Más de tres mil personas todavía sin hogar, otros 19 mil en albergues en Estados Unidos, el servicio de agua potable contaminado, el 65% de las escuelas en las zonas rurales cerradas, amenaza de desalojo a cientos de comunidades; a nueve meses del azote del huracán María, la situación del país sigue siendo crítica y el gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población, denunció una coalición de organizaciones multisectorial, que se propone llevar la situación del país ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos.
Algunas de las organizaciones que participan de la coalición dieron a conocer la puesta al día -hasta este 8 de junio- del informe, Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico, el cual formó parte de la denuncia que presentaron en diciembre del 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en Washington, DC. El informe fue redactado por el Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICDH) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos (CIDH), de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), con la colaboración de las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, capitulo de Puerto Rico (AIPR).
La directora de la Clínica de Derechos Humanos de la UIA, Annette Martínez Orabona, denunció que ante el panorama del país, el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) continúan imponiendo medidas que violentan los derechos de las personas más pobres y precarizadas, no veían otra salida que; “acudir a todos los foros internacionales que sean necesarios, para denunciar la gravedad de la situación de derechos humanos en Puerto Rico y exigir que se reconozca el contexto de discrimen institucional al que están siendo sometidas las poblaciones más vulnerables, particularmente la niñez, las personas con discapacidad, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras y la mitad de nuestra población que vive en condiciones de pobreza”.
Martínez Orabona precisó que en Ginebra la abogada Natasha Lycia Ora-Bannan, de la organización de Latino Justice (LJ), otra de las organizaciones que ha trabajado en el informe, tenía una reunión con el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en donde estaría presentando los hallazgos del informe y denunciando la violación general de los derechos humanos en Puerto Rico. Al mismo tiempo el relator especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, profesor Philip Alston, que estuvo en Puerto Rico en diciembre en una visita oficial, estaría también dando su informe al comisionado sobre lo que encontró en su visita a Estados Unidos y en particular en Puerto Rico. “De hecho hay unas expresiones públicas que están exigiendo que se tomen medidas urgentes de protección sobre Puerto Rico eso quiere decir que se va enviar una orden de respuestas a Estados Unidos sobre las violaciones que se están cometiendo en Puerto Rico desde antes y con mayor gravedad después del huracán María”, expresó.
Respecto a los resultados de la audiencia ante la CIDH el pasado 7 de diciembre –a pregunta de CLARIDAD– Martínez Orabona, indicó que de inmediato en la audiencia se hicieron expresiones muy fuertes sobre la situación y allí mismo se le solicitó al gobierno de Estados Unidos y al de Puerto Rico que se le permitiera venir a la isla hacer una evaluación de campo. Luego de la audiencia se hizo una solicitud oficial, la cual todavía el gobierno de Estados Unidos no ha respondido. La licenciada Martínez Orabona reconoció y comentó que conocida la situación en general de la administración Trump –en alusión a los derechos humanos– en donde hay una postura de rechazo a cualquier tipo de evaluación internacional que pueda hacerse sobre las decisiones que se están tomando en ese país, no lo ve como una respuesta negativa, sino que es parte del juego diplomático internacional, más bien el hecho de que Estados Unidos haya decidido salir del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU considera deja saber que las denuncias a nivel internacional que se están haciendo en el caso de la separación de familias, están calando. “Pero nosotros seguiremos haciendo presión internacional y tenemos a la comunidad internacional y a los órganos de la ONU muy interesados en pasar cuenta sobre lo que está pasando en nuestro país”, reclamó.
En tanto la coalición se propone presentar también una denuncia ante los principales órganos oficiales del gobierno de Puerto Rico, es decir, gobernación, Departamento de Justicia y Departamento de Estado. Todas estas gestiones no descartan otras acciones, según se dijo cada una de las organizaciones trabaja en distintos temas y toman sus acciones concretas.
