Tal parece que tras el paso del huracán María por Puerto Rico y el desalojo y reubicación en prisiones estadounidenses de los más de 300 confinados de la cárcel federal ubicada en Guaynabo, la joven Nina Droz fue trasladada a una prisión en Florida, posiblemente en Tallahasse.

Corre una petición electrónica titulada “Libertad para Nina Droz”, la cual se puede acceder a través de la página electrónica change.org, que informa “no creemos en casualidades, sin notificar a sus padres Nina fue trasladada a Florida. No tenemos los detalles pero posiblemente a Talahasse. Los patriotas puertorriqueños hemos tenido trágicas experiencias en Florida. Hacemos un llamado a las Comisiones de Derechos Civiles de Puerto Rico y de EEUU que le sigan el rastro a Nina”.

El traslado de Droz se hace en momentos en que los más de 300 confinados de la cárcel federal que ubica en Guaynabo fueron removidos a diferentes cárceles de Estados Unidos. La cárcel fue desalojada debido a que, por su diseño, no tiene ventilación y necesita aire acondicionado.

Luego de que el pasado mes de mayo la joven activista fuera encarcelada, diferentes sectores y organizaciones independentistas, cívicas y de derechos humanos han denunciado que la intervención y acusación por el gobierno de EEUU contra Nina Droz ha tenido la clara intención de servir de intimidación, amedrentar, para que el pueblo de Puerto Rico no se manifieste en particular en denuncia a la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF).

ccotto@claridadpuertorico.com

A trece días del azote del huracán es que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU (CUPO, siglas en ingles), estará colaborando con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para restablecer el servicio.

En una breve conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones del Gobierno, el general del CUPO, Todd Semonite y el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Flores Rodríguez, dieron los detalles básicos del plan para restablecer el servicio.

El primero es la instalación de generadores de emergencia del CUPO, siguiendo las prioridades que el gobierno ha establecido que son los hospitales, sistema de bombeo de filtración de agua a hogares de envejecientes  y cualquier otra área critica que sea importante para la infraestructura. El segundo paso será reestablecer la generación de las plantas que sean viables y conectar  a las vías de transmisión. El último paso será la transmisión, la cual se dijo es la más difícil.

El director Ejecutivo de la AEE comparo que cuando el huracán Hugo reestablecer todo el servicio tomo seis meses, por lo que no quiso hacer expresiones de cuánto tiempo pueda tomar ahora el reestablecer todo el servicio. Agrego que además del personal de la AEE ahora se han movilizado prácticamente todas las compañías privadas que hay en Puerto Rico que puede hacer ese trabajo y ahora se unirá el CUPO. El oficial del CUPO, Simontie hizo también expresiones en el sentido de que las personas no se podían ilusionar de  que esto fuese un trabajo de “una noche”.

Más allá de los trabajos de restauración del servicio de energía las comunidades que circundan y o están en el margen de toda la represa de Guajataca continúan en peligro. Según se informó ante la esperada de más lluvia en los próximos días se continúa el aviso de desalojo a estas comunidades

Los llamados a reconstruir el país, ser solidarios y juntarnos para una vida que garantice los derechos humanos a la educación, salud, vivienda, trabajo, un retiro digno y protección social entre otros, no debe requerir del paso de un huracán categoría cinco. Somos más quienes diariamente nos lanzamos a la calle a reclamar el respeto de los derechos humanos que nos violentan cuando se queman cenizas y se depositan al lado de comunidades pobres, cuando se cierran arbitrariamente 160 escuelas, al privatizar dispensarios, hospitales, servicios de salud mental y otros. Se violentan los derechos humanos de la población de las islas municipios de Culebra y Vieques cuando no se hace una limpieza adecuada de sus terrenos y mares, ni se les garantizan condiciones óptimas de vida.

No se garantizan derechos humanos cuando a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado, se le coarta su derecho de libertad sindical, a la negociación colectiva y un trabajo digno. Otro modo de eliminar derechos humanos es reducir los servicios de salud a la población médico indigentes ya sea imponiendo requisitos para excluir población o reduciendo la adquisición de medicamentos, entre otros. Ni hablar de la propuesta de reducir las pensiones a quienes trabajaron varias décadas de su vida esperanzados en una vejez con seguridad y dignidad.

La eliminación de fondos para la cultura, la recreación y la práctica del deporte es una manera sutil de ampliar esa brecha de desigualdad entre quienes tienen el poder económico para disfrutar las manifestaciones de nuestros artistas y atletas y aquellos sectores excluidos por su condición económica.

Antes de llegar los huracanes Irma y  María, nuestra realidad política y económica nos confrontaba con el hecho de vivir en una colonia donde se impone un modelo que produce desigualdad (pobreza) para muchos y riqueza para unos pocos que no necesariamente viven en Puerto Rico. El 1ro de mayo de 2017 más de 100,000 personas marchamos para repudiar la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Protestamos contra la manifestación más evidente del coloniaje y del interés del capital por despojarnos de nuestro dinero. El gobierno desvió la atención a esta importante expresión de protesta mediante la articulación mediática de un rechazo a incidentes menores que no eran fundamentales ni esenciales.

Hacia finales del mes de agosto de 2017, la Junta de Control Fiscal mostraba su fuerza y control sobre el gobierno al requerir la implantación de medidas de ajuste que anuncian un daño al país estimado sobre 600 millones de dólares anuales, por un término mayor de diez años. Y entonces llegaron los huracanes.

Hoy, el gobierno, los medios corporativos de comunicación y propaganda, en unión a las grandes empresas, bancos e importantes organizaciones no gubernamentales nos hacen un llamado de solidaridad. De juntarnos por Puerto Rico para levantarnos. Ese no es el mensaje de hace 30 días. Ese no es el mensaje y acciones que contiene PROMESA. Ese no es el mensaje del Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Ese no es el mensaje de los banqueros que ejecutan hipotecas ni de los bufetes de abogados que promueven legislación para reducir los derechos humanos.

Existe una hipocresía oficial que pretende que olvidemos los golpes que nos dan diariamente a cambio de “ayudas federales, toldos de FEMA y préstamos que habrá que pagar”. Y para evitar que se denuncie y se cuestione tal hipocresía oficial, existe la militarización sin reparo de la colonia. Así nos recuerdan que siempre han estado aquí, con Junta o sin Junta, con huracán o sin huracán.

El resultado inmediato del ciclón San Ciriaco en Puerto Rico fue la muerte de 3,000 personas, muchas de ellas ahogadas por las crecidas de ríos. Casi el 90 % de la agricultura de la Isla fue destruida, en particular la producción de café y alimentos. Miles de puertorriqueños estaban a punto de morir de hambre y desolación. Era el 8 de agosto de 1899, un año después de la invasión estadounidense, bajo el mando del notorio asesino de civiles Nelson A. Miles.

Lo que quedaba de gobierno propio en la isla el 8 de agosto de 1899 era muy poco. Estábamos bajo un régimen militar abierto. El gobernador estadounidense en la isla, el mayor general George Davis, hizo claro que el Congreso no daría ningún empréstito para ayudar a superar la crisis alimentaria causada por San Ciriaco. Lo que sí se hizo fue militarizar todos los rincones de la isla, con el pretexto de que solo así se podía implementar un plan racional de distribución de comida.

El 12 de agosto de 1899 el Departamento de Guerra de Estados Unidos creó una «junta local de ayuda caritativa», integrada por la alta oficialidad de la marina y del ejército norteamericano en la isla, todos anglosajones. Esta junta tendría a su cargo la coordinación del uso de fondos caritativos y organizar la distribución de alimentos a la población.

Efectivamente, el 14 de agosto de 1899 el Departamento de Guerra de Estados Unidos emitió la Orden General 115. Bajo esta directiva, la isla quedó dividida en 17 «puestos» militares regionales de distribución de comida, bajo el mando de un oficial militar estadounidense. Cada alcalde de la isla recibió entonces instrucciones para nombrar tres ciudadanos locales con la obligación de reportarse inmediatamente a uno de los 17 puestos mencionados. En total se formaron 58 «sub-puestos» bajo la supervisión del ejército de Estados Unidos. El puesto central de distribución se estableció, por supuesto, en San Juan.

Cabe mencionar que muchos de los alimentos y de la ayuda para Puerto Rico fueron aportados no por los militares, sino por la comunidad latinoamericana en Nueva York, siendo la más importante la Sociedad Colonial de Nueva York. Todo Nueva York se movilizó a recaudar ayuda para los boricuas. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, exigió que los fondos de ayuda vinieran de donde vinieran, privados o públicos, se canalizaran a través del National Bank of North America, y que el transporte se efectuara en barcos estadounidenses, en particular los barcos McClellan y McPherson.

La distribución militarizada de alimentos comenzó en la isla el 16 de agosto de 1899. Uno de los problemas fundamentales era, por supuesto, la transportación.  Puerto Rico contaban entonces con un sistema de tren que iba de Carolina, en dirección al oeste por la costa, hasta Sabana Grande. Pero faltaban cerca de 25 millas entre Camuy y Aguadilla. La mejor carretera del país era de tipo militar e iba desde San Juan a Ponce, con ramales a Guayama y Adjuntas. El centro de la isla solo contaba con caminos de tierra, muchos de ellos intransitables luego del ciclón. Pero era allí, en las montañas, que la necesidad era mayor. El café fue hasta 1898 el principal producto de exportación de la isla, pero San Ciriaco destruyó 90% de las siembras.

Una cosa que sí había heredado Puerto Rico de la época de España era un transporte marítimo de pueblo a pueblo por la costa, aunque en pequeña escala. Además, había una cultura de solidaridad y caridad social, como lo evidenciaba la Sociedad de Ayuda de Mujeres de San Juan.

Aunque el ejército de Estados Unidos quería controlar férreamente todo el proceso de distribución de alimentos en la isla, pronto los alcaldes locales empezaron a tomarse iniciativas. De los 58 «puestos» locales de distribución comenzaron a salir civiles en carretones, a pie y a caballo a llevar comida a los lugares más recónditos. Por toda la costa se organizó una red de pequeños barcos que comenzaron a traer la comida a los lugares en que hacía falta, sin esperar por los militares. Es decir, sacaban la comida de los centros de acopio y la distribuían por cuenta propia.

Molesto con la «indisciplina» de los boricuas (y de las boricuas, en particular), el Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó el 2 de septiembre de 1899 el establecimiento de un sistema de libretas de racionamiento de comida, en que todo persona mayor (capaz de trabajar) tenía que reportarse a uno de los 58 «sub-puestos»  militares y mostrar empleo legal por al menos 6 días a la semana. De lo contrario, la familia entera no recibiría nada. Esto benefició a las plantaciones azucareras, que ya venían pasando a manos estadounidenses.

Ya para octubre-noviembre de 1899, sin embargo, la producción local de alimentos en la isla comenzó a despuntar.  Productos como los plátanos, guineos y aguacates comenzaron a aparecer en los mercados libremente. Tan fue así, que a fines de noviembre ese año, el Departamento de Guerra cerró 10 de los 17 «puestos» regionales de distribución de alimentos. A pesar de toda la fuerza del ciclón San Ciriaco, la agricultura de alimentos local comenzó a mostrar energía. Ya a medidos de 1900 esa energía era palpable. El jíbaro le había dado una lección al invasor.

Fue así como, con toda maldad y alevosía, el Congreso aprobó la Ley Foraker el 4 de abril de 1900, que, entre otras cosas, disolvió todos los remanentes de gobierno local en manos de la nación puertorriqueña y devaluó nuestra riqueza agrícola, en particular la producción de café y alimentos, en un 40%.

Resulta así que el 4 de abril de 1900, mientras las organizaciones de mujeres en San Juan recolectaban comida y víveres para los pobres; mientras los campesinos hacían el mayor esfuerzo por levantar de nuevo la producción de comestibles en Puerto Rico; mientras la comunidad latinoamericana en Nueva York recolectaba fondos y mercaderías; mientras miles de boricuas burlaban las directrices militares para ayudar a las familias necesitadas, en el Congreso se fraguaba un golpe mortal a la economía local para que nunca pudiera suplir nuestras necesidades alimenticias. Por ahora lo vamos a llamar «devaluación» de la moneda, pero, en rigor, fue algo más, fue un acto criminal para destruir nuestra habilidad de ser algún día un pueblo prospero e independiente. Es un tema complejo, como todas las cosas monetarias.

Pedro Albizu Campos fue el primero en comprender a fondo, con datos y análisis detallados, lo acontecido ese 4 de abril de 1900. Por eso su rabia, por eso su rebeldía, por eso su coraje infinito para que comprendiéramos la verdadera naturaleza del imperialismo estadounidense. Ya volveré sobre el 4 de abril de 1900 y la cuestión monetaria.