Por Eric Nepomuceno

Brasil estaba todavía bajo el impacto de la vejaminosa temporada de escasas 72 horas del presidente Jair Bolsonaro en Washington cuando hubo una nueva turbulencia: dueño de un muy sonoro currículum de corrupción, el ex presidente Michel Temer fue detenido junto a un grupo que incluía a su brazo derecho, ex ministro de su gobierno Wellington Moreira Franco, y al que es considerado su testaferro, João Baptista Lima.

La primera repercusión de la detención de Temer y sus cómplices junto a la opinión pública ha sido positiva. Al fin y al cabo, en una sala de la Policía Federal en Río de Janeiro, con ventanas selladas y cubiertas por película negra, sin ser visto desde afuera y sin ver la luz natural, años y años de corrupción. Elevado al sillón presidencial gracias a un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, Temer instaló un gobierno de cleptómanos, y terminó su mandato con un índice de impopularidad sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1985.

Hubo, sin embargo, otras dos repercusiones a la detención de la pandilla temeraria. 

Será el fracaso rotundo de un nuevo tipo de régimen. Si tuvimos democracia bajo Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, y cleptocracia bajo Temer, la familiocracia de Bolsonaro habrá sido el más breve de todos los regímenes experimentados en mi país desde el final de la dictadura, en 1985

Una, en el círculo más íntimo del ultraderechista capitán presidente: sacar a Bolsonaro del foco de atenciones, en el momento exacto en que sus índices de popularidad se desploman a velocidad astronómica, ha sido un regalo de los cielos. 

Y la otra en el Congreso, pero en sentido inverso: Temer y su grupo todavía tienen fuerte influencia, con el consecuente malestar provocado por la medida judicial. Además, su prisión ha sido resultado de la confrontación entre dos alas del Poder Judicial, la fiscalía por un lado y la Corte Suprema por otro, y la suma de esas circunstancias provocó un clima de incertidumbre, que pone en serio peligro la aprobación de la reforma del sistema de jubilaciones, pilar central del gobierno de Bolsonaro. 

Concretamente, esa reforma, junto a la profundización del programa de privatizaciones que viene del gobierno del ahora presidiario Michel Temer, fueron la única razón del respaldo que el capitán ultraderechista recibió del empresariado y de los dueños del capital.

Por si todo eso fuera poco, surgió otra tormenta más. Con su insuperable capacidad de provocar un desastre cada día, Bolsonaro viajó a Chile. Y en lugar de aprovechar la prisión de Temer y compañía para mantenerse alejado de las luces, decidió elogiar a Augusto Pinochet. 

Su retorno a las luces contribuyó para empeorar aún más un ambiente amenazador a su gobierno.

Pero el escenario no estaría completo sin la aparición de su hijo Carlos, tratado cariñosamente por el papá presidente por “mi pitbull”. 

A falta de otra ocupación, el perro en cuestión optó por difundir por las redes sociales el embate entre el muy desacreditado y desgastado superministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Serio Moro, y el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia.

Político hábil, al contrario de la familia presidencial, Maia prefirió no contestar al pitbull: disparó directamente contra el papá, diciendo, entre otras perlas, que en lugar de gastar su tiempo en Twitter desperdigando mensajes de odio, el capitán presidente debería gobernar.  

Además, puso directamente en claro lo que ya era presentido: el gobierno ultraderechista carece de cualquier articulación en el Congreso. Con eso, se encoge de manera asustadora la posibilidad de que se aprueben las reformas que aseguraron hasta ahora el respaldo del empresariado y del mundo financiero a Bolsonaro. 

El presidente de la Cámara de Diputados, para colmar de una vez el vaso de las preocupaciones, dijo que ya no aceptará ser el articulador, junto a sus pares, de los proyectos de reforma constitucional. “No tengo la capacidad de reunir todos los votos necesarios para la reforma constitucional”, dijo Maia. “El presidente no tiene idea de hasta qué punto la situación es grave, ni de la importancia de gobernar con el Congreso”. 

Cuando se recuerda que todo eso –las muestras de sumisión vergonzosa de Bolsonaro frente a su ídolo Donald Trump, las concesiones injustificables a los intereses de Washington, la prisión de Temer y compañía, el desastre de su paso por Chile, la casi ruptura entre el presidente de la Cámara y el gobierno– pues que todo eso ocurrió en una sola semana, se entiende claramente que haya crecido de manera contundente el malestar entre los militares que lo rodean y, principalmente, entre el empresariado y el mercado financiero.

Bolsonaro no cumplió tres meses como presidente, plazo normalmente concedido en Brasil a los inicios de un gobierno.

Este fin de semana empezaron a circular en el mercado financiero rumores inquietantes: de seguir así, los días del capitán presidente estarán contados. De él y de su familia.

Será el fracaso rotundo de un nuevo tipo de régimen. Si tuvimos democracia bajo Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, y cleptocracia bajo Temer, la familiocracia de Bolsonaro habrá sido el más breve de todos los regímenes experimentados en mi país desde el final de la dictadura, en 1985…

Reproducido de www.pagina12.com.ar

Por Atilio A. Boron

Hay un consenso muy extendido a la hora de caracterizar al régimen cívico-militar de 1976-1983 como una dictadura genocida. Pero conviene ahondar más en esta cuestión y averiguar si el genocidio no puede también ser practicado por regímenes políticos presumiblemente democráticos.

En estricta justicia y con gran dolor, podemos afirmar que desgraciadamente el genocidio sigue su curso en la Argentina de la mano de la “democradura” macrista y su brutal aplicación de las políticas neoliberales, mortíferas en todo tiempo y lugar.

Lo anterior exige precisar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de “genocidio”. El 9 de Diciembre de 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el cual fue definido como un acto “perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: (a) Matanza de los integrantes del grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

En consecuencia es posible ampliar esta definición, surgida bajo la influencia del Holocausto nazi, y tipificar como genocida a cualquier política que tenga por objetivo el sistemático y premeditado sometimiento de un grupo social a lesiones, privaciones y penurias físicas y/o mentales conducentes al radical debilitamiento o la lisa y llana desaparición del grupo sometido a esa agresión. 

La dictadura produjo un genocidio social y político sin precedentes, en un marco de sistemática violación a los derechos humanos. El régimen semidemocrático de Mauricio Macri, que puede más apropiadamente ser caracterizado como una “democradura”, ha retomado esa nefasta práctica. Sólo que ahora el genocidio se encubre bajo un ropaje tecnocrático y que en vez de los tenebrosos “grupos de tareas” paramilitares utiliza como su grupo de choque a un equipo de economistas que, con sus políticas, atentan seriamente contra la sobrevivencia de varios grupos de la sociedad argentina. Por ejemplo, los adultos mayores, víctimas indefensas de la destrucción del PAMI (el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) cuyas prestaciones –asistencia médica, hospitales públicos, hogares geriátricos, medicamentos- se redujeron radicalmente condenando a la indefensión y en algunos casos a la muerte a grandes sectores de una población como la Argentina que ha venido envejeciendo en las últimas décadas. Lento y doloroso genocidio también practicado en contra de los niños de las clases y capas populares, antaño protegidos por un amplio programa de vacunas gratuitas ahora reducido a su mínima expresión. Niños a los cuales, también, se les priva de una educación de calidad cuando se remunera a sus maestros con sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza y se permanece indiferente ante el deterioro de los establecimientos escolares. El resultado: una población que en un futuro próximo será inempleable o, en el mejor de los casos, que deberá vender su fuerza de trabajo por centavos ante su falta de calificación y vivir sumida en la miseria.

En suma, niños y viejos objeto de un ataque inclemente y letal, especial pero no únicamente, en el caso de los segundos y que pretende pasar por una simple cuestión “técnica” -bendecida por los malandrines del FMI- y no como lo que es: una decisión consciente encaminada a concretar una vieja aspiración de la derecha argentina consistente en eliminar una población sobrante calculada ya en la época de la dictadura en diez millones de personas, cifra que hoy debe ser por lo menos el doble. Por eso, en estricta justicia y con gran dolor, podemos afirmar que desgraciadamente el genocidio sigue su curso en la Argentina de la mano de la “democradura” macrista y su brutal aplicación de las políticas neoliberales, mortíferas en todo tiempo y lugar. Esperemos dejar atrás esta pesadilla lo antes posible y dar comienzo a una refundación de la hoy agonizante democracia argentina.

Reproducido de www.rebelion.org