Según circuló en estos días a través de la cuenta de «X» ( antes «Twitter») de una reconocida colega periodista, un miembro de la junta directiva de la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés), de nombre Raúl Vidal, envió una misiva electrónica a «inversionistas» beneficiarios de la llamada Ley 60 ( antes Ley 22). Dicha misiva en la que se dirige a los inversionistas de la Ley 60 como «amigos» («friends»), el oficial enfatiza la importancia de que estos señores y señoras acudan a votar el domingo, 2 de junio por el gobernador Pedro Pierluisi, quien se mide en primarias internas del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la comisionada residente, Jennifer González. Compiten por la candidatura a la Gobernación de Puerto Rico por dicho partido anexionista en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.
La comunicación de Vidal tiene un tono urgente, como si de esa primaria dependiera algún asunto fundamental para estos inversionistas extranjeros, la mayoría recién llegados a nuestro país, donde muchos solo han registrado una dirección residencial «pro forma», para cumplir con el requisito de la ley y cubrir las apariencias. Muchas de estas personas no son residentes «bona fide» en Puerto Rico. Están aqui atraídos por los incentivos tributarios que les ofrece la Ley 60, una ley defectuosa e injusta que, disfrazada de incentivo tributario y estímulo a la inversión extranjera en Puerto Rico, ha abierto las puertas a la especulación y el acaparamiento de nuestras playas, costas y demás terrenos valiosos en los cuatro puntos cardinales de nuestro país, asi como de las más preciadas propiedades urbanas, como las que conforman el litoral marítimo que recorre desde Isla Verde hasta el Viejo San Juan, pasando por el Condado, Miramar y Puerta de Tierra, entre otros sectores preciados.
La especulación rapaz y rampante provocada por la Ley 60 es buena solo para los beneficiarios de dicho estatuto, y para los.corruptos del bipartidismo PNP-PPD que les sacan a los «friends» de la Ley 60 sus «tajadas» disfrazadas de donativos políticos, o los «votos» necesarios para asegurar sus cargos.
Para el pueblo puertorriqueño, sin embargo, esa ley ha sido nefasta, especialmente para las comunidades y asentamientos poblacionales originarios de los lugares apetecidos por los nuevos colonos cobijados bajo la misma. Para las y los puertorriqueños cuyas comunidades y vecindarios se convierten en «objetos del deseo» de los nuevos colonos, el estatuto lo que ha traído es desplazamiento, desarraigo, desalojo y despojo. Dolorosas secuelas de la llamada política de «gentrificación», que es muy generosa con los recién llegados pero muy cruel con los que desde siempre han sentido pertenencia sobre su entorno.
La misiva del oficial de PRIDCO llama la atención también porque su texto contiene casi un mandato a salir a votar por el gobernador en una primaria partidaria interna, donde se supone que solo voten aquellas personas que pertenecen o se identifican con el PNP. Algo de incertidumbre de última hora debe haber cuando un directivo de PRIDCO envía una carta con tanto sentido de urgencia a escasos días de una elección partidaria.
Probablemente nunca se sepa públicamente qué efecto, si alguno, habrían de tener en la próxima primaria del PNP los votos de los inversionistas de la Ley 60. Esto, en caso de que alguno o algunos de estos respondan a la exhortación del oficial de PRIDCO y se presenten a votar.
Lo que sí sabemos, y está contabilizado, es cómo estos «empresarios» han influenciado la política colonial en Puerto Rico durante más de una década, financiando con sus donativos a políticos particulares del bipartidismo corrupto, asi como a los propios partidos PNP y Popular Democrático (PPD). En esta edición, CLARIDAD publica los resultados de una investigación de la Coalición Puerto Rico No se Vende sobre el más de $1 millón en donativos otorgados a cargos políticos del PNP-PPD por parte de los «influencers» de la Ley 60 durante los últimos diez años, de cuyo análisis se desprende un patrón claro de distribución bipartidista de dichos donativos. Pedro Pierluisi, Jennifer González y Miguel Romero, todos del PNP, figuran a la cabeza del grupo de beneficiarios de dichos donativos. Un maridaje vergonzoso y fatal para Puerto Rico entre especuladores extranjeros poderosos, y políticos coloniales pequeños, pero aferrados al poder que les queda.
