CLARIDAD
Familiares víctimas de feminicidio y organizaciones feministas urgieron a la Legislatura a que consideren los derechos de las víctimas y se revise la Ley 85 de octubre del 2022, que redujo el tiempo de sentencia que tiene que cumplir un confinado para solicitar libertad bajo palabra.
En conferencia de prensa, familiares de Ivonne Negrón Cintrón, junto a la portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) y presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas (CA), licenciada Josefina Pantoja Oquendo, denunciaron que la JLBP atenderá una solicitud de libertad bajo palabra de Juan Ramos Álamo, quien asesinó a Negrón Cintrón en noviembre del 2013, con tan solo haber cumplido 10 años en prisión. El feminicida asesinó a la víctima de 26 puñaladas, luego dejó el cuerpo desangrarse, escondió el cadáver durante cuatro días, lo desmembró y dispuso de él en bolsas plásticas.
“Entendemos que hay mucho riesgo para nosotros como familia. Vivimos en el mismo pueblo sus padres, su hermano y los hijos de sus hermanos. Yo vivo en un pueblo cercano a Gurabo y tenemos mucha preocupación por la falta de información respecto a los riesgos y seguridad que podríamos enfrentar como familia, incluso los riesgos para la comunidad en términos generales”, expresó Leila Negrón Cintrón junto a su hermano Manuel y la madre de estos, Carmen Cintrón Cruz, todos presentes en la conferencia de prensa.
Con voz entrecortada por momentos, Leila contó que su madre recibió una carta de la JLBP en la que le notificaban que el 22 de julio atenderán una vista de solicitud de libertad bajo palabra de Ramos Álamo, al amparo de la Ley 85 del 2022. Luego de varios intentos de obtener información vía telefónica, Leila y su madre acudieron a la JLBP, donde se les entregó copia del expediente. Denunció que el expediente no está completo y solo dice que la persona tomó dos talleres como parte de su proceso de rehabilitación, uno llamado Aprendiendo a vivir sin violencia y el otro, Transformación de patrones adictivos. “Tenemos muchas dudas de la información del contenido de esos talleres y de la repercusión, si alguna, que han tenido”, expresó.
Denunció que de los documentos que pudieron examinar no surge una evaluación sobre el nivel de peligrosidad del convicto ni sobre el potencial de riesgo a la seguridad que puede enfrentar el círculo familiar, además de grandes contradicciones en documentos que fueron considerados por el DC. Dio como ejemplo los hallazgos de la evaluación psicológica y las conclusiones en los informes sobre el aprovechamiento del convicto por los talleres tomados. Tampoco tiene un informe comunitario sobre indagaciones en la comunidad en la cual residirá el convicto.
Respecto a la vista en la JLBP, dijo que aunque la familia asistirá, no podrán testificar ni hacer ninguna expresión, solo verán al convicto por cámara; este participará desde la prisión. No obstante, denunció que por el contrario, la JLBP recibirá la opinión de la familia a través de una funcionaria que se reuniría con ellos luego de la vista.
“Nuestra familia es firme defensora de derechos humanos, incluyendo los que corresponden a la población penal. Repudiamos la pena de muerte y no abogamos por la prisión perpetua, pero si creemos que es muy difícil que en 10 años una persona que cometió un crimen tan atroz como el feminicidio de Ivonne esté rehabilitada o lista para salir a la comunidad”, expresó su hermana Leila.
En tanto, la licenciada Pantoja Oquendo fue enfática en señalar que algunos de los talleres que tomó el feminicida, por los cuales recibió bonificaciones con los que redujo el tiempo para cualificar para la JLBP, fueron provistos por personal contratado por Physician Correctional, la misma empresa privada que junto con la negligencia de el DCR permitió que un feminicida y agresor sexual burlara el sistema para salir de prisión y cometiera otro feminicidio, el de Ivette Joan Meléndez.
“Nuestra desconfianza en cuanto a las evaluaciones e informes relacionados con las áreas psicológicas y conductales de Ramón Álamo llevadas a cabo por Physician Corretional se justifica a las luz del precedente de Hermes Ávila Vázquez”, denunció la también presidenta de la Comisión de la Mujer del CA. Censuró el que la Ley 85 del 2022 y la Ley 87 del 2020 han abierto la puerta para el privilegio de libertad bajo palabra sin que se tome en cuenta el que la JLBP, el organismo que tiene la discreción para concederla, no cuenta con los recursos ni el peritaje necesarios para verificar de manera independiente y fiscalizar la información que provee el DCR. La portavoz de la OPMT trajo a la atención que así lo reconoció la propia presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink, en una entrevista con la periodista de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo.
En la conferencia de prensa se señaló que durante el fin de semana se divulgó por algunos periodistas que la vista señalada para el 22 de julio había sido cancelada. La hermana de la víctima dijo que su familia no ha recibido ninguna llamada, ni correo electrónico ni una carta que certifique que la vista haya sido cancelada y reparó en que ella misma le dio a la JLBP la dirección postal, el número telefónico y el correo electrónico de todos los familiares.
Por su parte, Pantoja Oquendo reaccionó que quisieran pensar que por la por la ola que ha levantado la familia la JLBP va a posponer la vista para buscar más información, “pero nos tememos que lo que están tratando es mantener el polvo debajo de la alfombra”. En esa línea, advirtió que, por el alegato de la JLBP de que la Ley 85 reduce los términos, se va a seguir aplicando a menos que no se hagan cuestionamientos y que el activismo logre una nueva modificación.
La activista feminista reparó en que no están diciendo a la JLBP que no pueda aplicar la ley, sino que esta ejerza de manera correcta su discreción de verificar y fiscalizar y que, además, se cumpla con el término para referir a la Junta. Tiene que ver los criterios relacionados con peligrosidad, con que verdaderamente la persona se haya rehabilitado con las evaluaciones psicológicas, que se verifique en la comunidad cuál es la disposición de las personas sobre la peligrosidad los riesgos, que no sea una puerta que le conceda ese privilegio en perjuicio de las víctimas secundarias.
En su opinión, la ley es demasiado amplia en términos de aplicarla a todos los delitos por igual, por lo que debió haber sido un discernimiento mucho más cuidadoso. Reconoció que no se percataron de la ley cuando se estaba discutiendo, pero, una vez están viendo los resultados que está teniendo, no ve porqué la Legislatura no pueda corregir lo que se hizo mal. Como presidenta de la Comisión de la Mujer del CA, indicó que como parte del trabajo de la Comisión se proponen revisar la ley y presentar sus memoriales a la Legislatura.
