La economía del país continúa en descenso, mientras el borrador del plan fiscal del gobierno (PFG) exagera el impacto económico que tendrá la reconstrucción del país al estipular que Puerto Rico sería la cuarta economía que más crecería en el 2019 en el mundo.

Estos datos contradictorios se recogen en el informe, Puerto Rico sin recuperarse del huracán, el cual analiza la situación económica del país de enero a marzo de 2018, preparado por el doctor José Caraballo Cueto, del Centro de Información Censal, de la Universidad de Puerto Rico, en Cayey (UPR-C). El documento recoge que el índice de actividad económica (IAC) para diciembre de 2017 se contrajo en un 14,9% con respecto al mes de diciembre de 2016, siendo este el nivel más bajo para cualquier mes de diciembre desde el 1985. Aunque el informe reconoce el paso del huracán hace seis meses y de que hay un consenso generalizado de que el estimado de los daños superan los $60 mil millones, atribuyó que debido al retraso en los pagos de las aseguradoras privadas y públicas, y en el restablecimiento del servicio eléctrico, la recuperación económica no ha llegado.

De acuerdo al informe aun cuando los recaudos del fondo general del gobierno central (FGC) desde el 1 de julio de 2017 hasta el 2 de marzo de 2018 fue de $6,165 miles de millones, esto representa $772.425 menos de lo proyectado para dicho periodo. La diferencia está encabezada por la baja en los recaudos del IVU por una diferencia entre lo recaudado y lo proyectado que asciende a $441,877. El economista describió este aumento de noviembre como uno espurio debido a la falta de electricidad en los meses anteriores lo que dificultó el pago de los impuestos.

En el sector de las exportaciones se indica que aun cuando las exportaciones totales anuales de Puerto Rico han aumentado de manera consistente desde el año 2014, en el 2017 se registró una baja en especial en septiembre cuando impactaron los dos huracanes, cuando se exportó un 46% menos que en septiembre del 2016. Todavía en diciembre 2017 las exportaciones se redujeron en términos nominales en -32,6% cuando se compara con diciembre de 2016.

En el caso de las importaciones a precios corrientes cayeron por -56,6% en septiembre del 2017, en octubre ese número cambió a un -38,9%. Pese a que el balance comercial fue positivo para el mes de diciembre de 2017 –como ha sido históricamente en Puerto Rico– aun así el balance fue el nivel más bajo que se ha experimentado en el país en al menos 113 meses. El informe atribuyó este desbalance comercial a una baja en la producción de las manufactureras multinacionales en la isla y a un aumento en las importaciones.

En cuanto al empleo y el mercado de trabajo -según los datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en diciembre de 2017 hubo 8,000 personas más trabajando que para diciembre del 2016, mientras el empleo por cuenta propia aumentó por 13,000. No obstante el analista cuestionó esta reducción en el desempleo para el mes de diciembre del 2017, cuando se compara con diciembre del 2016.

Caraballo Cueto expuso que el barómetro más puntual de la actividad laboral luego del huracán se percibe en las reclamaciones nuevas al seguro por desempleo para diciembre dado a que las reclamaciones por desempleo para diciembre de 2017 fueron las más altas para cualquier diciembre en 17 años. Las reclamaciones de diciembre de 2017 fueron 151% más altas que en diciembre de 2016, y para el 2016 fueron 2% mayores que para el 2015.

En lo que respecta a la inflación -indica el documento- para todos los meses de 2017 hubo inflación positiva, incluyendo este enero de 2,2% cuando se compara con enero de 2017. La inflación fue atribuida primero a los costos energéticos por el alza en el petróleo y luego el alza en los costos de bienes tanto de consumo como de materiales de construcción, tras el azote de los dos eventos naturales.

El economista denunció la contradicción que existe entre los estimados de cuánto será la caída del Producto Nacional Bruto (PNB) para este año fiscal 2018 y el impacto económico que tendrá la reconstrucción del país. Según expuso si el borrador del PFG reconoce que la caída del PNB para este año fiscal 2018 será de 11% , el cual sería el más grande desde que empezó esta gran depresión en el 2006, cómo es posible que el mismo borrador estime que el impacto económico de la reconstrucción de Puerto Rico en el 2019 haga crecer la economía en un 8,4%.

Caraballo Cueto sennaló en tono irónico que este estimado convertiría a la economía de Puerto Rico, en la cuarta en el mundo que más crecería en el 2019, “superando” a China, India y las Américas. Eso supondría una expansión que duraría hasta el 2023, con $70,1 miles de millones en inversión en reconstrucción de las aseguradoras privadas y públicas.

“Quizás 20 miles de millones de dólares sea más realista y un crecimiento económico real que fluctúe entre el 2 y 3 por ciento por los próximos dos años probablemente será una proyección más puntual”, sentenció.

La política fiscal

En cuanto a la política pública Caraballo Cueto señaló como positivo que en el nuevo borrador del plan fiscal del gobierno (PFG) se haya establecido cero pagos a la deuda por los próximos cinco años, se corrige el estimado de pérdida de población y se reconoce la responsabilidad compartida de Estados Unidos con la crisis de Puerto Rico.

No obstante advirtió que el PFG levanta preocupaciones en cuanto a planes de reorganización del gobierno ejecutados a la ligera y advirtió sobre sus consecuencias. En primera instancia Caraballo Cueto trae a la atención a que hay teorías de administración pública que establecen que los servicios descentralizados pueden ser más efectivos. Según se desprende de los planes de reorganización del gobierno estos no establecen diferencia entre ineficiencia y austeridad. Esto por ejemplo significa el que si una agencia tiene dos empleados para 10 procesos redundantes, si se despide a uno, va aumentar la ineficiencia al tener un empleado menos para los mismos diez procesos.

Otro aspecto que puso en cuestionamiento del PFG es la propuesta de reducir los recaudos con alivios contributivos, descritos como “populistas”, en lugar de proponer una reforma impositiva que reparta de manera equitativa la carga impositiva sin reducir los recaudos. Caraballo Cueto reveló que el PFG ignora una recomendación suya y que le presentó también a la Junta de Control Fiscal (JCF) como una medida de austeridad, el establecer un límite de $100 mil dólares a todos los salarios pagados con fondos públicos. Otra medida de contingencia que dijo se debería adoptar es la de un recorte de 10% a todo contrato de asesoría mayor de $60 mil.

Para los docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) agrupados en la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) el nuevo plan fiscal “es malo no tan sólo para la Universidad de Puerto Rico, sino para todo el país”, denunció el presidente nacional de la APU, el profesor José Raúl Rivera Caballero.

El nuevo plan fiscal preparado por la administración central de la UPR con “ayuda” de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), según dio a conocer Walter Alomar, presidente de la JG de la UPR le fue entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) el miércoles 21 de marzo.

En tanto miembros de la APPU a nivel nacional al día siguiente llevaron a cabo una manifestación frente a las oficinas de la administración central, en el Jardín Botánico en Río Piedras. En entrevista con CLARIDAD, el presidente de la APPU denunció las varias razones de porqué los docentes se oponen al PF. En primera instancia censuró y denunció que la administración universitaria acepta de manera dócil los recortes impuestos por el gobierno de Puerto Rico (GPR), los cuales describió “son injustos e injustificados en ningún momento se han podido justificar sobre todo con la amplia evidencia que tiene tanto la administración universitaria como el gobierno sobre el impacto tan grande que tendría en el sistema UPR para el desarrollo económico de Puerto Rico”.

El gobierno de la administración de Ricardo Rosselló Nevares se ha allanado a las exigencias de la JCF de disminuir en más de $500 millones el presupuesto de la UPR. El Plan Fiscal (PF) impuesto por AAFAF y la JCF aumenta el crédito a nivel de bachillerato para el próximo año de $57.00 a $115.00, y para el 2023 estaría en $140.00. Se impone además la consolidación de los ahora 11 recintos en cinco recintos.

Al reiterar que una reducción de más de un 50% de la aportación gubernamental al presupuesto de la UPR en estos momentos de coyuntura histórica de crisis económica que atraviesa el país, es una injustificada, el profesor del recinto de Carolina de la UPR, destacó que hay evidencia de que la UPR tiene un efecto multiplicador alto en la economía. Según los datos, los cuales acotó -los tiene también la administración universitaria – por cada dólar que se invierte en la UPR se produce $1.55 centavos a la economía, o lo que es decir que cada empleo que se crea en la UPR tiene ese efecto multiplicador en el resto de la economía.

En esa misma dirección Rivera Caballero dijo que la APPU ha insistido en denunciar que mientras se le reduce la aportación a la UPR el gobierno mantiene exenciones contributivas a empresas del sector privado. “En este momento el gobierno tiene un discurso de dos varas para evaluar por un lado, se habla que la crisis económica trae inevitablemente una reducción de gasto púbico y que ahí está incluida la UPR pero por el otro, hay una serie de empresas del sector privado que disfrutan de exenciones contributivas que tienen muy poco efecto sobre la economía”.

Afirmó que al menos hay tres estudios que reflejan que el costo de estos incentivos para el gobierno es de $553.3 millones al año. “Son incentivos inefectivos y a ese sector no se le va a tocar, de hecho en el plan fiscal del gobierno que se aprobó el 12 de febrero todo parece indicar que no se van a revisar de ninguna manera los incentivos contributivos”, denunció. El profesor reclamó que ese dinero podría destinarse para fortalecer el sector educativo universitario que sí tiene un efecto socio económico. “Por un lado se le exige a la Universidad de Puerto Rico que rinda cuentas para detener la inversión publica en ella y el otro sector no se toca para nada, eso revela que la verdadera intención del gobierno es la intención política de destruir la UPR como un foco de excelencia, un foco de pensamiento critico”, manifestó.

Rivera Caballero confirmó que en ningún momento la administración universitaria le dio paso a las propuestas de los docentes incluyendo el Plan Sos, preparado por profesores del recinto de Mayagüez, los cuales participan del pleito del capítulo III de la Ley Promesa, como acreedores sociales de la UPR.

Ante la entrega del PF el presidente de la APPU resaltó que la organización ha insistido en que el problema principal con los recortes que se le están imponiendo a la UPR van encaminados a eliminar el financiamiento de la universidad pública para su debilitamiento. “No debemos caer en la trampa de justificar los recortes, no cuestionarlos buscando financiamiento privado la Universidad tiene financiamiento a través de propuestas y otro tipo de iniciativas pero para que la Universidad sea pública el financiamiento tiene que ser público porque es la única manera en que se puede defender este proyecto de las necesidades momentáneas de un mercado que es ciego y que no está pensando en construir futuro para la mayoría de este país”, afirmó.

Rivera Caballero resaltó respecto a los objetivos de la manifestación, “Entendemos que la bola está en la cancha del gobierno de Puerto Rico, el gobierno está imponiendo un recorte de más de la mitad de la inversión pública en la UPR sin tomar en cuenta las consecuencias desastrosas que van a tener estos recortes no sólo para el proyecto de educación, sino para el país, entendemos que hay que lograr hacer entender al gobierno que está a tiempo de echar para atrás esto en la medida en que nos movilicemos”.

Mientras el capitulo de Rio Piedras de la APPU también denunció que la administración de dicho recinto se propone llevar la delantera en la implementación de los recortes al reducir la matrícula y cancelar los contratos de docentes sin plazas. El presidente del capítulo de la APR del recinto de Río Piedras, James Seale Collazo, junto a la tesorera nacional de APPU, Yohana De Jesús, dieron a conocer que la administración de Río Piedras, ordenó el cierre de cursos sin esperar a que se completara el proceso de matrícula. Esto provocó que docentes por contrato con carga completa de 12 créditos, sólo tengan ahora 9 créditos. Según explicaron cuando a un profesor a tiempo completo le reducen el 25% de su tarea contratada la administración universitaria le reduce el 75% del salario, lo que deja al docente en una escala salarial de menos de $13 mil anuales. “Le pedimos al Doctor Ferrao que conteste públicamente que si esto no es explotación, entonces, qué es?”, demandó Seale Collazo.

Aunque no se dio el número de cuántos profesores se quedaron sin cursos o sufrieron una reducción, Seale Collazo y De Jesús denunciaron que el número de docentes por contrato es una información que la “administración central es bien dura en compartir”, indicaron que las cifras varían de semestre en semestre. En el Recinto de Río Piedras, nada más dijeron el semestre pasado hubo 300 profesores a tiempo completo y 200 a tiempo parcial.

De Jesús contó que en un foro informativo de la Junta de Retiro de la UPR se presentó un cálculo que se estima que en los últimos 6 a 7 años en la UPR ha habido una pérdida neta de dos mil plazas entre docentes y no docentes, no se tiene la distribución por categoría.

De Jesús, profesora del Recinto de Ciencias Médicas denunció sobre los recortes que se le quieren imponer a la UPR el que están obligando a que los estudiantes se desplacen a las universidades privadas y le están haciendo una falsa representación al país “no podemos permitir que se bloquee el acceso a la universidad hay que conseguir que el gobierno recapacite y le vuelva a acceder los fondos a la UPR para continuar haciendo su trabajo”.

El 21 de octubre de 1967 una multitud de más de cien mil personas, formada en su inmensa por jóvenes estudiantes universitarios, se concentraron frente al monumento a Lincoln en Washington para protestar contra la guerra que entonces desangraba tanto al pueblo indochino como a la juventud estadounidense. Dos años antes, el presidente Lindon B. Johnson había dado un paso significativo en el escalonamiento y la brutalidad de aquella guerra ordenando el bombardeo indiscriminado de Vietnam del Norte y el incremento de tropas de combate en el Sur.

Las cifras negativas se acumulaban para aquel año 1967 a pesar de que las tropas estadounidenses en territorio vietnamita ya llegaban al medio millón, junto a una participación significativa de la Marina y la Fuerza Aérea. El costo de aquella movilización rondaba en los $25 mil millones anuales, cifra enorme en estos momentos y mucho más significativa entonces. La masificación el esfuerzo bélico, sin embargo, no se traducía en éxitos militares, más bien lo contrario. Para 1967 los muertos estadounidenses ya sumaban 15,058, junto a 109,527 heridos, a los que se sumaban otros decenas de miles que regresaban de Indochina con severos trastornos mentales. Por otro lado, el pueblo vietnamita, aun sufriendo pérdidas mayores, no daba visos de amilanarse. Al año siguiente, 1968, respondería con la famosa Ofensiva Tet que echó por tierra la posibilidad de una guerra corta, prometida por Johnson.

La oposición a aquella guerra, que alcanzó enorme masividad en las movilizaciones que impactaron a Estados Unidos entre 1967 y 1970, comenzó en los campus universitarios impulsada por una organización progresista, la Students for a Democratic Society (SDS). Recurriendo a simples medios de divulgación –boletines escritos, actos al aire libre y “teach-in” (charlas informales organizadas por millares en cada campus)– SDS fue impactando a estudiantes y jóvenes trabajadores, logrando una movilización sin precedentes en el país norteño.

Aquellos jóvenes se movilizaban contra el terror desencadenado por los adultos mayores que, apoyados en la lógica torcida de la Guerra Fría, los mandaban a matar y a morir a miles de millas de distancia. La máquina bélica la ponían en función los viejos que controlaban el país desde Washington, pero los que mataban y morían no eran aquellos honorables señores. Eran los jóvenes los que tenían que abandonar sus estudios o su trabajo, cumpliendo con el servicio militar obligatorio decretado por los mayores, para irse a matar o a morir a la lejana Indochina.

El desenlace que tuvo aquel oprobioso conflicto en 1975 fue, sobre todo, producto del heroico esfuerzo del pueblo vietnamita, pero en aquel final también jugó un papel importante la movilización de la juventud estadounidense. Aquella experiencia sirvió, además, para transformar al país en muchos aspectos, haciéndolo más humano e impactando otras luchas como la que también hervía para los mismos años en pro de los derechos civiles de la población negra. Después de la década del ’60, Estados Unidos fue otro país.

La experiencia de la década del ’60 y de las luchas contra la guerra de Vietnam y por los derechos civiles de la población negra, pareció volver a las pantallas de televisión –esta vez a colores, en lugar de blanco y negro– el pasado sábado 24 de marzo de 2018. Ese día, cientos de miles de jóvenes, buena parte de ellos todavía adolescentes, se lanzaron a la calle en numerosas ciudades a exigir que se le pusiera coto al mercado de armas que alimenta la violencia indiscriminada.

Otra vez se trata de una política que perjudican severamente a la juventud y que le es impuesta por los adultos mayores que controlan el gobierno y la economía. Desde hace poco más de una década, cuando el poderoso lobby de los fabricantes de armas se impuso finalmente en el Tribunal Supremo logrando una interpretación constitucional a su medida, toda la legislación que limitaba la tenencia y portación de armas desapareció de los códigos estatales y federales de Estados Unidos. Esa ausencia de regulación creó precisamente lo que querían los fabricantes: un mercado descontrolado que multiplicaba sus ventas y alimentaba una cultura armamentista que antes vivía marginada.

Mientras los fabricantes incrementan sus ganancias y utilizan parte de esa enorme fortuna financiando las campañas de los políticos que les favorecen, en el país se multiplican escenas con características casi idénticas. Una persona enajenada, aprovechando la facilidad que promueven fabricantes y comerciantes, se hace de un pequeño arsenal que luego desata contra grupos desprevenidos, casi siempre jóvenes. La escena se repite mes tras mes en algún lugar de Estados Unidos.

Nadie puede esperar que los políticos de ahora, particularmente los que financian sus campañas con el dinero de los fabricantes, actúen para cambiar el actual estado de desreglamentación absoluta con respecto a la venta de armas que existe en Estados Unidos. Tanto el Ejecutivo, como el Congreso, como el Tribunal Supremo están dominados por la mentalidad retrógrada que favorece el actual estado de cosas. Para que la realidad cambie hay que cambiar primero a los políticos que la hacen posible. Eso es lo que ya saben los jóvenes que se movilizaron el pasado 24 de marzo.

En la década del ’60 la juventud impuso desde la calle cambios importantes en la política estadounidense a fuerza de marchas y desafíos. A juzgar por las movilizaciones del pasado 24 de marzo, la de ahora se dispone a transitar por el mismo camino.

Entre el lunes y miércoles de la semana pasada, mientras la administración de este país aceleraba en la aprobación de la Reforma Educativa, las enmiendas a la Reforma Laboral, el Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico, y en la contratación del estadounidense Walter Higgins como nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), CLARIDAD visitó sectores de Bairoa y Borinquen, ambos barrios del municipio de Caguas.

De la conversación con líderes comunitarios del sector Las Carolinas (Bairoa) y de Borinquen se constató el mismo detalle: ahora, cuando el pueblo puertorriqueño ve amenazados todos los servicios esenciales, las comunidades van aprendiendo y creciendo. “Hay otras tormentas que no son solamente las de los vientos fuertes. Hay otros vientos fuertes que nos azotan y estamos aprendiendo a hacer planes de contingencia y a expresar lo que sentimos. Sabemos que a solas no podemos, que crecer depende de una red, de una comunidad, que es la que nos va a sostener”, comentó a este medio la acupunturista Lourdes Hernández, quien ofrece talleres de esa medicina alternativa en el Centro de Apoyo Mutuo (CAM) que se gestó en Las Carolinas semanas después del paso del huracán María.

A falta de la intervención de las ayudas del Estado y de las federales, se han conformado un sinnúmero de organizaciones y gestiones de base comunitaria, que si bien han ido poniendo en orden el país a más de seis meses del fenómeno natural, también han capacitado a las personas que las conducen con la consciencia necesaria para notar que Puerto Rico enfrenta un caos social.

“La gente está tratando, pero es bien duro. La clase media está clase pobre…Yo no puedo creer que se atrevan decirme que no hay materiales ni brigadas para mi comunidad cuando con ese dinero pueden arreglar toda mi comunidad en una semana. ¿Cómo se lo van a pagar a otro? ¿Por qué no atienden la necesidad del pueblo, de las comunidades aisladas que todavía estamos sin luz?”, expresó indignada Damaris Cruz Colón, secretaria de la Parroquia San Esteban Protomártir de barrio Borinquen, sobre el contrato por $450 mil a Higgins.

Por su parte, José ‘Cheo’ Oyola Ríos, portavoz de la Alianza Comunitaria Borinquen, denunció el hecho de que el dinero del Estado esté mal distribuido: “¿Cómo hay tantos chavos para pagarle a esa gente, a esa Junta de Control Fiscal?”, cuestionó a modo de reflexión.

A raíz del paso del huracán, desde esa Alianza que preside Oyola Ríos se han encargado de manejar la situación de falta de agua potable con el mantenimiento de un tanque de distribución de ese recurso, proyecto que es único en Puerto Rico porque su funcionamiento es totalmente eco-amigable. El pozo utiliza el agua de los manantiales, que se almacena gracias a la fuerza de gravedad, la misma fuerza que hace que el líquido llegue a los hogares.

La organización incorporó la luz solar para hacer funcionar la bomba de filtración. Según explicó Oyola Ríos, los contenedores del cloro son reusables y el agua que no se utilice regresa a la naturaleza en su estado original. Luego del huracán, decenas de familias se han beneficiado de ese servicio.

Alianza Comunitaria Pro Energización

De igual forma, otro proyecto autogestionado en respuesta inmediata a las necesidades tras el huracán fue la creación de la Alianza Comunitaria Pro Energización, parte de la organización que dirige Cheo Oyola y cuyo objetivo es energizar los sectores del barrio Borinquen, al sureste de Caguas. Aunque varias comunidades del barrio aún permanecen sin el servicio, la Alianza ha procurado colaborar mediante la energización solar y la organización de tres manifestaciones contra la AEE.

Para efectos de la Autoridad, la región de Caguas cubre los municipios de Naguabo, Humacao, Yabucoa, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Gurabo, Caguas, Cidra, Aguas Buenas, Cayey, Barranquitas, Comerío, Orocovis. En entrevista radial la semana pasada, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, informó que “la atención de la AEE y los que tienen que ver con esto para que se les provea energía a nuestros ciudadanos ha sido terrible”.

Miranda Torres, hizo un llamado enérgico y desesperado a la AEE y al gobierno central para que agilicen y terminen lo antes posible los trabajos en Caguas. Según el funcionario, son la AEE y el gobierno quienes tienen el control y la responsabilidad de asignar las brigadas y materiales para reestablecer el servicio eléctrico. Subrayó, además, que a más de seis meses del paso del huracán y luego de innumerables gestiones del Municipio para apoyar y dar seguimiento a las labores de energización en el pueblo, más de 15,000 familias en Caguas viven aún “desesperadas y angustiadas” por la falta de energía.

“No hay forma de uno poderle llevar consuelo a tanta gente. Ya están rendidas. La incomodidad y el enojo es tanto que ya no comprenden”, continuó el alcalde. Y es que la mayoría de los(as) cagüeños(as) critican al funcionario por no “dar la cara” ante la situación.

Ayuda sin fines de lucro

La secretaria de la Parroquia San Esteban Protomártir del Barrio Borinquen, Damaris Cruz Colón, denunció las pocas gestiones que ha hecho el Municipio de Caguas para repartir suministros a las comunidades más alejadas del casco del pueblo.

“Como comunidad parroquial, hemos hablado en el Municipio y no nos han brindado atención. Sin embargo, la fundación sin fines de lucro Cáritas, sí”, expresó la líder.

Aunque a la comunidad adyacente a la Parroquia y en la que vive, Borinquen Atravesada, aún carece de luz desde el Kilómetro 4.1 hasta el 6.2, la iglesia ha asistido a los más necesitados a través de un centro de acopio que se gestó rápidamente tras el paso del huracán.

Indicó a este medio que de un censo realizado luego de la desgracia atmosférica, constataron que en esa comunidad hubo 90 familias severa o parcialmente afectadas, y 25 que lo perdieron todo. La respuesta de la Parroquia y de Cáritas fue entregar a finales de noviembre vales para comprar equipo médico, alimento, materiales de ferretería y farmacia.

“Llegaron unos fondos a las cinco diócesis de Puerto Rico a través de Cáritas. Hemos identificado a las personas que no han recibido nada; porque si no tienen título de propiedad no le dan ayuda ni de FEMA, ni del Gobierno, ni de Tu Hogar Renace. A esas personas se les entrega un cheque según las cotizaciones de las necesidades que tienen en ese momento. Cáritas ofrece ayudas hasta de $4 mil en materiales de construcción, enseres o muebles”, explicó Cruz Colón.

También, los vecinos han llevado ropa y zapatos al centro de acopio parroquial y la organización Vagón de los Amigos Católicos de Nueva York aportó suficiente agua embotellada.

Centro de Apoyo Mutuo de Las Carolinas

El pasado 6 de noviembre, las residentes de la comunidad Las Carolinas prepararon el primer almuerzo para los vecinos más necesitados en la cocina de la Escuela María Montañez Gómez, la cual decidieron tomar porque la habían vandalizado luego de que el Departamento de Educación decidiera cerrarla hace más de un año.

Siguiendo el concepto del Centro de Apoyo Mutuo (CAM) que se gestó en el casco urbano de Caguas para cubrir, prioritariamente, las necesidades alimentarias de los sectores más próximos, Carmen Lydia Texidor quiso emprender un CAM en Las Carolinas para aportar con comida preparada a los y las encamadas, incapacitadas y cuidadoras de estas personas residentes de los sectores Fanguito, Casucha, Chiringa, Los Ramos, Los Lozada, Las parcelas viejas y la urbanización.

Antes del huracán, aunque sí había una Asociación de Residentes, no había una organización comunitaria como la que mantienen ahora. Según Dimarie Fontánez, una de las que trabaja en ese CAM, tanto el DE como el Municipio saben que están trabajando desde esa escuela y a pesar de que el Municipio no les ha impedido el funcionamiento, tampoco les ha ofrecido ayuda.

Son mujeres casi todas –y de distintas generaciones– las que se han unido para emprender este gran gesto de solidaridad. Carmen Lydia, Dimarie, Maricely Oneill, Gladys Gómez, Rosario González, Carmen Janette González, María Arroyo y Lourdes Hernández, entre otras son las responsables de colaborar con Las Carolinas con alimentos, talleres culturales y ofrecimientos recreativos.

El servicio de energía eléctrica llegó a esa comunidad el pasado 21 de marzo. No obstante, en la escuela, desde el primer día se preparan decenas de almuerzos los lunes, miércoles y viernes hasta alcanzar los más de 90. Todo lo necesario para confeccionar los alimentos –estufas, utensilios de cocina, comida– han sido donaciones de la comunidad y de organizaciones sin fines de lucro.

“Esto no es un comité, no hay un presidente, sino que cada una ayuda según pueda. No hay obligación, pero sí el compromiso porque hay mucho trabajo”, indicó Carmen Lydia a CLARIDAD. “No nos llevamos ningún beneficio económico, si no la confianza de la comunidad, la unión de los participantes del CAM”, expresó Dimarie.

La satisfacción de trabajar en el CAM es grande. “Yo me ganaba $3 mil mensuales cuando trabajaba, pero aquí me siento como si me pagaran 1 millón”, dijo Gladys, a lo que completó Carmen Lydia: “Yo estoy segura que Walter Higgins no se siente como nos sentimos nosotras aunque se le estén dando $450 mil al mes”.

Una de las consignas principales en defensa de la escuela pública es Nuestra escuela no se vende, nuestra escuela se defiende. Esta es una consigna que afirma la pertenencia y pertinencia que tiene la escuela pública para cada comunidad escolar. Es reafirmar que la escuela como institución social esta al servicio de los estudiantes y la comunidad, no de los que buscan hacer negocios con la educación.

Derogar la Ley 149 de 1999, como requisito de una “reforma educativa,” implica eliminar la participación democrática de cada comunidad escolar porque, según dicha ley, “las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y éstas deben participar en su gobierno.” Contrario a este principio, el lenguaje de la reciente ley firmada por el Gobernador establece que la escuela chárter “será administrada y gobernada por una junta de directores u otro cuerpo de gobernanza de la Entidad Educativa Certificada, según sea estipulado en la Carta Constitutiva.” Es decir, el Consejo Escolar con representación de todos los componentes de la comunidad escolar (director, maestros, padres, estudiantes y ciudadanos de la comunidad) es sustituido por una Junta de Directores con mentalidad empresarial para ahorrar gastos y generar ganancias.

La misma exposición de motivos de la Ley reconoce el valor de la Ley 149 al reconocer que “aunque el espíritu de dicha Ley fue darles autonomía a las comunidades para empoderarse de la educación de sus hijos, la carencia de suficientes garras y parámetros malogró ese fin.” Les quitan la autonomía a las escuelas porque las “garras y parámetros” políticos partidistas y sus donantes, impiden el empoderamiento de cada comunidad escolar.

Sin lugar a duda, el modelo público de escuelas de la comunidad es superior a cualquier modelo de privatización de escuelas. El obstáculo son los políticos que protegen las estructuras burocrático-partidistas, que se resisten al cambio de dejar en manos de la comunidad escolar las decisiones fiscales, administrativas y docentes. Se han resistido a ese cambio y utilizan el poder para reprimir las iniciativas liberadoras de la democracia y la autogestión.

El negocio de las escuelas charter

El proyecto enviado por la Fortaleza era tan deficiente en contenido y en su intención reformadora, que los legisladores tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para “salvarlo” y aprobar algo que intentara acercarse a la calidad superior de la Ley 149 de 1999, aprobada bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Sin embargo, tuvieron que hacer las enmiendas cosméticas propias para ponerle peluca y pulseras a su Frankestein, y conservar el objetivo principal de comercializar la educación mediante escuelas chárter y vales educativos.

Toda reforma educativa verdadera tiene que ir dirigida a crear las mejores condiciones de estudio para los estudiantes y las mejores condiciones de trabajo para los maestros. La verdad es que este proyecto no se hizo por los niños, sino por los privatizadores que son amigos donantes de sus campañas políticas. El gobernador y la Legislatura han asumido el mismo rol de la Secretaria de Educación: ser enlaces y contratistas del sector privado.

Los expertos en pedagogía, las organizaciones magisteriales en lucha y exsecretarios serios del Departamento de Educación, han sido categóricos en afirmar que esto no es una reforma educativa, sino una reforma administrativa o fiscal. Evidencia de esto es que lo más que se destaca en la discusión pública es la cantidad de dinero que representa cada estudiante ($6,400) y el mercadeo que hace el Gobernador de que esa cantidad de dinero estará donde vaya el estudiante. Es decir, tener 100 estudiantes en una escuela equivale a $640,000 que recibirá en fondos públicos la empresa privada “sin fines de lucro”. Pero si puedo tener 400 estudiantes en la escuela eso representa que el gobierno asigna a la entidad privada $2,560,000. La educación es un negocio atractivo para los privatizadores.

Todo lo que dice el proyecto sobre los objetivos, misión y visión del sistema educativo se puede lograr bajo el modelo público. Por ejemplo, asignar a las escuelas el 70% del presupuesto solo requería que lo ejecutara la Secretaria de Educación o que se enmendara la Ley 149 con esta medida. La única diferencia con la Ley 149 de 1999 es que mediante el plan del Gobernador se abre la puerta para que el sector privado administre los fondos públicos y la operación de la escuela. De este modo el Estado se libera de una responsabilidad constitucional.

Repudio masivo en EU y PR al fracasado modelo de escuelas charter

Lo esencial de una reforma es que los estudiantes tengan un mejor servicio educativo mediante la implantación de un nuevo currículo y nuevas estrategias pedagógicas dirigidas a lograr el perfil del estudiante que requiere el mundo actual en el aspecto social, laboral, cultural y económico. Este proyecto no logra evidenciar que este objetivo se logra mediante el modelo de escuelas chárter. La evidencia científica y pedagógica demuestra que no hay diferencias significativas en el aprovechamiento académico entre una escuela tradicional y una escuela chárter. Se impone por legislación por ser un capricho que busca, una vez más, recurrir a fondos federales para repetir la practica fracasada de contratar compañías privadas que hacen negocio, cierran el negocio, se llevan sus ganancias, vienen los “federales” a investigarlos y no pasa nada.

Al presentar el proyecto, de la mal llamada reforma educativa del gobernador Ricardo Rosselló, se intentó manipular la opinión pública planteando que hay 44 Estados con escuela chárter. De este modo, le comunicaban a sus correligionarios estadistas que si queremos ser Estado hay que ensayar e implantar escuelas que hay allá. Pero, ante la globalización de la información, inmediatamente encontramos datos sobre la minoría que son las escuelas chárter en el modelo público de los Estados Unidos. Luego de 25 años impulsando este modelo, no supera el 7% de las escuelas públicas de EUA. Esta es la realidad dado que las escuelas chárter son un modelo fracasado constatado por los resultados en pruebas estandarizadas, por el discrimen y la segregación de estudiantes, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y la corrupción.

El pasado 19 de marzo de 2018, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) con apenas cuatro días de antelación, convocó a un Paro Magisterial que evidenció la contundencia del rechazo al modelo de escuelas chárter. Funcionarios del Departamento de Educación afirmaron que el ausentismo de maestros fue de un 49% y el de los estudiantes fue de un 92%. Aunque el DE y la Secretaria de Educación no tienen credibilidad alguna, el reconocimiento de esos datos nos permite afirmar que el rechazo al modelo de escuelas chárter es mayoritario en Puerto Rico. Más de 16,000 maestros apoyaron el paro y más del 90% de las madres y padres acogieron el mensaje de que la escuela debe estar en manos de la comunidad y no de los negociantes y empresarios.

El truco de las enmiendas

El presidente del Senado, que no se había expresado a favor o en contra del proyecto, hábilmente utiliza a una organización magisterial para justificar la aprobación del mismo. Incluso establece que “mientras unos gritan otros dialogan.” Lo que no reconoce el presidente del Senado es que todas las organizaciones magisteriales y de directores escolares presentaron en vistas públicas excelentes ponencias que derrumbaron todas las argumentaciones dirigidas a justificar el proyecto. Sin embargo, el presidente del Senado no estuvo en ninguna de las vistas públicas para dialogar con los representantes del magisterio y los directores. Prefirió reunirse a puertas cerradas para luego proyectarse, con el aval del liderato de la Asociación de Maestros, como el supuesto protector de los trabajadores.

Todas las organizaciones magisteriales afirmamos que este proyecto no era enmendable, porque sabíamos que cualquier enmienda que no eliminara lo relacionado a las escuelas chárter y los vales educativos sería cosmética. En las vistas públicas un legislador le pregunta a la presidenta de la Asociación de Maestros cómo se podía mejorar la pieza legislativa y contestó: “Mejor me muero antes de apoyar una cosa como esta.” Hay quienes mantuvieron su posición y hay quienes se entregaron.

Los trucos para aprobar esta legislación con enmiendas mantienen la desviación de fondos públicos a entes privados mediante escuelas chárter y vales. Las sólidas argumentaciones que sometimos las organizaciones magisteriales en lucha demostraron la superioridad de la Ley 149, lo que provocó que copiaran algunos artículos de dicha ley como estrategia para justificar lo esencial de su visión privatizadora en el proyecto. Los que luchan no nos dejamos engañar.

Una de las enmiendas indica que “los derechos adquiridos por los maestros, previo a la aprobación de esta Ley, serán garantizados por el Secretario del Departamento y el Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, aquellos que atiendan su permanencia y retiro.” Es fácil garantizar esos derechos en las escuelas que no son chárter. Pero en un ente privado el asunto cambia, no existe esa garantía. Este lenguaje de la enmienda puede parecer categórico, pero está sujeto a interpretación. La permanencia y el retiro siempre han sido modificados por legislación. Por ejemplo, la permanencia es un derecho adquirido y ha sido modificado por legislación. Cabe recordar la Ley 7 de 2009 que provocó el despido de más de 20,000 empleados permanentes.

En relación con el plan médico indica: “Toda Escuela Pública Alianza tendrá que ofrecer un plan de seguro de salud para los empleados de la Entidad Educativa Certificada.” Es decir, te ofrecen un plan médico, pero no garantizan la aportación patronal. Una enmienda más precisa y real indicaría que toda escuela chárter aportará $120 mensual (aportación patronal actual) o más al plan médico que seleccione el maestro. Sin embargo, la enmienda es genérica.

En cuanto al derecho a “asociarse a colegios profesionales, sindicatos o asociaciones,” no obliga al ente privado a reconocer a una organización; es un asunto personal del trabajador. Una enmienda especifica hubiese sido toda escuela chárter reconocerá a todas las organizaciones magisteriales implantando la Ley 45 de 1998 y las leyes laborales de organizaciones bonafides.

Sin embargo, promover que se garanticen los derechos adquiridos a cambio de privatizar escuelas es la mayor traición a la educación pública. Implica entregar a los estudiantes y maestros por treinta monedas de plata. Una organización sindical no puede desvincularse de los trabajadores, ni de la comunidad a la que se ha comprometido a servir. Sindicato y comunidades unidas pueden reconstruir un país. Tan pronto predomine el interés de la salvación individual, se traiciona la salvación colectiva.

Luchar contra el plan fiscal del gobierno

Este plan de privatización de la educación pública no es un asunto aislado. Está atado al plan fiscal del Gobierno que pretende cerrar 305 escuelas, eliminar más de 4,000 maestros transitorios, congelar plazas de maestros que se acogen a la jubilación o renuncian, la segregación de estudiantes, el discrimen, el hacinamiento en la sala de clases, entre otras medidas que destruyen la escuela de la comunidad.

El momento histórico requiere de diversas estrategias de lucha para defender el presente y el futuro de nuestro país. Los que han sido electos a posiciones políticas nos siguen fallando y traicionando. Salvo algunas excepciones, todos se han entregado a los que tienen el poder económico. Por lo tanto, no esperemos un líder salvador. Las organizaciones sindicales, comunitarias, sociales, culturales, deportivas, ambientales y políticas (insertadas en la lucha del pueblo), tenemos la responsabilidad de unirnos para lanzarnos a la calle a reclamar que no se pague la deuda y que se implante un proyecto de desarrollo económico de reconstrucción nacional impulsando, simultáneamente la liberación de la condición colonial que nos agobia. Solo el pueblo salva al pueblo.

El autor es Presidente de UNETE