CLARIDAD
La pieza, de la autoría de Joanne Rodríguez Veve, es el más reciente intento de la legisladora por limitar el derecho a la terminación de un embarazo.
A espaldas del pueblo, el Senado de Puerto Rico aprobó, el pasado 17 de junio, el PS 495, una medida que impone varias condiciones al proceso de aborto a jóvenes embarazadas de menos de 15 años. Según la pieza, las personas encintas de esta edad tendrían que ir acompañadas por algún padre o tutor, quien debe autorizar el procedimiento. Un requisito que, aparte de violentar la intimidad de la joven, no garantiza protección alguna, de acuerdo con Aborto Libre Puerto Rico, coalición que defiende este derecho.
“¡Requerir el consentimiento parental NO es una medida de prevención de abuso sexual o incesto! Utilizar como lanza política un evento traumático para adelantar caprichos y agendas es revictimizante y conlleva que las jóvenes tengan que recurrir a abortos inseguros o a la maternidad forzada”, denunció la colectividad Aborto Libre.
La medida en cuestión fue aprobada “por descargue”. Es decir, que la pieza no pasó por las manos de una comisión y llegó directamente a la asamblea legislativa para votación. Obtuvo 19 votos a favor, seis en contra y una abstención. Busca, también, alterar la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte, del año 1980, caso que no circunscribe este derecho con aditamentos algunos.
En julio de 2023, la medida pasó por vistas públicas, pero no pudo ser discutida en ellas por la cantidad de enmiendas significativas que sufrió. “Una afrenta a la democracia”, según la licenciada Alondra Hernández Quiñones, de Aborto Libre.
“[Están] utilizando supuestos procesos democráticos del país para adelantar unas agendas que excluyen y regalan muerte a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son las jóvenes que pueden estar siendo agredidas sexualmente”, sostuvo Hernández Quiñones en entrevista telefónica con CLARIDAD.
En esa línea, la abogada feminista alertó, también, de que el Proyecto Dignidad (PD) ha sido un detractor en nombrar y definir claramente las métricas de la emergencia por violencia de género. A juicio de Hernández Quiñones, “no tienen la capacidad para reconocer la violencia de género como un problema social real”.
Entre los años 2017 y 2020, 68 jóvenes menores de 15 años continuaron con su embarazo. En la demografía de 15-19 años, 7,982 jóvenes completaron la gestación, de acuerdo con el Informe Anual de Estadísticas. En otras palabras, señala Hernández Quiñones, las personas gestantes casi siempre deciden no abortar.
“El problema de la violencia sexual en Puerto Rico no se va a atajar limitando un servicio de salud esencial, reconocido por todos los organismos internacionales multilaterales, como es el aborto. Se ataja con educación sexual integral, fortaleciendo al Departamento de la Familia, de Educación y otras instituciones”, aseguró la también abogada internacionalista.
Además, Hernández Quiñones destacó la educación con perspectiva de género como otro paso que consuena con la política en contra de la violencia sexual. Un paso que ha sido “demonizado por el seudopartido” que representa Proyecto Dignidad, el partido que más ha intentado aminorar los derechos de intimidad de esta demografía.
Como portavoz de estas afrentas, la senadora Joanne Rodríguez Veve se encargó de redactar y presentar las particularidades — a veces confusas— del PS 495, compartió la licenciada Hernández Quiñones. Por ejemplo, la medida propone que, en caso de que el embarazo resulte de una violación, el servicio no se le niegue a la víctima de agresión sexual, siempre que la clínica de aborto asuma custodia [¿de la víctima?] inmediata.
“El problema, realmente, con esto es que hace más inaccesible el derecho al aborto. Primero, que estás imponiendo a las víctimas a hablar cuando a la senadora le dé la gana, cuando sabemos que las víctimas hablan y denuncian cuando estén listas. Eso no le corresponde al Estado”, tronó Hernández Quiñones contra la medida.
En lugar de obligar a las clínicas a responder, el Estado, además de disponer de los recursos, es quien debe activar al Departamento de Educación, de la Familia y a los espacios que son primeros respondedores y tienen contacto constante con menores de edad, recordó Hernández Quiñones. “Realmente delata que la extensión legislativa es coartar el servicio al aborto”, aseveró la abogada.
Dignidad y su proyecto
Como abogada y feminista, Hernández Quiñones puntualizó que la gestión de Proyecto Dignidad en este cuatrienio se ha “estrenado a la usanza” de los países conservadores de Occidente, como Italia o Argentina.
“Es vergonzoso que toda su gestión política sea en contra de minorías históricamente marginadas, para no proteger a los trabajadores, que somos la mayoría que habitamos este país”, precisó la abogada feminista. Más vergonzoso, añadió, resultan los comentarios de Rodríguez Veve, como cuando expresó que “un aborto no desviola”.
Otra manifestación de las posturas radicales derechistas de PD es la manera en que elogian las figuras de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y de Javier Milei, presidente de Argentina. Ambas figuras fueron celebradas por Rodríguez Veve durante un turno en el hemiciclo. Para Hernández, todo es una muestra de un movimiento negligente que con los años ha ganada terreno con el sector fundamentalista del país mediante la “manipulación ideológica”
“Son personas abiertamente antiderechos. Ella [Rodríguez Veve] es una persona que, si pudiese desaparecer la mitad del país, lo hace. Y lo está haciendo con sus políticas y sus intentos legislativos”, concluyó Hernández Quiñones.
