CLARIDAD
Si ya un contrato de alianza público privada -con la experiencia que se ha tenido con los que firma la Autoridad para las Alianzas Públicas Privadas (AP3) son malos, un contrato a tercero es peor, coincidieron en señalar dos entrevistados ante la noticia de que la AP3 dio el visto bueno al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la contratación de “un tercero privado” para la administración del Parque de las Cuevas de Camuy.
La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) licenciada Mariana Nogales Molinelli, reaccionó en tono severo ante la noticia y señaló que en un contrato a tercero, el gobierno pierde el control por completo sobre la facilidad. Aun cuando dio a entender que esa especie de contrato es factible para una tienda de comida o recordatorios, para el manejo del parque y su administración es un error garrafal.
Indicó que lo usual es hacer un contrato a cierto número de años cuando es el manejo de parques y de otras instancias gubernamentales. “Hay unos contratos malísimos como lo es el del aeropuerto, el de los peajes, son demasiados años la privatización de los peajes a Metro Pistas. Ese es el peligro que vaya a ser un contrato que exceda la década para mi cualquier contrato que exceda dos o tres años hay que mirarlo con mucho cuidado”.
“Lo que tenemos que hacer es fortalecer el manejo de la Compañía de Parques Nacionales (CPN), que bien manejada es una mina. Qué ocurre con ese parque en específico es uno de los que más dinero generaba y que muy posible al resto de los parques ayudaba a funcionar”.
Añadió que por lo tanto la APN tiene que ser una administración completa y debería estar fuera del DRNA como una instancia completamente independiente, pero que todavía dentro de Recursos Naturales hay que mantenerla como una instancia completa. Si se segmenta el conjunto de parques nacionales, los estas destinando a su destrucción porque hay unos parques que ayudan a los otros que hacen menos”.
En esa dirección Nogales Molinelli no dudó en denunciar que definitivamente hay un plan por parte del gobierno para des hacerse de todas las instalaciones de la CPN. Recordó que en 2017 el entonces gobernador Ricardo Rosselló, en los asuntos que estableció que entendía como prioritarios estaba el desmantelamiento de la CPN. Eso también fue reseñado por la escritora Naomy Klein en su libro del 2018 (La batalla por el paraíso: Puerto Rico y la batalla del desastre).
“Nos vamos a oponer tenazmente a cualquier intento de privatización”. Para la representante, activista en los temas ambientales lo único que podría evaluarse a su entender y con mucho cuidado es algún acuerdo de manejo con la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, entidad que fue fundamental en la creación del parque y que tiene el peritaje y conocimiento.
En entrevista por separado el licenciado Samuel González, quien fue director de la CPN, coincidió que un contrato a tercero es uno de arrendamiento, peor una APP. Al coincidir que como quiera es una privatización denunció que en este tipo de privatización se toma un bien público y lo alquilas a 90 años es una enajenación. En este caso describió por ejemplo que el inversionista una de las cosas que puede proponer es coger el Parque de las Cavernas y alquilarlo a 40 años porque quiere desarrollar un hotel y esa inversión no se recupera en tres años. De hecho observó que en esa área no hay hotel.
Señaló que, el Parque de las Cavernas de Camuy se cerró después del huracán María y una de las cosas que se ha visto con relación al DRNA es el proceso de liquidación de los parques nacionales con la transferencia a los municipios, la falta de mantenimiento, cierres por la falta de atención y reparación como ocurre en Humacao, Añasco y Guánica. “Lo que se está poniendo en lista mas que un proceso de apps es un desprendimiento de todas esas instalaciones”, denunció.
El licenciado González, también observó que el Parque de las Cuecas era uno auto liquidable y generaba $2 millones al año y el valor añadido era vital para todo el área. Para el licenciado González, la recomendación de un contrato privado sin ninguna participación del gobierno lo que da a entender es que ya se tiene un operador. Contrario a ese interés privado defendió que una de las cosas de su administración es que el concepto de parque nacional era proteger facilidades de alto valor ecológico para su perpetuidad lo que supone una responsabilidad del estado.
Para un contrato a tercero se supone que haya una propuesta “El problema que se tiene es que el País se entera del contrato cuando se firma, qué fin se tiene, para qué se va alquilar esa facilidad, que garantía de protección va a dar el inquilino, qué actividad va a desarrollar, qué impacto va a tener en el área que es altamente protegida, tienen que establecerse esos criterios que busquen la preservación del lugar mas que la explotación económica y el lucro que es lo que pernea los contratos privados. Nadie va a contratar para conservar, sino que va a explotar lo mas posible el recurso. Van a empezar por aumentar el precio de entrada y no solo eso. En toda esa región no hay un hotel no dudo que parte de esto sea desarrollar un hotel”.
