Frente a la aprobación de dos presupuestos el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, este lunes 2 de julio y luego de firmar –según alegó– de manera “simbólica” el presupuesto aprobado por la Legislatura de Puerto Rico, a la vez que declaraba que es el de la Junta de Control Fiscal (JCF) el que se debe utilizar, anunció que realizaría un intento adicional y con el propósito de agotar todos los esfuerzos que existen a su alcance, estaría convocando a una sesión extraordinaria para que la Legislatura considere de manera favorable la última medida de Ley 80 aprobada por la Cámara de Representantes con las enmiendas sugeridas por el senador Miguel Romero, e “invitó a la Cámara y al Senado a trabajar con esta medida”.
De aprobarse la medida dijo que esperaría por la certificación de la JCF de los acuerdos contraídos. Entre otras expresiones Rosselló Nevares, dijo que el rechazo del acuerdo con la Junta “nos coloca en el camino del caos, de litigios y controversias congresionales que solo nos pueden hundir en la recesión y en la pérdida de empleos”. El Gobernador anunció además de que incluiría en la convocatoria la medida que establecería el nuevo modelo contributivo para reducir las tasas contributivas a las corporaciones y a los individuos, la creación de un bono por trabajo y una reducción del IVU a los alimentos procesados de 11.5 a un 7%. Ademas de eliminar de forma paulatina el impuesto Bussines to Bussines (BsB), el proyecto de planes de pagos municipales y el proyecto para aumentar los beneficios por desempleo según lo discutido con el Departamento del Trabajo de EE UU.
Entre el 29 y 30 de junio el drama entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Legislatura colonial llegó a su punto culminante cuando cada uno aprobó su propio presupuesto para el año fiscal 2019 que se supone comenzara este 1 de julio.
La JCF comunicó su decisión al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a los presidentes de Cámara y Senado, Jhonny Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, mediante carta el 30 de junio. Según la JCF la resolución aprobando y certificando el presupuesto revisado fue una unánime. El día antes en conferencia de prensa convocada en horas de la mañana para las tres de la tarde la JCF anunció que aprobaría su propio presupuesto ya que la Legislatura no cumplió con presentar su documento de PF antes del 30 de junio. Independiente de que la Legislatura entregara su documento antes del 30 de junio la aprobación del PF del gobierno de Rosselló Nevares por la JCF estaba sujeta a la derogación de la llamada Ley 80, Ley de Indemnización por Despido sin Justa, acción que el Senado rechazó luego de semanas de cabildeo entre Junta, Gobernador y legisladores.
La revancha de la Junta por no derogar la Ley 80, incluye recortes en el presupuesto por $345 millones. El presupuesto aprobado por la JCF es de $8,757,524 millones para el Fondo General, y $20,663,643, para el presupuesto consolidado del Gobierno. La Junta eliminó de su presupuesto el pago del Bono de Navidad a los empleados públicos, fondos para el desarrollo económico, e infraestructura. Tampoco estableció el fondo de $25 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR), ni uno de $50 millones para la recuperación de los municipios.
La Junta también hizo cambios al PF de la UPR, le redujo $135 con lo que el presupuesto quedó en $1,400 millones, además de enmendar el de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para y que alinearlos con los ajustes del PF del Gobierno.
Por su parte la Legislatura en la madrugada del viernes 29 de junio aprobó su propio su presupuesto de $8, 709,000 millones, $40 millones menos de la cifra de $8,749 millones del presupuesto enmendado y certificado por la Junta el 30 de mayo.
CLARIDAD recogió parte del análisis ofrecido por el economista Alfredo González en entrevista con Radio Universidad, quien describió el proceso de confección y aprobación del presupuesto como el de una novela política de episodios diarios, en donde el pueblo, los espectadores somos los actores que vamos a sufrir las consecuencias. Sobre la diferencia de $40 millones en los presupuestos explicó que en realidad ese dinero no es para pagar la deuda, sino que la Junta tomó los $8,757 millones y los reorganizó de una manera que ellos entienden que es lo que va a provocar el crecimiento económico en Puerto Rico. Prosiguió que una cosa importante y novedosa de la JCF es que creó partidas con el propósito de que cada dependencia de las ramas principales del gobierno, no las autoridades, ni las corporaciones, paguen por las obligaciones que tienen como la del retiro, agua y luz, con lo que recomponen por completo el presupuesto que recibirán del FG. Es por esta razón dijo que la diferencia de los $40 millones no es significativa porque lo que hay es una reconstrucción completa de lo que se entiende que el gobierno debe hacer desde el punto de vista de la JCF, acción que calificó definitivamente como una dictatorial.
Por su parte el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau denunció como uno abusivo y amenazante la certificación de un presupuesto por la JCF. “Aquí se trazó la raya”, expresó en conferencia de prensa luego de las determinaciones de la JCF.
Dalmau calificó la acción de la JCF como “un acto de revanchismo contra aquellos que se resistieron a que se le diera paso a medidas penalizantes contra la clase trabajadora del sector privado del país, un presupuesto abusivo, y degradante. Sin haber dado ninguna explicación lógica y racional, ni tampoco ninguna métrica económica, la Junta ata la negativa a sucumbir ante su chantaje de eliminar la Ley 80, al tema de justificar su acto revanchista de arrebatarle el derecho al bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad a los trabajadores del sector privado. Acción que la Junta hubiese tomado de todos modos porque ya habían anticipado que aun eliminando la Ley 80 ellos estarían reconsiderando la determinación de eliminar estas conquistas laborales en un futuro cercano”.
