CLARIDAD
Vecinos de Bayamón expusieron su rechazo a la operación de la asfaltera BD Asphalt, ubicada en la falda del mogote Santa Ana y el Parque Monagas, y denunciaron que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) mantiene un carácter encubridor en favor de negocios que dañan el ambiente mientras el Municipio de Bayamón está ejecutando procesos de expropiación sin ninguna consulta u orientación previa.
Organizados en la Asamblea de Pueblo de Bayamón (APB), en días recientes el grupo de residentes volvió a manifestarse frente a las instalaciones de la BD Asphalt. Según denunciaron, las comunidades se han estado quejando de olores raros en áreas circundantes hasta a más de una milla de la asfaltera. En las comunidades más cercanas se ha percibido residuos de particulado en los techos, carros y ventanas, nunca antes reportados.
En entrevista con este medio, Ricardo Santos Ortiz, miembro de la APB, denunció que luego de esperar por meses a que la OGP les entregue copia completa del expediente de la asfaltera, se proponían presentar un recurso de Mandamus a esos efectos. Explicó que el expediente es necesario para iniciar alguna acción legal dirigida a solicitar el cierre de la asfaltera, la cual opera en violación a varias leyes ambientales. Denunció que la asfaltera está operando en horas de la noche, cuando su permiso es de seis de la mañana a seis de la tarde. Apuntó a que la OGP nunca ha dado ninguna razón para no entregar el expediente.
La asfaltera, expropiaciones y desplazamiento
El licenciado Santos Ortiz expuso que en el último año, cuando la APB comenzó a denunciar que se estaba construyendo la asfaltera en Bayamón, muchos sectores se les han ido acercando para informales que habían comenzado a ver un movimiento notable por parte del Municipio de Bayamón y el Gobierno central de promover distintos tipos de expropiaciones. En particular, reveló que el Gobierno ha comenzado a enviar cartas de expropiación a residentes de sectores del Cortijo y otros barrios en Bayamón, para dar paso a la supuesta extensión de la carretera 5. “Esto sin que se haya dado una discusión amplia en la comunidad para entender cuál es el objetivo. Según la carta, la intención es solo extender la carretera 5 y llevarla lo más cerca hacia Toa Alta”.
Otro caso de expropiación, dijo, fue uno ejecutado por el Municipio, de un local salón de actividades justo al pie de la plaza de recreo. “El salón de actividades estaba funcionado lo más bien, los dueños acababan de comprar el edificio. El Municipio les dio una carta de expropiación dizque para hacer una Junta de Inscripción Permanente, cuando justo al lado, pared con pared, ya hay una JIP más o menos con las mismas dimensiones que su edificio. Y, obvio, para la expropiación les están ofreciendo una cantidad que no compensa la inversión que ellos hicieron”.
Santos Ortiz señaló que en el pueblo hay disponibles otros edificios del Gobierno, incluso escuelas públicas cerradas. “Expropiar un edificio cuya operación tenía tanta vida y tangencia para la gente de Bayamón y sus actividades, justo frente a la iglesia, al teatro. Tenía décadas de uso”, lamentó.
Tanto para la asfaltera como para las expropiaciones no ha habido ningún tipo de consulta a las comunidades. LPor su parte, la asfaltera alega que la calificación de la zona industrial no requiere consulta. “Pero todo lo contrario, cuando es una asfaltera, tiene que haber consulta. Se especifica en el Reglamento Conjunto que tiene que haber consulta porque es una operación que tiene un riesgo mucho mayor”, precisó el miembro de la Asamblea de Pueblo.
Santos Ortiz explicó que “al ir haciendo un análisis más integral, vemos cómo también con esta asfaltera que ya está funcionando, los vecinos se están quejando por los olores, de que las casas y las ventanas se quedan con residuos de polvo color amarillento, así como los techos y los carros, y que la gente que tiene problemas de salud está ya evaluando la necesidad de tener que irse. Vemos que eso es parte de un proceso donde se da un desplazamiento involuntario de las comunidades aledañas”.
Mientras, ante las denuncias de la comunidad, el alcalde Ramón Luis Rivera se mantuvo en silencio y fue necesario hacerle varios piquetes para que se pronunciara. Su primera reacción fue limitarse a decir que no sabía nada, que era un asunto que se corría por los procedimientos administrativos y que iba a ver que todo esté bien. Posteriormente, declaró que todo había corrido de manera ordenada. “Se ha limpiado las manos de todo el proceso”.
