Si el Secretario de Educación de Estados Unidos, Dr. Miguel Cardona, verdaderamente quiere conocer la realidad de la educación pública en Puerto Rico, tiene que venir de otra manera. En lugar de una agenda protocolar tan controlada y cuidadosamente manejada mediáticamente por el Gobierno Puerto Rico, Cardona puede venir de incógnito, recorrer el país, hablar con estudiantes, padres y maestros del salón de clases, y derivar sus propias conclusiones sobre el liderazgo y desempeño del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE), y por ende, de la educación pública en los niveles denominados K-12 en nuestro país. Igualmente puede hacer lo mismo en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
De los diálogos “privados” que tuvo el Secretario Cardona con la oficialidad del DE y de la UPR durante su visita, ha trascendido muy poco. Muchos diálogos importantes se quedaron en el tintero porque no hubo la ocasión ni el tiempo para hacerlos. Por eso, el recorrido del funcionario federal por escogidos escenarios escolares y educativos en Puerto Rico ha sido más parecido a un ejercicio de relaciones públicas, durante el cual no ocurrió ni se dijo nada que pueda calificarse de memorable. No hay siquiera una frase citable, ni una conclusión tangible que pueda derivarse de sus citados encuentros con educadores de distintos niveles del DE y la UPR, la cual es la institución pionera en la formación de maestros y maestras en nuestro país. La reseña de la compañera Cándida Cotto en esta edición de CLARIDAD, resalta el limitado intercambio con periodistas durante el encuentro en la UPR.
En las diferentes instancias de su visita, Cardona repitió una y otra vez las frases comunes sobre la educación pública en las que hay consenso en Puerto Rico: que nuestros niños, niñas y jóvenes educandos merecen recibir más de lo que actualmente reciben del proceso educativo, y que el sistema de educación debe estar preparado para proveerlo. Insistió también en la necesidad del regreso presencial a clases para el próximo año escolar que comienza en agosto, lo cual también forma parte del consenso general en nuestro país.
De forma casual pero contundente, Cardona se aseguró de resaltar las cifras astronómicas de dinero que el gobierno de Estados Unidos ha hecho disponible para la educación pública en Puerto Rico: $2 mil millones del Plan de Rescate Americano, $1.24 mil millones de la Ley de Ayudas y Respuesta al Coronavirus de 2021, y $662 millones en subvenciones para el año fiscal 2020, además de los $912 millones para educación y $210 millones en fondos ESSER II. Aparte de ser un gancho obvio para copar titulares en medios noticiosos, ni el Secretario Cardona ni el Gobernador Pierluisi, ni ningún otro oficial del DE han ofrecido detalles sobre de qué se tratan estos fondos y cómo se accede a los mismos, para qué han sido destinados, ni cómo se utilizarán, una información especialmente relevante ahora que el DE se supone que esté trabajando a todo vapor para poder reabrir las escuelas en agosto, y su acceso a dichos fondos federales está restricto a la supervisión y escrutinio de un síndico a cargo de velar por su uso adecuado.
El Secretario Cardona no visitó las escuelas del Sur, derrumbadas por los terremotos, pero si lo hubiera hecho habría conocido que miles de estudiantes de dicha zona no han recibido instrucción presencial desde hace dos años, y muchos ni siquiera pudieron acceder a la educación a distancia durante este tiempo por diversas limitaciones. Eso le daría al visitante un cuadro más claro de las fallas de liderazgo y desempeño en la cúpula del DE. Si se hubiera reunido con maestros y maestras de los salones de clase, se hubiera quedado boquiabierto ante los bajos salarios que devengan y las muchas veces injustas condiciones en las que trabajan esos profesionales. Si hubiera tenido la oportunidad de reunirse con padres, maestros y asistentes de maestros del Programa de Educación Especial, se hubiese indignado ante la inequidad, incomprensión e insensibilidad con que se trata a esa población.
También hubiese podido conocer la relevancia y pertinencia histórica de la UPR si tiene un encuentro abierto con sus profesores, estudiantes y empleados y hubiese escuchado de sus bocas las limitaciones intolerables y el asedio irracional al que la JCF ha sometido a nuestra Universidad. Una conversación del secretario Cardona con la doctora Lillian Albite, directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la UPR y con profesoras de los programas sub graduados y graduados en Trabajo Social le hubiese abierto los ojos a la verdadera situación docente por la que atraviesa nuestra única institución de educación superior pública.
Para su próxima visita a la Isla, el Secretario de Educación de Estados Unidos debe estar con el oído en tierra para evitar pasar sin pena ni gloria. Desde CLARIDAD le aseguramos que la situación de la educación pública en Puerto Rico- tanto en el DE como en la UPR- no es como oficialmente se la presentaron.
