CLARIDAD
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) radicó ante el Negociado de Energía una moción en la que denuncia incumplimientos en diversas áreas críticas por parte de LUMA Energy, lo que le ha dejado sin liquidez para cumplir con las obligaciones del contrato. La acción fue presentada el 25 de octubre.
Un resumen sobre la moción ofrecido por el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez identifica las alegaciones más sobresalientes de la AEE.
Una, que LUMA, que es responsable de los sistemas de facturación y cobro, no ha logrado realizar estos procesos de manera efectiva, lo que incluye falta de control sobre el robo de energía y una mala administración en cobros y suspensión de servicio a clientes morosos. Esto ha reducido de manera significativa sus ingresos.
Dos, que LUMA ha gestionado de manera ineficiente los proyectos financiados por fondos federales, lo que ha retrasado los reembolsos de FEMA y de COR 3.
Tres, que LUMA ha invertido más de $200 millones en su programa de empleados asignados, cuyos salarios, beneficios y gastos de viaje es considerablemente mayor que el de empleados locales. Esto ha generado presión a los recursos financieros sin que haya generado un retorno proporcional en eficiencia.
Cuatro, un desempeño deficiente en los proyectos financiados con fondos federales, pese a una gran cantidad de empelados. La AEE compara que con menos recursos logró obtener cerca de $1.2 mil millones en fondos de FEMA, mientras que LUMA ha agotado su cuenta de reembolso en más de $445 millones debido a su ineficiencia.
Cinco, la AEE presenta que LUMA ha mostrado desconocimiento de sus obligaciones del acuerdo de transmisión y distribución y la operación de mantenimiento, lo que ha provocado un déficit de liquidez.
Seis, aunque la AEE ha intentado remediar la situación y ha invitado a LUMA a discutir medidas correctivas, LUMA no ha implementado las medidas necesarias, exacerbando la crisis financieras.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, destacó que la importancia de esta moción es que la AEE está diciendo que no tiene dinero para pagarle a LUMA, y esa es una de las cláusulas que establece el contrato para que LUMA decida irse del país. “Da una radiografía de cómo está la AEE dentro del proceso de restructuración de su deuda. Si la AEE vende energía y no la puede cobrar, no está lista, no puede confirmar ningún plan de deuda porque ninguna de las proyecciones sería realista. Esto puede provocar un colapso también en el proceso de la deuda”, advirtió.
Emmanuelli acotó que la Junta de Control Fiscal (JCF) está negociando con los bonistas un acuerdo que probablemente la AEE no pueda cumplir porque no hay el efectivo necesario para poder hacerlo, por lo que de ahí es que viene esa moción.
Para el licenciado Fernando Agrait Betancourt, miembro de la Comisión del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR) que hizo un estudio que determinó que los contratos de privatización de la AEE con LUMA y Genera PR son nulos, la acción de la AEE es un ejemplo del mal concepto de los contratos.
“Lo más grande e importante es que dice que llevan más de dos años comunicándose con la APP, con la JCF y con LUMA, diciendo de todos los incumplimientos de LUMA que me están creando problemas. LUMA no contesta. Me parece que ese modelo adversativo es lo contrario a lo que quería el país”, dijo en referencia a la privatización de la AEE.
Respecto a la JCF, agregó que le parece que esta ha fallado en no asumir un papel mucho más agresivo para atender la crisis energética de Puerto Rico. “Me llama la atención que hace apenas dos semanas el director de la JCF dijo públicamente que ahora iban atenderla, y yo me pregunto, ¿y los pasados años dónde estaban? Nosotros no descubrimos los problemas que tiene LUMA metidos en una cueva. Eso está en la prensa, hospitales. Eso lo sabe todo el mundo, y no ha hecho nada”.
Las declaraciones de Emmanuelli Jiménez y Agrait Betancourt, fueron hechas en la conferencia de prensa en donde se presentó el estudio sobre los contratos de LUMA y Genera PR, realizado por una Comisión del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR). La comisión determinó que ambos contratos son nulos.
