Un nuevo análisis de la Coalición Puerto Rico no se Vende, el grupo Hedge Clippers y Democracia Popular, reveló que la candidata a la gobernación Jenniffer González Colón y el candidato a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP) son los políticos que más donaciones han recibido de enero a julio de este año, de parte de personas beneficiadas de la Ley 22, ahora Ley 60. El tercer político que más donaciones ha recibido es el actual alcalde del pueblo de Dorado, Carlos López Rivera.
El informe comprobó que los donativos de 2024, sumados a los que personas beneficiarias de la Ley 22 han hecho desde el inicio del programa hace más de una década, totalizan al menos un millón 220 mil dólares en aportaciones electorales en Puerto Rico.
Ante este dato, las organizaciones elevaron a la atención pública a “lo que está en juego en vísperas de las elecciones generales de noviembre. Esto plantea serias dudas sobre el poder y la influencia que ejerce la comunidad de inversionistas de la Ley 22 sobre los cargos públicos electos de Puerto Rico y, críticamente, las repercusiones en la población electoral a la que se supone deben servir”.
En comunicado de prensa, el licenciado Julio López Varona, de Democracia Popular, denunció que es muy probable que las cifras reales sean más altas, ya que algunos donativos aún no están disponibles en la base de datos de la Oficina del Contralor Electoral, las identidades de algunos beneficiarios no se han podido corroborar y no se incluyó a candidatos que perdieron en primarias. “Lo verdaderamente alarmante es que en nuestro primer informe incluimos 20 candidatos, los cuales totalizaron alrededor de $900,000 en 10 años. Sin embargo, este segundo informe contempla menos candidatos (11), los cuales totalizan sobre $200,000 en solo 7 meses”.
Jenniffer González
Según el informe, la comisionada residente y actual candidata a la gobernación por PNP recibió $33,900 dólares, cifra que sumada a los $84,900 dólares en donativos que recibió entre 2013 y 2023, totalizan $118,800 dólares.
Entre los mayores donantes a González Colón están Charles Charlie y Kathleen Kate Hamilton, quienes fundaron y forman parte de Caprock Partners. Los Hamilton recibieron la exención contributiva bajo la Ley 22 en 2014. Charlie Hamilton, también socio gerente de dos empresas de desarrollo de terrenos residenciales en Texas, en 2021 recibió del Gobierno de Puerto Rico la transferencia de los muelles de Bahía Urbana en el Viejo San Juan al consorcio privado mediante un contrato de arrendamiento que podría extenderse hasta 80 años. CapRock Partners, que es un fondo de la familia Hamilton, fue parte de este negocio.
El alcalde de San Juan
En el caso del alcalde de San Juan y candidato a la reelección, Miguel Romero, entre 2013 y 2023 recibió la cantidad de $151,270, lo que sumado a los $10,400 recibidos durante año suman un total de 161,670 dólares.
Entre los donantes al alcalde de la Ciudad Capital, figura Brock Pierce, multimillonario de criptomonedas que obtuvo las exenciones de Ley 22 en 2018. La revista Forbes lo ubica entre las personas más ricas en criptomonedas y su capital neto se estima en mil millones de las monedas virtuales. Pierce pagó $18.3 millones por un hotel en Vieques que está cerrado desde el huracán María y es propietario de un edificio histórico de $5 millones en el Viejo San Juan, el cual describe como su «casa club».
El informe presenta que la administración de Miguel Romero ha enfrentado la presión comunitaria por su inacción en asuntos relacionados con la Ley 22. En particular en el 2022, la comunidad de Puerta de Tierra le pidió que atendiera el acelerado desplazamiento de sus barrios a consecuencia de inversiones bajo la Ley 22. Entre sus gestiones se denuncia que supuestamente entabló negociaciones con Logan Paul (youtuber, boxeador y beneficiario de ley 22) para vender un antiguo centro comunitario en el histórico distrito de La Perla sin la consulta ni participación de la comunidad.
El alcalde de Dorado
El alcalde de Dorado y candidato a la reelección por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos López Rivera recibió donaciones del 2013 a 2023 por la suma de $96,100 dólares. En total, por los 11 años, ha recibido $114,200 dólares. En los primeros seis meses de este año 2024 ha recibido otros $18,100.
López Rivera es el alcalde del segundo municipio con más residentes beneficiarios de la ley 22. El primero es San Juan. Este alcalde le encargó a una firma de arquitectura el desarrollo de Dorado Vision 2025. Sus intentos de atraer inversionistas del extranjero y personas beneficiarias de la ley 22 funcionaron, ya que uno de cada 10 beneficiarios vive en Dorado. En 2022, una mansión fue comprada por un multimillonario de las criptomonedas e inversionista por el precio récord de $40 millones. Mientras, los precios de las propiedades se han disparado en Dorado, donde el precio promedio de venta de viviendas de más de un millón de dólares se multiplicó hasta alcanzar los $6.2 millones en 2022, a consecuencia de los decretos de exención.
Jesús Manuel Ortiz, Pablo José Hernández, Willliam Villafañe, Luis Javier Ortiz…
La lista de políticos que han recibido donativos de beneficiarios de la Ley 22 (ley 60) no termina. También han recibido donaciones el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, durante los primeros meses de 2024; pero tras perder las primarias de sus partidos en junio, fueron excluidos del análisis.
Otros candidatos que recibieron donativos, aunque con cantidades menores, fueron el candidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz, los candidatos a comisaría residente por el PPD y el PNP, Pablo José Hernández y William Villafañe, los representantes José Pérez Cordero y Jorge Navarro Suárez, y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, quien aspiró en primarias por la candidatura del PPD a la gobernación.
“A la luz de todos estos hallazgos, reiteramos la urgente necesidad de rechazar la influencia política de los beneficiarios de la ley 22. Tenemos que reformar este sistema y abolir la legislación vigente”, afirmó el director de proyectos para la Democracia Popular.
La coalición de organizaciones recomendó que el Gobierno investigue el impacto de la ley 22 en el costo y accesibilidad de la vivienda, con especial atención a las comunidades marginadas, además de mejorar la supervisión, aplicación y auditoría de los decretos de ley 22 y publicar la información requerida sobre las personas beneficiarias del programa.
Más aun, debido a que la ley no ha cumplido su objetivo de mejorar el desarrollo económico de Puerto Rico y, por el contrario, sus repercusiones en las comunidades puertorriqueñas han sido negativas, la Asamblea Legislativa debe abolir el conjunto de Ley 22/60.
