La historia de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ( AEE) comenzó a escribirse desde hace varias décadas. Sin embargo, su capítulo final fue escrito en los años transcurridos desde el 2000 al 2013. En el año 2013 se le dio el puntillazo final a las finanzas de AEE con una última emisión de deuda sin fuente de repago por $673 millones. Ya en el año 2010 se había hecho la emisión de deuda más cuantiosa por $4.2 mil millones. En resumen, entre 2009 y 2013, la deuda de AEE se duplicó de $5 mil a $10 mil millones.
Las consecuencias funestas de estos sucesos se viven diariamente por nuestro pueblo, que sufre impotente el colapso de la AEE, el fallido proceso de negociación y reestructuración de la deuda de $10 mil millones y el chantaje de la compañía LUMA Energy, la cual se contrató atropelladamente para sustituir a la AEE en la operación de la red eléctrica, y hoy nos amenaza con suspender las labores más críticas de mantenimiento de la infraestructura en un momento en que el país sufre continuos apagones e interrupciones del servicio eléctrico, sin que nadie explique con claridad lo que está pasando.
La quiebra de AEE es, como escribiera el célebre novelista, » la crónica de una muerte anunciada.» Fue advertida por expertos y conocedores de la historia y la economía de nuestro país, y no tomó por sorpresa a nadie entre los que observan de cerca los asuntos de Puerto Rico. De hecho, hasta las publicaciones extranjeras de asuntos financieros y bursátiles por muchos años le siguieron la pista al tema.
Pero, como dice el refrán, «no hay peor ciego que el que no quiere ver». Y nadie con el poder de evitar la quiebra lo hizo. Por ejemplo, pudo haberse evitado, o al menos mitigado, si en los sucesivos gobiernos coloniales Penepés y Populares de la época hubiesen prevalecido la honestidad y la prudencia, o si desde la metrópolis en Washington alguien se hubiese tomado el trabajo de ponerles «freno» a tiempo.
Los signos de lo que vendría se veían por dondequiera. En el año 2000, la deuda pública de Puerto Rico era de $ 27 mil millones. En 2008 había crecido a $ 47mil millones y en 2013, cuando la primera gran degradación de los bonos de Puerto Rico, ya la deuda rozaba los $70 mil millones que se convirtieron en $72 mil millones para el 2016 cuando se aprobó la Ley PROMESA y se inició el proceso de reestructuración. En la AEE, el endeudamiento también creció exponencialmente y se duplicó en tan solo cinco años (2008-2013).
Para evitar tal desastre, hubiesen hecho falta inteligencia, interés y voluntad, pero nada de eso hubo en este proceso, ni aquí ni allá. Las trampas del poder y el control del presupuesto encandilaron a los de aquí, y a los de allá los cegó la desidia, el cansancio y la irritación que les provoca esta «posesión de ultramar» que, para muchos, se ha convertido en una carga demasiado pesada.
Los responsables de la deuda y de las quiebras tienen nombres y apellidos, y el pueblo puertorriqueño los conoce a pesar de que siguen protegidos bajo el manto de la impunidad. Se sabe que fueron políticos y gobernantes de gobiernos Penepés y Populares que, juntos y por separado, optaron por mantenerse en el poder y obtener para ellos y los suyos lo más posible de su paso por el servicio público, sin considerar el sacrificio del pueblo que los llevó al poder y al cual dicen representar.
La historia de la quiebra de la AEE, como la del gobierno de Puerto Rico, y su nefasto y masivo impacto en todos los órdenes de la vida de nuestra gente, especialmente las familias trabajadoras y sectores más vulnerables, son prueba fehaciente de la necesidad imperativa de un vuelco político radical que abra la ruta hacia la construcción de un nuevo Puerto Rico.
