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“Es un deber defender lo nuestro”

Por
candida-cotto
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Foto por Christoian Rosado Medina

 

 

Entrevista a don Edmidio Marín Pagán, participante en la Revolución Nacionalista del 30 de octubre 1950

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Edmidio Marín Pagán tiene hoy 90 años. Fue el combatiente más joven en la Revolución Nacionalista en Jayuya, hace 75 años. No tiene reservas en decir a los jóvenes de hoy, “que no se crean el chiste de que ellos son muy jóvenes, como les dicen en algunas escuelas. Cuando yo cogí una pistola en las manos tenía 15 y aprendí a defender mi patria”.

Marín Pagán compartió con CLARIDAD algunos recuerdos de su participación y la de otros compañeros en el alzamiento armado que fue la Revolución Nacionalista de 1950 en Jayuya. Fue la segunda ocasión en nuestra historia en la que se proclamó la República de Puerto Rico. Jovial, con muchas anécdotas para contar, comienza por señalar su fecha de nacimiento: el 17 de enero de 1935.

Cuenta que luego de la Revolución fue enjuiciado en la Corte Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. En la declaración de culpabilidad siempre había un indeciso en el jurado. Se volvía a deliberar y de nuevo había un indeciso. Entonces los federales detuvieron el juicio y los devolvieron a La Princesa. A los 16 días los volvieron a llevar a la corte. En esta ocasión, el abogado de los Nacionalistas, el licenciado José Hernández Valle, les dijo que el indeciso dudaba por Edmidio, de quien por ser menor de edad, pensaba que no lo podían enjuiciar. En esa otra ocasión el jurado declaró a todos culpables. “Ni yo, ni mi familia sabía lo que estaba pasando, por qué en esta ocasión era culpable”.

Don Edmidio, Elio Torresola, los hermanos Carlos y Fidel Irizarry, Blanca Canales, Miguel Rivera y Ramón Robles fueron juzgados en el Tribunal Federal por la quema de la oficina de correos del pueblo.

Años después de haber salido de prisión, en una ocasión que tuvo que ir al Registro Demográfico, encontró que habían alterado su fecha de nacimiento al 24 de febrero de 1934. El cambio puso a su hermana, Digna América Marín Pagán, a nacer cuatro meses antes que él, el 27 de octubre de 1933.

Tras el veredicto fue enviado a un supuesto reformatorio en Reno, Oklahoma. “No era fácil estar allí. Tuve varios trabajos. El primero fue haciendo escobas de paja. Hubo unos problemas y entonces me mandaron para la cocina. Ahí el revolú fue peor. Alguien se zafó y dijo algo de Puerto Rico que no me gustó. La verdad era que yo era muy impulsivo y, pues, lo enganché en el puño. Entonces ahí me dieron un sillazo y me dañaron en el rostro con una caída”.

Por ese altercado lo mandaron a lo que se conoce como “El hoyo”. Cuenta que estaba todo el día desnudo. A las seis de la tarde le tiraban una colchoneta. A las seis de la mañana se la quitaban. La comida era solo pan y agua. En una ocasión, cuando ya llevaba casi un mes, un doctor italiano daba un recorrido por la cárcel y ordenó que lo sacaran del hoyo. Aunque de primera intención los guardias se resistieron, ante la insistencia del galeno lo sacaron y este lo llevó ante el alcaide, desnudo tal como estaba. Antes le preguntó que si se atrevía a ir así, a lo que él contesto que sí. Ya en la oficina del alcaide, el médico les recriminó si creían que mantener a una persona en esas condiciones era justicia. ¿El resultado? El médico se hizo responsable de don Edmidio y lo mantuvo en el hospital por los 30 días que era el tiempo de castigo en el hoyo.

Don Edmidio no puede dejar de conmoverse al recordar que el médico lo mantuvo en un programa de visitas por un año, en ánimo de protegerle.

“Coabey era nuestro nido”

El héroe nacionalista describe lo que representa, tanto para él como para sus amigos de infancia y compañeros combatientes, el lugar de donde proceden. “En Coabey hay un charco, el Charco de la Suerte. Ahí los muchachos del barrio íbamos casi todas las noches con medio saco de chinas o las cañas que le robábamos a José Reyes”, contó entre risas sobre las maldades que hacían.

Don Edmidio llegó hasta el octavo grado. Comenzó el noveno, pero no lo terminó. Su primer acto de resistencia fue en la escuela primaria de Coabey. Se negó a saludar a la bandera de Estados Unidos. Le dijo a la maestra Aurea Rullán que esa no era su bandera y que si ella quería, al otro día él le llevaba una bandera de Puerto Rico. Ese día lo botaron de la escuela con una carta de regaño. Al día siguiente su padre lo acompañó a la escuela con una bandera de Puerto Rico y le dijo a la maestra que la bandera norteamericana yanqui no era ni la de su hijo ni la de él. Que si Edmidio no saludaba la bandera de Puerto Rico, entonces que sí lo mandara a la casa.

Sobre cómo se integró a la acción del 30 de octubre cuenta que ese compartir entre los jóvenes de Coabey fue un factor decisivo. Entre sus amigos tenía unos cuantos mayores que él, que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial: los hermanos Irizarry, su primo Heriberto Marín y Griselio Torresola. Edmidio, su primo Heriberto y Griselio eran compañeros de ir al río y estuvieron juntos en el Club Cuatro H.

El 30 de octubre de 1950

De esa madrugada del 30 de octubre, contó: “De Coabey, cuando salimos, éramos 18 muchachos. El resto los cogimos en el camino. El comandante de nosotros era Carlos Irizarry, un capitán del ejército”.

Sobre su actuación en los hechos nos narra: “Yo junto a Miguel Ángel Román quemamos el correo y el cuartel de la Policía con una molotov. Yo tiré dos molotov. Cuando tiré la segunda y volteo hacia el cuartel, oigo una risita de un niño, y era un nene que lo habían abandonado en la casa. Me subí al segundo piso a tirar la bomba. Entro y agarro al niño, que estaba boca arriba riéndose, y cuando voy bajando, sube Elio Torresola. Me pregunta qué es lo que tienes en las manos. Entonces lo ve y se sorprende. Cuando salimos a la calle viene el papá. La casa era al lado del cuartel, de una barbería, un almacén de Domingo el Colorao. Luego, una escalera y las dos casas. El señor dice que él estaba trabajando. Su esposa fue quien salió corriendo. Yo no sé, pero no tenía tiempo para averiguar”.

Mientras el joven Edmidio quemaba el correo y el cuartel, su hermana Digna, estudiante de la escuela superior, bajaba la bandera de Estados Unidos del asta en la escuela junto a otro joven de apellido Rodríguez.

Marín y Miguel Pagán recibieron la orden de actuar de parte de Torresola, quien asumió el mando una vez Carlos Irizarry cae herido. En su relato, Don Edmidio expresó sus dudas de que Irizarry hubiese muerto por la herida recibida por parte del policía Camacho. Cuenta que el guardia Camacho le dispara a Carlos y que este le replica y lo mata. Se ha comentado que una enfermera en el hospital de Utuado, a donde fue llevado por Blanca Canales y Mario Irizarry, su primo, aseguró que la herida que tenía Carlos no era para morir, que lo terminaron de matar en el hospital.

La retirada

Cuando ya el fuego había consumido parte del pueblo, Torresola dio la orden de retirada. Allí ya no había más que hacer. El objetivo era salir para Utuado. Don Edmidio cuenta que estaban cayendo unos aguaceros terribles y que el camino era monte arriba. La lluvia provocó que se perdieran intentando llegar a Utuado. Salieron a un lugar conocido como Los 72 Muros, en dirección a Ciales. Ahí, una persona masón dueño de una hacienda les salvó la vida. La persona les previno de no seguir hacia Utuado porque los estaban esperando. Los montó en su Jeep. Era de madrugada y los llevó a su casa, en donde les dieron desayuno y les previno de que regresaran por Ciales y no por Utuado. “O sea, ya estábamos en territorio de Ciales a Jayuya”.

Don Edmidio y Elio Torresola (hijo).Foto Christian Rosado Medina

Para ese momento quedaban juntos él, Torresola y Pagán. Muy entusiasta, sigue contado cómo fue ese recorrido. Por el sector Mameyes de Jayuya se sale a Utuado. Por ahí bajaron y se perdieron otra vez. Salieron a la parte baja de los Tres Picachos, “el sector La Peña. Ya estamos en terreno nuestro. Allí conseguimos entrar a la casa de Toñito Cruz. Llegamos para el almuerzo”. Entonces se preguntaron: “¿Cómo vamos a entrar al barrio cuando en el batey nos está esperando toda la Guardia Nacional?”, y habían tirado morteros a los campos. Ya era el tres de noviembre. Elio Torresola visitó por unos momentos su casa, en donde estaban sus hijos, acompañado de Edmidio y Miguel Pagán. Luego salió a casa de Blanca Canales, en donde fue arrestado. El joven Edmidio fue a casa de sus padres, en donde también fue arrestado. No se sabe qué pasó con Pagán.

De la “Correccional” a Oso Blanco

Tras el arresto y el juicio en el Tribunal Federal, estuvo cinco años en la “Correccional” en Oklahoma. Luego fue trasladado directamente a Oso Blanco, en donde estuvo siete años. Se enteró en ese traslado de que su sentencia era de 200 años. Aún no sabe cómo fue que hubo una revisión de sentencia y le bajaron a una de 13 a 25 años. Después de 11 años y seis meses, salió de prisión el 21 de abril de 1961, por indulto del entonces gobernador, Roberto Sánchez Vilella.

“Yo no me puedo quejar ni un momento de mi familia. Tenía unas hermanas que eran independentistas. Uno de los esposos, el de Iris, era independentista también, Miguel Abreu. Mi hermana Ada Silvia, Awilda, tenemos un hogar que aunque no vayan por el mismo camino están ahí”. Eran ocho hermanos: seis hembras, él y otro hermano varón.

Al salir de prisión estuvo un tiempo en Chicago, hacia el 1975. Cada vez que conseguía un empleo lo despedían después de que agentes federales visitaban el lugar. Pero eso fue hace tiempo, sonríe: “El próximo año mi esposa Ibis Fernández y yo cumplimos 60 años de matrimonio”. Tienen dos hijos, Armando y Guadalupe.

A 75 años de los acontecimientos, don Edmidio no puede evitar emocionarse al recordar la gesta y a sus compañeros. Lo entristece la falta de reconocimiento. “Todo eso se mezcla, se llora. No puedo dormir tranquilo y arrancarme esas criaturas que no están conmigo, que se les ha privado de unos privilegios que se merecen. Aunque sea respeto, por dignidad. Más que nada, un agradecimiento por ese día”.

Este pasado 30 de octubre fue la primera vez que el héroe nacionalista recibió un reconocimiento. La celebración fue en la Casa Museo Blanca Canales, en Jayuya, por el Comité 30 de Octubre. Entre los presentes estuvieron su hijo Armando, sus hermanas Ada Sylvia y Awilda y su sobrina Ada Wilda Caraballo.

Al dar las gracias, don Edmidio expresó su deseo de hablar con los maestros: “A que cuando abran un libro para enseñar no expliquen los textos al revés, textos que son de mentira. A esa semilla que está creciendo ¿por qué no le dicen la verdad de nuestra historia? Vamos a aprender nuestra verdadera historia, vamos a vivirla. Somos una isla que la mayor parte ha sido diseñada para lujo del invasor, y eso quienes lo pueden evitar son nuestros maestros y juventud. Hay que educar como puertorriqueños. Respetamos la historia de cualquier otro país, nosotros convivimos con esas personas también, pero tenemos, es un deber, defender lo nuestro”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propósito de ¡Viva la juventud rebelde!, una nueva mirada al año crucial de 1936

Por
marta-aponte-alsina
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Hace unos meses, Rafael Rodríguez Cruz leyó una conferencia, en Aguas Buenas, sobre algunos temas ampliados en este libro que lleva la juventud en el título. En ocasiones dejaba de leer para pensar en voz alta cómo, a veces, en el estudio de la historia, conviene superar las visiones lineales del tiempo. Esa revisión de la línea cronológica esquemática y unidireccional, está en el punto de vista del autor de esta obra sobre un momento de resistencia multifrontal a la tiranía de Estados Unidos en Puerto Rico.

¿Cómo describir los tiempos en la región del Caribe, donde ocurren las primeras manifestaciones del capitalismo extractivista a partir de los asentamientos de los colonizadores ibéricos? Las respuestas han sido y siguen siendo mapas para entender el sentido y conjeturar el futuro del archipiélago boricua y de la región entera, desde las islas hasta los países de tierra firme. Fue una región diseñada, por el poder capitalista incipiente, para la explotación de la tierra y la gente y la transformación de las formas de vida de los pueblos indígenas, blancos pobres, africanos, oceánicos e hindúes esclavizados o sometidos a la servidumbre. Ha sido y sigue siendo una región de invasiones, agresiones y ocupaciones, del comercio de bienes y de fuerza de trabajo, de migraciones que han generado cambios en otras geografías. El tiempo que heredamos y vivimos es de rupturas y transformaciones.

Se han pensado los tiempos del Caribe, esos tiempos arremolinados, huracanados, fragmentados, pero replicantes. ¿Cómo hacerlo, desde países que han seguido rutas marcadas por imperios diversos, determinados por las migraciones, justamente porque sus controladores los pensaron solo como fuentes para la extracción de riquezas? Recordemos la exaltación profética de Juan Antonio Corretjer y su manera de retomar la propuesta de una confederación antillana. Ese tiempo caótico y a la vez reproductivo lo han escrito ensayistas, novelistas y poetas de muchas formas: como el caos y las partículas fractales en Benítez Rojo; en la obra de poetas como Julia de Burgos y Derek Walcott; en los ensayos de Edouard Glissant. Si tuviera que escoger una metáfora sencilla para expresar el deseo de recuperar tiempos fragmentados y replicantes no se me ocurre otra mejor que el jarrón roto de la cita de Walcott: “Se rompe un jarrón y el amor que reúne los fragmentos es más fuerte que el amor a su forma cuando estaba intacto.”

El tiempo fragmentado y remendado se me parece a los destrozos que ha estudiado y recuperado Rafael en un hermoso libro sobre el huracán y el tiempo. Porque Rafael Rodríguez Cruz es un pensador político y estudioso de la naturaleza, que ha publicado ensayos sobre esos temas que se transforman en este libro.

Los años treinta del siglo veinte fueron un tiempo de convergencias en las luchas antiimperialistas, de interpretaciones nacionales y con frecuencia hispanistas, si no hispanófilas, en el Caribe y América del Centro y Sur. Rafael ha estudiado sus variaciones puertorriqueñas y ha derrotado no pocas interpretaciones. En sus libros sobre la participación del Partido Nacionalista en las elecciones de 1932, ha despejado el campo de las acusaciones de locura y desenfreno atribuidas a un líder que, según sus detractores, acudió a las elecciones por soberbia y desembocó en la lucha armada por frustración. Ha puesto en evidencia no solo la capacidad de una organización militante para organizarse y alcanzar la meta de su inscripción contra obstáculos constantes. La capacidad del Partido Nacionalista y su dirigente en todo caso se consolidan en juicios realistas sobre la intención de los poderes estadounidenses y el papel de Puerto Rico en los planes de explotación de la región.

En aquel tiempo, ocurrían variaciones de la estrategia imperial en Centroamérica y el Caribe, entre ellas una serie de medidas reformistas para aliviar los efectos de la Gran Depresión. “El plan de rehabilitación yanqui es solo una continuación del sistema de desplazamiento implantado por el régimen al establecerse en Puerto Rico,” advertía Pedro Albizu Campos en julio de 1934.

En ese medio se produce una confluencia de protestas obreras y políticas que de algún modo fueron acercando las piezas del jarrón roto desde 1898. Se hace evidente que la ocupación de Puerto Rico ha sido siempre una ocupación militar justamente cuando es presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt, un hombre que adoptó estrategias para que no se hiciera pedazos el mosaico de su propia nación. Según Albizu, se replicaba aquí (y la universidad pública tuvo su parte) un plan de asistencia caritativa, no para afirmar que el deber del país intervencionista era reconocer la ilegalidad de la colonia, sino para acentuar la dependencia y acallar conciencias.

El pueblo se muere de necesidad. Entonces, a partir de 1934, con la represión desatada por el jefe de la Policía Francis Riggs y el gobernador Blanton Winship se declara la guerra a toda disidencia y se militariza la policía de Puerto Rico a niveles que parecen la preparación o el ensayo para otras guerras y simulaciones continuas y futuras, tras la consigna del panamericanismo y el puentismo.

El eje del libro Viva la juventud rebelde es un tiempo de condensación de fuerzas de resistencia que se extendió desde la masacre de Río Piedras, en octubre de 1935, la muerte de Riggs y el linchamiento de Beauchamp y Rosado en febrero de 1936, hasta el encarcelamiento de los dirigentes nacionalistas, con uno de sus puntos culminantes en un movimiento de pueblo que rebasaba las filas del Partido Nacionalista. Es un momento que en nuestra cronología no lineal podría llamarse de encrucijada o convergencia. Esos momentos que se fragmentan y entierran para que no se perciban hasta que un investigador los reanima, como se ha propuesto el autor en sus libros breves, accesibles y documentados.

Para juntar los fragmentos, el autor emplea la técnica narrativa del montaje, como en el cine, o en el teatro épico, sin rearmar una cronología estricta o una voz narrativa dominante. El libro comienza en uno de los momentos climáticos de la línea del tiempo, con una acción sencilla de un simbolismo enorme: el izamiento de la proscrita bandera puertorriqueña en la Escuela Superior Central el 29 de abril de 1936 y las acciones resistentes de los estudiantes durante el siguiente mes de mayo. Aislada de la cadena de acontecimientos que las preceden y les siguen, estas semanas de lucha pueden compararse con un close-up.

Las manifestaciones de los estudiantes de la Escuela Superior Central, así como de numerosas escuelas en San Juan y otros municipios, descritas de cerca y exclusivamente desde el punto de vista de los periodistas, hilan un relato en sí. No creo que se haya recuperado antes aquel momento extraordinario de manera minuciosa, sorprendente. La voz que narra la primera sección es casi exclusivamente la de los periodistas, a quienes el autor considera “ejemplos de un apego fiel a la profesionalidad periodística, que profesaban un amor genuino a Puerto Rico y su gente humilde.” Se diría que ese periodismo para el récord, narrativo, casi literario en algunos casos, ya no se cultiva, con excepciones.

Ese primer capítulo, un montaje de copia y pega con pocas intervenciones del autor, comunica sin mediaciones el clima represivo de la colonia y el margen de denuncia militante contra la presencia del régimen imperial. A la acción prohibida de izar la bandera se unen jóvenes de las barriadas santurcinas, que no eran militantes del Partido Nacionalista ni de partido alguno. La recuperación de este relato no cabe en la construcción lineal del tiempo. Por el contrario, es una revelación, como si se abriera un sobre abultado y condenado al destrozo y se desplegara su contenido. Las voces se multiplican, los conflictos entre los manifestantes y las fuerzas militares se reaniman. Veo una resonancia, oculta, pero real, entre la lucha de los estudiantes de casi todo el país en torno al derecho de honrar un símbolo y la última gran huelga estudiantil de este siglo 21, la de las y los jóvenes que confrontaron a la Junta de Control Fiscal, cuando el movimiento estudiantil demostró tener un alcance, una vocación democrática y una tecnología superiores a las estructuras burocráticas universitarias. Ayer, como hoy, el militarismo del régimen se reveló abiertamente. En las manifestaciones de 1936, impresiona, además, el conocimiento que tenían los estudiantes dirigentes de otras luchas estudiantiles en América Latina y el Caribe.

El segundo gran escenario del libro es una crónica conmovedora del desbordamiento del Río Grande de Loíza el 21 de mayo de 1936, casi como si hubiera sido parte de la agitada atmósfera política. La analogía con el escenario del huracán San Ciriaco, ocurrido en 1899, es tentadora. Como entonces, los movimientos de la naturaleza han desmontado nuestras islas de las capas boscosas, de la maleza, del abandono que a veces la protege, para revelar la profunda pobreza de miles de sus habitantes. En aquel año de 1936, despojados de sus tierras para ampliar latifundios, los pobres del campo, los que no habían emigrado a los arrabales urbanos, levantaban sus casitas hechas de basuras útiles en zonas que pertenecían a las aguas elementales de los ríos. De paso, de vuelta a su voz de autor, Rafael dedica buena parte del fragmento a informar sobre la extensión del río y la potencia de sus aguas en este capítulo, escrito como contrapunto al entrañable poema de Julia de Burgos, publicado por primera vez en 1938, en el libro Poema en veinte surcos, es decir, en la zona de irradiación de aquel tiempo de rebeldías y persecuciones.

Las réplicas de aquellos desbordamientos de la voluntad de ser se dejarían sentir hasta el presente, con la absoluta oposición entre la supervivencia de un pueblo y el colonialismo maquillado de derechos tan frágiles, que bastó la firma de un presidente para dejar al país sin gobierno propio y condenarlo al vaciamiento y a la ruina, a la sustitución de una política económica autónoma por los veredictos de un puñado de agentes del capital.

Quizás el punto más irradiante, como de copa desbordada, porque excedió los límites de la militancia del mismo Partido Nacionalista, se condensa en el título y en el orden del libro, que rompe cronologías, puesto que la parte final fue anterior al izamiento de la proscrita bandera puertorriqueña durante dos semanas en mayo, en la escuela Superior Central y en escuelas de otros pueblos. Se trata de una convocatoria y una asamblea estudiantil. Como punto culminante del relato de este libro, el investigador ofrece una documentada relación de la movilización estudiantil en la última de las secciones, aunque en estricto orden cronológico debió ser la primera. A fin de cuentas, la historia no tiene tiempos cerrados e incomunicados. El misterio de las fuerzas desatadas, para que durante semanas ondeara sola la bandera prohibida se descorre en las voces y propuestas de los jóvenes. Con el informe documental sobre esa asamblea abierta, celebrada el 23 de marzo de 1936 en el Teatro Municipal de San Juan, a la cual acudieron más de 200 estudiantes de diversos pueblos de la isla, los estudiantes reconocieron la valiente posición de Albizu, y se adoptaron varias resoluciones. Entre ellas se destacan la firme oposición a participar en todo conflicto bélico de carácter imperialista; una denuncia del comportamiento del Comisionado de Educación; la petición de que el español fuera el vehículo de enseñanza en las escuelas; un voto de censura a Winship y una proclama de fidelidad a la bandera puertorriqueña. Con este impresionante relato de la voluntad democrática y la seriedad de jóvenes en adolescencia concluye un libro que es comparable al montaje de un documental y que presagia otras investigaciones sobre el pasado por venir.

Para puntualizar: la muerte del jefe militar Riggs tuvo repercusiones en Washington. Por otra parte, y en menos de una década, el Partido Nacionalista había establecido redes de solidaridad en América del Sur y Estados Unidos, representadas estas últimas por una figura como el congresista Vito Marcantonio, que mereció un libro de Félix Ojeda, así como el ensayo de Gerald Meyer publicado en la revista Signos. Por primera vez el proyecto Tydings, de abril de 1936, retirado luego, reconocía la posibilidad de una independencia controlada. Por primera vez se juntan, fugazmente y como en un arranque de miedo, los partidos de la colonia e incluso Martínez Nadal. Albizu, por su parte, propone una asamblea constituyente, entendiendo que Puerto Rico era libre ya, porque la ocupación militar colonial fue ilegal; no tuvo ni tiene base en derecho.

Y entonces se procede con una total, evidente y aplastante violencia contra el Partido Nacionalista y sus dirigentes, la cual culminará con la masacre de Ponce.

Pero realmente no hay mayúsculas iniciales ni puntos finales en la historia. Es evidente que la muerte de Riggs y el linchamiento de Beauchamp y Rosado, detonadores del ciclo que se presenta en Viva la juventud rebelde, no son letra muerta.

Este libro de escenarios y fragmentos desenterrados y reunidos por la pasión del investigador Rafael Rodríguez Cruz y su amor al pueblo donde no nació por los accidentes de la migración; el pueblo que lo marcó desde la niñez, en aquella escena del paso de un huracán en la tormentera del abuelo, protegido por las bendiciones de sus mayores y los cuentos bien narrados, que son la mejor defensa de la niñez, es su más reciente acto de amor correspondido. Se lee con la urgencia de una trama o montaje documental, y nos sitúa detalladamente en lo que pasó sin haber dejado de pasar. Gracias,querido Rafael.

Texto leído en la presentación del libro en Cayey. El libro esta a la venta en la CLARITIENDA

Ley 22 (60): Pérdidas  para Puerto Rico y bonanza para inversionistas extranjeros

Por
candida-cotto
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 Coalición Puerto Rico no se Vende

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Entre el 2024 y 2030 el gobierno de Puerto Rico perderá más de $18 mil millones del erario- solo por concepto de la Ley 22. Esta cifra cuadruplica el estimado del periodo del 2020 al 2026 en $4,400 millones, según el Informe de Gastos Tributarios del mismo Departamento de Hacienda, dio a conocer la Coalición Puerto Rico no se Vende.

La portavoz de la coalición, Ana Hernández,  señaló que durante  los últimos tres años el  trabajo de la entidad  se ha enfocado en estudiar el impacto y supuestos beneficios de la Ley 22.  “Los datos son claros: el gobierno pierde mucho más de lo que recauda. Este último Informe por Hacienda refleja que se perderán más de $18 mil millones que podrían invertirse en energía, pago de pensiones, hospitales y escuelas. Mientras el país se empobrece, el gobierno le da prioridad a los millonarios que compran propiedades, desplazan comunidades y no pagan contribuciones”.

Esta afirmación quedó demostrada en la investigación de la coalición plasmada en el informe, Dolor y Lucro: los inversionistas con multitudes exenciones contributivas que empobrecen a Puerto Rico, el cual  fue divulgado a la prensa en días recientes.

 Si ya no fuera suficiente que la Ley 22, ahora Ley 60- cuyo propósito es incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico-   concede exenciones de 100% sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, sin requerir inversión o creación de empleos, a sus “beneficiarios”, el informe revela que, además, éstos  han acumulado otros beneficios de exenciones contributivas  para subsidiar desarrollos de lujo que fomentan  la privatización de recursos.

La investigación identificó siete principales   tipos de exenciones que se ofrecen a los inversionistas de la Ley 22.  La primera, la Ley 74 para el Turismo que va desde hoteles, parques temáticos, marinas,  campos de golf, propiedades vacacionales compartidas, puede recibir una exención del 90% al 100% en  impuestos sobre ingresos, contribuciones municipales y hasta el IVU entre otros gravámenes.

Si es una empresa de exportación tiene clientes fuera de Puerto Rico puede recibir hasta un 100% de exención de impuestos sobre sus ingresos en Puerto Rico, entre otros privilegios. Le sigue la exención contributiva para una compañía de energía renovable. Es decir, si el extranjero beneficiario de la ya mencionada ley abre una compañía de energía recibe una tasa contributiva de 4% sobre sus ingresos,  exención en contribuciones municipales, incluyendo sobre la propiedad y el 100% de exención en pagos a socios y accionistas, entre otros.

Si es un inversionista individual, es decir adinerado de la Ley 22 que dice vivir en Puerto Rico, recibe una exención de 100% del impuesto sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, además de otros beneficios.

Por otro lado, la llamada Ley 73 ofrece a  los “beneficiarios”  exenciones para sus entidades bancarias y financieras internacionales ubicadas en Puerto Rico, que tengan clientes fuera del país,  con una tasa  contributiva corporativa de 4% , una exención de 100% sobre la propiedad de los activos que posea el negocio y una exención de 100% en ingresos municipales.

El ultimo beneficio es para los proyectos de desarrollo en las llamadas “zonas de oportunidad”,  para lo cual el Gobierno de Puerto Rico, designó el 100% de la isla. Estos proyectos reciben una exención total de 100% durante 15 años, entre otras exenciones.

La investigación de la Coalición Puerto Rico no se Vende identificó beneficiarios de las “dádivas” contributivas entre recipientes de la Ley 22 en todos estos espacios de “exención”. Por ejemplo, el beneficiario de la ley 22, Kevin Futch, es el asesor general de Genera PR,  y dirige las áreas de asesoría jurídica, cumplimiento y gestión de riesgo de la empresa.

El caso de Genera PR, encargada de la generación de energía eléctrica, fue catalogado como uno de los más flagrantes, según los portavoces de la Coalición. Genera PR, la cual es subsidiara de News Fortress Energy, opera bajo la Ley 60, con una tasa contributiva reducida de 4%, exenciones en contribuciones municipales y sobre la propiedad, y una exención del 100% en pagos a socios y accionistas. Esto representa $32 millones en beneficios durante los primeros cinco años, y podría alcanzar $100 millones si la empresa cumple ciertos criterios ambientales y de seguridad ocupacional.

En el área de turismo, ya han recibidos exenciones por la Ley 60 el proyecto Esencia en Cabo Rojo, de los inversionistas Reuben Brothers y Three Rules, al cual el gobierno le ha concedido exenciones por la cantidad de $497 millones. Por su parte, el inversionista Eddie C Ishay,  ahora propietario del antiguo hotel El Escambrón  pretende apropiarse toda el área del área pública del Escambrón. Otro beneficiario es el presidente e incorporador de HR Holding, Paul Napoli, y su esposa  Marie, que figura como administradora, de un mega proyecto de lujo en la Milla de Oro, en lo que era el edificio Hato Rey Center. Según se anunció, los precios de los apartamentos comienzan en $745 mil por un apartamento de una habitación. Los de tres habitaciones se venderán en $2 millones.

En una de las llamadas “zonas de oportunidad”, el beneficiario de la Ley 22 Shawn Hanson,  miembro de la compañía “Castillo del Este LLC” obtuvo una designación como ZO en  junio del 2024 para construir un centro comercial de lujo, el Palmas Town Center,  en Humacao, y contará con tres mil cuerdas de playa, dos campos de golf, el centro de canchas de tenis más grande del Caribe, un hotel con casino y una marina.

En cuanto a exenciones por exportación se encuentra Brian Tenenbaum. de Abbot Lang LLC, una firma de consultoría de inversión de capital privado y desarrollo de bienes raíces. Tenenbaum fue antes director de operación de la firma Morgan Reed, la cual fue acusada de querer desalojar a la organización comunitaria Comedores Sociales de Puerto Rico de una facilidad vacía, y en la cual la organización había invertido $120,00 mil en su rehabilitación.

Un beneficiario de  exención contributiva por  actividad financiera y bancaria internacional, lo es Pavan Shunker y su firma Sun West Mortgage Company International. La compañía tiene su sede principal en Cerritos, California,  y en Puerto Rico, tiene oficinas en Guaynabo y Ponce.

Además de los antes mencionados, el  informe  contiene una lista de otros 29 beneficiarios de la Ley 22, y presenta evidencia de cómo este modelo especulativo se ha extendido más allá del Área Metropolitana, desplazando comunidades y promoviendo desarrollos de lujo en todo el archipiélago. Proyectos como Ocean Drive Development, Oro Residences, el Normandie y el propuesto desarrollo del Escambrón ejemplifican un turismo subsidiado por el Estado, en el que inversionistas -en su mayoría acogidos a la Ley 22- reciben exenciones de hasta 100% en IVU y 90% en contribuciones sobre ingresos y propiedad.

 

 

 

“El gobierno se ha cerrado a la idea de que existan las cooperativas”

Por
adrian rodriguez alicea
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CLARIDAD

 Ante la escasez de vivienda que atraviesa el país, expertos en el cooperativismo esperaban que el Gobierno de Puerto Rico respondiera con más modelos que, como las cooperativas de vivienda, ofrecieran más residencias asequibles. No obstante, advierten, el Estado se ha orientado hacia otra política pública, como proyectos privados de inversiones multimillonarias.

Para Lucy Sánchez, líder de la cooperativa El Alcázar y la Liga de Cooperativas, esta fórmula de vivienda resulta más eficiente y solidaria que otras– como un apartamento privado o uno subsidiado por el Estado– a la hora de organizar sus comunidades. Las cooperativas, cuenta la experta, manejan sus asuntos internos partiendo de la participación colectiva, como al momento del recogido de basura o alumbrar los espacios comunes.

“El gobierno se ha cerrado a la idea de que existan más cooperativas… La mayoría de nuestras cooperativas están llenas hasta el tope. Son pocas las que tienen todavía espacios para que nuevas familias se integren a ese sistema. Por ejemplo, en mi cooperativa (El Alcázar) somos 239 apartamentos y solamente uno o dos que tenemos disponibles. Tenemos una lista de espera de como 25 personas”, elaboró Sánchez.

De acuerdo con la líder comunitaria, las cooperativas apelan a quienes buscan hogares seguros, accesibles y que, a diferencia de otros modelos, permiten que los residentes participen activamente de la toma de decisiones. Inclusive, Sánchez aseveró que quienes entienden cómo opera el modelo cooperativo “prefieren estar en una lista de espera”.

“Nosotros somos los que decidimos nuestro futuro, en conjunto, la comunidad. Los condominios tienen juntas que pueden estar ahí eternamente, y las personas no tienen la participación ni la asamblea. Nosotros celebramos asambleas a las que va una cantidad sustancial de la comunidad. Y allí es donde discutimos los asuntos que queremos que se arregelen o añadan… No lo decide una persona”, continuó.

Empero, los esfuerzos por expandir las cooperativas han enfrentado poca voluntad por parte del Estado. Sánchez acudió, hace unos años, a una reunión convocada por la Liga de Cooperativas a la que acudieron: la Comisión de Vivienda, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y el Departamento de Vivienda federal. En esa conversación, aseguró, el gobierno local comunicó que no crearía más cooperativas de vivienda.

“Aquí, simplemente nos dijeron ‘no vamos a hacer más cooperativas’. Así, ‘no vamos a hacer más’, sin dar explicaciones ni nada”, compartió con CLARIDAD.

Por otro lado, Sánchez agregó que la titularidad individual ha cobrado interés en tiempos recientes dentro de algunas cooperativas. La única distinción de esta nueva fórmula radica en que quienes opten por la titularidad podrán tener un título de la propiedad. Sin embargo, reparó la experta, las cooperativas que ofrecen la titularidad no obligan a todos sus residentes a someterse a esta opción.

“No es como los edificios, que tú puedes tener tres y cuatro apartamentos en el mismo edificio, y tú ni vivir ahí. Nosotros (las cooperativas) mantenemos que tienes que ser socio, que tienes que vivir en tu apartamento, que no lo puedes alquilar. La única diferencia ahora (con la titularidad) es que, si se aumenta la renta, es una decisión que se toma en una asamblea”, aclaró la líder de El Alcázar.

La fórmula titular, explicó Sánchez, puede repercutir en las finanzas de la cooperativa que opte por este modelo, puesto que muchas acaban reduciendo la aportación de mantenimiento y, con eso, limitando la cantidad de recursos invertidos en vida comunitaria. También, presenta contradicciones reglamentarias cuando, por ejemplo, algún residente fallece. En esos casos, los herederos por ley de esa persona heredan el título del apartamento, pero no pueden residir en el espacio hasta convertirse en socio.

“En la titularidad, tenemos las mismas responsabilidades. El reglamento no varía”, resumió.

“Quien nos supervisa a nosotros es COSSEC (Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas). Tenemos reglamentos internos, y ese reglamento interno, en el caso de El Alcázar, se mantiene como estaba. (Eso incluye) las reglas de convivencia y, ahora, lo que la ley dispone para los socios titulares, pero yo tengo que cumplir igual que un socio con título. Es el mismo reglamento”, dijo Sánchez vía telefónica.

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de Puerto Rico, COSSEC es la corporación pública encargada de supervisar y regular a las cooperativas del país, y fue creada en virtud de la Ley 114 de 2001. Administra, además, el Fondo de Seguro de Acciones y Depósitos de los más de 1.3 millones de socios de las cooperativas de ahorro y crédito.

“No están haciendo nuevas cooperativas, y el movimiento cooperativista no tiene los recursos  para hacer un edificio, o hacer casitas, o hacer ‘walkups’, pero el gobierno no quiere entender eso, están cerrados. Hay tantas estructuras que se están perdiendo con tanta necesidad de vivienda que hay… Los que dirigen el gobierno van a dar los permisos (de construir) a las personas que pueden aportar a las campañas políticas de ellos. Sencillo”, comentó la integrante de la Liga de Cooperativas.

Incluso, Sánchez mencionó el caso de un grupo de residentes de Santurce que intentó organizar una cooperativa de un edificio, pero que el Estado rehusó desarrollar. Esta falta de iniciativa también se refleja, contó la líder, en la cantidad de edificios abandonados que el gobierno desaprovecha como posibles viviendas cooperativas.

“La gente que viene a dirigir las estructuras de gobierno que tienen que ver con nosotros nunca han visitado una cooperativa. No han vivido en una cooperativa. Viven en condominios o urbanizaciones privadas, y vienen con la mentalidad con la que funcionan esas comunidades. Es difícil, porque uno no ve representación en la junta de directores del gobierno”, denunció la cooperativista.

En ese sentido, Sánchez puntualizó que esta desproporción, donde muchas veces hay más integrantes de comunidades privadas que del cooperativismo, incide en la política pública trazada para este modelo económico de vivienda.  Para contrarrestar la creciente política pública, que favorece el turismo flotante y el arrendamiento a corto plazo, la ciudadanía debe organizarse y exigir más proyectos cooperativistas.

“Lo principal es la educación, que uno vaya y le diga a la gente ‘esto es lo que hay’. Para que cuando se le lleve un proyecto al gobierno, ellos vean que detrás de eso está la gente. Y como ellos están interesados en los votos, tenemos que reunir a esa población para que le haga presión a sus líderes. Para que un alcalde no tumbe un edificio y haga una barra, por ejemplo”, concluyó la líder comunitaria.

 

 

Mirada al país -Las pensiones las pagamos todos

Por
luis-pedraza-leduc
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Especial para CLARIDAD

La clase trabajadora sufre y paga por todos los males en la sociedad que conocemos y en la que vivimos. El desarrollo del estado moderno nos llevó hace más de un siglo a la creencia de que existía un contrato social entre el gobierno y el individuo. En palabras sencillas, el individuo trabaja, cumple con las normas sociales y políticas y el gobierno le garantiza su bienestar.

El medio o instrumento de hacer efectivo este contrato es el impuesto, una cantidad de dinero que el individuo da para recibir los beneficios de ser parte de la sociedad. Una vez la nobleza imponía unilateralmente el impuesto que se podía dar en especie, es decir, los frutos del trabajo. Según evolucionó la sociedad feudal al estado burgués las reglas cambiaron con ofertas de justicia, libertades, derechos e igualdad. Los impuestos tomaron formas sutiles de pagar.

Hoy pagamos un impuesto anual al momento de pagar las contribuciones basados en los ingresos de cada cual. Pero esas contribuciones se pagan durante todo el año cada vez que cobramos el salario. Y esas contribuciones no son uniformes. Quienes más ganan pagan menos. De igual manera las empresas y corporaciones pagan menos que el individuo. Eso se logra mediante fórmulas hechas por los representantes de la clase adinerada que ponen topes al ingreso para pagar contribuciones. Pero la médula de la fórmula es que el noventa por ciento de la clase trabajadora aporta más a la sociedad que el diez por ciento que aporta la clase adinerada.

Además del pago por ingreso, pagamos impuestos por todo lo que compramos (IVU) o por los servicios que recibimos, ejemplo, el uso de la telefonía, la energía, el agua. Hay productos como las bebidas alcohólicas o el tabaco que tienen impuestos destinados a un fin específico. Hasta las multas de tránsito son un impuesto, además de una penalidad.

Vemos entonces que el contrato social entre el individuo y el estado es una puerta giratoria entre el dinero que aportamos todos y los servicios que recibimos. El gobierno-estado no aporta nada que no sea el administrar nuestras riquezas. Pero siempre hay algo escondido entre las letras pequeñas de los contratos. En este caso la maldad se encuentra en la división social que nos muestra que las clases que componemos la sociedad no somos iguales. Que existe una mayoría que sobrevive y sufre ante las desigualdades, la pobreza, la escasez y la falta de servicios. Que esa mayoría depende del ingreso y la deuda para vivir.

Existe una minoría que no tiene problemas en pagar por todo. Incluso pueden pagar impuestos por artículos de lujo como son ciertos autos, joyas o servicios exclusivos. Esa minoría se asegura ocupar los puestos del gobierno, es decir el poder ejecutivo, legislatura, jueces y demás instancias de gobierno. Así hacen las leyes, las guías de contribuciones e impuestos y la forma de ofrecer los servicios del contrato social a los miembros de la sociedad.

Después de la segunda guerra mundial ocurrida entre el 1940 al 1945, el mundo, es decir la clase trabajadora tuvo dos polos de referencias, la propuesta capitalista, la sociedad regida por el mercado y la propuesta socialista, con planificación económica desde el estado. En esa lucha de ofertas se desató la llamada guerra fría. Ante un movimiento sindical internacional con preferencias de izquierdas, los gobiernos capitalistas hicieron concesiones y reconocieron derechos a la clase trabajadora. De esta manera surgen organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, con su propuesta de descolonizar el planeta y reconocer derechos humanos y universales. También surgen otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Comercio Mundial y las ONG que buscan fortalecer las economías de mercado emergentes mediante la emisión de deudas, campañas de propaganda en contra de ideologías de izquierda y otras de naturaleza militar como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.

Para las décadas de 1960 hasta finales de 1980 el estado de bienestar se consolidó en las primeras economías de mercado. Se reconocieron como derechos la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la protección social, la protección a la mujer, la niñez y los envejecientes. Diversas leyes en diferentes países instrumentan hasta hoy estos derechos.

Pero los ricos del mundo no descansaron desde el día uno para enmendar el contrato social a su favor. Y los impuestos han sido la clave para fortalecer sus posiciones ideológicas. Tomemos el ejemplo de una medida socialista que se ha convertido en un logro emblemático de la sociedad norteamericana, el seguro social. Todo trabajador debe pagar una parte de su salario y los patronos (públicos y privados) aportan una cantidad similar. El gobierno administra los fondos para asegurar un ingreso al trabajador después de cierta edad y aportaciones pagadas. También se aseguran ciertos servicios médicos.

Todo norteamericano vive orgulloso de esta medida que en su inicio fue repudiada por la clase adinerada de EE UU y tildada de medida comunista. Hoy la clase adinerada que dirige el gobierno norteamericana anuncia que el seguro social se acabará en las próximas décadas y proponen planes privados controlados por la banca privada para administrar fondos de retiro individuales. Puerto Rico, por ser colonia de EE UU sigue los ejemplos y sufre las consecuencias.

El ejemplo del seguro social unido a la explicación del por qué existen los impuestos nos debe dejar claro que los trabajadores pagamos todo, hasta las aportaciones de los patronos privados ya que esta surge del valor adicional que la clase trabajadora imparte a las mercancías y los patronos convierten en riqueza.

A raíz de la desaparición de la Union Soviética en la década de 1990 como estado socialista, las ideas neoliberales tomaron fuerza en todo el planeta. La idea central neoliberal consiste tres puntos vinculados entre sí. Primero, que el estado es muy grande, por lo tanto debe reducirse a favor de la función de facilitar procesos. Segundo, que los servicios que otorga ese estado deben ser traspasados a la empresa privada ya que esta es eficiente y ágil. Y tercero, que se deben eliminar todas las regulaciones, permisos y controles establecidos por el estado a favor de la iniciativa privada ya que el mercado se auto regula en base a la oferta y demanda.

Esta idea neoliberal, descreditada por las experiencias habidas, sigue con fuerza en la colonia. Los gobernantes ganan elecciones prometiendo eliminar el gobierno que aspiran a dirigir. Hacen contratos leoninos para vender hospitales, escuelas, carreteras, el sistema de comunicaciones, de agua y energía. Se ha recurrido a la deuda, inversión del capital en actividades del gobierno, para operar a favor de los intereses financieros y bancarios. Hoy, endeudados y sin capacidad de pago, la metrópolis crea una ley (Promesa) para que una Junta de representantes del capital administre la colonia y la rehabilite para tomar prestado.

Esta ley ha permitido desmantelar las corporaciones públicas que quedaban, quitar derechos a los trabajadores sindicalizados y los no organizados, congelar convenios colectivos y beneficios económicos negociados, despedir trabajadores, reducir a un mínimo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, eliminar los sistemas de retiro de los empleados gubernamentales, reducir las pensiones y otros beneficios, atacar y poner en jaque los sistemas de pensiones de la AEE y la UPR, entre otros.

La desregulación busca eliminar la legislación que protege el ambiente y las agencia reguladoras. Los inversionistas y contratistas se burlan de los grupos ambientalistas y los atacan con violencia en todos los escenarios.

Y para colmo, la clase trabajadora ha pagado más de $2,000 millones por las gestiones de la Junta de Control Fiscal desde 2017 hasta hoy. Y seguimos pagando todo, los costos en dinero y los costos en servicios deficientes y ausentes.

Y la peor privatización existente, LUMA y GeneraPR, pretenden que levantemos nuestra protesta por un impuesto más en la factura de la energía eléctrica destinado al pago de las pensiones. Y los cabilderos pagados que dirigen programas de radio y televisión le hacen coro al pago anunciado.

La verdad es que las pensiones de la AEE, el seguro social y las pensiones de todos los trabajadores gubernamentales las hemos pagado siempre la clase trabajadora en ese contrato social que legitimó los impuestos llamados contribuciones. Todos nuestros pagos de impuestos van a costear las operaciones del gobierno. Así que el problema no son los impuestos. El problema es para que se usen. Si los impuestos se usan para garantizar los servicios esenciales de educación, salud, vivienda, trabajo y protección social o los impuestos son para favorecer a las elites de aquí y de allá.

O si por el contrario los impuestos son pagar una deuda que no es nuestra. O si los impuestos son para dar créditos contributivos a inversionistas extranjeros, a empresas que prometen empleos que no aparecen y otras acciones favorecedoras del gran capital. O si los impuestos son desviados mediantes altos salarios y beneficios a ejecutivos del gobierno y la empresas privadas contratadas.

La solidaridad de clase debe prevalecer. Todo trabajador paga las pensiones de los que trabajaron antes. Y necesitamos más trabajadores que paguen las del futuro. Pero los gobernantes quieren engordar los bancos de inversión con planes de retiro individual. Quieren eliminar los planes de retiro negociados entre uniones y patronos. Quieren que los trabajadores nos peleemos unos con otros mientras ellos se apropian de nuestros impuestos pagados.

El problema no son las pensiones. El problema es quienes gobiernan, para qué gobiernan, cómo gobiernan y para quienes gobiernan.

 

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