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«Peligrosa”, así catalogó el senador independentista Juan Dalmau la propuesta de privatizar el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) por preverse la magnitud de la corrupción y el conflicto de interés que habrá en el proceso.

Según expresó en sus redes sociales el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), “la empresa privada que se contrate para el manejo estadístico no querrá que se reflejen estadísticas adversas al gobierno para así, mantener su contrato. Ése debe ser un organismo público, con autonomía presupuestaria y administrativa”.

El anuncio de privatización se hizo en ocasión de la celebración – la semana pasada – de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, ante la cual La Fortaleza presentó un plan de reorganización basado en la consolidación de agencias gubernamentales y que incluyó el posible ofrecimiento al sector privado del manejo de las estadísticas.

Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, se mostró de acuerdo con la propuesta, pues el propósito, según el gobernador Ricardo Rosselló, es darle total independencia a la Junta de Directores del IEPR, que actualmente es nombrada por el primer ejecutivo. Además, los planes de privatización son consecuencia, según Rosselló Nevares, de la manera errada en que el IEPR recopila información.

Sin embargo, además de Dalmau, otros y otras han objetado el anuncio de privatización. Sobre una de las razones que da Fortaleza para privatizar el Instituto, el economista José Caraballo Cueto manifestó públicamente que “para dar independencia lo que hay que hacer es respetar la ley autonómica y no interferir con la junta de directores. Eso es lo que se necesita para la autonomía, no privatizar el Instituto”.

Por su parte, Cecille Blondet- Passalacqua, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, dedicada a promover la transparencia y rendición de cuentas, expresó por escrito a este medio que las estadísticas del gobierno no deben estar sujetas a una estructura que pueda violentar la confiabilidad del pueblo.

“Cualquier país que interese promover su crecimiento económico y una distribución efectiva y justa de sus recursos, tanto desde la perspectiva pública como de la privada, necesita datos y estadísticas transparentes y confiables. Esta necesidad se ha hecho más evidente para los ciudadanos en el Puerto Rico post-María. Las estadísticas no deben estar sujetas a una estructura que pueda violentar, en efecto o en apariencia, esos principios de transparencia y confiabilidad”, indicó Blondet-Passalacqua.

Para la economista Heidi Calero, privatización no es sinónimo de más credibilidad. En los medios, Calero indicó: “No sé qué es lo que ganan con privatizar…El que el sector privado esté detrás no necesariamente aumenta la credibilidad de las estadísticas y lo que se publique. Lo que aumenta la credibilidad es la corrección de la metodología, que haya transparencia, cómo se recopilan los datos…”.

Por otro lado, mientras continúa la incertidumbre sobre la cantidad real de muertes relacionadas con el huracán María, la presidenta de la Asociación Americana de Estadísticas, Lisa LaVange, envió una misiva a Ricardo Rosselló en respuesta a la exclusión del IEPR del grupo de trabajo encargado de revisar la cifra de muertes provocadas por el ciclón.

“Las estadísticas del Gobierno juegan un rol poderoso en cualquier democracia. Éstas fortalecen la economía, asisten en la salud y bienestar de sus ciudadanos, mejoran la gobernanza y orientan en las decisiones y políticas en el sector público y privado, entre otras funciones vitales”, expresó la carta.

En el escrito, LaVange coincidió con los economistas y legisladores puertorriqueños que cuestionaron la movida de privatización por considerar que la elaboración y supervisión de estadísticas debe ser dirigida por el Gobierno y ser independiente. Así esto, indicó por escrito que es imperativo el que las estadísticas sean objetivas, precisas e independientes. Recordó, además, el informe del Grupo de Trabajo Congresional del 2016 en donde se recomienda que el IEPR reciba más fondos y “continúe protegiendo su independencia”.

El abogado Víctor Calderón Cestero, asesor legal del actual presidente la Cámara de Representantes de Puerto Rico, es a su vez el dueño de una corporación que disfruta contratos por $647,500.00 con el mismo organismo legislativo. Según los documentos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico todos los contratos activos entraron en vigor a partir del mes de julio de 2017 y estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2018. Previo a esas fechas, hubo otro contrato por $103,500 que venció el 30 de junio de 2017. Según la información en poder de CLARIDAD, además del cargo de asesor del presidente cameral Johnny Méndez, Calderón Cestero fungió hasta muy recientemente como presidente de la Junta de Subastas del organismo legislativo que contrata a su corporación. La Junta de Subastas escoge a los contratistas que licitan para ofrecer servicios a la Cámara.

La entidad en cuestión, con la iniciales del abogado, se llama V & C Legal Services, LLC y está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como corporación con fines de lucro con el número 1625. Fue organizada el 4 de junio de 2009, según el certificado de organización suscrito en esa fecha por Kenneth McClintock, Secretario de Estado. El documento sometido al Departamento al solicitar la incorporación está suscrito por Víctor Calderón, a quien se le identifica como “miembro o administrador” de la corporación de “responsabilidad limitada”. La dirección informada es “Bayside Cove, R-PH1, 105 Arterial Hostos, San Juan, Puerto Rico”. Esa misma dirección se informa como perteneciente a Víctor Calderón, quien además comparece como “agente residente” de la entidad. En cuanto a los negocios de la corporación, el documento adopta la definición más amplia posible: “cualquier negocio lícito permitido por las leyes de Puerto Rico.”

Según la documentación de la Oficina del Contralor (OC), la corporación del asesor Calderón Cestero ha tenido nueve contratos con la Cámara de Representantes, todos con números diferentes. De los nueve, ocho estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2018 y uno, por $103,500.00, venció el pasado 30 de junio de 2017. Los $103,500 sólo cubrieron poco más de cuatro meses de “servicio”, a razón de $25 mil mensuales. Cuatro de los contratos vigentes comenzaron a regir el 10 de julio de 2017, uno el 12 de julio y otros dos los días 1y 13 del mismo mes. Hay un contrato adicional que comenzó a regir desde el 10 de agosto de 2017.

La cuantía de cada uno de los contratos vigentes también varía, siendo la menor por $30 mil y la mayor por $160,000. En total la obligación de la Cámara de Representantes para V & C Legal Service, LLC, asciende a $647,500.00.

Según los documentos examinados por CLARIDAD, los “servicios” de la corporación del abogado Calderón Cestero le serán rendidos directamente a la Cámara de Representantes hasta un monto $384,000.00, y a su Oficina de Servicios Legislativos hasta un monto de $263,500.00.

En cuanto a la “categoría de servicio” que rinde la corporación de responsabilidad limitada controlada por el asesor Calderón Cestero, se limitan a dos categorías definidas en términos bien generales, a saber, “servicios de consultoría” y “servicios profesionales”. Nada se señala en los documentos en cuanto a las tareas específicas que realizará la corporación. El “tipo de servicio” también se limita a dos renglones: “consultoría administrativa” y “consultoría legal”.

Según el Registro de Abogados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Víctor Calderón Cestero tiene también oficinas en Aguadilla con el nombre “Bufete Calderón Cestero”. Su dirección es Avenida San Carlos #13. Su número en el tribunal es 13,266. La corporación, según vimos, aparece domiciliada en San Juan.

Está cantidad exorbitante de dinero pagada a la corporación del asesor del presidente de la Cámara –quien, además, presidió la Junta de Subastas de ese organismo– no cesó ni se alteró como resultado de la crisis generada por el huracán María que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. Según la OFC los contratos siguieron vigentes y lo estarán, al menos, hasta el próximo 30 de junio de 2018.

Resulta altamente cuestionable, además, que la misma persona que funge como asesor del Presidente cameral y sea responsable de la Junta de Subastas, contrate a su vez con el organismo gubernamental por medio de una corporación que controla, agenciándose ingresos por más de medio millón de dólares.

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Varias organizaciones de Puerto Rico y de la diáspora auspiciaron una vista pública de pueblo donde un panel de juristas recibió testimonio sobre la situación social del pueblo de Puerto Rico que persiste a más de 110 días de que el huracán María azotara y devastara a Puerto Rico.

En la misma, celebrada el martes, 9 de enero representantes de organizaciones comunitarias que se han ocupado de las necesidades del pueblo en sus localidades hablaron de las condiciones que enfrentaron, cómo se organizaron y la situación que enfrentan al presente. El testimonio y el que se vierta en otras vistas públicas de pueblo que se espera se celebren en distintos puntos de Puerto Rico se llevará a la conmemoración en organismos internacionales del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre 2018.

La emoción, indignación y coraje se entremezclaron con los testimonios de Víctor Alvarado Guzmán del Comité Por Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa en Peñuelas, Alicia Carrasquillo Ortiz y Nesmari Cirino Carrasquillo, ambas de Medianía, Alta Sector Tocones, Loíza, María Cintrón Rios de la Olla Común y la Escuela Vila Mayo en Rio Piedras, Maritza González Cintrón, Creando Conciencia, Mi Tierra Grita (Agua para Todos), Aleida Centeno de Madre de Negro, Arecibo, Maria Elba Torres de Afrodescendencia Puerto Rico, y Luis Calderón de Cocina135 PR. Los ponentes elaboraron sobre los daños que sufrió la gente en sus comunidades, sobre cómo se organizaron además que en algunos casos tuvieron que superar problemas tecnológicos e incluso de ley, como ha tenido que hacer Agua para Todos, según testificó Maritza González.

El abandono de comunidades, la negligencia de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, la sed, hambre, oscuridad que persisten y en general la respuesta lenta e inadecuada a los estragos del huracán María han sido denunciados como una crasa violación a los derechos humanos y genocidio del pueblo de Puerto Rico por lo cual hay que exigir rendimiento de cuentas, fueron los planteamientos de trasfondo.

El panel que recibió el testimonio en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, fue integrado por los juristas y licenciados(as) Annette Martínez del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Wilma Reverón Collazo, co-presidenta del MINH, Ana Irma Rivera Lassen, ex presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y Osvaldo Toledo García, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas. Las licenciadas Annette Martínez y Ana Irma Rivera Lassen han desarrollado trabajo sobre los derechos humanos en Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han presentado informes al respecto. Como introducción a la vista pública las licenciadas Wilma Reverón y Annette Martínez elaboraron sobre los conceptos de los derechos humanos y el trabajo en los organismos internacionales, respectivamente.

La vista pública forma parte de una serie de vistas, incluyendo en la diáspora, con el propósito de presentar los testimonios a nivel internacional. Recientemente varias organizaciones en Nueva York hicieron una actividad similar y una similar fue celebrada en Puerto Rico en noviembre.

Auspiciaron la Vista Pública de Pueblo del 9 de enero la Corporación Piñones se Integra (COPI), el Centro Cultural Caribeño/Instituto de la Diáspora Africana, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Afro-descendencia Puerto Rico, la Iniciativa de Justicia Creativa y el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas, entre otras. El Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas coordina muchos aspectos de la presentación del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y abarca derechos sociales al igual que derechos civiles y políticos enarbolando como sagrados los derechos a la vida y la dignidad.

Es de notar que una resolución de Naciones Unidas adoptada recientemente “expresa su profunda preocupación sobre el número y magnitud de los desastres naturales y su impacto devastador este año [2017] sobre los territorios no-autónomos del Caribe lo que resultó en la pérdida de vida y consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas a sus sociedades y afecta negativamente el logro del desarrollo sostenible en estos territorios […] al igual que en Puerto Rico cuya situación atiende el Comité Especial [de Descolonización].”

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