Mirada al País: El Waterloo de Pedro Pierluisi

 

Especial para CLARIDAD

En el año 2019 y bajo el gobierno de Ricardo Rosello, se aprobó la Ley de Política Publica Energética que tenía como objetivo, entre otros, la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Con este fin, se dispuso que, para establecer sistemas de energía renovables en el país, debía paulatinamente eliminarse el uso de combustibles fósiles, bajo el siguiente plan: eliminar 20 por ciento de combustibles fósiles al 2022; 40 por ciento al 2025; 60 por ciento al 2040; y un 100 por ciento para el año 2050. Esta legislación proponía, además, “…una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable. La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante alianza público-privada (APP) en o antes del 31 de diciembre de este año”. (Microjuris al Dia, 12 de abril de 2019). Con ello comenzó la privatización del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, que hasta entonces había estado en manos de la corporación publica, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Bajo procesos poco transparentes que fueron denunciados por la Unión de Trabajadores de la industria Eléctrica y Riego (UTIER), así como por el representante del interés público de la AEE, el Ing. Tomás Torres Placa, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, firmó el contrato que fue avalado por la Junta de Gobierno de la AEE, así como por la Junta de Control Fiscal (JCF), que rige los destinos del país. Tanto Vázquez como la JCF lo catalogaron como “lo mejor para Puerto Rico”. En una reunión que duró solo 43 minutos, la Junta de Gobierno de la AEE “discutió” y aprobó el contrato de 336 páginas. Dicho contrato cedió, a partir del 2021, la transmisión, distribución eléctrica y la administración del servicio al cliente a la empresa Luma Energy, LLC. (LUMA), un consorcio formado por ATCO Ltd., un operador canadiense de sistemas eléctricos y Quanta Services Inc., un proveedor de soluciones de infraestructura para la industria de energía eléctrica, con base en Texas. Según los términos del contrato negociado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), LUMA Energy se encargaría de la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución por un término de 15 años, a un costo para el pueblo de $1,500 millones. LUMA tendría la gerencia de áreas como servicio al cliente y facturación, oficinas comerciales, empleados, compra de combustible y suministro y el Centro de Operaciones de Energía de Monacillos.

Durante la campaña política del año 2020, el candidato Pedro Pierluisi, se comprometió a fiscalizar el contrato, a defender los empleos de los trabajadores de la AEE y a proteger sus pensiones. Pierluisi ofreció, además, no solo que no habría aumentos a la factura, sino que su costo bajaría. Como gobernador electo y ante los continuos cuestionamientos que se levantaron en torno al contrato, Pierluisi, nombró a Larry Seilhammer, secretario de Estado designado, para fiscalizar el contrato y para evaluar las enmiendas propuestas por la UTIER. Las enmiendas fueron desatendidas y las promesas hechas por Pierluisi, violentadas. Ante todas las polémicas surgidas, varios miembros de la Asamblea Legislativa le solicitaron a Pierluisi posponer la vigencia del contrato por seis meses, a lo que Pierluisi, tajantemente, se negó.

Las críticas al contrato de LUMA Energy, de parte de conocedores en la materia, no se hicieron esperar. La Cámara de Representantes liderada por el hoy legislador independiente, Luis Raúl Torres, inició vistas públicas para investigar y evaluar el contrato. El Centro para la Nueva Economía (CNE) recomendó renegociarlo y el ex director de la AEE, Ing. Héctor Rosario, cuestionó los alegados ahorros que el gobierno decía que produciría dicho contrato. Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Energía Económica y Análisis Financiero (IEEFA) por sus siglas en inglés) declaró, entre otras cosas, que el contrato no garantizaba adecuada supervisión de la operación del sistema de transmisión y distribución, había costos adicionales ocultos, los prometidos ahorros eran cuestionables, carecía de métricas en la ejecución y se haría mal uso de la fuerza laboral.

Entre los hallazgos de la investigación de la Cámara de Representantes están que Luma Energy no existía cuando la AAPP evaluó las calificaciones de las empresas interesadas en contratar la gerencia del sistema de transmisión y distribución y que nada en el contrato impedía que Luma adjudicara a sus subsidiarias o matrices, la reparación de la red eléctrica, utilizando las asignaciones federales asignados como resultado de los huracanes Irma y Maria. La implementación del contrato costaría al gobierno $894 millones, sin que se conociera la fuente de donde se obtendría ese dinero. A LUMA se le reembolsaría hasta por gastos de «entretenimiento» de sus ejecutivos.  La Cámara de Representantes le requirió a la gerencia de Luma Energy proveer una serie de documentos, los que estos se negaron a entregar. Ello provocó un arduo proceso judicial que culminó con la expedición de una orden de arresto por desacato contra el CEO de dicha empresa, Wayne Stensby, la cual nunca llegó a diligenciarse.

Ante la negativa de miles de trabajadores de la AEE de integrarse a LUMA Energy, estos fueron desplazados y enviados a diferentes agencias a realizar trabajos no relacionados con sus destrezas y peritaje, recurriendo LUMA a personal inexperto cuya falta de destrezas y desconocimiento del sistema de energía eléctrica ha ocasionado enormes fallas en la operación del sistema de transmisión y distribución. Ello ha conllevado que el pueblo esté recibiendo un servicio deficiente donde los apagones son la orden del día, su duración excede las métricas de los que se experimentaban con la AEE, los enseres eléctricos y los alimentos se dañan, la ciudadanía tiene que invertir en placas solares y generadores y los comerciantes ven afectadas sus operaciones, sufriendo enormes pérdidas económicas. La AAPP, que tiene dos representantes del interés público, el Negociado de Energía, así como el gobierno de Pierluisi, han abdicado su responsabilidad de fiscalizar al consorcio. Mientras, los ejecutivos del consorcio se llevan una gran tajada de dinero a sus bolsillos y se burlan del país.

A un año de la entrada de LUMA Energy en la operación del sistema de trasmisión y distribución de energía eléctrica, ha habido siete aumentos a la factura, todos autorizados por el Negociado de Energía y cerca de 8 explosiones en diversas subestaciones a lo largo y ancho del país. Comienzan a levantarse innumerables reclamos públicos de que el pueblo se lance a la calle y que se cancele el contrato suplementario que vence el próximo 30 de noviembre de 2022. Hasta la comisionada residente, Jennifer González, en un acto manifiestamente oportunista, se montó en la ola de la indignación popular y reclamó la cancelación del contrato. Ante esta coyuntura se avecinan tiempos difíciles para Pierluisi, quien ha sujetado la cancelación a un “incumplimiento sustancial”. El pueblo lanzó el reto: si no se cancela el contrato, veremos el otoño de 2022 y la segunda salida involuntaria de Pierluisi de la gobernación. Sin duda alguna, LUMA se convirtió en su Waterloo.

 La autora es la Presidenta  del Movimiento Unión Soberanista

 

 

 

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