Pobreza, emigración, la esclavitud del siglo XXI, son solo algunas de las consecuencias para las y los trabajadores(as) y por consecuente para el país, que acarreará la nueva reforma laboral, anunciada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, precisamente un día antes de conmemorarse el 145 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico (22 de marzo de 1873). Según lo anunciado la reforma limita los días de vacaciones y enfermedad para los trabajadores del sector privado a siete días, se elimina el bono de navidad y la Ley 80, que protege a al trabajador de despido injustificado. El gobernador defendió que con la reforma se aumentará el salario mínimo a 8.25 la hora de aquí al año 2023.
Las diversas organizaciones sindicales reaccionaron en primera instancia al anuncio mediante comunicados de prensa y este lunes 26 de marzo realizaron una manifestación frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
“El gobernador Rosselló es un hipócrita, que un día dice que no va a afectar a los trabajadores y días después los apuñala una y otra vez por la espalda. Él sabe muy bien que subir de manera pírrica el salario mínimo no es ninguna ayuda a la generalidad de la clase trabajadora porque solo se impacta a un porcentaje bien bajo. Además, ese aumento se le hace sal y agua frente a los beneficios que le pretenden quitar”, denunció Argenis Carrillo, presidente de la Unión de Tronquistas que agrupa a trabajadores del sector privado.
A él se le unió el Secretario Tesorero de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Juan Cortés Valle, quien expresó que era una inmoralidad quitarle más derechos a la familia trabajadora ante el desorbitante despilfarro de gastos públicos en contratos y sueldos que exhibe el gobierno.
“Cuando usted tiene a gente del gobierno cobrando cifras que alcanzan el medio millón de dólares, cuando tiene a una Natalie Jaresko cobrando casi tres cuartos de millón de dólares, usted no puede hablar de más estrangulamiento a la clase trabajadora. La crisis es solo para la familia trabajadora y los demás a vida de ricos de primer mundo. Basta ya, hasta aquí trazamos la raya”, denunció Cortés Valle.
Mientras Carrillo añadió que la intentona de derrotar la legislación protectora de los y las trabajadoras es insostenible e injusta cuando hay muchas compañías foráneas que expatrian miles de millones de dólares sin tributar en la isla.“Promover nueva legislación laboral que ahogue más a la familia trabajadora es sinónimo de agravar más la economía porque en la medida que se le quitan beneficios a las y los trabajadores, se reduce su movilidad para gastos y consumo. Eso es un efecto dominó exponencial que impacta también a las finanzas del gobierno. Tal parece que al gobernador le gusta jugar a la ruleta rusa, solo aquí a quien apunta es al pueblo”, añadió el dirigente de los Tronquistas.
Las declaraciones de Cortés Valle y Carrillo fueron suscrita por la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada (afiliada a la CPT), la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (Ftpr-AflCio), la Federación Central de Trabajadores (FCT), la Unión Independiente de Trabajadores de los Aeropuertos, la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión de Tronquistas.
En tanto el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) también tronó contra la propuesta reforma laboral. “Es insólito que luego de más de 10 años de imponer recortes y eliminar derechos laborales anunciando que así generarán empleos, sigan exprimiendo y castigando a las y los trabajadores con el mismo cuento, con la misma excusa”, declaró indignado el presidente del SPT, Roberto Pagán. Pagán censuró que la anunciada reforma continúa la tendencia de los últimos años de reducir el salario real de las y los trabajadores mientras aumentan las ganancias de las mega empresas y los millonarios.
“Es una falacia alegar que con estas medidas estimulan la creación de empleos, cuando bien saben que lo que invitan es a que nuestra fuerza trabajadora emigre en busca de salarios decentes”, aseguró.
“El abuso contra los y las trabajadoras en el sector privado se da con tanto descaro porque no cuentan con una voz que les represente, ya que apenas el dos por ciento están organizadas en sindicatos. Por eso es urgente desarrollar una iniciativa organizativa que potencie la fuerza y el poder de este sector tan maltratado y acabar con tanto abuso”, continuó el líder sindical.
El presidente de la SPT advirtió a las y los empleados(as) públicos(as) el que también deben protestar en contra de estas medidas porque ya le han recortado días de vacaciones, licencias de enfermedad, días feriados y se aprestan a arruinar las pensiones. “Cada recorte de derechos en el sector privado es seguido por recortes en el servicio público, esa es la experiencia”, afirmó.
La SPT representa a sobre 12 mil trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado y está afiliado al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) que cuenta con sobre 2 millones de miembros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Por otra parte el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también reaccionó indignado ante lo anunciado. En conferencia de prensa el liderato del PIP, la vicepresidenta, exsenadora María de Lourdes Santiago y los legisladores, Denis Márquez y Juan Dalmau, emplazaron al primer ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y al gabinete económico del gobernador a que documentaran con absoluta transparencia los siguientes elementos: Los efectos en la economía y en la clase trabajadora de la imposición del IVU la eliminación de la ley de cierre y la primera reforma laboral. La cuantificación de los ingresos dejados de recibir por el fisco a través de los subsidios a grandes corporaciones y que se detallen los beneficios económicos que el país ha recibido a cambio.
Un estimado preciso de los empleados que se verán afectados por la nueva propuesta de reforma laboral incluía la cantidad de dinero que dejará de circular en el país por motivo de la eliminación del bono de navidad con una proyección validada del efecto que esto tendrá en las ventas de esa temporada.
El liderato independentista cuestionó el que la reducción de derechos sea un bien que se le esté haciendo al país y que termine incentivando el desarrollo económico. Señalaron que esa ha sido exactamente la misma justificación que se ha dado por diferentes administraciones ante las imposiciones previas de medidas que castigan a la clase pobre media y trabajadora como con el impuesto sobre las ventas y uso y sucesivos aumentos. Explicaron que con la primera reforma laboral se redujeron los días por enfermedad, vacaciones y se liberalizó la Ley 80 de protección contra el despido injustificado; se eliminó la ley de cierre, se privó de paga adicional a quienes trabajan los días domingo.
Estimaron que a estas alturas el país debiera estar listo para asumir una postura de cuestionamiento y confrontación. Los legisladores independentistas anunciaron que utilizarán el espacio legislativo para denunciar los efectos de la segunda reforma laboral y, a nivel institucional, la colectividad se mantendrá en comunicación con los sectores afectados.
Por su parte el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) fue otro sector que condenó la intención del gobernador Ricardo Rosselló de continuar su ataque despiadado a la clase trabajadora. La presidenta del PPT, Mariana Nogales Molinelli, advirtió que continuar por este camino solo acelerará la migración de nuestra fuerza trabajadora y agudizará aún más las condiciones de pobreza de quienes permanezcan en Puerto Rico.
«El senador Rivera Schatz dice que con esto los puertorriqueños van a salir adelante. Pero a donde único van a salir con este plan es al exterior y a condiciones más terribles de pobreza y desesperación. El gobernador y sus secuaces no pueden decir que no conocen las consecuencias de lo que están haciendo. Múltiples sectores y la historia misma han confirmado el daño que las medidas de austeridad le hacen a la economía y a las condiciones de vida de la gente. Sin duda, están allanando el camino para convertir a Puerto Rico en un paraíso solo para ricos, donde no cabemos nosotras ni caben nuestros derechos. Rosselló va a ser recordado como el último verdugo de nuestros derechos laborales, los mismos que se ganaron durante el pasado siglo mediante grandes luchas que consiguieron acercarnos a una vida más digna», aseguró.
