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La marcha del sol

Por la Redacción/CLARIDAD

Una verdadera reforma energética que impulse un modelo de autosuficiencia energética y un rechazo a que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúe con el uso de combustibles fósiles, es el reclamó que impulsa la llamada Marcha del Sol, a celebrarse el próximo domingo 21 de abril en el pueblo de Adjuntas. La actividad es patrocinada por múltiples sectores de la comunidad adjunteña, grupos nacionales, personalidades internacionales y el reconocido proyecto Casa Pueblo de Adjunta.

“El apagón durante meses causó mucho sufrimiento, muertes y pérdidas económicas. Y todavía los responsables de ofrecerle un sistema energético de avanzada al País pretenden seguir utilizando petróleo, carbón y gas natural que no tenemos, que contaminan y nos hacen consumidores dependientes y vulnerables”, recordó Alexis Massol, Premio Internacional Goldman del Ambiente, en comunicado de prensa donde se dio a conocer de la marcha. 

En relación a las palabras del fundador de Casa Pueblo, hay que traer a la atención que el movimiento por un cambio en la generación de energía eléctrica cobró auge a raíz de la experiencia del huracán María en septiembre de 2017. Tras el colapso del sistema el gobierno de Ricardo Rosselló se ha encaminado a la privatización de la AEE y aumentar el uso de los combustibles fósiles. 

“Metas de energía renovable en leyes previas no han cambiado nada, el costo de la electricidad es alto y no hay seguridad energética ante eventos naturales como el huracán María. Por eso celebramos la Marcha del Sol, que saldrá desde Casa Pueblo para reclamar que, desde la base comunitaria, se levante la insurrección energética por la resurrección del Planeta, atendiendo con acciones la agresión principal que enfrenta la Humanidad, que es el calentamiento global y el cambio climático”, añadió Arturo Massol Deyá, director Asociado de Casa Pueblo. 

Con la celebración de la marcha, Casa Pueblo adelantó que dará a conocer un nuevo mega proyecto de generación y distribución energética comunitaria que reclamó, cambiará los paradigmas en Puerto Rico. Se presentará la estructura organizativa, diseño, manejo, costos, beneficios y propósitos con la participación de Alex Honnold, recién galardonado Premio Oscar por mejor documental [Free Solo]. 

Esta nueva iniciativa de Casa Pueblo se desarrolla en concertación con la fundación, Honnold, Empowered by Light, con base en San Francisco, la empresa emergente de carros eléctricos Rivian y la comunidad como modelo de transformación hacia Adjuntas Pueblo Solar. Según se indicó el modelo busca reducir el costo energético, activación económica, construir resiliencia y a su vez levantar un fondo verde permanente para continuar el desarrollo del pueblo con independencia energética. El proyecto cuenta con la participación activa de comerciantes del pueblo, grupos cívicos, organizaciones de servicios de salud y otros. 

Como parte de las actividades del día, habrán exhibiciones y talleres educativos de energía solar desde las 10:00 de la mañana en Casa Pueblo. A las 9:00 se presentará en el Cine Solar el documental Free Solo, con un periodo de preguntas e intercambio con su protagonista Alex Honnold. Además el primer del documental realizado por el CineSolar, Nuestra Insurrección Energética, mientras las compañías de teatro Y no había luz y Agua, Sol y Sereno participarán de las actividades culturales. La Orquesta Nacional Criolla Mapeyé, José Nogueras y trovadores participarán el domingo 21, en celebración del Día del Planeta Tierra.

La actividad coincide con la celebración del 39 aniversario de Casa Pueblo y la presentación del libro, Cultivando Esperanzas, una reflexión de la autogestión comunitaria escrito por Alexis Massol González. 

“La publicación de este libro llega en momentos críticos donde existe la necesidad de encontrar contestaciones a la grave crisis que enfrentamos con modelos alternos y rutas claras de cambio por un mejor porvenir”, expresó su autor.

Casa Pueblo, opera con energía solar desde el 1999, ha realizado más de 150 proyectos de energía solar en la zona urbana y rural de Adjuntas tras el huracán María. Entre otros, 60 casas en comunidades, cinco colmados, dos ferreterías, dos restaurantes, una barbería, 54 neveras solares instaladas en la ruralía y 14,000 lámparas que operan con el sol. Además, el hogar de envejecientes La Misericordia, el parque de bomberos y emergencias médicas. Otras organizaciones y personas individuales hacen lo mismo en Adjuntas y en todo Puerto Rico.

La penúltima mentora

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El nombre de Julia Keleher seguirá en las primeras planas durante las próximas semanas y tal vez meses asociado con la corrupción mientras se desarrolla la investigación criminal que está en proceso. Pero más que el traqueteo de fondos públicos, lo más importante es que señora representa el retorno de aquellos personajes que, tras la invasión militar, pretendieron “civilizar” a los puertorriqueños controlando el sistema educativo. Entre Keleher y Martin Brumbaugh, el primero de aquellos enviados imperiales, hay un lapso de 117 años, pero la visión es la misma. 

Someone had to be the adult in the room.”  Esta frase la soltó Keleher apenas unos días después de haber abandonado nuestro país a la carrera, luego de su “renuncia” como Secretaria de Educación. Hablaba en un simposio de una importante universidad estadounidense (Yale) y, tras alabar su desempeño y lamentar haber tomado decisiones difíciles, quiso justificarse. 

La frase es bastante común en el idioma inglés. Se refiere a la persona débil o indecisa que no se atreve a tomar decisiones importantes. Es necesario, entonces, que otro las tome en su lugar. Ante los pusilánimes que ocupan el salón, incapaces de actuar, aparece el “adulto” listo para guiarlos hacia el cambio. 

El mensaje de Keleher destila prepotencia y un enorme desprecio hacia a los puertorriqueños, pero, sobre todo, mucho racismo. En el ambiente sonrosado de una universidad de la Ivy League – que de ordinario produce las figuras que dirigen la economía y la política de Estados Unidos – la exsecretaria habla como aquellos oficiales británicos enviados a la India o a África a llevar la “civilización” a fuerza de latigazos. Dado que los puertorriqueños somos incapaces de comportarnos como adultos, tuvo que venir ella desde Pennsylvania a tomar las decisiones difíciles. 

¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico haya colocado el sistema educativo puertorriqueño en las manos de alguien que porta esa mentalidad? Según señalé antes, gringos como ella, que venían a “educarnos” inundándonos con su racismo, tuvimos de sobra en el pasado. A Brumbaugh, quien llegó en 1900 a montar un sistema educativo a la medida de ellos, en inglés y jurando la bandera todas las mañanas, le siguieron Lindsay, Falkner, Dexter, Bainter y Miller. Este último llegó al extremo de pretender reescribir nuestra historia preparando el libro de texto con el que debíamos aprenderla. Pero todos esos “salvadores” que, como los británicos en África llegaban con la pluma y el látigo, fueron enviados por distintos presidentes de Estados Unidos. A pesar del título de ‘Comisionado de Educación” no eran otra cosa que el típico funcionario imperial enviado a la colonia a abrirle camino al capital. En el caso de Keleher, quien la seleccionó fue un gobernador electo por los puertorriqueños. 

Esa selección dramatiza cuán enraizado está en nuestro país el sentimiento de inferioridad del colonizado que tan bien describieron Franz Fanon y Albert Memi. Para modernizarnos teníamos que encomendarnos a esta “experta” traída Pennsylvania que, curiosamente, es el mismo lugar desde donde vino Brumbaugh. Como su antecesor, Keleher quiso comenzar en cero, desmantelando el sistema que con tanto esfuerzo se había levantado a lo largo de décadas. Hasta el programa de escuelas Montessori, alabado por padres y estudiantes, estuvo a punto de caer bajo el machete de esta “educadora” llegada del norte. 

Según las investigaciones de periodistas puertorriqueños, además de pretender desmantelar a porrazos el sistema educativo que teníamos, la gestión de Keleher chapoteó en medio de un festín de contratos que benefició a un grupo de protegidos, pero ese no es el principal daño que esta señora ha provocado. Los cambios positivos en Educación no fueron tales, limitándose a impulsar las desprestigiadas “chárter” y los “vales educativos”, que llevan décadas en el tintero de la familia Rosselló. En el proceso cerró decenas de escuelas y dejó a múltiples comunidades sin la institución más importante para su desarrollo. 

Tal vez dentro de un año la veamos desfilar hacia alguna institución carcelaria o convertida en testigo de cargos contra Elías Sánchez Sifonte y los contratistas que benefició, pero ese desenlace no servirá para recomponer el vital sistema educativo que esta señora agredió durante dos años, mientras su empleador tocaba el arpa en Fortaleza. Ninguna de las acciones de esta señora, ya fuere desmantelando el sistema educativo o engordando sus cuentas de banco a fuerza de contratos fatulos, fue tímidamente investigado a lo largo de sus dos años en el cargo. Todo lo contrario, se le proyectaba como la estrella de una administración de gobierno absolutamente carente de brillo. 

Para colmo, luego de anunciarse su salida de Educación pretendieron dejarla cobrando los $20 mil mensuales manteniéndola como “asesora”. Hasta se habló de enviarla a Culebra en una especie de vacaciones permanentes súper bien pagas en una isla que apenas tiene una escuela. Afortunadamente el buen trabajo de algunos periodistas sacó a flote la corrupción, forzando su renuncia total. Este esfuerzo por mantenerla cobrando una vez sale de Educación huele a encubrimiento o a un intento por mantenerla amarrada mientras la investigación criminal se desarrolla. 

Falta mucho por conocer en torno a nuestra más reciente “Comisionada”. Mientras tanto ella se fue a Yale a lanzar desde allá el insulto que aprendió de sus antepasados en el cargo. Ahora la conocemos mejor. 

Derechos humanos e independencia

Por Denis Márquez Lebrón

Especial para CLARIDAD 

Aspirar a una sociedad solidaria, de justicia social, de respeto a los derechos humanos y de búsqueda y ampliación de nuevos derechos y equidades es una tarea quijotesca en una colonia. Resulta, en ocasiones, imposible porque estas aspiraciones están sujetas a las decisiones que determine la metrópoli sobre la política pública gubernamental, la legislación que aprueben y la interpretación que hagan sus tribunales sobre el alcance, aplicación y extensión de derechos civiles y humanos a sus colonizados. Todo esto condicionado por las presiones de diversos grupos de intereses económicos y sociales que rondan el aparato gubernamental y decisional de la metrópoli. En Puerto Rico, los derechos humanos, civiles, individuales y colectivos son vulnerados y en ocasiones mutilados con el consentimiento y anuencia de los sectores más retrógrados y conservadores del país. Veamos varios ejemplos:

1. Ante la posibilidad de que el nefasto Proyecto del Senado 950, que limita y violenta el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, se convierta en Ley, su validez constitucional dependerá de las interpretaciones que realicen los tribunales sobre el histórico caso — Roe v. Wade — y los que lo interpretan posteriormente, que reconoce que el derecho a la intimidad de una mujer incluye el derecho a decidir terminar un embarazo no deseado en ciertas circunstancias. Las posiciones conservadoras, incluso fundamentalistas, de la Legislatura han impedido desarrollar políticas públicas de avanzada en este tema pero que incluso, de establecerse, estarían siempre condicionadas al poder judicial norteamericano.

2. En el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, — U.S. v. Windsor, Obergefell v. Hodges — que aplica a Puerto Rico, se reconoce que el derecho a la libertad impide que el estado prohíba el matrimonio a personas del mismo sexo. La mayoría legislativa en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, al aprobar el nuevo Código Civil, adelantó un paso sustituyendo el concepto de matrimonio entre hombre y mujer por el de matrimonio entre personas pero, al no reconocer expresamente todo tipo de matrimonio sin distinción de sexo e identidad de género, tienen la esperanza de que la nueva composición de jueces del Tribunal Supremo Federal revoque este caso. Con ello se interpretaría de manera mucho más restrictiva este artículo del Código Civil.

3. Financiamiento privado de campañas políticas — Citizens United v. F.E.C. — es otro caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en que se interpreta absurdamente el derecho a la libertad de expresión, restringiendo brutalmente la capacidad del gobierno de Puerto Rico de limitar la intervención indebida de dinero privado en el financiamiento de campañas políticas. De esta forma se le da continuidad al clientelismo e invesionismo político en Puerto Rico con todas las nefastas consecuencias en el proceso electoral y el derecho al voto.

4. Cláusula de comercio interestatal — Art. I, Sec. 8, Cl. 3 de la Constitución de EE.UU., E.L.A. v. Northwestern Selecta — donde se limita la protección de nuestros productos y la capacidad de Puerto Rico de proteger su economía, perjudicando de esa forma a diversos sectores del comercio y la agricultura puertorriqueña. Esta cláusula afecta, incluso, el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la soberanía alimentaria.

5. La Pena de muerte – aunque prohibida por la Constitución de Puerto (Art. I, Sec. 7, Cl. 2) – puede imponerse por el gobierno de los Estados Unidos. Así sucede en el Tribunal Federal en Puerto Rico, como fue recientemente confirmado por el Juez federal Gustavo Gelpi quien expresó: «El hecho de que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico adoptaron en el 1952 su propia Constitución que prohíbe la pena capital es inconsecuente. Otras constituciones estatales también prohíben tal acción. Sin embargo, las constituciones locales no triunfan sobre la acción federal”. Este es un claro ejemplo de cómo una imposición colonial afecta el derecho fundamental a la vida.

6. La interceptación de llamadas telefónicas – Aunque la Constitución de Puerto Rico (Art. I, Sec. 10, Cl. 2) prohíbe la interceptación de llamadas por parte del gobierno, el de los Estados Unidos puede hacerlo en claro menosprecio al derecho a la intimidad.

7. Sobre el cambio de sexo en el certificado de nacimiento – Arroyo González v. Rosselló Nevares — en que por orden de la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el Registro Demográfico no puede negarse a cambiar el sexo de una persona transgénero en su certificado de nacimiento. Esta decisión puede ser revocada por tribunales de los Estados Unidos de mayor jerarquía.

Existen otros múltiples ejemplos de cómo la legislación y jurisprudencia federal afecta de forma constante a la sociedad puertorriqueña. La eliminación de certificados de necesidad y conveniencia para establecer farmacias en Puerto Rico por parte del Tribunal de EUA ha permitido la invasión de farmacias extranjeras en perjuicio de las de comunidad; las leyes de cabotaje son también un brutal ejemplo de ese control extranjero sobre la economía nacional; al igual que la aplicación de diversas leyes obrero patronales que perjudican el desarrollo del movimiento sindical.

La ley Promesa y la Junta de Control Fiscal son el ejemplo más contundente de ese colonialismo refrendado por múltiples decisiones judiciales que reconocen su poder al amparo de la terrible cláusula territorial de la constitución de EUA. La existencia de la Ley Promesa ha permitido el acuerdo de COFINA que hipoteca al país por los próximos cuarenta años, la destrucción de derechos laborales, la violacion al derecho a una educación gratuita y pública, a la mutilación del presupuesto de nuestra Universidad, el derecho a la salud. Las pensiones y los sistemas de retiro están ya en fila para ser destruidos por dicha Junta.

En definitiva, es importantísimo defender los derechos humanos en la colonia y luchar por ellos, reconociendo que sus garantías, desarrollos y avances estarán siempre limitados por el poder colonial de los Estados Unidos. La más amplia y contundente defensa de los derechos humanos es la lucha por el fundamental derecho humano y colectivo de la independencia de Puerto Rico. Ante todo esto, es todavía más urgente y necesaria. No son tiempos de soslayarla sino de afirmarla y encaminarnos fortalecidos hacia ella. 

El autor es Representante a la Cámara por el Partido Independentista Puertorrriqueño.

La «charterización»no es cosa nueva

Por Rafael Acevedo/CLARIDAD

racevedo@claridadpuertorico.com

Desde los tiempos de Víctor Fajardo, quizás el más notorio de los corruptos que han pasado por el Departamento de Educación (DE), puede decirse, con datos a la mano, que se trata del botín más deseado por los creadores de esquemas de enriquecimiento rápido.

Alguien podrá decir que desde antes. Desde mucho antes. No soy quién para negarlo. Sin embargo, recurro a Fajardo porque permanece fresco en la memoria. Y como fue Secretario del DE cuando el padre del actual Gobernador estaba ocupando la Fortaleza, no se detienen las comparaciones.

Sin duda el affair Keleher ha ocupado las noticias en los últimos días. Y con razón. Pero está claro que los esquemas de enriquecimiento rápido se iniciaron hace par de años. Conste que, en algunos casos, los modos de elaborar esos planes no son necesariamente ilegales. Algunos pueden ser antiéticos o inmorales. Eso lo adjudica un Tribunal. 

Y ¿qué decir de los que, sin ningún tipo de preparación en educación ni en administración, se convierten en inversionistas y mogules de la charterización de las escuelas del país? ¿Cómo llegamos a aceptar el cierre de centenares de escuelas mientras la prensa corporativa callaba o endulzaba? ¿Acaso desde Rosselló padre, Fortuño, Bhatia hace más de un lustro, no repetían el mantra de las chárters como si se tratara de invocar a uno$ dio$e$?

En Puerto Rico la Constitución prohibe que los fondos públicos de educación lo administren entes privados. Esa fue la sentencia del Supremo en el 1993 en el caso entre AMPR vs DE, (Rosselló padre)  El Supremo revoca su decisión en el 2018 cuando al aprobar la Ley 85-2018 permiten las chárters. Asociación de Maestros de Puerto Rico demandó e invocó la jurisprudencia pero el Supremo se revocó y legalizaron las chárters.  

Curiosamente hay 7 estados en Estados Unidos que las prohiben y todos son estados republicanos. Son estados que protegen la educación de su gente frente al negocio de la educación. No se trata de una tendencia en progreso, como quiere hacerse ver en la Isla a través de los políticos interesados y la prensa que participa en el negocio. Desde el 1991 que legalizaron las charter en EEUU, solo han logrado tener 6,400 escuelas chárter aproximadamente. La corrupción y el fraude las han detenido luego de casi 30 años de creadas.

Eso es importante porque en EEUU estados están comenzando a detener la creación de más charters. O sea, el mercado se les achica. Entonces, abrir el mercado de Puerto Rico era importante. Definitivamente, parece un esquema concertado.

Hay personajes, muchos, enriqueciéndose con los planes del gobierno con respecto a las escuelas.Algunos prácticamente desconocidos en Puerto Rico. Es el caso, por ejemplo, de Paul Pastorek. El señor Pastorek, ha ocupado posiciones en juntas de educación (y superintendencia) sin poseer educación en la materia -valga la redundancia- . Fue contratado por el  DE como asesor con un sueldo de $250 la hora hasta un máximo de $150,000. En una nota de la prensa norteamericana se informa que la presidente de la American Federation of Teachers’ solo busca adelantar los intereses de la Secretaria de Educación de EEUU, Betsy DeVos: cerrar escuelas, privatización y retirar inversión de las escuelas públicas en favor de los intereses privados (Ver aquí: https://www.nola.com/education/2018/11/former-louisiana-schools-chief-paul-pastorek-gets-puerto-rico-contract-report.html)

De modo que aunque se escucharon fuegos artificiales y se sirvieron tragos gratis en la imaginación de muchos ante la renuncia de Julia Keleher, la batalla por la educación continúa. Se trata de un sistema con ramificaciones profundas. Solo la militancia y el esfuerzo diario de centenares de maestras y maestros, y la solidaridad del resto de la ciudadanía, podrá impedir que la educación pública se sostenga y mejore y que se pueda detener este tsunami privatizador que empobrece, aún más, al país, mientras enriquece a unos pocos. 

Agradezco a María Ojeda por algunos datos para esta nota.

Actuaciones y contratos que deben ser transparentes

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

La oficial de Prensa de la Fortaleza Dennise Pérez desmintió que pertenezca a la Junta de Directores del National Talent Academy (NTA). A preguntas de CLARIDAD, Pérez contestó por escrito que desde el 2016 no pertenece a su junta.

La NTA, que administra una escuela chárter en Arecibo, ha sido objeto de denuncias por parte de dos comunidades escolares, la Escuela Ecológica de Dorado y otra escuela elemental de Bayamón, por su solicitud de convertirlas en escuelas chárter; pero más aun por la actitud burlona contra los maestros y padres de ambas escuelas por parte de sus principales ejecutivos, la cantante Deddie Romero y el comediante Albert Rodríguez. En la pasada edición del 4 al 16 de abril, en la sección En Rojo, CLARIDAD publicó el artículo La Cantante y el Bufón; la farsa de las escuelas compraditas, en el cual se da cuenta de que Pérez ocupaba el puesto de vicepresidenta de NTA, según figura en el Informe Anual de 2017 de esa organización.

La Oficial de Prensa de Fortaleza adujo que le corresponde a NTA actualizar esa información ante el Departamento de Estado y que había entendido que eso había sido aclarado por ellos: “Mi última participación en una reunión de Junta fue en el 2015, años antes de que se comenzara a discutir públicamente el proyecto de escuelas alianzas”. Añadió que jamás devengó sueldo o cobró dietas por esa participación.

Declaró que el puesto de oficial de Prensa de la Fortaleza es uno de confianza y que desde la misma fecha de su nombramiento en enero de 2019, “no tengo contratos ni en el sector público ni en el privado. Tampoco pertenezco a juntas de organizaciones sin fines de lucro. Trabajo única y exclusivamente para La Fortaleza”.

Por su parte, CLARIDAD consultó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) respecto al nombramiento. La oficial de Prensa de OEG Jennifer Rodríguez confirmó que esa oficina no ha recibido ninguna consulta respecto al contrato, ni de parte de Pérez ni de La Fortaleza.

CLARIDAD pudo constatar que, de acuerdo con el Informe de Registro Anual del Departamento de Estado (DE), en el último informe que presentó NTA en el 2017, Dennise Pérez aparece como vicepresidenta. Este mismo cuatro de abril, la NTA solicitó una prórroga para la entrega del informe del 2018, aplazamiento que les fue otorgado. 

El exrepresentante Víctor García San Inocencio, profesor de Derecho y de Administración Pública, sugirió que, por las dudas, la funcionaria debería de hacer una consulta con la OEG; aunque aclaró que no es lo mismo ser contratista que tener un nombramiento de los que requieren aprobación de Cámara y Senado. Según este, no cabe duda de que en los puestos para los que se requiere aprobación legislativa aplican las normas de restricciones contractuales, tanto cuando ocupan el cargo como cuando se van. En el caso de una persona bajo contrato y con una relación con una entidad sin fines de lucro, es mucho más difícil encontrar los elementos de conflictividad, y todo depende de si ese empleado está en un área determinada donde no tiene acceso, ni utiliza, ni tiene que ver con autorizar, ni participar con una gama de asuntos, por lo que no tendría impedimento de tratar con terceros.

García San Inocencio, quien como representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) perteneció a la Comisión de Ética de la Cámara durante dos términos, describió que por una vereda poco ortodoxa, no sólo la presente administración, sino también la anterior, empezó una pauta de contratación de funcionarios a quienes sacan de la órbita de lo que debía ser el nombramientos de jefes de agencias con la confirmación de Cámara y Senado, creando una anomalía. Ese fue el caso de la ahora exsecretaria de Educación Julia Keleher, quien fungió como secretaria del DE y de asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“La anomalía es que si de repente eres secretario de educación, pero trabajas y te paga otra entidad, tienes una dualidad que de por sí misma puede ser conflictiva en ese momento. Esa conflictividad, lejos de borrar la apariencia de conflicto, cuando se sale de la posición de secretario, te acompaña porque no puede interpretarse que la ley de Ética Gubernamental fue abolida por ese tipo de contratación que yo llamo no ortodoxa o híbrida”. Expuso que cree que este tipo de nombramiento no es constitucional.