CLARIDAD
Luego de haber redactado la polémica Orden Ejecutiva en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgaría la independencia a Puerto Rico, el Grupo Plan B: Independencia, presentó todo un plan de desarrollo económico y la estrategia a seguir para el proceso de descolonización.
En conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados, los licenciados Carlos Rivera Lugo, Rolando Emmanuelli Jiménez y la economista Martha Quiñones Domínguez presentaron el Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano. Según señalaron, las expectativas son que ya para el 1 de enero del 2027 haya concluido el proceso de transición y Puerto Rico estaría ostentando su independencia.
Sobre la presentación de la OE y el plan, Emmanuelli Jiménez puso en contexto sobre las políticas de Trump que se sabía que este iba a traer unos disloques tanto en EE. UU. como en el planeta, por lo que los recortes en fondos federales eran de esperar. En el caso de Puerto Rico el 43 % del presupuesto del Gobierno central proviene de fondos federales. De parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) esta le informó a la gobernadora, Jenniffer González Colón, que podría haber un recorte de fondos federales de un 15 a 20 % y que Puerto Rico se tiene que liberar de la dependencia de los fondos federales.
“La pregunta que uno se hace es cómo la colonia se libera de la dependencia de los fondos federales”, planteó Emmanuelli Jiménez. Ante la incógnita de qué va a pasar con la colonia y a la luz de esa preocupación, a falta de un plan gubernamental por parte de Puerto Rico es que el grupo redactó la OE con la intención de establecer una logística detallada de cómo es que podría darse la independencia de Puerto Rico dentro de las nuevas condiciones que la presidencia de Trump ha atraído a EE. UU. y, por ende, a Puerto Rico.
El plan de desarrollo articula con la OE la creación de una comisión de transición. Este equipo de personas estaría a cargo de manejar los fondos de transición, mediante un Fondo de Transición de Puerto Rico (FTPR). El Plan B propone dos modelos de Fondo: un pago de $36 mil millones anuales por parte de EE. UU. durante 20 años o un pago único de $489 mil millones. Este pago único le ahorraría a Estados Unidos un aproximado de $617 mil millones.
No obstante, indicó que el documento no es uno escrito en piedra, sino que es un ejercicio de proyección, y las proyecciones, mientras a más largo plazo, más difícil de tener certeza; pero es una plataforma sobre la cual se puede ir construyendo un plan estratégico de desarrollo de la república de Puerto Rico.
El licenciado Emmanuelli Jiménez afirmó que para fortalecer el plan se proponen unas estructuras jurídicas específicas dentro de la república de Puerto Rico. “El documento contempla desde las perspectivas del derecho, la logística de cómo se deben hacer las cosas, el orden de los trámites y el orden de las inversiones para lograr que en 20 años Puerto Rico sea un Estado próspero unido a los países pequeños pero muy bien desarrollados en el planeta”.
Plan Nacional de Desarrollo Económico
Por su parte, la economista Quiñones Domínguez, aclaró que la solicitud que hizo la JCF a la gobernadora de que hiciera un plan de país sin fondos federales es imposible en la colonia, dado a que la colonia está montada sobre los fondos federales. “Un plan de desarrollo sí es posible en la independencia y es parte de lo que dentro de un contexto de economía social solidaria, económica. Buscamos modelos exitosos en el mundo de países más pequeños que Puerto Rico, para demostrar que sí se puede promover esa soberanía”.
Sobre la OE y el plan de desarrollo defendió que es para hablar al pueblo de Puerto Rico de que la independencia es posible y que es la colonia lo que nos tiene en la crisis. Mediante el plan y sus estructuras se garantizan los fondos identificados y otros fondos. El documento es un documento vivo en el cual otros economistas han enviado sus sugerencias, como Heriberto Martínez y Alejandro Silva. También se han tomado aspectos de la plataforma del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP).
En cuanto al fondo de transición de $36 mil millones, señaló que es lo mismo que se llevan las empresas extranjeras de Puerto Rico y que este fondo es pequeño comparado con lo que nos debe EE. UU. “Eso es lo mínimo, con $36 mil millones anuales en 20 años podemos construir un país diferente, próspero”.
Un dato que destacó la economista es la necesidad de la cancelación de la deuda de la colonia. “Puerto Rico debe comenzar sin deuda porque la deuda se ha convertido en una deuda odiosa. Todo lo que la JCF negocia con la deuda le pertenece al imperio porque quien nombró la JCF fue el Congreso de Estados Unidos; le pertenece al imperio”.
Por parte del Gobierno de Puerto Rico en la república apuntó que se tendría que hacer un proyecto de cómo hacer deuda. En cuanto al plan, describió que tiene cuatro pasos operacionales de cuatro a cinco años que le da énfasis a la educación como elemento propulsor de la economía, energía, infraestructura y reforma fiscal. Reparó en que contrario a otros países al inicio de su independencia, en el caso de la isla, se tiene acceso a energía eléctrica, agua, carreteras, estructuras que la JCF lo que ha hecho es desmontarlas para hacer inviable al país.
En la segunda fase del plan a diez años se dedicaría a atender toda la política industrial, incluyendo la agricultura y sectores tecnológicos, con un nuevo modelo, lo cual dijo que es parte de lo que le falta al país. “Es necesario establecer nuevas directrices porque todos los que hay son acuerdos de la colonia”. En el caso de la agricultura puntualizó hay que fortalecerla para disminuir la dependencia que se tiene de otros países.
En la última fase a 20 años, el fin es tener un modelo híbrido de economía mixta. “Es importante entenderlo porque no es que vamos a tener una economía diferente, es la economía que existe a nivel internacional pero un modelo donde estemos incluidos todos”.
En el plan además se han identificado otros ingresos que no se sabe cuánto es, pero que están ahí. “Tenemos dinero que actualmente no entra a Puerto Rico, que es el que se cobra en aduana de EE. UU. y se apropia y nunca transparenta cuánto es”.
