Especial para CLARIDAD
En días recientes salió a relucir una información que divulga la fiscal Bethzaida Quiñones mediante la cual esta alego que Olga Castellón, quien se desempeñaba como jefa de los Fiscales bajo la tutela de la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Lcda. Wanda Vázquez Garced, le había ordenado paralizar la investigación que aquella llevaba a cabo en torno al asesinato de un joven que respondía al nombre de Kevin. Fret. Fret se desenvolvía en el ambiente del género musical del trap y, además, era muy conocido en la comunidad LQBTTQI+. Dicho asesinato ocurrió en el sector de Villa Palmeras en Santurce en el mes de enero de 2019, cuando este transitaba en una motora por el lugar. Además de la fama de la que gozaba Fret en determinados círculos, el caso tomó una gran relevancia por cuanto, se supo, posteriormente, que Fret estaba extorsionando al cantante del género de regaetton Ozuna, por este haber participado, alegadamente, en unos vídeos de alto contenido sexual, los cuales amenazó con divulgar a no ser que se le entregara una suma considerable de dinero, suma que se dice Ozuna ya estaba satisfaciendo. Los hechos de extorsión se tornaron particularmente relevantes luego del asesinato y, lógicamente, se consideraban una motivación para darle muerte al trapero.
La fiscal Quiñones se dio a la tarea de comenzar la investigación que condujera al esclarecimiento de una muerte que, aparentaba ser, por encargo. Para sorpresa de muchos, más de dos años más tarde de dicho asesinato, salen a relucir las denuncias de la fiscal Quiñones que sacudieron los cimientos del Departamento de Justicia, una agencia desprestigiada a lo largo de los años y ya venida a menos, en gran medida por la indolencia en casos de alto perfil, su inacción en procesar casos de corrupción, por su falta de profesionalismo en el manejo de los casos y por la politiquería que parecería orientar su trayectoria. Una vez surgen las denuncias de la fiscal Quiñones, el país comenzó a atar cabos, resaltándose el hecho de que la orden de paralización ocurrió mientras la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, fungía como secretaria del Departamento. El cuestionado historial de Vázquez Garced como secretaria de la agencia, así como cuando fue gobernadora, provocó muchas teorías, ninguna de las cuales apuntaba a su ignorancia de los hechos. Para colmo de males, en una entrevista televisiva, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, exoneró a la Lcda. Vázquez Garced inhabilitando, de inmediato, a su agencia de llevar a cabo investigación alguna sobre el particular. Pocos días después refirió el asunto para ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, otro organismo que ha sido objeto de serias críticas en su desempeño y hasta de reclamos de cierre.
Otro dato en relevante para la alegada orden de paralización resultó ser el vínculo de Ozuna con figuras de alto relieve en el gobierno del entonces gobernador, Ricardo Rosello, revelándose una serie de fotografías, en las que aquel participaba de una actividad privada en la Fortaleza.
Como parte de sus denuncias, la fiscal Quiñones adujo, además, que la investigación sobre la muerte del Lcdo. Carlos Cotto Cartagena, quien cayó de un edificio en el sector de Miramar en Santurce allá para el mes de septiembre de 2018, también había sido detenida. Estos hechos, resultaron particularmente notorios, ya que se decía que el Lcdo. Cotto Cartagena habría de declarar como testigo de defensa en el juicio por asesinato que se seguía contra Aurea Vázquez Rijos, por la muerte de su entonces esposo, Adam Anhang, acaecida en el Viejo San Juan en el año 2005. La Sra. Vázquez alegó, en todo momento, que el Lcdo. Cotto Cartagena había sido asesinado, lo que levantó un mar de especulaciones, que continúan al día de hoy.
Estas denuncias se suscitan en el momento en que el País, está decididamente decepcionado con las ejecutorias del Departamento de Justicia, máxime cuando el Departamento de Justicia federal y su brazo investigativo, el Buró Federal de Investigaciones, se ha dado a la tarea de investigar, arrestar y procesar a decenas de funcionarios públicos por delitos de corrupción. Mientras observamos el desfile de exlegisladores que organizaron vulgares esquemas de “kick backs”, alcaldes y exalcaldes rojos y azules, que se dedicaron a enriquecerse en complicidad con empresas privadas a quienes beneficiaron con contratos, siendo procesados por la fiscalía federal, el Departamento de Justicia arrastra los pies, mira para el lado y se hunde en el mar de la mediocridad y la desidia.
En estos últimos dos años, nada ha cambiado, ello a pesar de las reiteradas promesas y representaciones que ha hecho al país el actual secretario, Domingo Emanuelli. Están frescas en nuestra memoria sus advertencias de que encaminaría procesos penales contra aquellos que ocupan ilegalmente el área de Bahía de Jobos en Salinas, donde se ha llevado a cabo uno de los mayores crímenes ambientales en el país. Al denunciarse estos hechos sin precedente, se denunció no sólo la destrucción del mangle que allí habita sino el otorgamiento de permisos ilegales y/o fraudulentos por agencias gubernamentales, lo que permitió la ocupación, invasión y la construcción ilegal de estructuras en el lugar. Al día de hoy el Departamento de Justicia se ha cruzado de brazos, contribuyendo a la impunidad de hechos flagrantemente ilegales y al desprestigio de una institución que presume de formar parte de un “país de ley y orden”.
Para añadir insulto a la injuria, han proliferado las violaciones a los derechos civiles de ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas de parte de la policía de Puerto Rico, durante las cuales se violenta, abiertamente, el derecho a la expresión y a la protesta, siendo sometidos los(as) manifestantes a ataques y arrestos, a todas luces, ilegales. En casos muchos más trágicos, varios jóvenes han perdido sus vidas tras la persecución de la policía que la emprende a balazos contra ellos, inmisericordemente y en franco menosprecio del derecho a la vida que están llamados a proteger. El caso particular de Javier Cordero Nevárez ha sido motivo de enorme preocupación. Este joven, de solo 16 años, murió luego de recibir cerca de 15 balazos a manos de agentes de la Uniformada que intentaban intervenir porque conducía una guagua supuestamente hurtada. El joven estaba desarmado. En el área se recuperaron 60 casquillos de armas de fuego, todos pertenecientes a armas que portaba la Policía de Puerto Rico. Transcurridos varios meses de una muerte sumamente sospechosa, con todos los visos de configurar un asesinato llevando a cabo por la policía, el Departamento de Justicia, responsable de procesar los delitos, se mantiene sordo y mudo, abonando al clima de desconfianza que el pueblo confiesa tener en una institucionalidad que enfrenta hoy su mayor bancarrota moral.
La autora Presidenta Movimiento Unión Soberanista (MUS)
