Por Silvia Álvarez Curbelo

“You can block out all the senses except smell”. Barbara Hyett, In Evidence: Poems of the Liberation of Nazi Concentration Camps, 1986

“Una sociedad no puede sonreír al futuro con los muertos escondidos”. Papa Francisco, 31 de marzo de 2019

Esta reflexión nace de la figura de la anosmia – “la enfermedad de no oler nada”- a la que me condujo el titular de la agencia EFE del 25 de julio de 2018, nueves meses después del paso del huracán María por Puerto Rico y que rezaba así: Gobernador de P. Rico afirma que no sintió hedor en morgue ante reclamos. 

La nota ofrece los detalles mínimos, tanto fácticos como metafóricos, y cito:

“El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, afirmó hoy que no sintió ningún hedor en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) en San Juan cuando visitó sus instalaciones, por sorpresa, el pasado sábado ante alegaciones de los vecinos de que emanaba mal olor de alguno de sus furgones e instalaciones.

“Mi observación, no técnica, era que, en consideración de los olores, entre otras cosas, los vagones tenían el olor natural de esos vagones”, sostuvo Rosselló en rueda de prensa, donde presentó una nueva herramienta que facilita los trámites de negocios para todos los que quieran hacer negocios en la isla”. 

Ciertamente, una puesta en escena significante: Puerto Rico está abierta para hacer negocios, sin olores perturbadores.

El persistente olor de la memoria

Como todos los sentidos, el olfato es cultural, transformado por la historia y por la estructura social. En esa línea, Classen et al advierten en su libro Aroma: the cultural history of smell (1994) que, a partir del siglo 18, el rango del olfato en Occidente se ha degradado. Mientras el ver se asocia a la razón y a la civilización, el oler remite a lo salvaje y a la locura (4). 

Marta Tafalla (2015) propone que la concepción de dos naturalezas distintas en el ser humano, un organismo biológico y un alma o mente no material, se tradujo en un dualismo sensorial entre placeres intelectuales y pasiones sensuales (123). Pero no hay estabilidad en esa jerarquía: los olores no pueden ser contenidos, cruzan los límites sobre todo entre lo público y lo privado, entre las clases, retando la inodoridad del poder. “The olfatory challenge for those in power is how to preserve their inodorateness from the onslaught of odours which always seem to be pressing in towards the centre” (161). 

No abundan las referencias a la anosmia en la comunicación contemporánea. Una de ellas, con motivo de la contienda electoral de 2016 en España, reincide en el arriba y abajo representados por los sentidos de la vista y el olfato: “El resultado, una vez más, es que el PP es inmune a la corrupción y sacaría el doble de votos que el PSOE de celebrarse unas nuevas elecciones. Lo que prueba la anosmia del votante del PP, incapaz de detectar la putrefacción ética de su partido… (2016)”

A pesar de los intentos de cancelarla, la memoria olfativa es constitutiva de una de las narrativas centrales del mundo contemporáneo: la del Holocausto y la de muchos otros eventos de carácter eliminacionista. David García Cames (2016) remarca la memoria olfativa en uno de los más entrañables testimonios sobre la vida en los campamentos de exterminio. Para Jorge Semprún, español miembro de la Resistencia francesa enviado a Buchenwald en 1943, el olor resume y contiene lo más íntimo de la existencia. En particular, el olor produce el sentido de la diferencia. 

Semprún afirma en su memoria La escritura o la vida (1995) que:

1. el olor señala a los vencidos, pero también a los culpables (García Cames, 60)

2. es preciso “hurgar en las entrañas de ese ‘extraño olor’ para alcanzar en su evocación la memoria, el relato y quizá la verdad de quienes lo habitaron.” (García Cames, 62) 

3. el olor pervive en la memoria “dando lugar a imágenes que reviven de 

forma obsesiva en el recuerdo, que hacen imposible el olvido.” (Ibid.)

Esta ponencia transita desde el olor suprimido a quienes habitaron el olor, es decir, hacia los desaparecidos y hacia los perpetradores de esa desaparición en el caso del huracán María. 

El gobierno de Puerto Rico reprobó en su comunicación de riesgo antes, durante y después de María. Durante cerca de dos años hemos enfrentado operativos de silenciamiento, de indiferencia, de eufemismos y evanescencias en torno a los desaparecidos del huracán. Acuerparlos públicamente fue tarea insistente y a menudo frustrante para familiares y ciudadanos. Acuerparlos mediante la palabra periodística fue un propósito social que asumió el CPI. Agradezco al periodista Joel Cintrón Arbasetti por habilitarme el acceso a un corpus admirable de 51 piezas. Le dedico la ponencia a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Omaya Sosa Pascual.

La desaparición de los desaparecidos

Al igual que la conservación de su inodoridad, el poder debe controlar lo que se ve. Para ello, como apunta Lucrecia Escudero Chauvel en su trabajo sobre los desaparecidos argentinos (2001), se vale de una red de complicidades labrada por el silencio y el secreto. Dando por descontado las diferencias en escala entre nuestros desaparecidos de 2017 y los desaparecidos en la Argentina de la “guerra sucia” recurro al texto de Escudero Chauvel para apuntar a varias tangencias insoslayables.

1. Se trata del conflicto entre dos regímenes de producción de verdad: el del secreto “que consideraba las declaraciones de los familiares como una palabra básicamente privada que no debía acceder a la superficie social y sobre todo no debía circular” y el del “régimen de certeza, la convicción del cuerpo vivido, privado, que puede hacerse público porque se vuelve colectivo.” (545).

2. En los dos, se transforman los sujetos sociales en objetos. Se tornan una estadística, una ficha carcelaria, material vegetativo o un código de las Naciones Unidas.

3. También, en ambos casos los sujetos desaparecidos quedan instalados en una tercera dimensión de la realidad: ni muertos, ni vivos. 

Esta tercera dimensión se describe, de manera sobrecogedora, en un artículo de María José Sarrabayrouse Oliveira (2017) sobre la “morgue judicial” y el circuito de manejo de cadáveres en la Argentina de la dictadura. Una de sus planteamientos más importantes tiene que ver con cómo se naturaliza burocráticamente un “estado de excepcionalidad” sobre los desaparecidos. 

Ni en aire, ni en agua. Con María sólo pienso en tierra. En deslizamientos de terrenos, en caminos socavados, interrumpidos y sepultados por trece millones de árboles y arbustos. Con apenas siete días, mientras el país se sumía en tinieblas energéticas y emocionales, Eliván Martínez Mercado recoge la descripción del nuevo paisaje que hace un vecino de Utuado: “Las montañas de cerca de mi casa se derritieron” (CPI, 27 de septiembre de 2017). 

Sobre todo, para los habitantes del espinazo montañoso y para familiares y amigos, aunque estén fuera del perímetro fatal, las sospechas afloran pronto. Al día siguiente, Omaya Sosa Pascual (CPI, 28 de septiembre de 2017) pregunta: “¿Dónde están los muertos?” En ese momento nadie imaginaba que un umbral mortuorio que databa desde 1899, cuando asoló el huracán Ciriaco, habría de rebasarse. La nota de la periodista prefigura los lugares y los sujetos del desastre- siguiendo la nomenclatura de Mark D. Anderson (2011)- en una narrativa de enterramiento -tanto de los cuerpos como del saber sobre los cuerpos- que se entramará en los próximos meses. Las morgues rebosadas, el desconocimiento familiar, las fosas comunes, los furgones refrigerados.

Sobre el primer furgón, la pre-tumba de muchos de los muertos de María, Sosa Pascual escribe en la misma nota: “… el ICF (Instituto de Ciencias Forenses) informó que había aumentado su capacidad de almacenaje con un furgón que les fue entregado por el programa federal DMORT” (Disaster Mortuary Operational Response Team). Son demasiados los cuerpos que llegan al ICF. El diesel escasea; como en otros operativos históricos de manejo de cuerpos, el combustible es, en cruel ironía, vital. 

En los momentos iniciales, cuando la realidad de los desaparecidos compite con las largas colas para obtener gasolina, la falta de alimentos en los supermercados y el colapso de los celulares, la voz del Secretario de Salud es inapelable: No habrá entrega de cuerpos sin que se expida un certificado demográfico. La razón burocrática se impone y con ella el lenguaje que codifica y reglamenta a los muertos: Admite el funcionario que mucha gente ha enterrado a sus familiares en “fosas comunes” porque están en sitios aislados y se descomponen rápidamente. Para inmunizarse, el secretario transforma a esos enterrados “fuera de la ley” en un tipo de material biológico que cae bajo una jurisdicción que no es la de su departamento: “el protocolo actual para la disposición de cuerpos y material vegetativo en situaciones de emergencia lo maneja la Junta de Calidad Ambiental”. 

La visita del presidente Trump el 3 de octubre, coreografiada hasta el último detalle, dura menos de cinco horas. Su momento más icónico es cuando lanza a un grupo de fieles escogidos rollos de papel toalla estableciendo los lindes antropológicos entre lo limpio y lo sucio; la vida y lo desechable. En la conferencia de prensa, ubicado entre dos esfinges – su mujer y el gobernador-, minimiza la tragedia comparándola con Katrina “una verdadera catástrofe”. La cifra de 16 muertos, a la que asiente el gobernador, debe ser orgullo para Puerto Rico (Pagán, 2018). En efecto, se convierte en pauta para el operativo de desaparición.

 Como en otros procesos de represión o control la adscripción a una lógica burocrática se acompaña con un proceso de militarización. Salvando las distancias debidas, si el secretario de salud habla en el lenguaje funcional de Adolf Eichmann -inspiración de Hannah Arendt para acuñar el concepto de la banalidad del mal- el lenguaje militar del jefe de Seguridad Pública de Puerto Rico, Héctor Pesquera, se acomoda al de Heinrich Himmler. Asigna tropas de la Guardia Nacional para custodiar las instalaciones del ICF a donde acampan cientos de familiares que desconocen la suerte de los suyos. El secretario Pesquera también es terminante en la pulsión clasificatoria: hay que determinar qué muertes fueron naturales y cuáles pueden adjudicarse a la emergencia. Cuando Sosa Pascual pregunta por los criterios de clasificación, dice que no sabe. (CPI, 12 de octubre de 2017)

En la medida en que el sistema de desaparición toma forma, se enfatiza el uso de códigos para manejar la información. El Registro Demográfico, que tuvo que recurrir a un sistema manual “propio del siglo pasado”, ya tiene luz y exige que los informes de muertes se inscriban en el libro oficial bajo la categoría ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (CPI, 16 de octubre de 2017). Mientras tanto, al Secretario de Salud le han amordazado desde que habló de “fosas comunes”. 

A un mes del desastre, Omaya Sosa Pascual del CPI y Patricia Mazzel del Miami Herald publican un resumen de la resaca dejada por María titulado “Huracán María: dónde falló el operativo de respuesta” (CPI 22 de octubre de 2017). Uno de los gráficos del reportaje “Los responsables tras María” ilustra un colapso fatal en las líneas de mando. Algunos de los funcionarios implicados en Puerto Rico han salido ya de cuadro, entre ellos el Administrador de Emergencias que se fue de vacaciones a las dos semanas del siniestro. Lo importante ahora es confeccionar los pretextos y negar, negar, que hayan desaparecidos. El gobierno se mantiene aferrado al clavo ardiente de 64 muertos, estadística que ha sustituido a los triunfales 16 de la visita de Trump.

Una conferencia de prensa en la que figuran varios funcionarios, encabezados por el secretario Pesquera quien controla con la mirada el flujo de información, alcanza paroxismos surreales. Lleno de galimatías, eufemismos y entrelíneas inevitables, el testimonio del demógrafo José López recuerda el de los expertos que intentaron explicar el desastre de la explosión del gasoducto en Guadalajara en 1992 que analiza en su siniestralidad Rossana Reguillo en La construcción simbólica de la ciudad. A los reclamos insistentes de los periodistas por una investigación sobre los desaparecidos, Pesquera riposta: “¿Por qué investigar?” (CPI 8 de noviembre de 2017). 

Es claro ya para estas fechas que la desaparición de los desaparecidos, es un objetivo prioritario de la administración Rosselló. Se trata de un sistema de desaparición, como señala Escudero. Las culpas se desplazan a los médicos que no han registrado bien las defunciones y a los familiares que los han enterrado sin permiso o no han dado la información mortuoria necesaria. Los periodistas acopian los testimonios de familiares cargando cuerpos descompuestos o manteniendo en habitaciones refrigeradas a fuerza de generadores cuerpos que nadie quiere aceptar. El 16 de noviembre Sosa Pascual y Jennifer Wiscovitch relatan el caso de don Teodoro Colón cuyos familiares desafiaron derrumbes y crecida de ríos hasta poder llegar a una de los pocos crematorios que funcionaban en la región. Fue una de las 911 cremaciones autorizadas por el ICF a la fecha que, según Pesquera, “no tuvieron vinculación alguna con el huracán”.

La reaparición de los desaparecidos

Dos noticias confluyentes publicadas el 17 de diciembre de 2017 constituyen el momento de inflexión en el entramado de los desaparecidos. Por un lado, habiendo recibido por fin datos -fragmentados ciertamente- del Registro Demográfico, el CPI anuncia que las muertes rebasan la cifra de mil tras un sencillo ejercicio comparativo con las muertes acaecidas el año anterior para la misma época; por el otro, la Policía admite que el plan de búsqueda y recuperación de desaparecidos no ha rendido frutos por falta de recursos. Reminiscente de la experiencia de las guerras sucias, la nota del CPI acota que “la búsqueda prácticamente ha estado en manos de los familiares…” .

Cercado por las dudas públicas, el gobernador ordena una investigación (Orden Ejecutiva 2018-01) la cual pone en manos de Pesquera y de la directora del Registro Demográfico. El objeto de la misma no son los desaparecidos, sin embargo. Es el proceso de “contabilización”. Si es necesario -acota- debe rehacerse (CPI 18 de diciembre de 2017). 

En rápida sucesión, el CPI demanda al Registro Demográfico por ocultar información pública y lanza un cuestionario en red para acopiar información sobre los desaparecidos. El 22 de febrero de 2018, Rosselló anuncia que ha comisionado “el recuento de las muertes” al Instituto Millken de la Universidad de George Washington, cancelando la investigación hecha en casa. Los dos objetivos de la nueva investigación son evaluar los procesos de documentación de las muertes y producir nuevos estimados “a tono con los estándares modernos”. Pesquera descarta la investigación del CPI y otras llevadas a cabo por medios internacionales. Son ficciones, asegura.

A punto de concluir mayo, el país se conmueve con la publicación en el New England Journal of Medicine de un informe titulado Mortality in Puerto Rico after Hurricane María (2018). La etnografía profunda, sobre una muestra de 3,299 hogares y 9, 522 personas, tiene un nivel de confiabilidad de 93%. 

El Estado les negó a los científicos de Harvard y de Puerto Rico acceso a la documentación demográfica. Entonces, armados de una metodología censal y etnográfica científicamente válida, ellos empezaron a tocar puertas. Los muertos, sujetos de un sistema de desaparición, reaparecen en los testimonios de familiares y amigos. Entre el 20 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 hubo un exceso de muerte en Puerto Rico de 62%. (P.5) 4,645, quizás más dice el estudio de Harvard, sobre todo sujetos vulnerables que no tuvieron acceso a servicios médicos, a medicinas, muchos de ellos colapsados por el dolor y la turbación. La tildada ficción de Pesquera superaba la realidad. 

El rastro se vuelve huella

El 1 de junio, apenas cuatro días después de conocerse las conclusiones del estudio de Harvard/Puerto Rico, empiezan a depositarse pares de zapatos en las escalinatas del Capitolio de Puerto Rico. Están documentados en su mayoría con descripciones breves de los desaparecidos que alguna vez los lucieron y por otros mementos. Según el registro del semanario Claridad, se instalan 2, 886 pares. 

El 28 de agosto de 2018, el gobierno de Puerto Rico recibió el informe comisionado al Instituto Millken de la Universidad de George Washington (2018) . La historia oficial, pagada a $305,000 en su primera entrega, no tocó puerta alguna. Es un análisis a base de estadísticas vitales a las que tuvieron acceso y de entrevistas a funcionarios en el “circuito burocrático” del que habla Sarrabayrouse Oliveira. Concluye el informe con la cifra de 2,975 muertes en exceso, aunque admite que hubo un colapso sistémico en el proceso de registro y definición de causa de muerte. El Informe anuncia una segunda entrega donde entonces tocarán a las puertas. Hasta ahora no se ha comisionado.

Coda: 

En abril de 2019, en su tercer mensaje de situación de estado del país, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, habló sobre los muertos de María:

“Me duele ver cómo familiares tienen que esperar demasiado tiempo por los cuerpos de sus seres queridos. Aunque ha sido un problema crónico, asumo responsabilidad por ello y estoy comprometido a resolver ese problema. Bajo la dirección de la nueva comisionada, la doctora Zayas, ya se han hecho cambios, reduciendo la cantidad de cadáveres en espera del trámite correspondiente.”

“Todos recordamos que el proceso de contabilidad de muertes ocasionadas por el huracán María no fue adecuado. Asumo responsabilidad por ello. De la misma forma, la recuperación energética con el Cuerpo de Ingenieros fue lenta y sin urgencia. En ambos casos —y aprendiendo de los errores— ya hemos implementado cambios importantes en beneficio del Pueblo.” (ENDI, 25 de abril de 2019).

El poder pide perdón, aunque no sea a los desaparecidos que permanecen hasta hoy escamoteados por un sistema de desaparición del saber, y aunque todavía no huela sus muertes y su memoria.

La autora es profesora de la Universidad de Puerto Rico; Historiadora afiliada a la Fundación Luis Muñoz Marín, San Juan, Puerto Rico. salvarezcurbelo@gmail.com