Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una “crisis humanitaria” –producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad y la orgía de ataques, saqueos, “guarimbas”, incendios a personas vivas y atentados con “bombas molotov” a escuelas y hospitales– que sirva como preludio a una invasión no menos “humanitaria” del Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela. Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el gobierno una salida no violenta a la crisis.

Pero ahora las cosas parecen cambiar, y para mal. ¿Por qué? Porque al parecer las estrategias de ambas fracciones se han unificado bajo la batuta que desde Estados Unidos lleva el Comando Sur (el binomio terrorista formado por el Almirante Kurt Tidd y la ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de golpe de estado Liliana Ayalde). Debido a ello los sectores “dialoguista” han convocado, para este próximo domingo 16 de Julio, a un plebiscito o “consulta soberana” que no es otra cosa que la antesala de un golpe de estado porque en dicho ejercicio se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no un cambio total e inmediato de gobierno y, simultáneamente, decretar la ilegitimidad de la legal y legítima convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente programada para el día 30 de Julio y que ha registrado ya más de cincuenta y cinco mil candidaturas en todo el país. Pero la oposición no quiere esperar todo ese tiempo y mucho menos competir en una elección con todas las reglas. Por eso montó este ejercicio absolutamente informal, sin ningún tipo de garantías ni registros; ni padrones electorales ni normas de recuento y fiscalización pública, en un país en donde, según lo asegurara el ex presidente James Carter, el sistema electoral es más transparente y confiable que el de Estados Unidos. Es más, según lo afirmara Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una vez que las improvisadas mesas receptoras de votos terminaran su recuento y se proclamara el resultado del plebiscito –que obviamente darían el triunfo a quienes votaron derogar de inmediato al gobierno de Maduro – las actas serían quemadas para evitar futuras represalias del chavismo y, de paso, cualquier tipo de verificación independiente. Además, dijo que “el único requisito para poder emitir su opinión en la consulta popular es presentar su cédula de identidad, vencida o no, en cualquiera de los puntos soberanos” y, sin decirlo, dejó entrever que los ciudadanos podrán votar cuántas veces quieran y donde deseen. Va de suyo que el gobierno bolivariano, como cualquier otro, desconocerá esta patética pantomima lo cual provocará la furiosa protesta de los antichavistas que, atizados por la propaganda de la derecha golpista, se sentirán estafados en su voluntad escalando a nuevos niveles de violencia la confrontación que ya azota al país.

Los autoproclamados defensores de la democracia y la república en nuestros países (así como el impresentable Secretario General de la OEA) han expresado su simpatía ante este estallido anómico que celebran como si fuera un venturoso florecimiento del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela siendo que no es más que una siniestra maniobra para desatar una crisis que abra la puerta a una invasión del Comando Sur, eventualidad que es reconocida explícitamente por algunos personajes más moderados de la MUD, como el ya mencionado Ochoa Antich. Habrá que ver qué sucede este próximo domingo en Venezuela, y también cuál podría ser la repercusión en nuestros países. Quienes han manifestado su complacencia con esta iniciativa golpista de la oposición antichavista –políticos del establishment latinoamericano y la “prensa corrupta”, como la designara el ex presidente Rafael Correa– harían bien en pensarlo dos veces. No vaya a ser que aparezcan quienes, inspirados en el ejemplo venezolano, decidan también ellos convocar a una “consulta soberana” para preguntarle a la ciudadanía, ante la grave crisis que afecta a nuestros países, si Mauricio Macri, Michel Temer o Enrique Peña Nieto deben o no continuar ejerciendo la presidencia. Si los sempiternos custodios de la democracia y las instituciones republicanas en Argentina, Brasil o México convalidan –sea abiertamente o con su silencio cómplice– la payasada que se escenificará este próximo domingo en Venezuela no deberían sorprenderse si al cabo de un tiempo una iniciativa similar fuese propuesta para ser llevada a la práctica en estos países. Para nadie es un misterio que la legitimidad de sus gobiernos está profundamente cuestionada –la estafa post electoral del macrismo, el golpe de la cleptocracia en el Brasil, la abismal crisis política y social en México– y que la crisis económica y las políticas de ajuste han intensificado a tal extremo la explotación y los padecimientos de las masas populares que sería temerario descartar una violenta irrupción de rebeldía plebeya, misma que encontraría en una “consulta soberana” como la que próximamente se realizará en Venezuela, el pretexto ideal para tratar de poner fin, antes de tiempo, a gobiernos repudiados por la gran mayoría de sus ciudadanos.

Reproducido de www.cubadebate.cu

Es grande la expectativa por conocer lo que dirán exactamente las nuevas regulaciones que serán aplicadas para dar cumplimiento a la Directiva que firmó Donald Trump el pasado 16 de junio para intensificar el bloqueo contra Cuba en un burdo espectáculo realizado en Miami. Han sido tres semanas de comentarios y especulaciones en los que no pocas veces se soslayan aspectos fundamentales y es frecuente tropezar con fórmulas apegadas a las “pautas informativas” que quiere Washington. Como cuando se insiste en hablar de la prohibición a las transacciones con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior pero nada se dice de la extensión de semejante prohibición, que también está en la Directiva, al conjunto de la sociedad cubana. Ahora se afirma que la OFAC (Oficina para el control de bienes extranjeros del Departamento del Tesoro, instrumento clave de esa política) dará a conocer las mentadas regulaciones el 15 de septiembre y para aumentar el interés se acompaña el dato con un reloj digital que va descontando los días, horas, minutos y segundos que nos acercan a esa fecha.

Han sido tres semanas también de diversas manifestaciones de rechazo por nuestro pueblo y también de la amplia solidaridad internacional que incluye a muchos estadounidenses, entre ellos sectores empresariales, académicos y políticos.

Enfrascados en disquisiciones acerca de la imaginaria “normalización” de las relaciones supuestamente intentada por Obama, el chabacano manotazo de Trump incorporó nuevos elementos de confusión al debate.

Conviene una pausa de reflexión antes que se produzca otra noticia desde la capital norteamericana que enrede aun más el análisis. Porque esa noticia tiene un plazo fijo: tiene que producirse, a más tardar, el 16 de julio, es decir, antes de que termine esta semana.

Ese día, el 16 de julio, vence el término para la suspensión de la posibilidad de recurrir ante los tribunales norteamericanos, conforme a la Ley Helms-Burton, que desde 1996 reconoce ese derecho a quienes fueron expropiados por la Revolución incluyendo a los que entonces no habían adquirido aun la ciudadanía estadounidense y que, según el Departamento de Estado, serían más de 200 mil demandantes.

Si tal cosa ocurriese, provocaría numerosos pleitos con los inversionistas extranjeros pero además crearía un inaudito caos judicial ante las reclamaciones que pudieran presentarse y a cuya preparación, por cierto, se han dedicado, desde aquel año, algunos abogados de Miami involucrados en la redacción de dicha Ley.

Ante la protesta de la Unión Europea fue introducida la cláusula que permite al Presidente de Estados Unidos dejar en suspenso la posibilidad de reclamar ante los tribunales por un período de seis meses. Durante más de veinte años, Clinton, W. Bush y Obama, aplicaron la suspensión. Ahora le toca a Trump.

Actuar como sus predecesores parecería ser lo que aconseja la lógica y el sentido común pero esas son cualidades que no siempre guían al actual inquilino de la Casa Blanca y ello alienta a algunos que buscan hacer regresar a Cuba al pasado y convertir a los tribunales yanquis en instrumentos para el odio y la venganza.

Otra vez estamos a la espera de Trump.

En cualquier caso, si no lo hace ahora, le quedarían por delante varios plazos semestrales para sembrar el caos antes de concluir su mandato. Así será mientras la infame Ley no sea derogada completa y definitivamente.

Reproducido de www.poresto