De ninguna manera una reducción de la jornada laboral a las y los trabajadores(as) del gobierno central va a “mejorar” las finanzas del gobierno. Todo lo contrario, el resultado será perjudicial para todos, trabajadores, el gobierno y la economía en general.

La Asociación de Economistas (AEPR) ha denunciado que el recorte de jornada que quitaría el 20% de los salarios a los y las empleados(as) públicos del gobierno central y el 10% a los salarios del magisterio y a personal de primera línea tales como enfermeras y médicos estatales es similar a una imposición de un impuesto de 20% mensual. Además de que en la práctica hará que todos estos y estas trabajadores(as) más pobres, con esta imposición las y los empelados(as) públicos(as) del gobierno central aportaran más que los empleados de las corporaciones públicas donde el salario es mayor y más que trabajadores de otros sectores en el país.

“La pregunta es si los jefes de agencia y contratistas de las agencias del gobierno y de la Junta de Control Fiscal tendrán el 20% de recorte también. Si las empresas que gozan de subsidios gubernamentales también sufrirán el 20% de recorte o la total eliminación de ese mantengo corporativo”, cuestionó la economista Martha Quiñones Domínguez, presidenta de la AEPR. Ya es sabido que los contratistas de la JCF no tendrán una reducción, como tampoco los miembros de la Policía.

En entrevista Quiñones Domínguez, censuró que el recorte de jornada tendrá efectos en todos los sectores pues la gente se mueve en diversos escenarios y consume, como lo es la compra en supermercados, gasolineras, farmacias, tiendas de ropa y zapatos, cines, teatros, chinchorros, cafeterías, cuidados de los niños, la compra de materiales, todo se vera afectado. Indicó que el efecto ya se está viendo por ejemplo en las grandes tiendas que han cerrado y hasta en colegios privados que también han cerrado. “Lo mismo aplica para los pensionados, menos ingresos menos gastos, menos IVU y más problemas pues tendrás menos dinero para medicamentos y gastos. Todos pagarán menos impuestos y el gobierno tendrá menos ingresos”.

Aunque indicó que no sabe de dónde el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, saca el número de que la reducción provocará unos $600 millones en pérdidas en la economía, el representante del gobernador en la JCF, Christian Sobrino tiene razón en señalar los efectos multiplicadores que tendrá la reducción porque para estimular la economía la gente debe tener dinero para gastar y así los empresarios puedan mover su inventario y pedir nuevas órdenes. En tanto el economista José Alameda ha estimado que la reducción puede significar un impacto en la economía de unos $250 millones, la Presidenta de la AEPR cree que puede ser $500 millones por los efectos multiplicadores en los diversos sectores.

La situación dijo, puede llevar a que se generen puestos de trabajo en la economía subterránea y se amplíen las ofertas en áreas legales no reportadas eso también conlleva a que los riesgos para los trabajadores se diversifican.

Pero en la situación actual del país una reducción de la jornada genera a su vez puestos de trabajo en la actividad economía ilegal, la cual paga, aunque el riesgo es mayor. En referencia al negocio del tráfico de drogas, Quiñones Domínguez apuntó sobre las consecuencias, “al aumentar la demanda por estos empleos comienzan las matanzas para sacar al oponente o porque abriste un espacio y le restas clientes al otro. Se mueven los puntos a lugares rentables como las urbanizaciones de lujo, hoteles y otros lugares donde desde el área invisible manejas el negocio con diversas ramificaciones, desde trata humana hasta drogas. Los laboratorios clandestinos aumentan pues ven oportunidad”.

Otra consecuencia social es el aumento en los robos y escalamientos en busca de dinero para pagar. “Esto a su vez mueve la economía legal de las rejas, alarmas, vigilancia. Esta muy relacionado”, afirmó. Otro aspecto que trajo a la atención es el que la reducción de jornada afecta a los que van a conseguir empleo, que son los más jóvenes, los cuales optaran por irse del país. “Los mayores de 40 tienen el problema de que el mercado laboral no los absorbe con la misma rapidez que a los jóvenes, pues ya están en proceso de ser menos productivos y menos explotables. Sólo cuando tienes unas destrezas que el mercado quiere es que te emplean, como enfermera, maestra, los demás tardan, por eso irse es más riesgoso”.

Quiñones Dominguez denunció sobre el propósito de la política de sacar población de Puerto Rico tiene la intención de que se vendan áreas que son rentables para el capital para explotar (minería) y contaminar o para prácticas militares, además de otras con capacidad comercial turística.

En esa dirección trajo a la atención que el mercado de empleo en Puerto Rico no genera los puestos de trabajo que se necesitan desde hace tiempo y se debe a las prioridades que da el gobierno. Censuró que el Gobierno -presente y anteriores- se han enfocado en sectores de la economía para atraer capital y descuida los otros. “En vez de balancear los sectores busca destruir unos a cuenta de los otros, así cuando hay crisis no se puede sobrevivir con los sectores no afectados, pues la crisis no afecta a todos por igual. Tampoco crea capital nacional, depende de y fomenta la dependencia del capital extranjero favoreciendo el mismo con los incentivos y las deducciones contributivas. Mientras al capital nacional lo penaliza”.

Expuso que esta política tiene el efecto de que cuando se va el capital extranjero el país se queda sin nada y cae en crisis. En su lugar, expuso, que si protegiera y favoreciera el capital local para invertir y seguir creciendo y se atrae sólo lo necesario (o sea lo que no se produce en el país) entonces cuando se va el extranjero se sigue funcionando con el de aquí que genera los puestos de empleos necesarios.

Sobre las políticas que han aplicado otros países que se han encontrado en una situación similar a Puerto Rico, a pregunta de CLARIDAD, la profesora de economía y planificación ambiental comentó que en lugar de aplicar estas políticas de austeridad algunos países lo que han hecho es mantener sus gastos y fortalecer las ayudas, moviendo la economía a sectores positivos. Sólo han recortado en los salarios de los jefes de agencias y ministerios y redujeron los contratos dado a que esos recortes afectan menos la economía o sea buscaron dónde los recortes tendrían menos impacto. En este enfoque se sabe que las ayudas, la educación y la salud son necesarias y generan multiplicadores positivos, así que éstos se mantienen y se concentran en reducir en los que ganan má s y cobrar impuestos a los que más ganan, además de proteger las industrias nacionales y exigirle eficiencia. Portugal es un ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca son ejemplos de países que estaban en crisis pero re definieron los gastos. Además de auditar la deuda y poner controles más estrictos.

Hace dos meses, para sorpresa de los viequenses, la Guardia Costanera autorizó que la chatarra bélica se transportara en el ferry hacia Fajardo junto a los pasajeros, según le aseguró a este medio el director de la Oficina de Emergencias Médicas y Manejo de Riesgos de Vieques, Héctor Olivieri. Esta autorización se concretó, a pesar de que la misma Guardia Costanera llevaba cuatro años prohibiendo ese tipo de transporte.

“La Guardia Costanera prohibía el transporte de explosivos en el ferry, pero ahora violan las mismas regulaciones federales, y a la Agencia de Protección Ambiental (US EPA) por sus siglas en inglés) le importa poco […] Ahora, la Guardia Costanera va a ser el perro de caza que nos azota contra la Marina. Bonito papel está haciendo nuestra guardia costanera, digo la de ellos, porque aquí no se sabe quién es quién”, sentenció Olivieri.

“Yo puedo entender que las agencias federales apoyen su Marina, pero no que nuestra Junta de Calidad Ambiental (JCA) y nuestro Departamento de Recursos Naturales, no nos defiendan a nosotros”, continuó.

“Aquí lo que se da es una situación de colonialismo ambiental. Tú (Estados Unidos) abusas porque eres un imperio, porque esto es una colonia sometida a la fuerza por tu gobierno […] Son unos términos que ya es hora de que los vayamos usando para despertar. Es muy bueno y saludable hablar de ellos y nosotros. Si la JCA y Recursos Naturales están con ellos, pues son de ellos, pero que no digan que gobiernan Puerto Rico y actúen a favor del otro (Estados Unidos) y en detrimento nuestro. Aquí hay dos equipos, como en un juego de baloncesto”, remató Olivieri.

Desde la oficina que dirige y en representación de todas las personas que viven en Vieques, denunció el hecho de que las agencias reguladoras y las autoridades que se supone velen por el bienestar del ambiente y la salud en la Isla Nena, además de avalar el manejo incorrecto de transporte de chatarra bélica, apoyan la detonación abierta de residuos de bombas.

Como ejemplo del incumplimiento con la protección de Vieques, Olivieri expresó que desde el pasado 23 de septiembre de 2016 (último periodo de la administración del exgobernador Alejandro García Padilla) se está practicando la quema abierta de material contaminante. “Aunque los residentes hemos hecho los cuestionamientos pertinentes, nunca nos han contestado si fue el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces quien avaló la quema abierta. Desde septiembre del año pasado hasta hoy, tanto bajo García Padilla como del joven Rosselló, han estado quemando y detonando”, confesó Olivieri luego de aclarar que hasta el año pasado, los gobernadores desde Sila M. Calderón para acá se habían opuesto a la quema abierta.

“Antes llevaban las bombas a la punta del este y allá las detonaban. Eso cambió. Ahora, detonan donde las encuentren. Pareciera que las bombas en Vieques son de teflón, que no contaminan, que explotan y no liberan tóxicos […] Por eso me encuentro a viequenses que me cuentan del humo y de las vibraciones de la explosión que sienten en sus casas”, continúo.

Héctor Olivieri también denunció que los informes sobre contaminación en la isla municipio que rinde la Marina los hace ella misma, por lo que no dicen la verdad. “Pero si se dejara que los profesores y científicos de Puerto Rico hicieran el proceso, fuera más confiable. Me parece que tenemos gente muy capacitada en nuestras universidades y en nuestro Colegio de Químicos”, comentó el portavoz viequense.

Sobre el proceso justo para la detonación de residuos de bombas, Olivieri explicó que “cuando tú vas a detonar una bomba, tienes que meterla en una cámara de detonación”. La compañía privada CH2MHILL, que tiene un jugoso contrato para limpiar Vieques, tiene la potestad para funcionar con la cámara de detonación, sin embargo, está utilizando las detonaciones abiertas, la más peligrosa, informó el vocal.

Aunque EPA asegura que el método que utiliza la compañía estadounidense contratada es el más prehistórico, “sólo levanta la bandera; no hace nada más allá de observar porque se conforma con lo que dice la Marina”, manifestó Olivieri.

“Estamos viendo una ofensiva de la Marina de seguir con su contaminación y abuso contra este pueblo de Vieques. Nosotros tenemos que exigir como comunidad o, yo como director de Emergencias Médicas, que se vele por nuestra ciudadanía, que se hagan los estudios pertinentes por científicos de crédito, no de encargo de la Marina”, concluyó el viequense.

Este tema de la limpieza ambiental de Vieques sigue dando de qué hablar. A finales del pasado mes de julio, los viequenses organizaron una manifestación en la isla municipio para denunciar la detonación a cielo abierto y cerca de la colindancia residencial de residuos de bombas que dejó la Marina de Guerra de Estados Unidos tras su salida hace más de una década.

El pasado viernes la Junta de Control Fiscal aprobó el plan fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) sometido por el Gobierno de Puerto Rico. El mismo parece ser el golpe mortal a la participación del movimiento cooperativo en la gobernanza de esta corporación pública. A pesar de que el plan reconoce que la Corporación no ha emitido deuda pública, que no es deudor de obligaciones que requieran reestructuración, que no tiene déficit estructural, que no depende de fondos del gobierno central y que es capaz de pagar todos sus gastos operacionales, se impone una nueva gobernanza y un programa para mitigar “posibles” riesgos que puede confrontar el sistema cooperativo. Pero antes de entrar a discutir el plan, debemos hacer un recuento histórico para entender el porqué se le ha impuesto a COSSEC un plan fiscal.

En la actualidad, COSSEC es una corporación pública que tuvo su origen en la Ley del Fondo de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 99 de 1980, como un programa en la Oficina del Inspector de Cooperativas. Con este programa se creó un seguro similar al que utilizan los bancos comerciales y otras instituciones financieras para asegurar los haberes que sus clientes tienen depositados en dichas instituciones. El propósito del mismo era asegurar la igualdad competitiva a las cooperativas de ahorro y crédito con otras entidades financieras y el crecimiento y desarrollo de éstas en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Cabe señalar que este fondo de seguro de depósitos a diferencia de otros, incluyó en el seguro las acciones de los socios de las cooperativas.

Una década después, este programa fue sustituido por la Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 5 de 1990, (conocida como PROSAD-COOP) la cual creó una corporación separada de la Oficina del Inspector para asegurar a las cooperativas y velar por su solvencia económica. Esta nueva corporación, creada por el Estado con fondos privados, estableció una junta de directores con participación de representantes del gobierno y el movimiento cooperativo. Más adelante, esta ley fue sustituida por la Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 114 de 2001, (conocida como COSSEC) que reestructuró y re-designó la corporación. También, dispuso la continuidad jurídica, operacional y financiera de dicha entidad cooperativa. En esta ley es importante señalar que la corporación fue re-designada como una corporación pública, aunque no se explica en detalle el porqué ni las implicaciones de este cambio. Finalmente, en el 2008, la Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Ley 247, se adscribió la Corporación como componente operacional de la Comisión.

El 13 de junio de 2016, se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico o “PROMESA”. La misma estableció una Junta de Control y ayuda al Gobierno de Puerto Rico, incluidas sus instrumentalidades, en la administración de las finanzas públicas, y para otros propósitos. El principal de éstos, es proveer un método a un territorio abarcado para que logre la responsabilidad financiera y el acceso a los mercados capitales.

Esta ley dispone que la Junta de Control, en su plena discreción, en el momento en que lo considere apropiado, puede designar a cualquier Instrumentalidad territorial abarcada, sujeta a las obligaciones de la Ley. De acuerdo con esto, el 30 de septiembre de 2016, la Junta de control determinó que COSSEC era una de las instrumentalidades abarcadas por la Ley PROMESA. Esto se debe a que actualmente la personalidad jurídica de COSSEC es una corporación pública y por lo tanto es considerada como una Instrumentalidad del territorio.

La intervención a COSSEC por parte de la Junta de Control pone de manifiesto muchas interrogantes sobre la evolución y estructura de la corporación. En primer lugar, aunque la gobernanza de la corporación ha estado en manos de una Junta de Directores compuesta por representantes del Estado y el Movimiento Cooperativo, la financiación de la misma ha sido provista en un cien por ciento (100%) por las primas pagadas por las cooperativas aseguradas. Por otro lado, en el caso de COSSEC a diferencia de otras instrumentalidades del territorio, no emite deuda pública. Por el contrario, COSSEC, al igual que muchas cooperativas individualmente, es un acreedor del Gobierno de Puerto Rico. En este sentido, COSSEC no requiere lograr la responsabilidad financiera ni tener acceso al mercado de capital que es el propósito principal de la Junta de Control.

El plan fiscal presentado por el gobierno y aprobado por la Junta de Control Fiscal se hizo a espaldas y sin la participación activa del sector cooperativo, por lo que no necesariamente responde a las prioridades de las cooperativas sino a la propia Corporación. Al igual que otros planes fiscales presentados, la información ofrecida en el plan fiscal no presenta los detalles de las medidas específicas que se tomarán por lo que se mantiene en un estado de secretividad y de poca transparencia por parte del Gobierno y la Junta de Control Fiscal. En lo poco divulgado sobre el plan fiscal se establece que COSSEC como aseguradora de depósitos y acciones en las cooperativas, enfrenta riesgo ante las posibles reclamaciones de socios asegurados debido a las posibles pérdidas sustanciales de las cooperativas que invirtieron en bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y la posible fuga de depósitos y acciones por una falta de confianza en el sistema cooperativo. Es decir, el plan fiscal busca proteger a COSSEC ante “posibles sucesos” a pesar que el propio plan establece que el seguro tiene el capital adecuado para cumplir con sus obligaciones regulatorias y de seguro bajo escenarios ordinarios y relativamente estresados.

Para asegurar una “ejecución efectiva del plan fiscal, al gobierno de Puerto Rico se le ha impuesto una “nueva reforma de la gobernanza” mientras el plan fiscal esté vigente y se esté implementando. La misma consiste en crear un comité compuesto por tres funcionarios del gobierno: el presidente de la Junta de COSSEC, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comisionado de Instituciones Financieras. Este comité tendrá todas las facultades que tiene la actual Junta de COSSEC y podrá adoptar los reglamentos y la normas que sean necesarias para el éxito de la implantación del plan fiscal. Para esto el Gobierno tendrá que enmendar las leyes cooperativas en un plazo de 30 días sin consultar al sector cooperativo.

La estocada a la participación del sector cooperativo resulta cuestionable ya que les otorga a los funcionarios que responden a la política partidista del gobierno, todo el poder sobre la Corporación sin que haya una legítima representación del sector cooperativo que son finalmente los que aportan el 100% del capital de COSSEC. Esta acción no es poner en sindicatura a COSSEC como reportan algunos medios de comunicación, es una toma (taking) del Gobierno a otra corporación pública como lo hicieron anteriormente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto no es una propuesta o recomendación de la Junta de Control Fiscal, es del gobierno quien presentó el plan fiscal de COSSEC. Debemos preguntarnos, ¿por qué la Junta de Control Fiscal acogió y aprobó la creación de este Comité que desplaza a la Junta de COSSEC y cómo esto garantiza el cumplimiento y ejecución efectiva del plan fiscal? Pero sobre todo, ¿cuál es el interés del gobierno en controlar esta corporación pública? Es importante recordar que fue el gobierno quien promovió, por no decir presionó, a algunas cooperativas a invertir en los bonos y permitió incluso que se obviaran las políticas de inversión de las cooperativas permitiéndoles que invirtieran más de lo debido, concentrando así sus inversiones en bonos del gobierno que hoy se valoran en aproximadamente un 49% por debajo de su valor par. ¿Cómo se puede confiar en que ahora el gobierno cumpla y gestione el plan fiscal sin la participación del sector cooperativo? Los cooperativistas no deben permitir que el gobierno continúe violando la autonomía y la independencia de las cooperativas al momento de decidir sobre los recursos económicos que no son públicos sino privados. De esta manera, las cooperativas podrían atender más eficazmente la situación por la que atraviesan sin la influencia indebida del gobierno.

Ante esta situación el movimiento cooperativo tiene una gran responsabilidad ante los socios cooperativistas y el País. En primer lugar, deben informar a todos los socios de las cooperativas la condición económica de sus instituciones, poner en práctica los valores cooperativos de la honestidad y la transparencia, no se puede seguir negando la realidad, hay que aceptar los errores y asumir la responsabilidad fiduciaria sobre las decisiones tomadas. Es preciso comunicar y educar sobre las pérdidas, la falta de liquidez, la necesidad de fusión o consolidación de algunas cooperativas para mantener la solidez del sistema cooperativo. Esta será la única forma en que nuestros socios continuarán confiando y respaldando nuestras cooperativas y evitaremos la fuga del capital del sistema. En segundo lugar, debemos ser proactivos en los cambios a las leyes cooperativas, aprovechar este momento histórico para reclamar que se restructure COSSEC y se separen las funciones de supervisión y el seguro de las cooperativas de ahorro y crédito. Reconocemos que el Estado debe mantener su rol de supervisión para garantizar el interés público de los depositantes en nuestras cooperativas, pero el seguro debe ser administrado por un ente cooperativo privado como existen en otros países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. De paso, deben reclamar que COSSEC deje de supervisar a las Cooperativas de Tipos Diversos para que sean supervisadas por la industria a la que pertenecen, de manera que éstas puedan estar en pie de igualdad con los otros sujetos de derecho privado.

También, deben reclamar de una vez y por todas, la transferencia de las funciones de promoción y desarrollo del cooperativismo que hoy realiza la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) conforme a lo establecido en su propia ley orgánica. Finalmente, debemos reclamar la salida del gobierno y la autogestión del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FDECOOP). En estas tres organizaciones, la co-participación del sector gubernamental y el sector cooperativo ha fracasado. La solución a esto no puede ser la sustitución o eliminación de la participación del sector cooperativo en sus Juntas, sino la transferencia de las funciones y responsabilidades

Los cooperativistas no deben permitir que el gobierno pretenda continuar controlando, mediante este plan fiscal o cualquier cambio en legislación, al movimiento cooperativo puertorriqueño. Si lo permiten, el cooperativismo nunca será una opción real de desarrollo socioeconómico para nuestro pueblo.

El autor es profesor del Instituto de Cooperativismo Universidad de Puerto Rico.