Por Luis Pedraza Leduc

Especial para CLARIDAD

Acuerdos entre el gobierno, los bonistas y la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda que resultan onerosos para el pueblo y en beneficio a los bonistas, amenazas de recortar, reducir o eliminar pensiones a jubilados y empleados activos, una mal llamada reforma laboral que favorece a patronos privados y empobrece a los empleados del sector privado con derechos limitados a los dispuestos por ley, recortes a servicios esenciales en educación y la salud, aumentos a la matrícula de la UPR, anuncios de despidos a los empleados municipales, aumentos en las tarifas de energía, agua, peajes y costo de vida, propuestas de privatización y las denuncias sobre corrupción en las altas esferas de gobierno es el cuadro que precede a otra celebración del 1ro de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Podemos continuar enumerando la lista de atentados directos en contra de nuestro derecho a vivir una vida digna, libre de prejuicios discrimen y persecución. Lo importante es reconocer que esta afrenta en contra de nosotros, el pueblo, es la consecuencia de una estructura política y económica de carácter imperialista que está dirigida a la acumulación de riquezas para unos pocos. El tema de la deuda y las políticas de austeridad es un problema político por razón de ser una colonia, pero a su vez, ocurre porque la deuda es un mecanismo más de explotación del capitalismo.
Mientras en otros países, la fecha es celebrada y conmemorada para recordar las luchas y reafirmaciones de la clase trabajadora, en Puerto Rico la fecha es de resistencia y denuncia de las políticas de austeridad, privatización y control político de la colonia. Llevamos tres años de movilización en contra de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Luchamos desde hace décadas contra la eliminación de derechos y beneficios negociados mediante leyes anti obreras aprobadas por los dos partidos que han gobernado. Enfrentamos la propuesta neoliberal de una clase patronal que las representa el gobierno, las organizaciones de patronos, los abogados de corporaciones y los dueños de los medios de comunicación, entre otros.

El 1ro de Mayo de 2019 no es diferente. Será una jornada de lucha contra los representantes del capital en la empresa privada y el gobierno. Estaremos durante el mes de abril en múltiples actividades de protesta pero también educativas. Sobre todo, porque después del 1ro de Mayo la lucha continúa.

De mayo a junio se estará discutiendo la propuesta de la Junta, el gobierno y los bonistas para pagar las llamadas obligaciones generales de la deuda. Ya la propia Junta reconoce que $6,000 millones de la deuda contraída desde el 2012 al presente es ilegal. La pregunta obligada es, ¿y la deuda de antes del 2012, es legal o es ilegal? Esta discusión de la deuda y los acuerdos para pagarla nos llevara ante el tribunal federal donde los empleados públicos y pensionados deberán emitir un voto sobre el acuerdo que los bonistas, la Junta y el gobierno proponen para pagar la deuda.

Los trabajadores y los pensionados no tenemos que pagarles la deuda a otros. Los trabajadores y los pensionados no debemos recortar nuestros salarios o pensiones para pagarles a los bonistas una deuda que establecieron otros. Estos acuerdos, al igual que el acuerdo de COFINA nos afecta a todos y todas. A estudiantes, trabajadores de empresa privada, mujeres, envejecientes, pequeños y medianos comerciantes, a todos los que dependemos de un ingreso para vivir mes a mes, o día a día. Es comprometer el futuro de tres generaciones o más. 

El 1ro de mayo, marcharemos todos y todas hacia la Milla de Oro para denunciar la farsa de la deuda. Exigiremos derecho a una Educación Pública y Servicios de Salud. Defenderemos nuestras Pensiones, el Trabajo Digno para todos y todas. Los Derechos Humanos están en riesgo ante las políticas de austeridad. Por todas estas demandas, en defensa de nuestra Vida, marcharemos.

Por Josefina Pantoja Oquendo

Especial para CLARIDAD

El refranero popular sirve una vez más para decir en forma concisa lo que pasa en Puerto Rico. En esta ocasión sobre el activismo asfixiante de los sectores religiosos que prácticamente duermen en los pasillos de la “Casa de las Leyes” ejerciendo presión para que prevalezcan sus posturas. De ese espacio que alberga la rama legislativa del gobierno deben surgir medidas que promuevan el bienestar del Pueblo y que atiendan sus reclamos; no que atenten contra el bienestar colectivo. Los fundamentalistas de distintas iglesias y organizaciones afines a sus doctrinas, han pasado factura por los votos que le dieron al partido gobernante en las elecciones de 2016. Son dos los proyectos que han sido blancos constantes de su acción: el 950, propuesto en el Senado por la legisladora Nayda Venegas Brown para restringir el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos, incluyendo la de poner fin a un embarazo no deseado y el de la reforma del Código Civil que data del 1930 y que rige aspectos fundamentales de nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la disposición de lo que dejamos cuando fallecemos. Hay un vínculo entre ellos pues del proyecto del Código Civil son las disposiciones relacionadas con cuando se es persona las que están bajo la lupa de la plaga fundamentalista. Las fuerzas reaccionarias típicas de las sociedades patriarcales en Puerto Rico y en todas partes del mundo han pretendido siempre controlar los cuerpos de las mujeres, su salud sexual y reproductiva como una forma de mantener el poder. Quieren imponer a todo el mundo su creencia de que la vida comienza con la fecundación y no cuando se respira, una vez ocurre el parto o la cesárea, que dicho sea de paso tan frecuentes e innecesarias son en nuestro país. Por ello han puesto tanto empeño en cambiar la definición de persona en el proyecto del Código Civil, la misma razón por la que han propuesto restricciones a disposiciones que viabilizan la maternidad subrogada y a otras que viabilizan el desarrollo de la ciencia.

La gestión para enmendar el Código Civil comenzó muchos años atrás con una comisión especial cuya presidencia se rotaba entre Cámara y Senado. Se contrataron personas especializadas en distintos campos del Derecho y de otras disciplinas debido a la envergadura gestión. Por razones probablemente partidistas y por tratarse de un asunto que debería trabajarse más por consenso que por imposición mayoritaria, la discusión y aprobación de la legislación no se culminó. Es innegable la necesidad de actualizar el Código al siglo XXI, pero la responsabilidad de conducir el proceso recayó en la Lic. María Milagros Charbonier, quien no se ha destacado en la vida por ser una abogada civilista, pero sí una activista de los sectores fundamentalistas para quienes los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTQI no están en su agenda a menos que sea para restringirlos

La participación en el proceso de vistas públicas de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos, gremios de profesionales, de la academia, entidades religiosas no fundamentalistas, lograron frenar propuestas retrógadas, algunas de las cuales victimizaban a las mujeres y eran más restrictivas que las del Código actual. Sin 

embargo, la intención de garantizarle derechos al feto como persona nacida han permanecido. El proyecto 950 fue aprobado en el Senado, luego de haber pasado por la Comisión de Asuntos federales que tiene bajo su control el presidente, Rivera Schatz. Tuvo enmiendas gracias al trabajo realizado por la Mesa de Aborto, constituida por múltiples organizaciones y por otros sectores. Sin embargo, le impuso restricciones a las menores de 18 años para tomar decisiones sobre la terminación de un embarazo no deseado obligándola a contar con la autorización de las personas encargadas de ellas, aunque la preñez sea el resultado de una violación de esa persona encargada, o acudir al Tribunal para que el estado lo autorice. Esto resulta en un complicado proceso que muy pocas podrán utilizar. Además, impone más requisitos a las pocas clínicas privadas que existen en el país en las cuales se hacen abortos, aunque ya están suficientemente reguladas por el Departamento de Salud. La propuesta legislación se aprobó primero en el Senado y luego en la Cámara. Sin embargo el gobernador lo vetó expresamente por considerarlo inconstitucional y violatorio de los derechos de las mujeres. Los fundamentalistas lo demonizaron y pusieron sus casetas de campaña en la Cámara para que los representantes le pasaran por encima al veto de Fortaleza, lo que lograron,

Ahora, el presidente del Senado está en búsqueda del voto que le falta para que el Senado desafíe también al gobernador. Se ha jactado de que no tiene prisa y de que eventualmente lo logrará. En cuanto al Código Civil que la Cámara aprobó en votación partidista hace algunas semanas y estaba pendiente de que el otro cuerpo iniciara vistas públicas, recientemente tuvo lugar una extraña movida, que rara vez ocurre en el escenario legislativo. El presidente de la Cámara que como recordarán mezcla sus funciones con ayunos de fe para lograr la solución de problemas del país, solicitó al Senado la devolución del Proyecto para actuar nuevamente sobre él y Rivera Schatz lo autorizó. De nuevo la presión de la rabiosa derecha fundamentalista fue efectiva. Varias enmiendas fueron añadidas al proyecto. Con prisa inusitada y sin transparencia alguna fueron llevadas a votación casi al mismo tiempo que se presentaron en el hemiciclo. Para sorpresa de nadie, las nuevas propuestas tienen el propósito de ampliar las posibilidades de que se le reconozcan derechos al feto, los cuales podrían ser reclamados por otras personas en oposición al derecho a la intimidad de las mujeres que a su vez protege el de tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Para ello introdujeron un artículo llamado “Los Derechos Esenciales”. 

Otras enmiendas favorecen a las iglesias otorgándoles prácticamente carta blanca para que no tengan que rendir cuentas. Ciertamente no tendrían que hacerlo con relación a sus creencias, dogmas y reglas internas, pero muchas de estas instituciones son patronos, tienen negocios, se benefician de exenciones contributivas del estado, reciben fondos públicos y en esos aspectos no pueden campear por sus respetos como no pueden hacerlo otras entidades privadas. 

Quedamos a la expectativa de lo que ocurrirá con todo esto en el Senado. Coloca en grave riesgo nuestros derechos humanos la alianza existente entre políticos inescrupulosos y cabilderos que desde los púlpitos quieren imponer sus ideologías y criterios sobre toda la población, pisoteando el estado laico y borrando toda línea de separación entre la iglesia y el estado. Desde las organizaciones de mujeres, de las que reivindican a la comunidad LGBTTQI, de las que luchan por una sociedad en la que prevalezca la equidad, el respeto y la valorización de la diversidad, tenemos que resistir ese mazo que desde hipócritas discursos de fe quieren convertirnos en un pueblo de exclusión, discrimen y prejuicio.