Durante los primeros días de este mes de julio se reinició el proceso de depósito en Peñuelas de las cenizas tóxicas que genera la Applied Energy Sytem (AES) en Guayama. Al igual que ocurrió con el despliegue de fuerzas policíacas y gestiones de represión de la expresión pública en contra de la Junta de Control Fiscal el 1 de mayo de 2017, se llevó un operativo similar en Peñuelas para reprimir las expresiones de protesta y cuestionamiento de sectores de la comunidad que objetan la práctica de disponer de esos residuos peligrosos en una instalación diseñada para desperdicios no-peligrosos. El operativo policíaco, de las fuerzas públicas del estado, se utilizaron en un número dramáticamente desproporcionado en relación a los ciudadanos que protestan en una especie de “espectáculo de fuerza” articulado para proteger los intereses privados de AES, de los camioneros que transportan las cenizas desde Guayama y también de los empresarios del llamado Peñuelas Sanitary Landfill. Esas actuaciones hacen patente y evidente el poder que ejercen representantes del interés privado, del lucro, sobre los legítimos intereses de la seguridad, la salud ambiental y la salud pública del Pueblo. Las actuaciones de la policía correspondían y fueron validadas por la Ley 40 del 4 de julio de 2007 que, irónicamente titularon “Ley para Prohibir el Depósito y la Disposición de Cenizas de Carbón o Residuos de Combustión de Carbón en Puerto Rico”. Notable contradicción la que resultó del uso desmesurado de la fuerza policíaca para viabilizar el depósito de cenizas tóxicas reclamando que hacen cumplir la Ley 40 que, supuestamente, se promovió en el proceso legislativo como una iniciativa para impedir esa práctica. Es evidente que el aparato estatal, legislativo y ejecutivo, opera para asegurar intereses particulares de unas corporaciones e individuos, a través de unas prácticas que son dañinas al Pueblo.
He utilizado el concepto “Cartel” en el título de esta columna teniendo claro las definiciones formales que se le asignan al mismo. El diccionario de La Lengua de la Real Academia Española, define el concepto cartel como “organización ilícita vinculada al tráfico de armas y drogas”. También considera la acepción, en el tema de la economía, como “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. Es evidente que cuando nos referimos a la producción y uso del carbón mineral para la producción de energía eléctrica y al manejo de los residuos tóxicos que esta actividad genera en forma de cenizas tóxicas, no estamos hablando del funcionamiento de actividades “ilegales” como el trasiego de armas ni de drogas narcóticas. Sin embargo, si no se quisiera llamar ‘ilegal’ a la práctica del manejo del carbón, podríamos considerarla como inmoral pues es altamente conocido cómo funciona el mercado del carbón en los EE.UU. y el mundo. Toda persona racional, educada en el campo técnico y con sensibilidad social sabe que la generación de electricidad a base de carbón produce enormes cantidades de gases de invernadero, particularmente dióxido de carbono, y una enorme cantidad de cenizas tóxicas. En EE.UU. se estima que la producción de cenizas tóxicas de combustión de carbón mineral está en el orden de 100 millones de toneladas anuales. AES genera en Puerto Rico cerca de 400,000 toneladas anuales. Muchas empresas hacen esfuerzos “legales” para disponer de estos materiales tóxicos incurriendo en prácticas con el menor costo monetario, es decir, transfiriendo los riesgos asociados a su inadecuado manejo y disposición a las comunidades y a la sociedad en general en forma de degradación y contaminación ambiental. Estos efectos negativos giran contra la salud de los seres humanos, así como de plantas y animales.
El negocio del carbón involucra miles de millones de dólares de ganancias para las empresas que los realizan. Ese lucro descarta el impacto sobre la sociedad humana en cuanto a la producción de gases de invernadero, contaminación de aire, aguas y terrenos y cambios en el clima. Ese ‘negocio’ del carbón está organizado fuertemente en distintas instituciones como la American Coal Ash Asociation, America Road and Transportartion Builders Association-Transportation Development Foundation y otras similares que abogan y cabildean sobre legisladores, congresistas y ejecutivos, tanto a nivel del Congreso de EE.UU. de la Agencia de Protacción Ambiental (EPA), de nuestra legislatura colonial y de jefes y ejecutivos de agencias del gobierno de Puerto Rico. En conjunto, estos actores sociales, sistemáticamente organizados, económica y políticamente poderosos, promueven sus ‘negocios’ como si fuera un tipo de ‘cartel’. El “éxito” de sus gestiones los ha beneficiado monetariamente de forma sustancial. Pero el resultado de esos procesos ha generado daño ambiental y problemas de salud a una gran cantidad de comunidades como es el caso de Salinas y Guayama. Ese mismo tipo de “estructura organizacional” es la que está operando para depositar las cenizas tóxicas en Peñuelas, a pesar del reclamo de una gran mayoría de sectores y personas en Puerto Rico, incluyendo la militante comunidad de Tallaboa.
En días recientes leía una reseña que daba cuenta de que en el 2016 se estableció un récord de líderes y activistas ambientales que fueron asesinados en 24 países distintos. La organización Global Witness estima que, al menos, 200 activistas-ecologistas fueron asesinados por sicarios y para-militares al servicio de empresas multinacionales. El 60% de esas muertes, dice la organización, ocurrieron en Latinoamérica. Citando a Global Witness, “murder is the sharp end of a range of tactics use to silence defenders, including dead threats, arrests, sexual assault, abductions, and aggressive legal attacks”. Uno de los líderes prominentes que recibió amenaza de muerte en diciembre de 2016 es la activista Jakeline Romero, una destacada líder de la etnia indígena Wayuu, quien se ha estado expresando públicamente en contra de abusos de corporaciones y grupos para-militares de la región de La Guajira en Colombia. En esta región ubica la empresa minera Carbones El Cerrejón la cual, entre otros impactos ambientales, ha ido desviando cauces de cuerpos de agua superficiales para su operación minera e industrial privando a las familias indígenas Wayuu del agua necesaria para su sostenimiento. Se alegó que la privación del agua por parte del Cerrejón, produjo en el 2016, decenas de muertes, incluyendo la de 40 menores de edad. Tengo el recuerdo de que el carbón que quema AES en Guayama proviene de esa mina de El Cerrejón. Si así fuese, la operación de esa carbonera en Puerto Rico se relaciona, desde el inicio, con un régimen de explotación del pueblo de La Guajira, de un terrible impacto a la estructura y funcionamiento de la etnia Wayuu y a una alegada multiplicidad de asesinatos de líderes obreros, de soborno y corrupción a funcionarios públicos y de un gran impacto ambiental en el territorio colombiano. Da la impresión que la explotación del carbón, desde su minería, su uso y disposición de residuos tóxicos, sigue un perfil de operación de dudosa legalidad y moralidad.
Si no hubiesen suficientes razones científicas y técnicas para objetar el uso del carbón y el manejo de sus cenizas tóxicas, existe un imperativo moral para objetar el mismo por los daños y gravámenes que genera la práctica histórica de las corporaciones internacionales que se lucran con este mineral. La comunidad en Peñuelas y el Pueblo de Puerto Rico en general, debe luchar para detener esa práctica contaminante y predeciblemente corrupta en el manejo y disposición de cenizas y del uso del carbón como combustible. Es fundamental que aquellos funcionarios, legisladores y actores sociales, que practican principios éticos y morales elevados y que promueven el uso del carbón como un combustible beneficioso, se eduquen sobre lo que implica el mismo. Aquellos que conociendo de estas circunstancias y aún persisten en promoverlo, hay que denunciarlos y combatirlos públicamente. Las calles de Guayama y de Peñuelas deben ser el escenario para dramatizar esa protesta y articular la lucha contra estos “carteles corporativos”. La coyuntura actual exige que mostremos nuestra militante solidaridad y apoyo a los luchadores de Peñuelas.
