Contratiempos en el servicio, pérdida de documentos, ansiedad, renuncias inesperadas, trastoques de la vida familiar, todo esto y más son las consecuencias que están enfrentando primero, las y los investigadores de títulos de propiedad, así como los y las trabajadoras del Registro de la Propiedad (DRP) ante el traslado inesperado de las oficinas de los municipios de Caguas, Carolina, Guaynabo y San Juan, a un viejo edificio localizado en el número 500 de la avenida Roberto H. Tood, parada 18 en Santurce.

Así lo denunciaron a CLARIDAD empleados y usuarios del Registro de la Propiedad que prefieren quedarse en el anonimato por temor a represalias. En el caso de los empleados del Registro de la Propiedad, que está adscrito al Departamento de Justicia (DJ) éstos no tienen el beneficio de la sindicatura. Confidencias de personas de las diversas oficinas coincidieron en denunciar a CLARIDAD que el traslado a Santurce fue uno repentino y no se les ha permitido hacer arreglos para ajustarse ellos y sus familias.

El cambio de estas oficinas tiene repercusiones tanto en los empleados como para los usuarios en general. En el caso del cierre de las dos oficinas de Caguas, éstas daban servicio además a la población de Cayey, Cidra, Aguas Buenas, San Lorenzo, Juncos y Gurabo. En el caso de las tres oficinas cerradas en Carolina, servían además a los pueblos de Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza. En tanto la oficina de Guaynabo, así como las cinco de San Juan servían a sus respectivas poblaciones y estaban ubicadas en instalaciones públicas.

Los y las trabajadoras han descrito el proceso como uno “atropellado e insensible”. Frente a la larga distancia que implica para muchos el traslado denunciaron que desde el 2000 no han recibido un aumento de sueldo por lo que el traslado añade gastos de transportación a sus ajustados ingresos. Además de las implicaciones para los que tienen hijos e hijas en edad escolar.

A la ya carga de trabajo que tiene el personal debido a renuncias y/o retiro en años anteriores, en algunas oficinas el cierre ha provocado la renuncia de cerca de 20 personas. Más aun, revelaron que hay empleados que ya cumplieron los 30 años de servicio y ahora con la mudanza no se les permite retirar alegando que son “puestos esenciales”.

En pésimas condiciones el “nuevo” edificio

Por otro lado el edificio -expresaron- no está limpio, los documentos fueron depositados en el sótano por lo que tienen que usar mascarillas para protegerse del polvo y el hongo, e incluso una fuente aseguró que ya ocurrió un primer robo, lo que provocó un descalabro, en particular a los planos de Guaynabo.

Mientras a raíz del anuncio por el DJ del cierre y el traslado de las citadas oficinas se presentó por el senador Aníbal José Torres Torres, -en octubre- una resolución para que la Comisión de Asuntos Internos del Senado hiciera una investigación para conocer la justificación de la acción del DJ la medida se encuentra como suele decirse “dormida” en dicho cuerpo legislativo.

El planificador ambiental José Rivera Santana coincidió en que es necesario establecer una moratoria al negocio turístico de renta a corto plazo en el Viejo San Juan (VSJ) para poder atender los problemas que esta modalidad ha generado desde las perspectivas de comunidad, de capacidad de la ciudad y de economía.

En la pasada edición CLARIDAD dio a conocer que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares llevó a cabo una conferencia dirigida a inversionistas extranjeros, en donde anunció que puso a la venta propiedades en la antigua ciudad amurallada con el fin de promover la actividad turística de alquiler a corto plazo, conocida también como Airbnb. En tanto, los residentes del Viejo San Juan han denunciado por diversos medios las incomodidades que dicha práctica les está provocando.

“Lo que sucede con este tipo de alquiler sin ningún control, como puede ocurrir con cualquier otra actividad del mercado sin ningún tipo de reglamentación, es que pone en riesgo muchísimas cosas”, reaccionó Rivera Santana, en entrevista con este semanario. El exdirector de la Oficina de Planificación del Municipio de San Juan y veterano activista agregó que incluso desde el punto de vista turístico, el turista va buscando una experiencia distinta y esa experiencia supone, no solo los atributos y patrimonios construidos, sino lo que representa socialmente ese lugar que está visitando. Una de las consecuencias de esta práctica, que ya está ocurriendo en muchas otras partes del mundo, es que se está desplazando a la población local, lo que a su vez elimina uno de los puntos focales que completan esa oferta turística. “Así que se pone en riesgo lo que se supone es el motivo por el cual se establece ese tipo de actividad”.

En esa dirección, afirmó que la renta de residencias es una mala estrategia, y ahora mismo en el VSJ está en total descontrol. Advirtió que este descontrol puede poner en riesgo su valor histórico y arquitectónico.

Rivera Santana trajo a la atención que el VSJ tiene unos problemas de infraestructura, que hay que atender, como lo son el recogido de la basura y su sistema de alcantarillado, que todavía es uno combinado. Es necesario medir cuánta es la cantidad de población que puede resistir la ciudad. Aunque señaló que el VSJ ha tenido mucha más población de la que tiene en la actualidad, resaltó que el problema de infraestructura estriba en que su diseño fue en función de una sociedad que ya no existe: sus calles se hicieron para que transitaran carretas, caballos o gente a pie. La mayoría de sus calles tienen bóvedas por debajo, que son las que recogen el agua de las escorrentías y las aguas sanitarias. Puso de ejemplo un camión con carga pesada, incluidos los de recogido de basura, que no importa los tipos de adoquines que pongan en las calles, los dañan si no se limita el uso vehicular. Incluso las bóvedas que están debajo se dañan.

El planificador recalcó que es necesario establecer programas adecuados de reciclaje, reglamentar la actividad del alquiler a corto plazo, establecer mediante estudio cuánta es la capacidad de población que puede contener la ciudad e incluso convertirla en una peatonal. Reconoció que esta población flotante requiere un control mayor, por lo cual reiteró que es importante determinar la cantidad de población que pueda aguantar el VSJ.

“La consecuencia en el caso de esta modalidad, como cualquier otra que pueda venir, es que estamos afectando incluso la preservación del Viejo San Juan porque nadie está en mejor posición que el residente para proteger su vecindario, las cosas que se quieren y sus atributos. Si los residentes son desplazados, no habrá una población celosa de proteger el lugar donde viven”.

En términos económicos, Rivera Santana apuntó a que esta modalidad del Airbnb, por lo general, termina concentrándose en propietarios que no son residentes, por lo que su efecto económico se escapa de manera automática a una cuenta de banco fuera de Puerto Rico. En esa línea criticó que el argumento oficial de la Compañía de Turismo (CT) es uno artificial y liviano, ya que el turismo no es un fin en sí mismo y, erróneamente, para el gobierno y la CT lo es: “El turismo es un medio para lograr desarrollo económico, pero no es un fin en sí mismo. Si uno lo ve como un medio para lograr desarrollo económico, lo principal no es la actividad turística como tal. Siempre y cuando no esté en función de ese objetivo, que es esa modalidad turística, no va a generar y producir el efecto económico que queremos. Realmente se trata de una actividad en donde unos grupos obtienen una ganancia enorme sin que eso repercuta a favor del país o represente que el país se beneficie”. Agregó que la única justificación que da el gobierno es que genera empleos; pero que hay otras actividades con un efecto mayor en la generación de empleos.

También criticó la estrategia de la CT de concentrarse en el turismo de cruceros, que es una que produce muy poco para los esfuerzos que implica. Hizo la observación de que el turismo de cruceros es “todo incluido”; es uno concentrado que se queda en la capital por unas horas. Además de que cuando se dice que a los puertos llegaron, por ejemplo, siete barcos con 18 mil visitantes, no todos se bajan del barco. Acotó que estas estadísticas existen aunque no se den a conocer. Indicó que, por el contrario, el turismo de hotel suele dejar mucho más dinero en el país, ya que las personas permanecen más tiempo, lo que permite variar las posibilidades de las actividades que el visitante pueda tener.

¿Serán capaces de endilgarnos otro plebiscito? Aunque la pregunta se dirige al actual gobierno del PNP, utilizo el plural porque, como todos sabemos, es una administración dividida en tribus, no por razones ideológicas, sino por puro caciquismo. Y para endilgarnos el nuevo plebiscito que ya rumian, los caciques y cacicas se tendrán que poner de acuerdo.

El Viernes Negro, además de consumismo y malgasto, le trajo a los boricuas la amenaza de otro plebiscito porque, ante el fracaso de todo lo que hasta ahora han intentado tratando de adelantar la anexión, han volteado la tuerca hacia atrás para hablar de otra consulta sobre nuestro status político. Cuando menos lo esperábamos, en medio de la euforia para comprar freidoras de aire caliente, Ricardo Rosselló habló de otro plebiscito y el nuevo presidente del PPD, en lugar de ignorarlo, corrió a oponerse. Ya los periódicos han gastado una buena cantidad de tinta hablando de la nueva consulta.

Todo comenzó con una carta –en ese momento escrita pero no enviada– del congresista Rob Bishop, que no es otra cosa que la enésima manipulación de este buscón de Arizona. Como tras la derrota de su partido se le acaba la presidencia del comité del Congreso al que se le asignan los temas de Puerto Rico, Bishop quiso complacer a los que le dieron dinero y no se le ocurrió otra cosa que una nueva propuesta de plebiscito. Los políticos de aquí, que se contentan con cualquier cosa, corrieron a hacerle coro al buscón de Arizona. Después de todo, el nuevo tema le sirve al PNP para tratar de revivir un curso de acción que hasta ahora ha sido puro fracaso.

La estrategia hacia la anexión que el PNP diseñó previo a las elecciones de 2016 se ha vuelto sal y agua. La primera movida del diseño fue el consabido plebiscito que celebraron antes de los primeros seis meses del cuatrienio, a principios de junio de 2017. Alegando que lo ganaron, se sintieron autorizados a utilizar fondos públicos para llevar a efecto el “mandato” salido de aquellas urnas. La segunda movida fue la creación mediante legislación de una llamada “comisión de igualdad”, que iría a Washington a “negociar” la admisión de Puerto Rico como estado federado. Copiando el llamado “Plan Tennessee” a los comisionados les dieron títulos de “senadores” y “representantes”. A cualquier persona seria esto le parecería a un grupo de niños jugando a ser adultos, pero a ellos no les pareció así.

Ha pasado poco más de un año desde que comenzó a ponerse en práctica aquella estrategia y su fracaso es evidente, aunque no porque en medio de ese periodo nos azotara un huracán. Los “comisionados”, alegando que representan a los puertorriqueños, han caminado por todos los pasillos del poder imperial sin que les hagan caso, más allá de las consabidas reuniones de cortesía. De manera simultánea con la creación de la comisión, la Comisionada Residente Jennifer González presentó un proyecto de ley que convertiría a Puerto Rico en “territorio incorporado” como paso previo a la anexión formal. Tras la conferencia de prensa inicial, la medida cayó en el olvido. Sólo uno que otro buscón, como el congresista Rob Bishop, le dio cuerda en algún momento, sin comprometerse en nada, y ahora ni siquiera ese buscón está disponible.

El fracaso de esa estrategia estuvo en su concepción inicial. Como casi todas las que se han intentado desde que comenzó el colonialismo estadounidense hace 120 años, este nuevo esfuerzo nació de la unilateralidad o, dicho de otro modo, de la ausencia de un consenso mínimo entre los puertorriqueños. Ese nacimiento forzado, empujado por jaibería partidista y politiquera, nunca conduce al éxito.

Como todos los anteriores, el plebiscito de 2017 no debió celebrarse porque fue desnaturalizado por reclamos puramente colonialistas emitidos desde la metrópolis, que exigió la inclusión del “ela territorial” como opción. Si un plebiscito se hace buscando alternativas para solucionar un problema, el problema mismo no puede estar en la papeleta. Por esa y por otras razones aquella consulta nunca alcanzó el mínimo de consenso necesario para su validez. Aunque ya se le sabía un no natus, insistieron en celebrarlo y por eso el 77% de los electores se negó a participar. Cualquiera persona sensata hubiese concluido que con ese varapalo el plan no podía continuar, pero la sensatez no es una de las virtudes de los anexionistas boricuas.

Ahora, cuando unos puertorriqueños comían pavo y otros hacían fila para aprovecharse de las ventas a bajo precio, Bishop y sus amigos lanzaron la idea de otro plebiscito y Rosselló, consciente de sus fracasos, enseguida le dio importancia al anuncio. Si no llevo mal la cuenta, esa consulta de estatus sería la sexta. ¿Cuántos millones de dólares nos costaron los anteriores? Supongo que algunos estarán pensando que la Junta de Control Fiscal no permitirá ese nuevo gasto, pero recordemos que el de 2017 lo permitió.

En España, donde todavía el fascismo franquista está vigente, sobre todo en la judicatura, se le imputa malversación de fondos públicos a representantes del gobierno catalán por haber organizado un referéndum sobre el futuro de Cataluña. En ese caso se trata de un claro ejercicio de represión porque la consulta estuvo respaldada, según los sondeos, por más del 70% de la población, además de haber sido avalada por todas las instituciones públicas. Pero en Puerto Rico, donde sólo el 23% de la población avaló una consulta marcada de la unilateralidad, sí se estaría ante un claro ejemplo de malversación de dinero público.