En lugar de ser una medida para asegurar el pago de las pensiones a los empleados públicos el proyecto enviado por el Gobernador a la Legislatura (el ahora PC 1163, PS 0603) y que fue aprobado por la Legislatura este pasado viernes, sin vistas públicas, lo que pretende es allegar dinero de manera inmediata al Fondo General de Hacienda (FG) para pagar a los bonistas.

El proyecto de la llamada “reforma de pensiones” responde a una exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF). Así se establece en el preámbulo de la medida: “de acuerdo a la realidad económica y fiscal de Puerto Rico y a las disposiciones del Plan Fiscal para Puerto Rico, certificado conforme a las disposiciones de la Ley Pública Núm. 114-187 conocida com ‘Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico o “PROMESA” se establece que el FG a través de un sistema “pay as you go” asuma los pagos que los tres sistemas de retiro no puedan realizar.

Con la aprobación ahora el gobierno se propone la venta de todos los activos (propiedades) de los tres sistemas lo cual generaría $390 millones los cuales deberán ser consignados al FG en el próximo año fiscal para el pago de pensiones de los tres sistemas. Según denunció el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (FADEP) que integran la Federación de Maestros, Únete y Educamos, las últimas valoraciones actuariales de junio de 2015 de los activos no líquidos de los tres sistemas de retiro ascendían a 4,210 millones de dólares (Sistema de Retiro de Maestros $1,367 millones, Sistema de Retiro Central $2,780 millones y el de la Judicatura $63 millones).

“Es decir, que a cambio de $390 millones por un año, el gobierno de Rosselló descapitalizaría los sistemas y se quedaría con más de $2,000 millones de dólares que usará para financiar el presupuesto del próximo año fiscal. Esta acción es una irresponsabilidad porque a largo plazo, y tomando en consideración la quiebra del Gobierno, colocará en peligro inminente las pensiones de maestros y empleados (activos y jubilados) a partir de julio de 2018”, denunciaron las organizaciones magisteriales.

Mientras el magisterio ha sido el único grupo de trabajadores públicos que con más ahínco y datos ha denunciado la privatización de los sistemas de retiro. Aunque el Frente cabildeó la semana pasada en la Cámara de Representantes para introducir cambios en la legislación; “Los logros obtenidos a través de las enmiendas, sin embargo, fueron lanzados al zafacón por la Junta de Control Fiscal federal que determinó quitarle a todos los maestros las pensiones con beneficio definidos”, denunció el Frente Amplio en conferencia de prensa el viernes. Esto ante el hecho de que la JCF anunció en su reunión ese mismo viernes ordenar una reducción de 10% en el desembolso de todas las pensiones.

Las consecuencias directas para el magisterio con el cambio de modelo son:

Todos los maestros pasarán a un sistema híbrido de aportaciones definidas. Nadie, a partir de 90 días que entra en vigor el mandato de la JCF, va a tener retiro con beneficios definidos.

Los maestros que cotizaban para una pensión de beneficios definidos recibirán al retirarse el 1.8% del salario multiplicado por sus años de servicio al entrar en vigor el plan de la Junta.

Mantiene a los educadores contratados posterior al 1 de agosto de 2014, bajo el sistema de aportaciones definidas (tipo 401k) sin derecho a pensión vitalicia.

Vende todos los activos del Sistema de Retiro de Maestros (excepto el edificio central), descapitalizando el Sistema y no inyecta capital nuevo al mismo para el pago de las pensiones de los maestros.

Elimina el servicio de préstamos al magisterio, que genera sobre $40 millones anuales en ganancias al SRM. Traspasa a la banca privada los préstamos existentes.

Elimina el pago de la aportación patronal al delegar la responsabilidad del pago de las pensiones al Fondo General. Las pensiones de los maestros estarán sujetas a la discusión anual del presupuesto y los caprichos abusivos de la Junta de Control Fiscal Federal.

La presidenta de la Federación de Maestros (FM) Mercedes Padilla, dio a conocer que la Federación y su capítulo de Jubilados elaboraron un proyecto de ley para imponer un 2% de una contribución especial a las grandes empresas foráneas lo que allegaría capital nuevo a razón de $700 millones anuales. “Mientras nos arrinconan y despojan, a las empresas multimillonarias no las tocan ni con una vara larga”, denunció. Además de acusar a la Asociación de Maestros de no luchar para defender el SRM por ser “una empresa dedicada a defender las cuotas que recibe, y no a los maestros”.

Trabajadores jubilados se quedarán sin pensión

Por su parte consultada por CLARIDAD respecto a la medida la economista Martha Quiñones Domínguez, en primera instancia puso en duda el que el gobierno pueda vender los activos y venderlos bien y no a precio de liquidación para luego ponerlos en el FG ya que ese dinero no “dura mucho tiempo”.

Aun cuando señaló que el sistema de retiro del gobierno central está insolvente expuso que el hecho de que el gobierno se quede con los $2 mil millones que es lo que suman las carteras de los tres sistemas todavía si se da una jubilación anticipada habrá mas gente cogiendo pensión pero menos gente aportando. “El problema es que ahora lo que le está ofreciendo Ricardo Rosselló es que el gobierno no va a aportar y el empleado solamente va a aportar un 5% de su salario a una cuenta de ahorro, lo que no es de por vida, lo más probable es que si la persona dura 90 años antes de los 75 no tendrá pensión”.

La Vice Presidenta de la Asociación de Economistas (AEPR) censuró que otra vez el gobierno toma una medida sin pensar considerando sólo al capital. A su juicio el gobierno pudo haber hecho un análisis más profundo y buscar alternativas para allegar dinero al fondo de retiro y darle sostenibilidad al menos por 20 años. “Pero el gobierno no toma esa alternativa porque eso requiere que se haga un análisis de todo lo que hay en el país y busque de dónde se puede sacar para llenar las arcas del retiro”. Recordó que cuando se vendió la Telefónica se supone que parte del dinero era para llenar las arcas de retiro pero el dinero nunca llegó.

Quiñones Dominguez expuso que aunque los $4,210 millones que hay entre los tres sistemas puede sonar a mucho dinero, el sistema del gobierno central está insolvente pese a las enmiendas que hizo el gobierno pasado de bajar de 70% a 45% lo que el empleado iba a recibir y aumentaron la cantidad que el empleado tiene que aportar y la edad de retiro. Sobre qué otra u otras alternativas pudo haber adoptado el gobierno, explicó que se pudo haber unido el sistema de los maestros con el sistema de tribunales debido a que ambos todavía tienen margen y tienen capital pero que el de los empleados del gobierno central es “un desastre y había que reformarlo hace mucho tiempo y no se hizo”.

No obstante ante la situación de los tres sistemas indicó que una medida justa para todos es buscar un modelo según nuestra situación. “En realidad hay que honrarle a cada uno de los que están retirados parte de su dinero sea el 75%, 60% y hay que buscar en otras partidas donde se puede dar dinero para que se vaya llenando y se fortalezca el sistema, eso requiere que en vez de estar creando los impuestos para pagar la deuda debes de ir creando los impuestos indirectos para llenar las arcas de retiro. Es un proyecto que había que hacerlo a largo plazo pero que ahora es urgente”.

Una medida que se puede establecer es un sistema universal donde todos los trabajadores del sector público y privado paguen retiro y con lo que se está aportando ahora se puedan ir llenando las arcas y buscando alternativas para que se sostenga a largo plazo y que las inversiones que se hagan le den sostenibilidad. Advirtió que el problema es que hay muchos especuladores detrás de ese dinero y no puede ser un asunto de especulación, sino un fondo con la capacidad de generar ingresos dirigidos hacia una política social. Es decir como una especie de seguro social pero con una base bien establecida que tenga ya definido lo que se va a recibir pero que no sea tampoco muy oneroso y que a la vez se haga una cartera de inversiones que genere crecimiento económico.

Quiñones Domínguez reconoció que a este tipo de medida se le acusa de “socialista. pero eso es justicia social y equidad para que todo el mundo reciba en su vejez un ingreso”. Censuró que ahora el enfoque es que la gente trabaje hasta los 70 años creyendo que todo el mundo es igual “ hay una gente que dura más y dura bien, otras que duran menos. El problema es o pensamos en la gente o pensamos en el capital y aquí todo el mundo piensa en el capital”.

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta…

Miguel Hernández

E

n cuestión de días se nos fueron tres hermanos, amigos, compañeros. Se llamaban Elliott, Rafa y Tuto. Fueron amigos queridos y, más que eso, compañeros de una lucha que nos dejaron inacabada. Nadie debió reclamar un falso derecho a llevárselos cuando falta tanto por hacer, pero se fueron, se los llevaron Compañeros del alma, tan temprano.

La muerte enamorada nos los arrebató con un manotazo duro, un golpe helado. Primero a Elliot, el que tenía menos años, el que todos queríamos. Temprano madrugó la madrugada. A Elliott se le derramó el amor en un pequeño espacio de su corazón inmenso. Tanta gente lo quería, pero nadie pudo desamordazarlo y regresarlo.

Luego la vida desatenta abandonó a Rafa Scharrón, a quien siendo yo todavía adolescente escuché haciendo hablar su guitarra en la plaza de mi pueblo junto a Tatín y Julito. Aquella fue la primera vez que lo vi, sin conocerlo. La última fue, precisamente, en el funeral de Elliott. Entonces lo abracé sin saber que en unos días su guitarra se apagaría para siempre. Corrijo. Realmente su guitarra se quedará por siempre, de serenata, al arrullo de las rejas de los enamorados labradores.

Ahora, en este sábado caluroso, de agosto, es Tuto el que decidió marcharse. Corrijo otra vez. Tuto era un enamorado de la vida, nunca de la muerte, por lo que no pudo haber tomado esa decisión. Sabía, como todo el mundo, que ya le había dado mucho a su patria. También sabía que la vida se le iba, que arrastraba los pies, pero quería seguir arrastrándolos. No para vivir por vivir sino para seguir viviendo por su tierra, la que siempre quiso libre como fue él.

De los tres se ha dicho y se dirá que fueron los mejores. De Elliott se dice que fue un gran escritor de deportes, diestro narrador de eventos y hábil analista deportivo. De Rafa se dice que fue “la primera guitarra de la música popular puertorriqueña” y todos los que suspiraron ante un bolero casi siempre lo hicieron al acorde de las notas de su requinto. Y sobre Tuto se llenarán muchas páginas con sus aportaciones al deporte nacional e internacional. Debido a esa labor, importantes dignatarios del olimpismo mundial vendrán a rendirle honores.

Los tres murieron satisfechos de esas aportaciones y es justo que el pueblo los aplauda por ellas, pero cada uno de ellos se fue a la tumba sintiendo en sus entrañas la más grande de las insatisfacciones. Porque cuando Elliott escribía sobre deporte, cuando Rafa rasgaba la guitarra y cuando Tuto dirigía federaciones, lo hacían pensando en cómo adelantar la lucha nacional de independencia. Y esa lucha a la que tanto le dieron está inconclusa.

Por eso, independientemente de los años que vivieron, temprano levantó la muerte el vuelo y temprano madrugó la madrugada, porque el más importante de sus objetivos está a medio camino.

Elliott, Rafa y Tuto: bajo la sombra de algún almendro los requiero porque nos falta hablar de muchas cosas, compañeros del alma, compañeros.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó la semana pasada el plan fiscal para el primer centro docente del país, el cual contempla por los próximos diez años un alza en la matrícula y la consolidación de servicios entre los recintos y unidades del sistema.

La aprobación del plan contó con cinco votos a favor y cuatro en contra. Los miembros que votaron a favor fueron el presidente interino de la junta, Walter Alomar; la vicepresidenta interina, Zoraida Buxó; Antonio Monroig, Luis Berríos y Alejandro Camporreale, representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Los votos en contra se dieron por parte de los representantes estudiantiles, Gilberto Domínguez y Efraín Rodríguez, y los representantes claustrales, Gloria Butrón y Alan Rodríguez.

Las medidas que propone el plan se añaden al recorte de $162 millones de la aportación del gobierno central a la UPR. Para atender ese recorte presupuestario, se avaló en la Junta de Gobierno la consolidación de los servicios de las unidades más pequeñas a los recintos. Por ejemplo, el plan crearía unos recintos principales en los cuales se centralizarían las áreas administrativas, de finanzas, contabilidad, entre otras. Los recintos principales serían Río Piedras, Mayagüez, Cayey y Ciencias Médicas.

Las unidades de Carolina y Bayamón se consolidarían con Río Piedras. El Recinto de Mayagüez atenderá a las unidades de Utuado, Aguadilla y Arecibo. Mientras que Humacao y Ponce, estarían bajo Cayey. Sobre este particular, González y Buxó aclararon que la consolidación de servicios no implicará el cierre de estas unidades.

Sin embargo, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras advirtió en comunicado de prensa que la consolidación de servicios es el primer paso para reconsiderar la oferta académica y eventualmente, cerrar los programas académicos que se repitan por recintos. Asimismo, el ente estudiantil expresó que la consolidación “dejará en la calle a empleados del sector no docente”.

En ese sentido, en conferencia de prensa la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) hizo un llamado al presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, para que se analice con mayor detenimiento la propuesta de reducir o eliminar la tarea administrativa ya que esto podría causar “un efecto negativo y directo en los trabajos de la docencia”.

Por su parte, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) también rechazó el plan debido a que la propuesta contempla un “aumento de más de un 100% del costo de matrícula, la reducción de la nómina, la eliminación de programas académicos y el posible cierre de recintos”. Otra de los reclamos del colectivo de profesores es que el plan fiscal no considera la reducción presupuestaria que la universidad enfrentará debido a la disminución “de carácter ideológico” de la aportación gubernamental al centro docente.

Según el comunicado, los recortes contemplados en el presupuesto de la UPR responden a una “visión errónea en la que se percibe a la universidad pública como un ‘gasto’, a pesar de la evidencia contundente que demuestra la importancia de la inversión en la educación pública universitaria sobre todo en este momento de crisis económica”.

De acuerdo con la organización de profesores, el plan aceptado “no toma en cuenta el análisis y las propuestas de la APPU y de la comunidad universitaria que se han presentado durante los pasados meses”. De hecho, el colectivo aseguró que desde el mes de junio trata de conseguir una reunión con el gobernador de Puerto Rico para presentarle sus propuestas, pero todos los intentos han sido infructuosos.

Por otro lado, la presidenta del CGE de Río Piedras, Wilmarí de Jesús sentenció que “el impacto inmediato (de los recortes y del plan fiscal) lo reciben las familias puertorriqueñas. El costo del crédito fue duplicado tanto para maestrías como para bachilleratos, en claro detrimento de las condiciones de vida de cada una de las familias que componen la UPR. Aunque intenten negarlo, esto obstaculiza el acceso a la educación de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Esto continuará abonando a la migración, la crisis económica y la alta tasa de desempleo que vivimos en la actualidad”.

En esa misma línea, la presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS), María de Lourdes Guzmán, expresó que “el aumento a casi el doble del costo por crédito en la UPR, es verdaderamente alarmante. Indudablemente, este aumento en matrícula afectará principalmente a los estudiantes de bajos recursos económicos y les impedirá el acceso a la Universidad del Estado, si se ven imposibilitados de afrontar los nuevos costos”.

La licenciada Guzmán acotó en comunicado de prensa que el papel de la Universidad del Estado es, precisamente, dar acceso a los estudiantes pobres y de clase media a una educación de calidad, y subrayó que la educación es un servicio esencial que el presente gobierno, en contubernio con la Junta de Control Fiscal procuran hacer inaccesible.

“La visión de los nuevos jerarcas de la UPR es elitista, tanto como los intereses que estos representan, pues quieren operar la institución como si fuera una privada… Como parte del Plan para Puerto Rico, que busca privatizar todo cuanto sea posible, la Junta de Gobierno de la UPR quiere implantar la visión neoliberal, que privilegia a unos pocos, y empobrece y margina al resto de la población”, añadió Guzmán teniendo en cuenta que esa prácticas neoliberales provocaron la pasada huelga estudiantil que se extendió por más de dos meses.

Luego de, recientemente, haber culminado un proceso huelgario, la decisión de continuar menoscabando los derechos fundamentales del pueblo, como el de la educación, “promueve otra vez la confrontación en nuestra Universidad”, expresó por escrito la presidenta del MUS.