Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccottto@claridadpuertorico.com

La cercanía del año electoral es lo que está de por medio en el aparente nuevo enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo contra la Junta de Control Fiscal. En esta ocasión el enfrentamiento responde a la advertencia de la JCF a la Legislatura de que la aprobación de $30 millones en gastos propuestos por el Gobierno no son parte del Presupuesto Certificado del Estado Libre Asociado (ELA) para el presente año fiscal y, por lo tanto, son inválidos bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (PROMESA).

La Junta escogió el atardecer de este domingo cinco de mayo para publicar las cartas que les envió al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) licenciado Christian Sobrino Vega y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos donde les reclama que las 24 resoluciones conjuntas que conllevan los $30 millones en gastos no están exentas del proceso de certificación del presupuesto, independientemente de que hayan recibido aprobación legislativa.

A juicio del presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) profesor Heriberto Martínez Otero, una vez más se presenta el enfrentamiento del poder del ejecutivo y el legislativo tratando de ejercer su poder constitucional más importante, que es aprobar el presupuesto y aprobar partidas de gastos, versus el poder de la Junta. En cuanto al poder de la Junta, trajo a la atención que con la renominación de sus miembros por el presidente Trump, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones la Junta se encuentra en la circunstancia de tener que presentar un informe final en el que deje establecido qué fue lo que hizo y cuál es la ruta que deben seguir sus miembros, en caso de que haya cambios.

“En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es que no hay mucho logro porque la Junta propiamente se puso tres metas fundamentales: la primera, balancear el presupuesto; la segunda, reiniciar el pago de la deuda pública y la tercera, poner a Puerto Rico en posición de retornar a los mercados de capitales internacionales. Ninguna de las tres se ha cumplido en lo que va de término y lo que hemos visto es un enfrentamiento duro entre los poderes institucionales”, expresó a CLARIDAD el también abogado.

Respecto a la situación económica del Gobie/rno, expuso que el país está experimentando lo que se conoce en la macroeconomía como un shok positivo, debido a que han estado llegando fondos federales con los cuales no se contaba antes del huracán María. Del dinero asignado –aun con los casos de corrupción y a pesar de que no se han recibido todos los supuestos asignados– lo que se ha recibido está circulando en la economía del país y ha tenido impacto en los recaudos del IVU y en las contribuciones, por lo que el Estado ha tenido más ingresos. Aunque el Gobierno ha recibido más dinero, la Junta insiste en mantener un presupuesto de $18 mil millones.

“En mi opinión lo que está pasando es que la Junta está tratando de decir que no le interesan los tiempos electorales porque ellos han sido nombrados por el Gobierno Federal para hacer un trabajo determinado”, denunció Martínez Otero, a la vez que reparó en que en la Junta hay personas con conflictos de intereses, por lo que no deberían estar en ella.

Mientras, el gobernador está admitiendo que las políticas de austeridad han afectado sus posibilidades de reelección. Por lo tanto, ahora el presupuesto del año preelectoral y del año electoral deben de ser unos que le permitan aumentar el gasto público y así tratar de tranquilizar o detener la imagen negativa que han podido provocar las políticas de austeridad de estos primeros dos años de su administración.

Martínez Otero no descarta que, aun cuando el pulseo entre la Junta y la administración de Rosselló Nevares aparente que llegará a las últimas consecuencias –que sería acudir al tribunal–, como en enfrentamientos anteriores, la Junta y el Gobierno al final lleguen a un acuerdo para aplicar recortes a la inversión social, manteniendo intacto el gasto político “porque el gasto político no se ha tocado nada”. Una prueba de estas posturas es el hecho de que ni la Junta ni el Gobierno han querido definir cuáles son los servicios esenciales.

Señaló que aun así, en un año electoral el presupuesto del Gobierno tiende a aumentar para poder hacer “obra”, por lo que habrá que ver hasta dónde va a llegar la controversia. En caso de que termine en los tribunales –apuntó–, estos están siendo sumamente pesados a la hora de tomar decisiones. En su lugar tiende a pensar que la situación va a terminar de nuevo con un cabildeo intenso en Washington D.C., y que entonces se verá cómo los acreedores y los diferentes grupos reclamarán sus intereses. La controversia en el fondo –describió– es que ahora el Gobierno va a tener más dinero. La duda es si el dinero se va a utilizar en inversión social o se va a disponer para pagar la deuda.

El economista atribuye a la JCF estar apostando a que ese dinero pueda usarse para el pago de la deuda y señala que, aunque el gobernador no está muy distante de las ideas de la Junta, reconoce que de querer prevalecer en las próximas elecciones, va a tener que usar parte de ese dinero en inversión social.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Dos años tarde, en el último día que le permitía la ley, la Junta de Control Fiscal (JCF) por fin demandó a 20 bancos, a bufetes de abogados y a firmas de asesores financieros que participaron en emisiones ilegales de bonos del Gobierno de Puerto Rico. Las emisiones ilegales fueron por la cantidad de $9 billones y, según la JCF, con la demanda se espera recuperar $1 billón de dólares. 

La demanda se radicó una semana después de una vista ante la sala especial del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico que atiende el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa. La juez Laura Taylor Swain le exigió a la Junta presentar una lista de las entidades responsables de las emisiones ilegales y presentar las demandas antes del 2 de mayo. Aun cuando la Junta había solicitado al Tribunal mantener en confidencialidad los nombres de los posibles demandados –postura que fue apoyada por el Gobierno de Puerto Rico– las demandas no se presentaron selladas.

Dos días antes de que la JCF radicara las demandas, en entrevista con Armando Santiago Pintado, miembro del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), este argumentó que la posición de la Junta de mantener en confidencialidad a las entidades que participaron de las emisiones ilegales es para proteger conflictos de intereses internos. A pesar de haber encontrado salvaguardas para no revelar la identidad de las personas, la Junta misma ha tenido que reconocer que estas desempeñaron un papel en la emisión de deuda ilegal. “Nosotros estamos segurísimos, no cabe duda a base de las investigaciones que hemos hecho de información que es pública, que entre los nombres que van a surgir por fraude, emisiones de deuda ilegales, transferencias fraudulentas e insolvencia del Gobierno están incluidos los nombres de Carlos García, de José Ramón González, de algunos de los socios de negocios de José Carrión y de alguno de sus familiares. Estos son hechos y sabemos que hay nombres y personas que ellos están tratando de proteger por ser ellos mismos o sus familiares y socios”.

De hecho, entre los demandados, la JCF no incluyó al Banco Popular. Algunas de las entidades demandadas son: Bank of New York Mellon, Jefferies, UBS Securities, Northern Trust, ANB Bank, Union Bank, Barclays, Bank of America–Merryl Lynch, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, RBC Capital, Santander Securities, UBS Financial Services of Puerto Rico, Morgan Stanley, Ramírez & Co. (Samuel A. Ramírez & Co.), Mesirow Financial, VAB Financial, Raymond James, Scotia MSD, TCM Capital, BMO Capital.

La ilegalidad de las emisiones responde a que fueron hechas en exceso del límite constitucional, a sabiendas por los funcionarios del mismo gobierno de que las entidades que tomaron parte –bancos, bufetes legales, asesores financieros– conocían de la incapacidad del Gobierno para poder tomar prestado, entre otros delitos. La JCF reconoció que la emisión de estos bonos contribuyó a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) violara su deber fiduciario. 

Santiago Pintado describió esta participación del Gobierno como una fraudulenta, a la vez que trajo a la atención que no existía, ni existe voluntad para esta fiscalización. Una de las pocas agencias que podrían investigar las transacciones de emisiones de bonos del Gobierno para hacer un estudio real es la Oficina del Contralor (OC), pero esta nunca ha hecho ni siquiera una auditoría financiera de la deuda. La primera y única auditoría que ha hecho la OC fue publicada en el 2016, sobre COFINA, cinco años después de su última emisión de bonos. La auditoría no encontró ni hizo ningún tipo de detección de si la deuda era ilegal, si cumplía con parámetros o estándares legales constitucionales. Se limitó a un ejercicio matemático de la cantidad que se tomó prestado, lo que se tenía que pagar y las fechas de pago.

Otro aspecto sobre el cual llamó la atención es que en la OC tampoco nunca se ha registrado un solo contrato de los bancos que participaron en esas emisiones, esto pese a que se sabe que desde el 1998 desde el BGF se hicieron más de 116 emisiones de bonos y el banco nunca radicó copia al contralor de los contratos contraídos para estas emisiones.

Lo peor de esta situación es que no se sabe a dónde fue a parar el dinero de estas emisiones, afirmó el investigador. Explicó que al momento de las emisiones, se supone que el Gobierno tuviera unos controles financieros que pudieran hacer un rastreo del dinero; pero ese dinero no se ha rastreado de manera adecuada. “No podemos estar seguros de que el dinero se invirtió en el país”. Reveló que lo que el Frente Ciudadano ha encontrado en sus investigaciones es que en los últimos años de las emisiones de deudas el dinero no llegaba al Gobierno de Puerto Rico. El dinero era dinero que estaba en papel que decía que el Gobierno de Puerto Rico lo tenía, que se le iba a transferir al Gobierno; pero en realidad, el mismo documento de la emisión de deuda decía que el dinero se le estaba dando la banca para pagar a su vez el dinero que el Gobierno les debía, o el que se le prestó o el que se le condicionó.

Es decir, la banca se estaba pagando a sí misma el dinero que había prestado. Una de estas situaciones ocurrió con la última emisión de bonos que hizo el gobierno de Puerto Rico en el 2014, emisión que la JCF también reconoce que fue ilegal, ya que el 100% se hizo para pagar a la banca. Ese dinero – denunció el portavoz del FCAD– no terminó en el país, ni siquiera en manos del Gobierno. La porción más grande se usó para pagar deuda vieja del BGF porque, si no, el banco se hubiese ido en insolvencia, y si el banco se iba en insolvencia, como terminó sucediendo, y los funcionarios del banco seguían aceptando depósitos del gobierno, estarían incurriendo en delito. En fin, el propósito de la emisión fue evitar que los ejecutivos del BGF fueran a la cárcel. 

¿La demanda de la JCF cancela cualquier otra demanda que pueda presentar otro grupo?

Santiago Pintado explicó que hasta ahora el entendido generalizado es que el deudor es quien único puede presentar demandas para recuperar dinero que se le defraudó. Ese deudor es el Gobierno, el pueblo de Puerto Rico, que está siendo representando por la JCF. En la reciente vista, un grupo de acreedores acusó a la Junta de no querer demandar a la gente que tiene que demandar para recobrar el dinero, por lo que le solicitó a la jueza que pusiera a la Junta en sindicatura para ellos actuar en calidad de deudor. La jueza denegó la petición, pero les permitió ser codemandantes con la JCF. La intención es que los demandados entre ambos puedan llegar a acuerdos y la Junta no tenga el control de las negociaciones.

Hay otro grupo de acreedores que le solicitó a la jueza que una vez se revele la lista de los nombres que van a ser demandados, después de un periodo de tiempo que estipule el tribunal, ellos entonces tengan el derecho a presentar sus propias demandas para evitar transferencias fraudulentas que les impida recuperar su dinero.

¿Qué tan sólida puede ser la demanda de la JCF si está basada en el informe sobre la deuda que hizo Kobre & King, el cual no es una auditoría?

Oficialmente, el informe de Kobre & King (K&K) es la única investigación que ha reconocido la Junta. Lo que sugiere el trámite legal público es que ha habido un intercambio de información entre el Comité de Acreedores No Asegurados, que es el comité que ha estado llevando la batuta de que la deuda es ilegal. “Parece que han estado intercambiando información y llegando a negociaciones. En ese comité hay personas que tienen información mucho más confiable que la de K&K, que han estado llevando a cabo sus propias investigaciones y son parte también del análisis que hace el informe que sacó la Auditoria para el Crédito Público en el 2016. No es K&K la única fuente, aunque oficialmente es lo único que se ha reconocido”, delató respecto a la JCF.

Al coincidir con el señalamiento de que la demanda se puso muy tarde, Santiago Pintado apuntó que eso es parte de lo que encarece el litigio. Expuso que el Gobierno y la Junta debieron haber hecho una auditoría antes de sentarse a negociar, la cual iba a revelar que había deuda ilegal, “pero el Gobierno y la Junta se fueron a la quiebra sin estar preparados, fueron al tribunal a improvisar a un proceso”. Una prueba de esta improvisación es que aun cuando la quiebra se radicó en el 2017, el último estado financiero auditado del Gobierno era del 2015; todavía no han sacado los del 2016. “Están pasando mucho trabajo tratando de esconder algo”, comentó sobre la demora. No fue hasta este lunes seis de mayo que el gobierno anunció que se disponía a entregar el estado financiero del 2016.

En fin, la estrategia de la Junta y del Gobierno de no tener de antemano una auditoría, de esperar hasta el último día para demandar a la vez que se sienta a negociar, no es en definitiva la mejor estrategia para proteger el dinero del pueblo de Puerto Rico.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Mientras los afroamericanos, a mitad del siglo XX, abandonaban el Sur empobrecido hacia los centros urbanos del Norte, los puertorriqueños emprendían el mismo viaje mayormente hacia Nueva York. La diferencia era que los puertorriqueños contaban con un gobierno que los impulsaba a salir. En 1947, el gobierno del partido político de Luis Muñoz Marín creó una oficina sobre migración, un caso raro de una agencia gubernamental dedicada a promover que la gente saliera. El gobierno distribuyó millones de panfletos para ayudar a la gente a adaptarse a vivir en el continente. Oficiales del gobierno de Muñoz Marín crearon un programa de entrenamiento de tres meses dirigido a mujeres que trabajarían en servicio doméstico. Allí recibían lecciones de inglés, cómo lavar platos, pulir plata, contestar el teléfono y arreglar la ropa.”

La cita anterior, tomada del libro How to hide an empire de David Immerwahr, Pág.251, (traducción mía) nos lleva a un periodo de la historia puertorriqueña bastante parecido al actual, cuando un segmento importante de la población abandonó nuestro país hacia Estados Unidos. Siempre se supo, como destaca el autor citado, que aquella oleada migratoria recibió el estímulo oficial de un gobierno que buscaba reducir la pobreza expulsando a los pobres. Según el discurso oficial el esfuerzo gubernamental sólo se dirigía a darle algún amparo al emigrante, pero resultaba evidente el estímulo para que la corriente migratoria incrementara. 

Al impulso a la emigración se unió una intensa campaña de control de la natalidad que nos llevó a tener una de las tasas más altas del mundo de esterilización femenina. Dice Inmmewahr (Pág. 248): “Los puertorriqueños tienen historia sirviendo como sujetos para la experimentación médica, desde la anemia hasta el gas mostaza. Su pobreza y su condición marginal en la sociedad estadounidense los convierte en un atractivo forraje. No sorprende entonces que Puerto Rico se hubiese convertido en campo de experimentación de uno de los inventos más trasformadores del siglo XX: la pastilla para controlar la natalidad.” A la pastilla se unió la esterilización física, practicada de forma masiva en los hospitales públicos. 

Mientras los puertorriqueños salían hacia los barrios marginales de Nueva York, se producía otro viaje en dirección contraria. En los nuevos aviones que cubrían la ruta directa entre San Juan y Nueva York llegaban los empresarios de la manufactura atraídos por las exenciones contributivas, la abundante mano de obra y los bajos salarios. También llegaban las primeras grandes empresas de consumo a captar los nuevos salarios que ya circulaban. 

Las consecuencias de aquel periodo las estamos viviendo ahora. La expulsión poblacional y la atracción de capital manufacturero con exenciones contributivas produjeron altas tasas de crecimiento económico, que le permitieron al gobierno colonial proclamar un “milagro económico” y a Estados Unidos vendernos como la “vitrina del Caribe”. Aquel crecimiento, sin embargo, no se tradujo en desarrollo. Tan pronto se redujo el flujo de capital externo, los males tradicionales emergieron porque nunca desaparecieron, tan solo se maquillaron. De paso nos convertimos en un país que, en términos proporciónales, tiene más población fuera que al interior de su marco territorial. 

Con el nuevo siglo XXI, mientras se agudizaba la problemática social con la crisis de la deuda pública, hemos estado viviendo otra ola migratoria hacia Estados Unidos. El viaje ahora es un poco más corto porque Nueva York ha sido sustituido por Florida, pero la historia es la misma: decenas de miles de puertorriqueños se han visto obligados a abandonar su país para “buscárselas” en otro lugar

También es igual el viaje que se da en la otra dirección, desde el norte hacia el Caribe. Mientras los boricuas son literalmente expulsados hacia Estados Unidos por las condiciones socioeconómicas, desde allá llegan como buitres detrás de la carroña los empresarios atraídos ¡otra vez! por las exenciones contributivas. El pasado fin de semana la prensa reportó el impacto que han tenido las llamadas leyes “20-22” en el ambiente social puertorriqueño, en particular en el mercado de vivienda. 

Esta nueva oleada de ricos, igual que los anteriores, tampoco ha venido a traer capital que impulse un verdadero desarrollo económico. Vienen a obtener una ganancia rápida y grande especulando con bienes raíces en el San Juan Antiguo, los barrios caros de la Capital y los municipios costeros. Ni siquiera construyen estructuras nuevas, lo que ayudaría en algo a la economía, sino que especulan con lo ya construido mientras se aprovechan de este nuevo paraíso fiscal tropical. 

Un adiós a dos hermanos

La pasada semana Puerto Rico perdió dos hijos de gran valía, de esos que no se reponen fácilmente: Lerroy López Morales y Carlos Alberty. En cuestión de días los dos partieron para siempre, víctima del corazón el primero y del maldito cáncer el segundo. 

Lerroy fue un precoz estudiante de economía que, todavía adolescente, logró ingresar a una de las universidades más prestigiosas del mundo, la británica Cambridge, donde cursó estudios doctorales. A su regreso a Puerto Rico practicó la profesión adquirida mientras simultáneamente militaba en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Desde entonces nunca dejó de aportar al país de sus querencias.

Mientras Lerroy se destacó en el campo de los números y las ecuaciones, Carlos Alberty escogió el de las letras. Desde muy joven fue profesor de literatura en la UPR donde se convirtió en estudioso de la obra de otro pilar de las letras boricuas, el poeta Francisco Matos Paoli. Además, por mucho tiempo Alberty fue, junto a su querida esposa Sofía Cardona, fue un colaborador activo y constante de CLARIDAD, particularmente de la revista cultural En Rojo. 

Que los buenos recuerdos atemperen el golpe de esta pérdida.