CLARIDAD
A 17 años de que el pueblo se manifestara y presentara resistencia a la privatización de un bien de dominio público, el tiempo le ha dado la razón. Si desde el principio, el gobierno de Puerto Rico no debió vender los terrenos donde hoy se encuentra el llamado complejo Paseo Caribe, por ser terrenos de dominio público ganados al mar, mucho menos su comprador Arturo Madero, debe poder revender a un tercero la servidumbre de paso que se acordó en aquel entonces entre el gobierno, representado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la empresa de Madero, San Geronimo Caribe Project, para el uso del Camino del Fortín San Jerónimo.
Ahora, a casi veinte años de aquel acuerdo, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico avaló en una decisión controversial, surge una nueva pugna a raíz de la acción legal presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Laguna Plaza, el cual es parte del complejo que hoy se conoce como Paseo Caribe y son los vecinos inmediatos del Camino del Fortín. El consejo de Titulares se enfrenta a la empresa Paseo Caribe Commercial (PCC) del inversionista de la Ley 20 (ahora Ley 60), Charles Hamilton, quien alega haber comprado el Camino del Fortín a Arturo Madero.
En entrevista con CLARIDAD, la licenciada Mónica Vega Quintana, representante legal de los titulares del Condominio Laguna Plaza, repasa todo el tracto de lo que fue la controversia de Paseo Caribe. Durante los años 2007 y 2008 hubo protestas masivas de diversos sectores ciudadanos que se oponían a que dichos terrenos, de reconocido valor histórico, arquitectónico y arqueológico, fueran vendidos a un inversionista privado. El entonces secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, intervino en la controversia y emitió una opinión afirmando que dicho espacio no era susceptible de ser vendido a un particular porque el mismo es de dominio público, no solo el tramo que conduce al Fortín, sino todo el terreno. Esto, porque debajo del mismo quedan rastros arqueológicos de lo que había sido la primera fortificación de la capital construida bajo la égida de la corona de España. Dichos terrenos, ganados al mar, fueron vendidos al Hotel Caribe Hilton, durante la administración de Pedro Rosselló, y dicha hospedería los vendió, a su vez, a la empresa de Madero, San Geronimo Caribe Project, en el año 2002.
La presión ocasionada por las protestas movió a que el 2 de agosto del 2007 se firmara un acuerdo preliminar entre el ICP y San Geronimo Caribe Project en el que se reconoce el acceso público a perpetuidad e irrestricto del Pueblo de Puerto Rico al Fortín de San Jerónimo. “El derecho de acceso público a perpetuidad e irrestricto al Fortín, dando acceso de entrada y salida, está constituido a través del acceso tradicional al Fortín desde la calle Rosales y del nuevo acceso a través de la Avenida Ponce de León al Fortín”, lee el décimo tercero de los acuerdos. Este acuerdo también fue firmado por oficiales del Hotel Caribe Hilton, ya que la calle Rosales está al lado de dicho hotel. Además, el acuerdo estipula que el acceso al Fortín “es y será de un ancho mínimo de 8 metros para el acceso y salida del tráfico peatonal y vehicular y para su mantenimiento, sobre y a todo lo largo de la calle, acera o camino”. El paseo fue segregado como la parcela 1084 de uso público. Aunque la intervención del Departamento de Justicia llegó hasta el Tribunal Supremo (TSPR), y dicho Tribunal, presidido por el juez Hernández Denton reconoció la venta, también reconoció como válido al acuerdo firmado entre el ICP y San Geronimo Caribe Project. Tras el acuerdo, el ICP quedó facultado para fijar en otra escritura pública qué tipo de administración ejercería dicha dependencia sobre el Camino al Fortín.
“Lo que es importante del acuerdo es que contiene unas disposiciones que fueron de conformidad”, indicó la licenciada Vega Quintana. Añadió que el acuerdo se da por virtud de lo que se llama afectación bajo el Código Civil, que es cuando un bien privado pierde esa cualidad porque está destinado a un uso público, en este caso el acceso al Fortín, por lo que no se puede enajenar, es inalienable, no es embargable, ni se puede gravar. Por eso, aunque el ICP nunca presentó la escritura de administración, la abogada fue enfática al señalar que el señor Madero sabía que él era responsable por garantizar el acuerdo. Tanto así, que hubo una reunión entre el señor Madero y la entonces directora ejecutiva del ICP, doctora Elsa Tió, donde él le pidió recomendación del estilo de loza a utilizarse para el Camino al Fortín, para que luciera cónsono con la estructura de la fortificación. Además, Madero consignó en la escritura matriz del proyecto que los responsables por la conservación y mantenimiento del Camino al Fortín serían los titulares del Condominio Laguna Plaza, los cuales estuvieron de acuerdo, excepto por la póliza de seguro que hasta hoy no han podido obtener al no ser legalmente los dueños del predio. Así, la administración de Laguna Plaza se hizo cargo por todos estos años del paseo peatonal hacia el Fortín.
En el 2016 surgió algo imprevisto, para lo cual la licenciada Vega Quintana aún no tiene explicación: el señor Madero se vendió a sí mismo nuevamente la propiedad por $492 mil, pasando la titularidad de San Geronimo Caribe Project a otra empresa suya, Newage Venture LLC. “No se puede perder de vista que se le dio toda esa parcela y lo único que se le pidió fue que mantuviera el acceso al Fortín. La propiedad no tiene número de catastro por ser una servidumbre a perpetuidad. Él está reconociendo que ese tramo es una servidumbre a perpetuidad y el número de catastro lo asigna el CRIM. Pero una finca de utilidad pública no paga CRIM, por lo cual tiene el beneficio de que esa propiedad no paga CRIM”, señaló la abogada.
Entra un inversionista de la Ley 20
Luego de la transacción de compra y venta entre las dos empresas de Madero, el Camino del Fortín continuó siendo de acceso público hasta el año 2020. Ese año el inversionista de la Ley 20, (Ley 60) Charles Hamilton, se asoció con dos empresarios puertorriqueños, Jacobo Ortiz Blanes y Javier Vila, y adquirieron el área comercial de Paseo Caribe. Estos cortaron la cadena de entrada al Camino y comenzaron a usar dicha área como estacionamiento. El administrador del Condominio Laguna Plaza les advirtió que el acceso es público y que no podían hacer uso del paseo como estacionamiento, lo cual provocó confrontaciones en más de una ocasión. Según afirma la licenciada Vega Quintana, Hamilton se reunió con Madero y en abril del 2021 le “compró” el Camino del Fortín por $300 mil mediante hipoteca con First Bank. Luego, arrancó la cadena a la entrada del Camino, colocó el brazo mecánico que tiene dicha entrada actualmente, y comenzó la operación de un “valet parking” para beneficio de los usuarios de una discoteca que abrió en uno de los locales comerciales de Paseo Caribe.
“Esto es una desfachatez, y entonces le dicen al condominio (Laguna Plaza) que lo tienen que mantener, han alterado el camino, le han tirado cemento…”, expresó la licenciada Vega Quintana, quien denunció que Hamilton, antes de “comprar”, rompió la cadena que separaba el Camino y se metió a la fuerza allí, aun cuando en la escritura de compraventa, el señor Madero especificó que el Camino es una servidumbre de paso y es de uso público. “Hamilton compró, pagó $100 mil y quedó debiendo $200 mil en hipoteca. El notario que hizo esto debe saber que un bien de uso público no se puede embargar”. La abogada, además de denunciar que la compra venta del Camino al Fortín es ilegal, añadió que el abogado notario que representó a Hamilton en la transacción de compraventa, José Díaz Brugueras, del Bufete Ferraiuoli, es también su representante legal en los litigios relacionados. “Este abogado Díaz Brugueras sirvió como notario y no se supone que pueda representar a una parte u otra sobre la validez del documento, pues ya estuvo presente cuando Arturo Madero le vendió a su cliente el Paseo Caribe”, señaló la abogada. Afirmó además que el representante legal de Arturo Madero, en cada una de las escrituras prácticamente ha eliminado la descripción del uso público del Camino, y lo ha dejado únicamente donde debe indicar al CRIM que la propiedad no tiene un número de catastro porque es de uso público.
Sobre el recurso de interdicto presentado por los titulares del Condominio Laguna Plaza, la licenciada Vega Quintana indicó que si el Tribunal determina que no se tiene que mantener el acuerdo original, van a solicitar la anulación de la venta. Recalcó que dicha transacción no procede porque el Camino está segregado para uso público.
