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«Peligrosa”, así catalogó el senador independentista Juan Dalmau la propuesta de privatizar el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) por preverse la magnitud de la corrupción y el conflicto de interés que habrá en el proceso.
Según expresó en sus redes sociales el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), “la empresa privada que se contrate para el manejo estadístico no querrá que se reflejen estadísticas adversas al gobierno para así, mantener su contrato. Ése debe ser un organismo público, con autonomía presupuestaria y administrativa”.
El anuncio de privatización se hizo en ocasión de la celebración – la semana pasada – de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, ante la cual La Fortaleza presentó un plan de reorganización basado en la consolidación de agencias gubernamentales y que incluyó el posible ofrecimiento al sector privado del manejo de las estadísticas.
Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, se mostró de acuerdo con la propuesta, pues el propósito, según el gobernador Ricardo Rosselló, es darle total independencia a la Junta de Directores del IEPR, que actualmente es nombrada por el primer ejecutivo. Además, los planes de privatización son consecuencia, según Rosselló Nevares, de la manera errada en que el IEPR recopila información.
Sin embargo, además de Dalmau, otros y otras han objetado el anuncio de privatización. Sobre una de las razones que da Fortaleza para privatizar el Instituto, el economista José Caraballo Cueto manifestó públicamente que “para dar independencia lo que hay que hacer es respetar la ley autonómica y no interferir con la junta de directores. Eso es lo que se necesita para la autonomía, no privatizar el Instituto”.
Por su parte, Cecille Blondet- Passalacqua, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, dedicada a promover la transparencia y rendición de cuentas, expresó por escrito a este medio que las estadísticas del gobierno no deben estar sujetas a una estructura que pueda violentar la confiabilidad del pueblo.
“Cualquier país que interese promover su crecimiento económico y una distribución efectiva y justa de sus recursos, tanto desde la perspectiva pública como de la privada, necesita datos y estadísticas transparentes y confiables. Esta necesidad se ha hecho más evidente para los ciudadanos en el Puerto Rico post-María. Las estadísticas no deben estar sujetas a una estructura que pueda violentar, en efecto o en apariencia, esos principios de transparencia y confiabilidad”, indicó Blondet-Passalacqua.
Para la economista Heidi Calero, privatización no es sinónimo de más credibilidad. En los medios, Calero indicó: “No sé qué es lo que ganan con privatizar…El que el sector privado esté detrás no necesariamente aumenta la credibilidad de las estadísticas y lo que se publique. Lo que aumenta la credibilidad es la corrección de la metodología, que haya transparencia, cómo se recopilan los datos…”.
Por otro lado, mientras continúa la incertidumbre sobre la cantidad real de muertes relacionadas con el huracán María, la presidenta de la Asociación Americana de Estadísticas, Lisa LaVange, envió una misiva a Ricardo Rosselló en respuesta a la exclusión del IEPR del grupo de trabajo encargado de revisar la cifra de muertes provocadas por el ciclón.
“Las estadísticas del Gobierno juegan un rol poderoso en cualquier democracia. Éstas fortalecen la economía, asisten en la salud y bienestar de sus ciudadanos, mejoran la gobernanza y orientan en las decisiones y políticas en el sector público y privado, entre otras funciones vitales”, expresó la carta.
En el escrito, LaVange coincidió con los economistas y legisladores puertorriqueños que cuestionaron la movida de privatización por considerar que la elaboración y supervisión de estadísticas debe ser dirigida por el Gobierno y ser independiente. Así esto, indicó por escrito que es imperativo el que las estadísticas sean objetivas, precisas e independientes. Recordó, además, el informe del Grupo de Trabajo Congresional del 2016 en donde se recomienda que el IEPR reciba más fondos y “continúe protegiendo su independencia”.
