, entre seis y ocho se mantienen rondando en alta mar y, se espera de un momento a otro la llegada del portaaviones USS Gerald Ford -el más grande del mundo- con una posible escolta de cinco destructores.

En aviones, la fuerza expedicionaria cuenta al menos con los diez F-35 que operan desde la antigua estación naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, drones de bombardeo estacionados en la antigua base aérea de Ramey Field -ambas reactivadas- y aviones P-8 Poseidón, que se supone usan la Base Aérea Muñiz, aledaña al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Han circulado informes sobre construcciones de actualización de la pista de Roosevelt Roads y de un arsenal en Ramey Field. También se informa de construcción de un radar en Santa Cruz, así como de una gran cantidad de movimiento constante de aviones C-17 Globemaster, que traen grandes cantidades de suministros desde lugares tan distantes como California, Oregón, y diversos puntos de Europa, muchos de ellos al aeropuerto Mercedita de Ponce, ciudad cuyo puerto está siendo muy usado por la flota.

Además de esos recursos, se ha integrado al despliegue al menos tres avones B-52 desde Louisiana y los mucho más adelantados y veloces B-1B Lancer, desde sus bases en Texas y Dakota del Norte y vuelos de aviones de vigilancia desde bases en la Florida. A esos se sumarían las decenas de aeronaves de los barcos de asalto anfibio y el portaaviones.

Completa ese panorama, aunque sin muchos detalles, que Washington ha hecho pública la autorización a la Agencia Central de Inteligencia para conducir operaciones secretas en Venezuela.

 

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La 2797, y el empeño hegemónico occidental

 

 

Especial para CLARIDAD

 

La resolución S/RES/2797(2025), adoptada bajo el tema del Sáhara Occidental por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) el pasado 31 de octubre podría llevar a un cambio fundamental para el manejo político y diplomático sobre el territorio norafricano bajo la subordinación colonial de Marruecos desde 1975 y que integra la lista de la ONU de territorios no-autónomos.

Esta resolución de nada menos que el Consejo de Seguridad tenía el propósito principal de determinar la extensión del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991 con el mandato de monitorear el cese al fuego entre Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Frente Polisario) y organizar un referéndum en que el pueblo saharaui escoja entre la independencia plena o la integración a Marruecos.

El territorio, rico en bauxita (mineral de aluminio) y con 690 millas de kilómetros de costa atlántica, consta actualmente de 600 mil habitantes. Es el menos habitado en África y el segundo menos habitado en todo el planeta. A eso se añade que ubica en un desierto de clima extremada inhóspito.

La 2797, cuyo proyecto fue redactado, circulado y negociado por Estados Unidos, extendió el mandato durante un año, pero lo más importante de su contenido es que, según la sección de prensa de la ONU, plantea que las partes deben atender sin precondiciones los planteamientos de Marruecos en el Plan de Autonomía de 2007. “como solución viable para la autonomía genuina dentro del Estado de Marruecos.” Ello incluye el autogobierno local saharaui bajo la soberanía de Marruecos y un arreglo en que la potencia colonial retendría el poder sobre asuntos como las relaciones exteriores, defensa y religión,

La Federación Rusa y la República Popular China, miembros permanentes del Consejos de Seguridad, rechazaron aspectos de proyecto de resolución, pero dijeron que no querían bloquear la extensión del mandato de la MINURSO.

Ubicar la “solución” al caso dentro del plan de Marruecos plantea un cambio fundamental contrario al trato del territorio en la ONU como un caso colonial donde la Cuarta Comisión de la Asamblea General y el Comité de Descolonización de la ONU siguen reafirmando el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación e independencia de conformidad con la resolución 1514(XV).

Igualmente, el Tribunal Internacional de Justicia, la Unión Africana (la cual reconoce como miembro pleno a la República Árabe Saharaui Democrática, RASD,) y un sinnúmero de países que han establecido relaciones diplomáticas bilaterales con la RASD, tratan el territorio como uno a ser descolonizado y rechazan que el Sáhara Occidental sea parte de Marruecos.

La RASD fue fundada en 1976 por el pueblo saharaui bajo la dirección del Frente Polisario. La recién adoptada resolución del Consejo de Seguridad “Acoge sugerencias constructivas de las partes en respuesta a la Propuesta del Plan de Autonomía,” pero no insiste en el referéndum del pueblo saharaui que exige el Frente Polisario. Al contrario, el Frente ha hecho claro que rechaza un diálogo que legitime la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, y que no participará en negociaciones dentro del marco de su plan.

No obstante, con la reciente resolución del Consejo de Seguridad se ha fortalecido la posición de Marruecos. La misma representa un cambio para la diplomacia internacional sobre el Sáhara Occidental y la geopolítica norafricana. Es parte del esquema de las fuerzas que se empeñan en mantener el orden de hegemonía de los países occidentales entre los cuales Marruecos tiene como aliados a Estados Unidos e Israel. Es un revés para el Frente Polisario, pero no revierte sus grandes logros internaciones, y el tema del Sáhara Occidental sigue dentro del marco de descolonización de la ONU y la resolución 1514(XV) Carta Magna de la descolonización en el Derecho Internacional.

El Sáhara Occidental, la última colonia existente en África, le tocó a España luego de la nefasta repartición de África a Europa en la Conferencia de Berlín de 1884-85. Fue anexado por Marruecos luego que la lucha del pueblo llevara a España a retirarse en 1975 sin tomar medidas de reparación y dejando el territorio a su suerte. Mauritania reclamó el sur del territorio, pero fue repelida y forzada a retirarse en 1979.

En las vistas sobre el territorio que celebra anualmente la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, Marruecos trabajó para que se redujera paulatinamente la abrumadora mayoría de peticionarios que apoyaban el Frente Polisario y su trabajo en los campos de refugiados de saharauis; la aplicación al caso de la resolución 1514(XV), Carta Magna de Descolonización de Naciones Unidas; y denunciaban a Marruecos como el poder colonial violatorio de los derechos humanos del pueblo saharaui. A su vez en las vistas aumentó el número de peticionarios(as) que apoyan el Plan de Autonomía de Marruecos. El caso tiene paralelos con Puerto Rico que analizaremos en un próximo artículo.