¿Hasta cuando seguirá el pueblo puertorriqueño aguantando agravios? Esta vez, el agravio viene de parte del Negociado de Energía (NE), entidad a cargo de velar por el cumplimiento de la política pública energética del gobierno de Puerto Rico.
El pasado 1 de febrero se anunció que el NE aprobó las enmiendas al contrato de la carbonera AES que equivaldrían a otorgar un multimillonario rescate financiero para dicha empresa privada de energía a base de la quema de carbón mineral. El costo total directo a los consumidores sería de $ 185 millones por cuatro años hasta finales de 2027, cuando entraría en vigor la prohibición obligatoria a la generación de energía a base de carbón. Solamente en 2024, el impacto de dichas enmiendas al bolsillo de los consumidores sería de $45 millones.
En resumen, el Gobierno de Puerto Rico, por medio de la AEE y el NE, le lanza un salvavidas financiero de $185 millones por cuatro años, a una empresa energética privada, a modo de rescate, y se los cobrará en aumentos de tarifa a las y los consumidores de energía eléctrica en nuestro pais. Un agravio más que se suma a la larga lista de malas decisiones y contratos leoninos que han desarticulado nuestro sistema eléctrico,.prolongando indefinidamente la crisis energética por la que se atraviesa en nuestro pais.
La planta de AES en Guayama, inaugurada en el año 2002, produce el 15% de la electricidad que se consume en Puerto Rico. AES es una empresa de propiedad privada, cuya viabilidad financiera comenzó a decaer hace varios años. Ya desde 2021, AES quería pasar la titularidad de su planta de Guayama a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y había solicitado que se le concediera un nuevo contrato, donde asumiría solamente la operación de la planta. Pretendía que el Gobierno de Puerto Rico asumiera todos sus gastos, incluyendo la.compra de carbón y los más de $150 millones en costos ambientales. La.debilidad financiera de la compañía explotó finalmente en junio de 2023 cuando AES incumplió con el pago de $17.5.millones de su deuda pendiente de $144 millones, y el NE le autorizó de emergencia una transferencia de $12.8 millones de fondos de la AEE para cubrir los gastos de sus operaciones. Con esta última decisión del NE, se completa el rescate de AES, por parte del gobierno de Puerto Rico, hasta el momento en que la empresa deba cerrar su operación de carbón aqui. Además, se cumple el objetivo de AES de salvar temporalmente sus finanzas aunque sea a costa del pueblo puertorriqueño.
El carbón mineral es una fuente energética maligna. La quema de carbón contamina doblemente. Sus cenizas se esparcen por el aire, y han ocasionado un alza peligrosa y fatal de enfermedades de las vías rspiratorias, de la piel y hasta cánceres en los habitantes de las áreas aledañas a la planta en Guayama. Hay estudios de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas que documentan los estragos ocasionados por la.actividad de AES en comunidades como Puente de Jobos y Miramar, cercanas a la planta de Guayama. Por su parte, las cenizas tóxicas que se depositan en Peñuelas se contaminan nuestro subsuelo y nuestras aguas. Un demoledor estudio de la organización ambientalista estadounidense » Earth Justice» documenta cómo minerales pesados.contenidos en las cenizas se cuelan a nuestro subsuelo y contaminan nuestras aguas. Según la organización, las grandes cantidades de cenizas apiladas sobre el acuífero de la Costa Sur han propiciado la filtración de sustancias peligrosas contenidas en las cenizas, como el arsénico, el radio y el sulfato, entre otros, a las aguas del acuífero.
Por dichos peligros, y por la.actitud temeraria de la empresa, y por la arrogancia del Gobierno y del NE de ignorar los reclamos de las comunidades afectadas, AES ha confrontado oposición masiva desde su llegada a Puerto Rico, por parte de los sectores más alertas y ambientalmente responsables de nuestro pueblo. Estos también han expresado su rechazo al rescate financiero de la AES aprobado por el NE. Entre otros, la coalición Queremos Sol, el Comité Ambiental de Salinas y residentes de las comunidades afectadas en Guayama y Peñuelas se han expresado en contra de que se use dinero público para rescatar a una empresa privada, cuya actividad es altamente contaminante y contraria a la política pública aprobada. Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño ( PIP) denunció el proceso falto de transparencia y de comunicación efectiva por parte del Negociado de Energía. Cuestionó, además, el que una corporación pública en quiebra como la AEE transfiera de sus fondos, a una empresa privada como la AES para solventar sus operaciones.
Ante este maridaje tan cuestionable entre lo público y lo privado, es imposible evitar las dudas y la oposición. Salvar las finanzas de una empresa privada como AES – y menos bajo el chantaje de que se irá de Puerto Rico- no le compete al pueblo puertorriqueño ni a sus dependencias públicas. Bajo las leyes de la libre empresa, las decisiones en las empresas privadas son un asunto corporativo interno que compete a los accionistas, dueños y oficiales de dichas empresas, en este caso AES.
El pueblo puertorriqueño juzgará duramente a quienes utilicen fondos públicos para pretender salvar a AES de su segura y anunciada muerte y salida de Puerto Rico.
