El racismo en Puerto Rico se evidencia en el caso de Canóvanas

 

CLARIDAD

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Un grupo de organizaciones que abordan el tema racial de la negritud, de los derechos civiles y humanos, así como legales y sociales, exigieron a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y a la jueza administradora del Tribunal de Carolina (ATC) que el tribunal actúe con diligencia en el caso de hostigamiento racial que contra la familia de Luis Ramírez Walker, Chanelly Cortés y sus hijas cometen su vecina, Carmen García y su hijo Luis Espinet.

El viernes 17 de febrero, las organizaciones entregaron una carta dirigida al juez administrador de  la OAT, Sigfredo Steidel Figueroa y a la administradora del tribunal de Carolina, Rosa Benítez Álvarez, en la cual exponen la situación de la familia Ramírez Cortés y cuestionan la inacción del tribunal. Las organizaciones  denunciaron que desde hace tres años la familia Ramírez Cortés ha denunciado elocuentemente el patrón de hostigamiento racial por parte de García y su hijo. Incluso, hace unas semanas atrás tuvieron que enfrentar lo que describieron como conducta criminal de Espinet, quien amenazó de muerte a Chanelly.

“El caso de la familia de Canóvanas pone en evidencia todas las manifestaciones de racismo que familias, madres, padres, niñez y juventud experimentan, desde acciones individuales hasta  sistémicas, con la poca atención y urgencia de parte de las instituciones como el Sistema Judicial de Puerto Rico. Poca atención que se ha repetido en este y otros casos que se han destacado  en el pasado”, lee parte de la declaración firmada, entre otras, por el Colectivo Ilé, Amnistía Internacional, capitulo de Puerto Rico y Ayuda Legal Puerto Rico.

Las y los denunciantes destacaron que esta falta de atención se da en un contexto de aumento significativo de la violencia antinegra en Puerto Rico que desplaza a las comunidades negras y empobrecidas, impulsada por el Estado y su política pública. “La falta de acción por parte de las autoridades correspondientes para garantizar la tranquilidad de esta familia es, en sí misma, una posición institucional donde las vidas, seguridad y salud emocional de esta familia es puesta en un segundo plano.”

Además de las ya mencionadas, participaron en la denuncia la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud (RDNJ), la Revista Étnica y  el Colectivo Feminista en Construcción.

El grupo expresó que no existe razón para que la orden del tribunal de cese y desista emitida por el tribunal contra la vecina sea letra muerta, como ha sucedido tantas otras veces en detrimento de comunidades negras y empobrecidas.

Ante  la situación, las organizaciones exigieron que el tribunal actúe con diligencia para detener la conducta criminal y de hostigamiento racial de Luis Espinet y la señora Carmen García, que se haga cumplir la orden de cese y desista, que el ángulo racial no sea obviado en este ni en ningún otro caso y que los tribunales de justicia aborden su desconocimiento o inconsistencia racial con diligencia y formalidad.

También entrevistado por CLARIDAD, el director ejecutivo de ACLU,  licenciado William Ramírez, manifestó que a tres años de haberse emitido una orden de cese y desista, el que  tribunal no la haya hecho cumplir se debe a que que tanto en este caso, como en general en Puerto Rico, se niega que hay racismo.

“La situación de racismo no es un problema de condición humana, uno no nace racista. Primero, hay que aceptar que uno puede ser racista para hacer todo lo necesario para desaprender a ser racista”.  De manera enfática el experto en Derechos Civiles acusó que el sistema judicial en Puerto Rico no es la excepción y que hay  jueces  que también le sacan el cuerpo a un problema de racismo. Cuando se presenta un caso como este, lo miran y lo analizan como una disputa vecinal.

“Eso es un problema de racismo que está impactando los derechos civiles de esa familia a vivir tranquila en su vivienda y en su comunidad”, insistió, y añadió que en Puerto Rico no existe un mecanismo para llevar casos de racismo a los tribunales.

En esa dirección, refutó declaraciones públicas del licenciado Michael Corona, el representante legal  de Luis Espinet, de que en el caso se había llegado a unos acuerdos que no se cumplieron. “¿Qué acuerdo puede haber en un caso donde los actos son actos terroristas contra unas personas de una comunidad, que son negras? Porque todos esos actos cometidos por la señora Carmen García son actos de terrorismo. El terrorismo va dirigido a infligir en esa persona temor a estar en la comunidad, de que puede ser agredido, de  que puede perder la vida, además de la indignidad que supone vivir en una comunidad que están todo el tiempo estrujándote en la cara que tú eres un negro, feo, sucio. ¿Qué acuerdo puede haber en una disputa racial donde eso esté ocurriendo?, ¿qué va a detener esa conducta, vamos a llegar a este acuerdo yo voy  a dejar de chavar  si tú dejas de ser negro? Eso no va a ocurrir”.

Además, trajo a la atención el detalle de que entre las exposiciones de carteles y muñecos ofensivos contra la familia de Ramírez Walker y Cortés, hay un muñeco del tamaño de una persona con la vestimenta del Ku Klux Klan, organización considerada como una organización terrorista en EE. UU.

Una vez más, el director ejecutivo de ACLU reiteró que el caso es uno de racismo y no se debe desviar su trato a que es uno de disputa vecinal. Igual rechazó el argumento de que  García sea una persona adulta mayor que no esté en sus facultades, dado a que una persona por el hecho de ser adulta mayor no quiere decir que no sea racista.  Más aun, destacó que la persona que ha amenazado con arma a la familia y le da seguimiento a la conducta racista de la señora García es su hijo Espinet, quien es doctor, e incluso que ese es el caso  que se está viendo ahora mismo en el tribunal.

Ante  la falta de acción proactiva tanto del Gobierno de Puerto Rico como del Gobierno federal en Puerto Rico, Ramírez, dijo que ACLU se propone presentar ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos una denuncia formal semejante a la que se presentó respecto a la Policía de Puerto Rico.

 

 

 

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