A veces las excusas son tan burdas que llegan al ridículo, pero casi siempre Estados Unidos ha precisado de una para amparar sus agresiones militares a otros países. Aunque saben que nadie se las cree, y que el único objetivo siempre ha sido derrocar un gobierno considerado hostil para imponer otro fiel a mandatos e inversiones, siempre consideran necesario buscar una excusa que suene “democrática” o “humanitaria”.

En 1983 invadieron a la caribeña Granada para “proteger” a estadounidenses que estudiaban medicina en una universidad de la pequeña isla y “de paso”, liquidaron al gobierno que allí estaba e impusieron el suyo. Seis años después invadieron Panamá para detener a su presidente de facto y llevárselo para Estados Unidos, eliminando, también “de paso”, cualquier amenaza a sus intereses en la zona canalera. Décadas antes habían hecho lo mismo en Guatemala (1953) y República Dominicana (1965) para, en ambos casos, derrocar gobiernos que habían llegado al poder mediante elecciones democráticas.

El libreto que se llevó a la práctica en los países antes mencionado, está siguiéndose al pie de la letra en estos momentos con Venezuela. No hay estudiantes de medicina que proteger, pero sí existe una gran preocupación en Washington, no por el petróleo, sino por la “ayuda humanitaria” que no llega a los venezolanos “que tanto la necesitan”. El supuestamente humano presidente Donald Trump alega preocupación por los necesitados venezolanos, y para ampararlos acumula una gran cantidad de material en Colombia. Junto a los almacenes con comestibles y medicinas ya hay cinco mil soldados estadounidenses cerca de la frontera preparados para llevar la “ayuda” cuando llegue la orden.

Recuerdo que Carlos Gallisá decía que cuando surgía un caso de corrupción en Puerto Rico o un traqueteo de este tipo en Estados Unidos, siempre aparecía en el escenario algún individuo de origen cubano, y otra vez tiene razón. El individuo a cargo del operativo estadounidense contra Venezuela es el cubano Mauricio Clavel-Carone, quien ocupa el cargo de “Asesor de Seguridad para el Hemisferio Occidental”. Aunque el título del individuo huele a pólvora y cañonazos, lo que anuncia desde Washington es que se propone “cercar a Venezuela con ayuda humanitaria”. Los cañonazos serán para llevar medicinas, nos dice.

Otros elementos del diseño histórico del pasado también se repiten en Venezuela. Cuando en 1961 Estados Unidos trató de liquidar la Revolución Cubana necesitaban un “gobierno provisional” que los “invitara”. El propósito de la invasión por Bahía de Cochinos (con tropas del “exilio”) era ocupar un pequeño territorio a donde trasladarían el “gobierno provisional” que ya tenían seleccionado. Este nuevo “gobierno legítimo” haría la invitación para una invasión a gran escala. Aquel plan fracasó porque como nunca pudieron crear la “cabeza de playa”, el “gobierno provisional legítimo” se quedó esperando en el barco donde ya lo tenían montado.

En el caso venezolano el “gobierno provisional legítimo” lo proclamaron desde adentro en una operación coordinada por el cubano de Washington (Clavel Carone) y el liderato de la Asamblea Nacional, junto con la embajada estadounidense en Caracas. La figura seleccionada fue el joven Juan Guaidó quien, tras autoproclamarse como “presidente interino”, fue inmediatamente reconocido como tal por Estados Unidos. Tras ese reconocimiento, otros gobiernos afines en América Latina siguieron el libreto. Guaidó nunca ha ganado una elección presidencial, pero ya es reconocido como “presidente legítimo” y, por tanto, puede hacer el llamado que Washington quiere.

Todo gobierno necesita contar con una fuerza que haga valer sus órdenes. Para que la “cabeza de playa” que pretende representar Guaidó tenga base real necesita del apoyo de algún sector importante de las fuerzas militares y policiacas venezolanas. Hasta ahora esa parte del plan no les ha funcionado y todas las instituciones que conforman el sistema de seguridad venezolana se han mantenido fieles al gobierno que encabeza Nicolás Maduro.

El plan entonces ha entrado a una segunda fase, similar a la que se impuso en Cuba tras el fracaso de la opción militar: el bloqueo económico o las llamadas “sanciones financieras”. Mediante ese tipo de presión se pretende provocar la necesaria reacción de alguna fuerza militar interna, que sería inmediatamente auxiliada por Estados Unidos junto con Colombia y Brasil. La campaña por la “ayuda humanitaria”, cada día más intensa, sería la excusa que ampare los cañonazos.

Igual que ocurrió con Cuba, la resistencia del pueblo venezolano y, sobre todo, la unidad que pueda mantener será la clave para poder enfrentar el periodo difícil que apenas comienza. Durante los últimos 15 años el movimiento político que inició Hugo Chávez ha logrado organizarse con mucha fuerza en sectores populares. Si se produce la invasión, apoyada o no en las fuerzas militares, y estas fuerzas populares se movilizan, estaríamos ante una confrontación con consecuencias insospechadas.

Con la proclamación de Guaidó, y el reconocimiento oficial que siguió, Estados Unidos y la llamada oposición venezolana ha optado por la confrontación directa. Luego de Washington se jugó esa carta, que cierra todos los caminos a una salida que no sea el sometimiento a sus intereses, uno puede entender la actitud de gobiernos derechistas como el del brasileño Balsonaro y el colombiano Duque. Cuesta trabajo sin embargo, entender respuestas como la del “socialista” gobierno de España que también terminó “reconociendo” al autoproclamado. Con esa acción irresponsable esos gobiernos han contribuido a cerrarle el paso a una posible salida negociada porque se pusieron de lado del golpismo que se fraguó en Washington.

La Mesa de Trabajo sobre el Aborto, denunció que la falta de transparencia, así como un proyecto que no beneficia a la salud de la mujer, es lo que ha caracterizado el proceso legislativo en torno al proyecto del Senado PS 950, relacionado con la práctica del aborto. Las denuncias fueron hechas en conferencia de prensa este lunes 11de febrero, frente a las escalinatas del Capitolio.

Según se denunció, el proyecto, que fue radicado por la senadora Nayda Venegas Brown en mayo pasado y asignado a la Comisión de Asuntos Federales, Gubernamentales y Económicos, presidida por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue enmendado casi en su totalidad el último día de la pasada sesión legislativa.

La licenciada Mayte Bayolo Alonso, experta en Política Pública y Legislación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico, dio a conocer que a pesar de que en septiembre de 2018 se realizaron vistas públicas para este proyecto, entidades y organizaciones que trabajan con mujeres fueron excluidas de dichas vistas, aunque habían cumplido con el requisito de solicitar turnos a la Comisión. Agregó que no se realizaron vistas públicas para atender los reclamos de sectores excluidos, según anunciado por Thomas Rivera Schatz, y se removieron del portal de internet de la Comisión senatorial todos los documentos, ponencias y cartas de entidades internacionales que repudiaron el PS 950.

En tanto, la doctora Yarí Vale Moreno, profesora de obstetricia y ginecología en el Recinto de Ciencias Médicas, relató cómo desde mayo de 2018, se reunió con más de una decena de senadores y senadoras para explicarles las serias restricciones a los derechos sexuales y reproductivos incluidos en la versión original del PS 950. Denunció que, sin embargo, la versión más reciente del proyecto también incluye aspectos que convierten la medida en una insalvable.

¨El aborto ya está reglamentado en Puerto Rico por el Departamento de Salud desde el 2008, y las clínicas cumplen cabalmente con lo dispuesto en ese reglamento. De ser aprobada, esta sería la única medida que eleva a ley un reglamento del Departamento de Salud. Es como si de pronto el reglamento que rige a las farmacias, los hospitales y otros servicios de salud se convirtieran en leyes, y hay que preguntarse si esto ocurre porque se trata de un asunto que impacta a las mujeres y a las personas gestantes¨, planteó la doctora Vale Moreno.

Mientras, la licenciada Patricia Otón, profesora de derechos sexuales y reproductivos y consultora de la organización Pro Familias, señaló que esta legislación no responde a ningún asunto que requiera la atención urgente o represente riesgo para las mujeres o personas gestantes. “Existe jurisprudencia robusta, tanto a nivel estatal como federal, que viabiliza el aborto de manera legal. ¿Por qué obstaculizar el acceso al proceso legislativo a las personas que serían impactadas por la legislación propuesta? La falta de transparencia en este proceso es alarmante y amenaza seriamente la democracia”, concluyó la licenciada Otón.

Por su parte, en comunicado de prensa, la ACLU reiteró su oposición al proyecto, censuró la falta de transparencia y adelantó que dicha legislación podría llevar a un litigio constitucional. “No se nos debe olvidar que los gobernantes son electos por el pueblo para gobernar para el pueblo. La relación entre estos debe ser una de confianza y transparencia. Dicho eso, el pueblo de Puerto Rico hoy no sabe qué versión del PS 950 bajará a votación la próxima semana. Y, ante la falta de información, el Pueblo se ve limitado a analizar la constitucionalidad del mismo”.

En cuanto al derecho al aborto, la organización experta en derechos civiles recordó que en los últimos 40 años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha mantenido firme en la constitucionalidad del caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), asegurando la legalidad del derecho al aborto. “Sin embargo, mientras el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reitera su apoyo a mantener vivas las protecciones que emanan de dicho caso, la Legislatura de Puerto Rico sigue insistiendo en limitar el derecho al aborto”, suscribió la licenciada Mayte Bayolo-Alonso .

Ante los retos que enfrentamos a diario, conocer y reconocer el trabajo que realizan organizaciones de base comunitarias es de vital importancia. Proyectos autosuficientes, exitosos e imprescindibles para el desarrollo de cada comunidad y la Isla entera.

Entonces, lo sensato sería apoyar a estas organizaciones y asegurar que sus proyectos continúen el rumbo que han tomado. No hay por qué cambiar lo que ha funcionado y lo que sigue funcionando.

Sin embargo, esta es la amenaza que enfrenta todo el trabajo realizado entre el Municipio de Culebra y las organizaciones comunitarias ante la Resolución Conjunta del Senado 264 (R.C del S. 264).

Esta resolución ordena a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas del Gobierno de Puerto Rico a transferir las estructuras de la Escuela San Idelfonso, Escuela Luis Muñoz Marín y la Escuela Antonio R. Barceló, a la Fundación de Culebra Inc.

Distintas organizaciones comunitarias se opusieron a la resolución y se expresaron unánimemente a favor de que las edificaciones se le traspasen al municipio con el compromiso de que se mantengan para el uso que se les ha dado por mas de cuatro años y que tantos beneficios ha dado a la comunidad.

Así, lo manifestaron la fundación Coralation, Arte Para Sanarte, el Instituto de Artes Marciales, Mujeres Islas y el Municipio en sus respectivas ponencias presentadas durante la segunda vista pública realizada el 24 de octubre a las 10:00 a.m. en la alcaldía de Culebra, seguida por una vista ocular en las escuelas mencionadas. Por otra parte, aunque la Fundación de Culebra no presentó una ponencia asumió un turno durante la vista pública para oponerse al proyecto.

En entrevista para CLARIDAD Mujeres de Islas cuestionó “¿por qué la creación de la resolución cuando los trabajos, proyectos, acuerdos y la relación entre Municipio y organizaciones comunitarias ha sido exitoso y de tanto beneficio a nuestra comunidad?”

“¿Por qué decir en la exposición de motivos que eran escuelas abandonadas y un lugar propicio para el vandalismo cuando por años la Liga Atlética Policíaca ha estado en una de las estructuras; y desde el 2014 una organización comunitaria (Mujeres de Islas), con el aval del Municipio, rescataron el espacio para desarrollar diversos proyectos, programas y servicios de voluntariado de forma participativa y sostenible convirtiéndose en una sede de experiencias vivas de aprendizajes?”

Apoyadas por el municipio, en enero de 2014 Mujeres de Islas rescató la Escuela San Idelfonso, la Escuela Luis Muñoz Marín y la Escuela Antonio R. Barceló estableciendo allí sus oficinas. Ese mismo año en noviembre, el grupo recibió la aprobación de su propuesta a AmeriCorps State para crear el Proyecto Siembra. Las facilidades, hasta entonces abandonadas, se convirtieron poco a poco en lo que se denominó Sede de Experiencias Vivas de Aprendizaje (SEVA).

Hasta el día de hoy el grupo a sido consistente en los procesos de restauración, mantenimiento y desarrollo del lugar. Aunque ya de antes, Mujeres de Islas, había iniciado trabajos de base comunitaria, algunos de los proyectos realizados durante los pasados 5 años junto a otras organizaciones que sirven a la comunidad incluyen talleres de madera, costura, siembra, arte y recientemente una escuela de cocina que igualmente servirá como taller para el desarrollo de micro empresas.

Sin embargo, la exposición de motivos en la resolución, dice:

“La Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas del Gobierno de Puerto Rico, es el dueño titular de las estructuras que albergaban la Escuela San Idelfonso, la Escuela Luis Muñoz Marín y la Escuela Antonio R. Barceló en el Municipio de Culebra. Como parte de la transformación llevada a cabo por el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico, dichas escuelas dejaron de operar. Ante ese escenario, existe la preocupación de que los mencionados planteles escolares sean objeto de vandalismo y daños. De igual manera, pudieran ser utilizados para acciones delictivas, como ha ocurrido en otros pueblos del País o simplemente quedar abandonados”.

Mujeres de islas identificó y cuestionó esta y otras irregularidades en el proceso.

“Al escribir para denunciar esa situación y poder aclarar los errores que tiene la resolución, se realiza una segunda vista pública y ocular. En esa vista pública quedó expresada la voluntad de la comunidad culebrense, donde absolutamente todos los ponentes de la comunidad, se expresaron en contra de la resolución, inclusive la Fundación, y a favor de que el usufructo y/o titularidad sea para el Municipio, quien ha expresado dejar el espacio para las organizaciones comunitarias y sus proyectos”.

En cambio, el informe positivo publicado el pasado 24 de enero no recoge lo que pasó en esas segundas vistas; no corrige lo de los edificios abandonados, cuando fueron testigos de lo opuesto en la vista ocular.

“¿Por qué el Senador Correa no cumple su palabra cuando dijo que él iba a respetar la voluntad del pueblo? ¿Por qué no se nombra esa segunda vista pública? ¿Por qué cuando vinieron a Culebra no se llevaron las 15 copias de las ponencias que nos había solicitado? ¿Por qué a pesar que hemos pedido las ponencias de la primera vista, nadie nos la ha provisto? ¿No son dichas acciones totalmente antidemocráticas e impositivas?”

El pasado viernes, 8 de febrero, representantes de Mujeres de Islas se reunieron con el senador, Dr. José Vargas Vidot, para exponer la situación, las inconsistencias en el proceso y la necesidad de conocer la procedencia de la resolución y a qué responde.

“Al momento en que se escribió esta resolución ya teníamos muchos de los espacios [para realizar los talleres] finalizados y otros en proceso de trabajarse… también tuvimos reuniones con la Fundación de Culebra y el municipio, donde se había acordado un co-manejo entre las organizaciones y mantendríamos al tanto al Municipio, así que no entendemos esa resolución …”

El 9 de septiembre de 2018, Mujeres de Islas envió una carta al senador Eric Correa solicitando se le incluyera en el proceso de la R.C del S. 264, esto luego de que el 5 de septiembre se celebrara una vista pública a la cual no fue invitado ni el grupo, ni el Municipio, ni la comunidad.

La respuesta enviada por la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico fue que la vista pública y la vista ocular en torno a la resolución habían sido reprogramadas para 24 de octubre de 2018.

Ese día se llevó a cabo solo la vista ocular y aunque el grupo llevó los documentos que exigió la Comisión, un original y 15 copias de su ponencia, estos no recibieron los mismos; razón por la cual esos documentos fueron entregados el pasado viernes en la reunión.

“Esta Resolución, el informe positivo y su enterillado proponen quitarle el carácter comunitario de la Sede que, a través del diálogo constante y acuerdos, se ha conseguido a través de los años. Transcendiendo colores y partidos. No solamente quieren no darle la titularidad al municipio, ignorando nuestra voluntad y acuerdos ya logrados, sino que condiciona darle una titularidad a una organización que el Senador Correa ha escogido unilateralmente, a cambio de se ubicar oficinas y agencias gubernamentales, como la Junta de Inscripción Permanente, una oficina de la Legislatura y otra oficina del Senado. Aceptar dichas condiciones es traicionar a la comunidad”

Mujeres de Islas reclama que los esfuerzos no se dupliquen y sugiere que utilizar al máximo los recursos de los que disponen; que tanto Senadoras y Senadores, Legisladores y Legisladoras, y el propio Gobernador, apoyen dichas alianzas. “En Culebra así lo hemos hecho”.

“En conjunto hemos respetado la misión y visión de cada grupo o institución; rescatado espacios para el uso colectivo; diseñado proyectos que empoderen a nuestra comunidad y repercutan en la calidad de vida para dirigirnos hacia la sostenibilidad. Hemos superado diferencias para enfocarnos en el bien común. Desgraciadamente esta Resolución ni fortalece lo logrado, ni recoge la realidad que existe. Es de sabios enmendar, y aún estamos más que a tiempo para se retire la Resolución o al menos se enmiende recogiendo la voluntad del pueblo. Y que de continuar un proceso legislativo, sea con los datos reales y la historia como la vivimos”.