Mirada al País- 2023: Año de luchas y retos

Contra LUMA Foto por Victor Birriel.

 

 

 

Especial para CLARIDAD

El año 2022 estuvo repleto de luchas por adelantar causas justas para nuestro pueblo. Muchas de ellas quedaron inconclusas por lo que el año que acaba de comenzar se presenta como uno de grandes retos.  Estos desafíos, arduos en sí mismos, son aún más cuesta arriba, por cuanto el pueblo tiene que enfrentar y vencer al actual gobierno de Pedro Pierluisi y a la nefasta Junta de Control Fiscal, los que se han convertido en los principales obstáculos para alcanzar el objetivo de los sectores progresistas de construir un país de justicia y paz.

En el pasado año fueron muchas las batallas que hubo que emprender para proteger el entorno y para combatir crímenes ambientales haciendo frente, no solo a los depredadores de los recursos naturales y de aquellos que violentan leyes y reglamentos para desarrollar sus proyectos, sino al gobierno encabezado por Pedro Pierluisi. En sus dos años de incumbencia, el gobernador ha actuado en abierta complicidad con estos individuos quienes actúan por la libre, haciendo y deshaciendo a su antojo, para encaminar el mal llamado desarrollo que les permite obtener pingües beneficios económicos aun a costa de destruir nuestro hábitat. El sector ambientalista del país, que ha enfrentado con gallardía a estos bandidos, dio una dura batalla en contra la apropiación de la playa Los Almendros, en las inmediaciones del condominio Sol y Playa en Rincón. A pesar de la represión del oficialismo, el pueblo logró la victoria por la vía judicial gracias a la decisión valiente de un magistrado del Tribunal de Aguadilla que determinó que, en efecto, la pretendida construcción en el condominio Sol y Playa, era ilegal. Toda la presión que procuró ejercer el primo “lejano” del gobernador Pierluisi, titular del condominio, resultó insuficiente para contener la fuerza de un pueblo decidido a defender uno de sus recursos mas preciados: las playas. El entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Lcdo. Rafael Machargo, quien utilizó su cargo para proteger a los temerarios titulares, se vio forzado a renunciar. Finalmente, el DRNA, llevó a cabo un deslinde que acreditó que, tal y como sostenían los ambientalistas, la construcción que querían pretendían realizar los directivos del Condominio, ocuparía zona marítimo terrestre.

Sin embargo, la lucha por defender nuestros recursos naturales enfrenta complicados retos ante escenarios como el crimen ambiental cometido en Bahía de Jobos en Salinas, una reserva natural donde, a ciencia y paciencia del gobierno federal, central y municipal, se destruyó una enorme zona de mangle y en la cual abundan construcciones ilegales con permisos fraudulentos emitidos por agencias gubernamentales. Las investigaciones legislativas que lideró el representante, Edgardo Feliciano, del Partido Popular Democrático, no han arrojado resultado alguno. El secretario del Departamento de Justicia, Lcdo. Domingo Emanuelli, hizo alarde de que encauzaría a los responsables de los delitos cometidos en el lugar, lo que resultó ser otro discurso para las gradas. Las agencias federales encargadas de proteger el área han faltado a su deber ministerial y, tras mucho cacareo, este crimen sin precedentes continúa impune. Asimismo, el desarrollo que se realiza en la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla y que ocupa zona de dominio público, áreas sensitivas del karzo y del hábitat del pelicano pardo, continúa con total impunidad, sin que el DRNA haga valer su autoridad y ordene la demolición de una construcción, a todas luces, ilegal y nociva a nuestro medioambiente.

Para colmo de males y respondiendo a los reclamos de los constructores y desarrolladores, quienes acusan demagógicamente a los ambientalistas de pretender interferir con el desarrollo económico, el gobernador Pierluisi vetó el P. del C. 474, conocido con la Ley de Legitimación Activa Ambiental. Este proyecto hubiera permitido que la ciudadanía acudiera a los tribunales en defensa de la política pública ambiental, solicitando remedio ante violaciones a las leyes y reglamentos, buscando frenar la constante amenaza a nuestros recursos naturales. Ante la indolencia exhibida por el gobierno frente al desarrollismo desenfrenado que vivimos, es la ciudadanía garante en la defensa de nuestros recursos los cuales, por mandato constitucional, el gobierno viene obligado a proteger.

Desafortunadamente, no fuimos capaces de organizarnos eficazmente para enfrentar y derrotar al monstruo de Luma Energy, a quien le fue renovado el contrato suplementario que vencía el pasado 30 de noviembre. Ni la incompetencia de este consorcio, ni su indolencia ante los tormentos que ha sufrido el país con la operación del sistema de transmisión y distribución, ni los exorbitantes aumentos en la factura que han afectado significativamente a miles de abonados residenciales y comerciales, fueron suficientes para que el gobernador Pierluisi cancelara el contrato y auscultara otras opciones para la operación del sistema. A pesar de las nefastas experiencias que hemos vivido con la privatización de servicios esenciales, el gobierno del PNP va ahora tras la consumación del plan con la privatización del sistema de generación de energía eléctrica y la puesta en marcha del contrato de Luma Energy a 15 años, así como la aprobación de la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que promete ser devastador para nuestra economía. El pueblo debe organizar su ofensiva para evitar que se haga realidad lo que se presagia será una debacle para el país.

La lucha por la descolonización es otro inmenso desafío que tiene nuestro pueblo, principalmente, con la nueva composición del Congreso de los Estados Unidos. Las posibilidades de que se apruebe un proyecto de ley para encaminar nuestra descolonización, lucen remotas, sobre todo con la postura asumida por varios de los congresistas que formarán parte del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de dicho Congreso, quienes se han expresado a favor del estatus territorial, porque, indudablemente, resulta rentable a la metrópoli. Estos congresistas, a su vez, rehúsan tratar el tema por ser, además, abiertamente anti-estadistas.  Como pueblo organizado nos corresponde exigir que se ponga fin a mas de un siglo de oprobioso coloniaje.

Combatir el trágico desplazamiento de comunidades desventajadas en múltiples lugares de nuestro país por los llamados inversionistas residentes, que provocan, además, la sustitución de nuestra población y exilio de muchos compatriotas, es otro frente de lucha ineludible. Es indispensable la derogación de la perversa ley 22, que ahora forma parte de la ley 60, por los perjudiciales efectos que ha producido en el archipiélago, promoviendo el desalojo de muchas comunidades y el encarecimiento de los bienes inmuebles de manera exponencial y artificial, mientras ha convertido a nuestro país en un paraíso fiscal.

Desarrollar un frente unido, una alianza, una concertación que nos permita ofrecerle al pueblo alternativas electorales decentes para dirigir los destinos del país, es uno de los retos más urgentes e importantes que enfrentamos en este nuevo año. Debemos ser capaces de desarrollar las estrategias necesarias para lograr el realineamiento de las fuerzas progresistas para derrotar, de una vez y por todas, al bipartidismo rancio y corrupto que le ha dado la espalda a nuestras legítimas aspiraciones y ha llevado a nuestro país al abismo. Ante estos y otros desafíos, como puertorriqueños y puertorriqueñas, tenemos que ser capaces del mayor desprendimiento y compromiso con el país o corremos el riesgo de perderlo.

La autora es Presidenta Movimiento Unión Soberanista

 

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