CLARIDAD
En exclusiva con CLARIDAD, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos conversó sobre el sistema de salud del país
La crisis de salud en Puerto Rico se agudiza: hospitales continúan con finanzas inestables, salas de emergencia llenas, cambios administrativos y cierres totales. Además, el sistema enfrenta la posibilidad de recortes en fondos federales, que amenaza a alrededor de 1.5 millones de asegurados del Plan Vital; y la fuga de médicos parece no hallar alivio, de acuerdo con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Dr. Carlos Díaz Vélez.
En entrevista telefónica con CLARIDAD, el galeno repasó algunos de los factores que inciden en el estado del sistema de salud, como la falta de adaptabilidad local para cambios de política pública, disparidad en subsidios federales o la inexistencia de incentivos en la práctica médica.
“La política del Gobierno es no mirar la salud como un servicio, sino como un negocio y una herramienta para obtener votos, dinero de las aseguradoras y los intereses económicos. Cuando financian sus campañas y llegan al poder, les deben favores a estas aseguradoras y las cosas no ocurren. Nadie le pone el cascabel al gato”, expresó el cardiólogo vía telefónica.
Igualmente, Díaz Vélez identificó esta problemática de las empresas aseguradoras como el denominador común en muchas de las crisis de salud. Los hospitales, por ejemplo, no han podido acoplarse a los cambios tecnológicos o los aumentos salariales establecidos porque ingresan menos fondos por paciente que un centro médico de los Estados Unidos (EE UU), una inequidad del Medicaid reflejada en las arcas del Plan Vital y otros seguros de salud locales.
“Los hospitales no han podido ajustarse a esos cambios nuevos, que son caros, porque tienen un presupuesto del Gobierno federal menor al que reciben otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Eso ha complicado el panorama de los hospitales en Puerto Rico. Desestabiliza la práctica de los médicos, el cuidado del paciente, llena las salas de emergencia y complica el sistema”, adujo.
Por igual, el doctor advirtió que tres cuartas partes (76%) del Plan Vital del Gobierno dependen del Medicaid, una partida que se ve amenazada por el “Big, Beautiful Bill” de Donald Trump. La amenaza, contó el presidente del CMCPR, está en que más de mil millones de dólares recurrentes pudieran dejar de circular, antes del 2027, en el sistema de salud de Puerto Rico, agravando la crisis hospitalaria. Esta realidad se suma a la cuarta parte de asignaciones congresionales que Puerto Rico ya recibe por paciente, a diferencia de los estados.
“También, se nos siguen yendo los médicos. Por las condiciones tan difíciles para trabajar, por el ingreso menor que reciben en comparación con los Estados Unidos, más las condiciones de trabajo difíciles comparado con otras jurisdicciones. Y no se activa una política de exención contributiva, o algún incentivo, para la clase médica que se entrena en Puerto Rico. El éxodo de médicos ha aumentado y se espera que, para el 2030, el 50% de los especialistas en Puerto Rico se retiren”, agregó Díaz Vélez.
Respecto a este último punto, el experto en temas de salud reconoció que el Proyecto del Senado (PS) 15 es un intento de retener médicos en el país, pero reparó en que se limita a ciertos sectores de la medicina que trabajan en hospitales. En ese sentido, el galeno comentó estar negociando para que se amplíe el incentivo. De igual forma, Díaz Vélez encontró “práctico” el PS 508 que propone eliminar el requisito de premédica para solicitar la reválida.
“Realmente, lo que está permitiendo es que médicos graduados, con su certificado de la escuela de medicina, que ya son especialistas, vengan a Puerto Rico sin tener que buscar ese requerimiento de la ley local de que tiene que tener premédica. Mira, si ya son médicos, ya están graduados y trabajando, ¿por qué tienen que buscar más papeles? Vamos a hacerles la vida más fácil”, argumentó el doctor.
Por eso, Díaz Vélez reiteró la inacción por parte de las aseguradoras y cómo maniatan a la clase política, causando atrasos en el quehacer médico, abaratamiento de servicios, crisis financieras en los centros hospitalarios. “Nadie le pone el cascabel”, repitió.
“Todo se habla, se habla, se habla, pero se queda en comités, en grupos de trabajo. Entonces eso da la impresión de que se está haciendo algo, pero no se está haciendo nada. Y yo no estoy en contra de las aseguradoras, porque yo facturo, pero tengo que decir que estamos en una crisis y veo que nadie (del gobierno) actúa. Todos los médicos están molestos, las enfermeras están molestas, las farmacias están molestas, todos los proveedores están molestos y todos dicen que son las aseguradoras”, aseveró el líder gremial.
Iniciativas para contrarrestar las crisis
A preguntas de este medio, el Dr. Díaz Vélez afirmó ser “provacuna” por la efectividad que históricamente han probado en la mitigación de plagas, la eliminación de enfermedades y en el rescate de miles de vida. La vacuna del COVID-19, durante la pandemia que provocó, no es una excepción de ese testimonio. No obstante, el presidente del CMCPR salvó que existen cuestionamientos sobre los efectos a largo plazo de la inoculación, por lo que entendió algunas preocupaciones que respaldan la determinación de Robert F. Kennedy, secretario de Salud de EE UU.
“Sobre el COVID, hay unos cuestionamientos por la prisa en que se creó. Las vacunas normalmente toman años, hasta cinco o seis años, para luego salir al mercado. El COVID, debido a la emergencia, no pasó por todos esos filtros. Y fue efectiva, salvó muchas vidas, pero aún hay terreno para investigar. Creo que es razonable que algunas poblaciones vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas, paren de vacunarse hasta que se investigue más profundamente”, opinó el cardiólogo.
Asimismo, el médico distinguió los métodos de producción de vacuna clásica con los de mRNA, un método lanzado por primera vez durante la crisis mundial. Para Díaz Vélez, la disminución de casos y muertes abre espacio para que se confirme si, en efecto, este método resulta seguro para la ciudadanía. “Si este es el modelo del futuro, pues excelente, pero que esté basado en datos que den tranquilidad y certeza”, sostuvo.
Por otro lado, el galeno aseguró que la política pública de la administración Trump sí ha generado incertidumbre y miedo en la comunidad migrante que reside en Puerto Rico. Por ejemplo, pacientes que no acuden a la farmacia para buscar sus recetas de medicina, a citas de seguimiento e incluso a procedimientos médicos. En aras de apoyar a este sector demográfico, el CMCPR y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) establecieron una alianza en febrero pasado.
“ACLU nos orientó y nosotros hemos comunicado a la comunidad médica cómo proceder si un agente federal pasa por sus facilidades, cómo se atienden según el protocolo, cómo intervenir con estos oficiales sin crear histeria en laboratorios, consultorios u oficinas, y qué cosas tienen que exigir. Eso nos da un poco de tranquilidad porque educamos a los médicos”, compartió Díaz Vélez.
Del mismo modo, el CMCPR se reunió con la directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico, Rebecca González Ramos. Con ella, elaboró Díaz Vélez, intentaron acordar que no pudieran realizar redadas en lugares relacionados con el servicio médico, entiéndase: farmacias, consultorios, centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), laboratorios y otra serie más. De acuerdo con el doctor, la agencia federal ha respetado, hasta ahora, esa exigencia.
“También, hemos recibido 25 llamadas (de pacientes), de las cuales siete se han atendido en sus casas. Médicos han ido a sus casas a darles muestras, tomarles la presión, la azúcar, para ayudarlos. Porque hay un temor razonable en la comunidad, pero nosotros les pedimos que no tengan miedo. Los inmigrantes son seres humanos y hay que atenderlos”, acotó el líder de la colectividad gremial.
