Puerto Rico, un juego de Monopolio

 

 CLARIDAD

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La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, describió como un  esquema semejante a  un juego de Monopolio una serie de leyes aprobadas por el Gobierno para promover la venta de Puerto Rico al menos desde el 2009.

En  conferencia de prensa, Nogales Molinelli afirmó: “El Puertopolio es un juego muy parecido al Monopolio, pero las reglas coloniales y congresionales las han establecido políticos inescrupulosos en contubernio con la banca y un sector de ricos y poderosos, dentro y fuera de Puerto Rico. No incluye a la gente y solo cuenta con el gobierno en la medida en que están al servicio de la privatización, el saqueo y la expulsión de quien no pueda pagar”.

Esta considera que en estos momentos el gobernador Pedro Pierluisi es quien dirige el juego de monopolio, Puertopolio. Otras personas por parte del gobierno que identificó como contribuyentes a crear y ejecutar la política que ha permitido la venta del país pedazo a pedazo son: Omar Marrero, secretario de Estado (antes director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP); Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; Fermín Fontánez, actual director de la AAPP, y el ahora exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, entre otros.

Uno los personajes del sector privado que denunció se ha insertado en el país es Weins Stenby, ejecutivo de la privatizadora LUMA Energy, inversionistas que reciben los incentivos de  la ley 22, por lo que no pagan contribuciones.

Nogales Molinelli argumentó que el  Puertopolio se  inició bajo la  gobernación de Luis Fortuño con la  aprobación de  legislación que sentó las bases para la debacle en que está el país. “Bajo Fortuño, se aprobaron la Ley 6 y la Ley 7 de 2009 que provocaron la pérdida de miles de empleados públicos y el desmantelamiento de agencias como el DRNA, a través de retiros incentivados y cesantías, sin esfuerzos para sustituir al personal o salvaguardar la memoria institucional”

Enumeró que bajo la administración de Fortuño se creó la  AAPP, mediante la Ley 29 de 2009, para promover la privatización y la Oficina de Gerencia de Permisos ( OGP), Ley 161 de 2009, la cual  le quitó facultades a la Junta de Planificación, al DRNA y al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Estas leyes han  permitido la destrucción del territorio. Además, la Ley 4 de 2009, que duplicó el margen prestatario del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), es  un ejemplo del uso la deuda como mecanismo de control y de desmantelamiento, expresó.

“Hay que recordar que durante la gobernación de Fortuño aumentó la deuda pública significativamente y, en particular, la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se promovieron proyectos relacionados al gas, como el fallido gasoducto Vía Verde, y como se está intentando hacer ahora nuevamente con él como individuo potencialmente beneficiado. Y por supuesto, no podemos olvidar las Leyes 20 y 22 de 2012”.

Continuó explicando que, durante el gobierno de Ricardo Rosselló, también se legisló para crear condiciones aún más agresivas dentro del marco (des)regulatorio legado por Fortuño. La primera ley de 2017 enmienda la ley de Alianzas Público Privadas para insertar el concepto de las propuestas no solicitadas Art. 1(u), lo que permite que la Autoridad no tenga que utilizar los procedimientos establecidos de propuesta y que supervise los contratos. Se suman a esta, la Ley 2 de 2017 que crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); la Ley 4 de Empleador Único, que permitió la transferencia de los empleados de la AEE tras la privatización del sistema de transmisión de energía; la Ley 5 de 2017 de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal y las Leyes 13 y 17 que crearon a Enterprise Puerto Rico y el DMO, respectivamente, para continuar privatizando funciones de agencias gubernamentales y evadiendo la regulación, indicó.

Es  mediante el concepto de propuestas no solicitadas que se privatizó el servicio de lanchas a las islas municipios Vieques y Culebras con la empresa HMS Feries y, ahora, San Juan Cruise, para la privatización de los puertos turísticos en San Juan. La de LUMA igual fue una propuesta no solicitada. Recientemente,  la AAPP ha recibido propuestas no solicitadas de New Fortress Energy, para un puerto de gas en Ponce y otra de  una tal empresa Sea One Puerto Rico, de la cual el exgobernador Fortuño es miembro de su Junta de Directores.

La representante por el MVC dio a conocer que en aras de reconstruir el servicio público está  trabajando con legislación para eliminar la AAPP, para que se cancelen los contratos de LUMA, HMS Ferries y San Juan Cruise Ports. También propone que se sustituya la OGP por un ente transparente y participativo que le devuelva las facultades a las instancias de protección del ambiente y el patrimonio histórico, cultural y arqueológico y eliminar la figura del profesional autorizado.

Además, recabó aprobar cuanto antes el P. de la C. 474 de Legitimación Activa Ambiental para que las personas y organizaciones puedan defender su ambiente y su salud, derogar las disposiciones de la Ley 22 de 2012 y modificar las de la Ley 20 para que realmente le sirvan al desarrollo económico.

Mientras tanto, se deben revaluar todos los decretos, publicar la información que se ha solicitado al DDEC sobre los que han sido cancelados e imponer responsabilidad a los funcionarios que otorgaron decretos sin la debida diligencia. Propuso, además, la necesidad de descongelar las plazas de empleados públicos, revisar sus salarios para que sean competitivos y establecer un programa de reclutamiento agresivo para fortalecer el servicio público.

A preguntas de CLARIDAD de si ha compartido con otros legisladores sus propuestas y si al menos hay la disposición a  examinarlas, comentó que  aun cuando hay mucho entendimiento de parte de sus compañeros de lo que se plantea, las presiones de partido  podrían afectar la postura  para acoger o no las propuestas. Afirmó que ha llevado el tema al Hemiciclo de que la única manera de detener la avalancha de la privatización es eliminando la AAPP.

Resaltó que estas medidas son parte de las políticas para expulsarnos del país y que sus denuncias, las hacen, “ no con el propósito de que la gente se desanime, sino que esté con los ojos abiertos de lo que está ocurriendo y de que nos organizamos para detener esto y luchar”.

 

 

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