CLARIDAD

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No es su modelo de corporación pública, mucho menos la falta del llamado ‘preciado líquido’, lo que   provoca que en ocasiones usted abra la pluma y no salga el agua. Es la perversidad partidista que confunde profesionalización con politiquería, es una infraestructura obsoleta y la falta de un plan de modernización lo que inciden en que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tenga un funcionamiento ineficiente en repetidas ocasiones.

La AAA ya pasó por dos fracasos de privatización. El primero en el 1995, bajo la gobernación de Pedro Rosselló González (del PNP), con la empresa franco-española Aguas PSG. A los cinco años de contrato, en el 2002, la administración de la gobernadora Sila Calderón contrató la operación con la empresa Ondeo, y fue cancelado a los 18 meses.

En entrevista con CLARIDAD, el exmiembro de la Junta de Directores de la AAA, el planificador Félix Aponte, descartó que la AAA pueda volver a ser privatizada, tanto por su complejidad como por los compromisos del pago de su deuda, y dijo que todo el grueso fuerte se corre con recursos internos.  No obstante, afirmó, hay  elementos privatizados, como el sistema de información computarizado y la seguridad. Más aún, la corporación no diseña nada. Todos los diseños y todos los consultores son externos y la mayor parte de la ejecución la hacen contratistas externos.

En ese contexto y a la luz de los accidentes recientes de falta del servicio, en particular, el que mantuvo por más de una  semana una gran parte del Área Metro sin servicio, destacó lo obsoleta que  está la infraestructura que se necesita para el suministro. Describió que la vida útil de la mayor parte de los sistemas de transmisión de agua cruda y potabilizada está superada y que nunca ha habido un programa intensivo de reemplazo de esa infraestructura de conexión de agua.

El planificador reveló que es poca la inversión que se hace para la operación del sistema. El modus operandi de la gerencia de la AAA es que al reventarse un tubo, su reacción es ir poniendo un remiendo a la sección; por ejemplo, el agua que  se produce en el lago de Cidra, que va a la planta de filtro a Guaynabo y el agua cruda de Carraízo, que se bombea hasta Sergio Cuevas. No es mucha distancia, pero es una estructura de transmisión que con  mucha frecuencia  están en problemas. Lo mismo ocurre con las troncales.

“Hay mucha infraestructura que requiere reemplazo, por lo que la AAA constantemente está viviendo  emergencias de roturas y reemplazo de segmentos, pero no hay un programa de rehabilitación del sistema. Eso conduce a la ineficiencia”.

Al confirmar que no hay un plan de modernización del sistema, en consecuencia, la pérdida de agua es una económica. Esa infraestructura provoca que una parte sustancial de pérdida absoluta de agua sea cerca del 50%. Denunció que en la Triple A la cultura de trabajar de forma preventiva se habla solo de forma conceptual, por lo que no hay un solo programa completo de reemplazo.

Hay otra ‘pérdida’ de un volumen de agua de un 5 a 10 % que se utiliza para lavar los filtros de las máquinas de filtración del agua que procesa la planta. Se supone que el estándar en la industria de agua potable es que no debe ser más de un 10%,  por lo que esta, más o menos, se ha controlado. Atribuyó  este control a que ese proceso requiere un permiso de la EPA (Agencia Federal de Protección Ambiental),  que exige  estándares de calidad de agua.

Según alega la AAA, la otra pérdida responde a la ineficiencia de los contadores de agua que miden el consumo de los abonados.  El planificador destacó que la infraestructura de los metros es muy vieja, por lo que es cuestionable la medición de cuánta agua se produce y cuánta la gente consume. Reveló que desde hace tiempo se presentó  un proyecto para digitalizar el sistema con los llamados metros inteligentes. Aunque se hizo un estudio piloto y se verificó su eficiencia, el proyecto requiere una inversión sustancial y se desconoce el por qué no se ha adelantado el proyecto.  Entre la lista de imprecisiones está el que, si se mira el número de clientes, es el mismo desde hace 40 a 30 años. La AAA no tiene esa información digitalizada, aun cuando eso es factible.

La falta del servicio de energía eléctrica

 El exmiembro de la JG de la AAA, señaló que un aspecto significativo de por qué el sistema colapsa es por la falta de electricidad. Expuso que Acueductos  tiene 20 mil millas de tubería y, de esas, 15 mil son del sistema de agua potable. El agua se mueve por sistema de  bombeo. Cada vez que hay un apagón, se apaga la bomba. Cuando eso sucede, se genera un problema interno en la presión de la tubería, lo que se conoce como el golpe de ariete.

El  otro problema es el voltaje, que daña las bombas. Si se va la luz, se apaga el sistema de bombeo; si regresa la luz, la bomba se daña con el golpe de voltaje, por lo que para manejar esa infraestructura de 20 mil millas con miles de tanques, miles estaciones de bombeo y cientos de pozos se requiere tener conocimiento profesional para manejar la presión de la tubería.

Aponte comparó esta situación con el manejar la presión sanguínea en el sistema humano. “Se tiene que regular la presión, y cuando se cambia una tubería grande a una más pequeña, esa planta, esa presión, tiene que estar controlada por una válvula”. Atribuyó los incidentes de julio y agosto a esta situación precisamente y a que, al sustituir al personal diestro de experiencia por personas que no conocen ni tienen entendimiento del sistema, no se sabe atender la situación. Confirmó que,  no fue hasta que entraron trabajadores de la Unión de la Autoridad que se estabilizó el sistema.

“Esa incapacidad gerencial es culpa de la politiquería que tiene todo el gobierno, y cuando llegó esta señora (en alusión a la gobernadora),  sacó a todos los que estaban con Pierluisi, muchos de ellos personas competentes con experiencia”, manifestó Aponte. Acotó que el ahora  presidente, Luis González Delgado, que era el subdirector en la región Este, la cual es una pequeña, nunca demostró ser una persona eficiente.

Una vez más, Aponte recalcó que la perversidad partidista en el caso de Acueductos es un asunto más crítico por tratarse de un elemento tan esencial como el agua. Denunció que incluso se ha cambiado la dirección de los laboratorios por directores cuyos atributos son su lealtad partidista.  “Hay un asunto  serio de salud pública ambiental, de esa infraestructura obsoleta, y encima de eso, LUMA traqueteando con la energía. Es la tormenta perfecta para el desastre”.

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Aun cuando la adopción de un  Plan de Uso de Terrenos (PUT) fue aprobado  por la  Ley 158 del 2004,  no fue hasta el 2015 en que se concretó y aprobó el plan y su revisión obligatoria cada 10 años.

Dos planificadores del equipo que trabajó en la confección del PUT, en entrevista con CLARIDAD,  coincidieron en que si bien hay que revisarlo cada diez años no es por las razones que ha esgrimido en declaraciones públicas el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez. Entre sus expresiones, el Secretario ha dicho que hay áreas que revisar y que “no hay suficiente terreno para desarrollo”, expresiones que tienden a favorecer reclamos de sectores como el de la construcción.

“El asunto aquí es que a los sectores de la industria de la construcción y la banca, igual que a grandes propietarios, les interesa que el PUT flexibilice o modifique las clasificaciones del suelo para que se les permita construir en lugares donde la política pública que está contenida en el PUT no les favorece”, afirmó el planificador José Rivera Santana.

El PUT se aprobó en el 2015 a pesar de la oposición de esos tres actores, quienes utilizaron a varios  alcaldes como portavoces  para que presentaran su oposición, denunció. El planificador describió la oposición de estos sectores como una feroz, que no ha cesado de tratar de descarrilar el PUT, algo que en alguna medida han logrado. Atribuyó a la presión de estos actores la forma laxa y poco rigurosa en que la JP y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) han manejado lo que establece el PUT y sus disposiciones.

Trajo a la atención el dato de que desde el 1942, cuando se creó la Junta de Planificación (JP), se suponía que la Junta hiciera lo que entonces se nombraba como un “Plan regulador del uso de terrenos”, lo que en la práctica era un PUT. En aquel entonces, igual que en el presente, los grupos de interés como la asociación de productores de azúcar y la banca se  opusieron a la creación de la JP y a su intervención en la ordenación del territorio. “No se pudo hacer por esa oposición que se mantuvo constante por más de 80 años”.

Los cambios al PUT

Preguntado por CLARIDAD sobre qué cambios debiera tener el PUT, Rivera Santana expuso que luego de la experiencia de los huracanes Irma y María y las marejadas que ocurrieron en el 2017, que fueron eventos  intensos,  hay que revisar el Plan debido a que su adopción en el 2015 se hizo con la  información que se tenía en ese momento y que, por causa de estos eventos climáticos y el recrudecimiento del calentamiento del planeta, el plan debe  revisarse para ser todavía más riguroso en la protección de terrenos que hoy se sabe  que son más vulnerables a eventos catastróficos, como lo es, por ejemplo, la zona costanera.

Se sabe además que por la situación del cambio climático es vital  proteger más terrenos para uso agrícola. El PUT lo que protegió fueron 600 mil cuerdas, a pesar de que cuando se hizo ya se sabía que era para garantizar  la seguridad alimentaria. Por lo menos, se deberían haber reservado 1 millón de cuerdas de terrenos para la actividad agrícola.

Rivera Santana reveló que se llegó a las 600 mil cuerdas en  una especie de negociación para bajar la presión de los opositores, pero que, de todas formas, 600 mil cuerdas no son suficientes para una seguridad alimentaria. Reconoció que aunque la población está bajando, los factores principales por el riesgo del alza en el  nivel del mar son factores que afectan el potencial agrícola, entre otros. También está el hecho de que el gobierno ha abandonado las recomendaciones del Comité del Cambio Climático (CCC), las cuales están directamente relacionadas con el PUT,  que incluso considera el cambio climático y  el calentamiento del planeta como parte de sus factores.

Rivera Santana desmintió expresiones del secretario del DRNA y lo acusó de deliberadamente querer engañar la opinión pública al decir que hacen falta más terrenos urbanizables. El planificador hizo énfasis en que el PUT  ya contiene el suelo urbanizable necesario para acomodar la demanda de vivienda por los próximos años y que incluso  muchas de esas tierras que no se han urbanizado están disponibles, por lo que no hay que hacer cambios a los terrenos que tienen la clasificación de suelo urbano o suelo urbanizable, que son las categorías que tienen que ver con proyectar las construcciones urbanas. Afirmó que las razones para que no se hayan utilizado son económicas. El PUT tiene clasificado el  15 % de todo el territorio como suelo urbano, suelo urbanizable.

“Así que no se justifica de ninguna manera, ¡pero de ninguna manera!, el decir del Secretario de Recursos Naturales que solo el 1% del territorio está clasificado urbanizable. Eso es falso y él lo sabe, y si no lo sabe, debe renunciar por ser un incompetente”, subrayó.

En entrevista por separado, el planificador Pedro Cardona Roig, exmiembro de la JP, coincidió en destacar la necesidad de la revisión del PUT frente al cambio climático, acción que está establecida como prioridad en el documento, y denunció la inacción de la JP, así como la falta de adopción por parte del gobierno de las recomendaciones del CCC.

El planificador conocido como El Urbanista también censuró las declaraciones del Secretario del DRNA sobre la disponibilidad de terrenos urbanizables: “El Secretario carece de credibilidad e ignora conocimientos que debiera saber y que ha demostrado que no los tiene. Cuando el secretario dice que no hay suficientes terrenos para construir viviendas, tenemos que entender que el PUT tiene 35 mil cuerdas de terrenos reservadas para nuevos desarrollo. Esas 35 mil cuerdas están en suelos urbanos y suelos urbanizables que están certificados”.

Cardona Roig explicó que eso equivale a dos veces la isla de Manhattan, por lo que, si se fuera hacer un desarrollo de alta densidad, se podrían construir cerca de  3 millones de unidades viviendas en esas cuerdas.  En el caso de construcción suburbana, no cree que sea un modelo sostenible para  Puerto Rico. Se podrían construir  380 mil unidades de vivienda en esas 35 mil cuerdas. Observó que en los 500 años de historia urbana que tiene Puerto Rico, eso quiere decir que el país ha consumido el 14 % del territorio para atender la necesidad de 4 millones de personas. Lo contrastó con que hoy la población del país está  por debajo de 3 millones de personas, lo que  demuestra  que no hay  una necesidad adicional a las 35 mil cuerdas ya designadas.

A juicio del exmiembro de la JP, el secretario del DRNA se hace eco de los argumentos de la

Asociación de Constructores: “El secretario Waldemar Quiles Pérez  debiera ser honesto y decir que el propósito de sus expresiones es garantizar el repago de los que financiaron la campaña de Jenniffer González Colón, que ha permitido que él ocupe una posición para la cual devenga un sueldo de sobre $100 mil y para el cual ha demostrado no tener la capacidad. Debiera ser honesto y decir que los datos no apuntan a la necesidad de más terreno; mas sin embargo, la fijación que tiene de repagar le hace promover los cambios”.

Todavía agregó que el secretario del DRNA no ha mencionado ni un solo criterio científico que valide su argumento y tampoco ha invocado ninguna de las responsabilidades que obliga la ley al DRNA a proteger, por ejemplo, las reservas naturales designadas por la misma agencia y que están integradas al PUT.

Cambios ilegales

A pesar de que se supone que la revisión del PUT debe traer a la discusión pública abierta los criterios de política pública de la protección de  los espacios naturales, de hábitat crítico, las  áreas con prioridad de conservación  —las consideraciones respecto al cambio climático que no han sido consideradas—, el exmiembro de la JP  vaticinó que no espera que eso suceda.

Al respecto, narró la experiencia de la revisión del plan territorial del Municipio de Aguadilla en vistas públicas hace unas cuantas semanas. Según reveló, unos suelos inundables al sur del municipio que son parte de la cuenca del río Culebrinas fueron clasificados como suelos urbanos,  urbanizables, lo que potencia el desarrollo en áreas de riesgo de inundaciones y la pérdida de vida y propiedad. “Eso es lo que hace el plan territorial de Aguadilla y eso establece un precedente que no se sostiene en el rigor de la planificación y en las política  públicas del PUT; pero, sobre todo, que violenta lo que establece la ley que debe ser el proceso para revisar el PUT”.  Esta situación, denunció, se ha estado repitiendo en vistas públicas de los planes territoriales de Adjuntas, Canóvanas  y Cayey.

Sobre cuánto tiempo estima debería tomar el proceso de revisión del PUT, de hacerse con respeto a la ley y los procedimientos, dijo que debería tomar unos 18 meses tener un documento atemperado. “Menos de eso es muy difícil; esto debe tener una discusión amplia” y afirmó que hay muchos grupos de la sociedad civil con interés en la protección de los recursos naturales.

Por último, Cardona Roig denunció que los ataques al PUT en la JP han emanado de colegas planificadores que “han comprometido la integridad del PUT por su actos irresponsables y por ser cómplices  de la ilegalidad que han promovido las administraciones PNP desde que entró Rosselló Nevares hasta el presente”.

La Junta de Planificación anunció que la revisión del PUT comenzará el próximo 4 de noviembre, con la citación de agencias de gobierno como el DRNA y el Departamento de Vivienda.

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Dos activistas de la comunidad reflexionan sobre la milicia ante su marcada presencia militar en la región

El recuerdo de la Marina de los Estados Unidos (EE. UU.) pervive de múltiples formas en Vieques. El uso militar de la Isla Nena marcó su historia durante más de 60 años, hasta que la presión ciudadana finalmente expulsó al cuerpo bélico. Fue un tiempo que marcó la economía, salud y el ambiente de la comunidad de modo que sus estragos aún impactan a la comunidad.

Para Ilandra Guadalupe, coordinadora del programa de recorridos del Archivo Histórico de Vieques, se trata de un recuerdo que vive en la falta de acceso a dos terceras partes del territorio viequense y en el hecho de que la comunidad ha preservado de diversas formas esa realidad histórica.

“(Esta) es una comunidad que creó su propio archivo comunitario para no olvidar todo lo ocurrido y todo lo que se ha vivido. Tanto la tierra como la memoria nos traen esos recuerdos de la época de militarización y, ahora, también los movimientos de remilitarización”, aseguró Guadalupe vía telefónica con CLARIDAD.

En ese sentido, la memoria de la Marina evoca tiempos de desplazamientos forzosos y expropiaciones violentas. Por ejemplo, la comunidad viequense, distribuida a lo largo de la isla, tuvo que ubicarse en el centro del municipio durante los años de ocupación militar, cuenta Katherine Martínez, de La Colmena Cimarrona. Esas imposiciones de la milicia suponen memorias “coloniales y colectivas” que son “difíciles de olvidar”, añadió la activista.

“Todo esto arrastrando a experiencias más prácticas en el diario vivir. Violencia, peleas callejeras, niños estudiando con el sonido de bombas estallando en el fondo, casas que se estremecían ante el impacto de estas bombas al explotar. Así que son experiencias cotidianas como profundas”, describió la organizadora de la colectividad agroecológica.

Guadalupe detalló que comunidades como Carmelo y Villa Borinquen, al lado oriental de Vieques, fueron particularmente afectadas por las detonaciones al aire libre de las prácticas militares. Ambos sectores lindaban, verja a verja, con las zonas donde se ubicaban las tropas de la Marina.

Del mismo modo, Martínez recalcó que tanto las aguas, como las costas y tierras de Vieques fueron polucionadas por contaminantes como agente naranja o mercurio. Estos tóxicos, agregó, se esparcen de muchas formas en Vieques, donde hay una incidencia alta de cáncer. La salud de Vieques, tanto de la isla como su población, aún lastra los estragos de las prácticas militares. Esta catalogó las prácticas como un tipo de racismo y sexismo ambiental, puesto que se tratan de comunidades mayormente compuestas por mujeres y personas negras.

“Eso se esparce a nuestras aguas, a nuestra comida. La contaminación ambiental va atada con el aspecto de salud y ha sido uno de los efectos más notables que le atribuimos a esta actividad militar en nuestro espacio… Pienso en las mujeres que hacen esta triple jornada para responder una y otra vez y estar apagando fuegos ante amenazas e intentos de desplazamiento”, explicó.La colaboradora de La Colmena distinguió cómo la economía de Vieques cambió, con el tiempo, de una azucarera y monocultivista a una basada en la servidumbre laboral, cuando el comercio plagó las calles de lavanderías, servicios de limpieza, cocina y todo lo que envolviera un apoyo a la presencia militar. En esa configuración social, contó Martínez, la ciudadanía en Vieques pasó de trabajar la tierra a trabajar para las infanterías.

“Cuando logramos sacar a la Marina, nuevamente caímos en ese proceso de reconstruir nuestra economía. Lo que se ha visto ahora es una economía basada en el turismo, con todos los matices que eso incluye”, elaboró la activista.

En esa línea, Guadalupe adujo que la falta de acceso a gran parte de la isla impide una cultivación de la tierra, sumiendo a la población en la misma dependencia que le obliga a importar el 95 % de los productos que consume. La influencia de la Marina atropelló, a través de diversos procesos sistémicos, el desarrollo de ese tipo de economía.

“Esa falta de acceso afecta cómo nosotros podemos restablecernos, incluso en la comunidad pesquera. Cómo podemos levantar nuestras economías, cómo podemos tratar de crear esa visión de una economía de diferentes sectores en Vieques, eso es algo que continuamos trabajando. Desde La Colmena, trabajamos por la soberanía alimentaria”, continuó.

También, Guadalupe denunció que la Marina no informa sobre los trabajos de limpieza realizados en las costas. Más bien, contó la activista, los oficiales de la milicia anuncian una serie de trabajos que consideran inofensivos, sin siquiera considerar la opinión pública de la ciudadanía en Vieques.

“Hasta nuestros derechos (al acceso) de información se ven afectados porque no nos quieren dar toda la información, no nos quieren contestar preguntas. Está también al servicio (de ellos): estamos aquí para que nos escuchen y después es business as usual”, puntualizó Guadalupe.

De momento, la llamada con ambas activistas fue interrumpida brevemente por el rumor de un jet de guerra. Tras el sonido, Guadalupe aseveró que es uno de los varios ejercicios que ahora se ven por los aires de la Isla Nena.

“(Se ven) tipo F-35, volando bajito sobre Vieques y Roosevelt Roads. No quiero decir que no son consistentes, pero lo hacen en horarios que de momento es a una hora hoy y a otra mañana”, explicó la también investigadora.

Ante el aumento de presencia militar en la región, Martínez dijo que la comunidad viequense rechaza un repunte de ejercicios de guerra en todo el archipiélago. Además, ambas coincidieron en que el desarrollo de las islas de Puerto Rico debe apostar al bienestar de sus ciudadanos.

“Reafirmamos nuestro derecho a vivir en un Vieques donde reine la paz, con un futuro de paz y justicia, donde haya un desarrollo sostenible que asegure que podamos permanecer en nuestras tierras. Desde La Colmena, en particular, partimos de que la salud de nuestra tierra es nuestra responsabilidad. Cuidar nuestro territorio es cuidarnos a nosotros y asegurar nuestra permanencia”, manifestó Martínez.

Mientras la Junta de Planificación se dispone iniciar un  proceso de vistas públicas sobre el  Plan de uso de Terrenos, el cual se supone tenga en consideración los efectos del cambio climático, la  Legislatura ignora las recomendaciones del  Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático. Desde abril del 2024,  el  Comité entregó a la Legislatura un informe con sus recomendaciones para atender los efectos del cambio climático.

Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado denunció en conferencia de prensa la inacción de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante la legislación presentada por su partido para enfrentar los efectos de la crisis climática en las costas.

“La naturaleza y el partido de mayoría van en direcciones contrarias, y el resultado inevitable será el sufrimiento de enormes pérdidas para el país. Mientras más evidente es la necesidad de adoptar políticas públicas que reconozcan la especial vulnerabilidad de nuestras costas ante la crisis climática, como postura indispensable para garantizar la seguridad de vida y propiedades y para promover el desarrollo económico, mayor es la resistencia de la Asamblea Legislativa dominada por el PNP para atender medidas en esa dirección.”, señaló la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago.

El PIP expuso que ha presentado una decena de medidas que han recibido informes negativos o permanecen desatendidas, sin vistas públicas, sin la participación de personas e instituciones conocedoras del tema y, en algunos casos, en clara oposición a lo recomendado por los expertos y las propias agencias.

“Como ha advertido la Dra. Maritza Barreto, directora de COREPI (Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico) y exintegrante del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático, aún queda por ver cuán intensa pueda ser la “Marejada de los Muertos” que suele impactar nuestro archipiélago entre finales de octubre y principios de noviembre.”, añadió el senador Adrián González Costa.

Entre las medidas descartadas por informes negativos están:

Proyecto del Senado 393, para crear la Ley de la Zona Costanera, adoptar una definición de zona marítima terrestre basada en elementos de peligrosidad y para garantizar el acceso libre a las playas.

Proyecto del Senado 579, para crear la Ley de Mitigación Natural para las Costas y establecer el uso en la zona costanera de estructuras de mitigación basadas en la naturaleza.

Proyecto del Senado 284, para crear la Ley de Legitimación Activa Ambiental, a los fines de otorgar legitimación activa estatutaria a cualquier persona que interese iniciar o participar en causas civiles o administrativas con el fin de proteger, conservar o desarrollar nuestros recursos naturales.

Proyecto del Senado 580, para crear la Ley de Adaptación y Deslinde Costero en Respuesta a la Crisis Climática, fijando por ley que la vigencia de los deslindes de la Zona Marítimo Terrestre no debe exceder los cinco años.

Una resolución, la RS 159, presentada en atención a recomendaciones específicas del CEACC para documentar la situación de los aeropuertos que ubican en o cerca de la zona costanera, como los aeropuertos de Isla Verde, Isla Grande, Aguadilla, Mayagüez y Ponce, fue devuelta a Comisión y aún no ha sido aprobada.