Gracias a la solidaridad del pueblo puertorriqueño, tanto la facultad como los y las estudiantes de la escuela Solidarité en Leogane, Haití recibirán el próximo año escolar abastecidos de materiales.

El Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití agradece a todos y todas los(as) que se solidarizaron con la campaña de recogido de mochilas y efectos escolares para la comunidad de la escuela Solidarité. De manera especial, el Comité le da las gracias a todas las personas que pasaron por la sede del periódico CLARIDAD para dejar sus donativos.

Con sonrisas y al son de “mesi” –gracias en creole–, niños, niñas y jóvenes recibieron a la delegación del Comité que la semana pasada fue a entregarles parte de las donaciones, comentó a este medio Lucy Magali Millán, una de las portavoces que tuvo la oportunidad de sentir de cerca la alegría de los niños.

“Fue mucho más de lo que esperábamos porque eran aproximadamente 2 mil mochilas. La gente se botó, no solamente con las mochilas, sino con los materiales escolares que les echaron adentro”, dijo Josefina Pantoja, integrante del Comité. Como los donativos superaron las expectativas, en ese primer viaje llevaron 300 bultos y parte de los materiales. Durante esta semana, harán un segundo viaje, esta vez en Ferry, para terminar la entrega del resto de los útiles.

Además de personas de todos los pueblos del País, se unieron a esta campaña las parroquias de la Diócesis de Caguas. En ese sentido, la iglesia de San Antonio de Padua, del municipio de Barranquitas, donó 600 mochilas, la iglesia de Cayey centro donó 200, mientras que iglesias católicas de Juncos, Gurabo, Naranjito, Comerio y Caguas también se solidarizaron con la causa. El Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití también extiende su agradecimiento a la Liga de Cooperativistas de Puerto Rico, a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, y a la organización Red de Solidaridad y Esperanza.

Esta campaña se realizó por primera vez cuando el Comité inauguró la escuela Solidarité en noviembre de 2011. El plantel, localizado en Leogane, atiende a una matrícula de 260 estudiantes de comunidades aledañas. Asimismo, a chicos y chicas de los orfelinatos Nuestra Señora de Notre Dame y Hogar Nueva Esperanza. Los niños y niñas de los Orfelinatos Fe y Alegría también obtendrán mochilas.

“Es una de la naciones del Caribe más cercana a Puerto Rico, pero es tan olvidada y discriminada por la gente. Fue una nación pionera en lograr su independencia, su libertad y la abolición de la esclavitud, así que desde antes de que se formara el Comité tenía ese interés por Haití. Una vez que conecté con el trabajo solidario con Haití, que trasciende la parte caritativa de donar cosas si hay desgracias atmosféricas (que es lo importante, pero no lo determinante), mi interés es que se continúe hablando de Haití y que sea una solidaridad constante, no de ocasiones”, comentó Pantoja sobre el porqué de su desprendida labor para el pueblo de Haití. “Además, que cuando tú les ves los ojitos a esos nenes y a esas nenas, no te queda de otra”, concluyó.

Como un proyecto peligroso con la intención de privatizar las playas para facilitar la construcción de proyectos turísticos dirigidos a público del exterior, varios entrevistados coincidieron respecto al proyecto de la Cámara de Representantes PC 812. Alegadamente el propósito del proyecto es “establecer los límites del dominio público marítimo respecto a las propiedades colindantes”.

A preguntas de este semanario el profesor de ocenografía física, doctor Aurelio Mercado, acotó que el proyecto es uno que amerita aclaración, “algo que trataré de hacer lo más resumido posible”. El profesor del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR-M) comenzó por narrar que desde por lo menos el tiempo de los romanos se ha reconocido que las playas son públicas. En el caso de Puerto Rico, España adoptó la Ley de Aguas de 1866, la cual reconoció que las playas son públicas y la trajo a la Isla en 1886 bajo la Ley de Puertos. Esa ley de 1866 se basó grandemente en el Código General de Aguas (1859) de Don Cirilo Franquet y Bertrán, reconocido ingeniero de canales de esa época. En el capítulo titulado Aguas Saladas, el Ing. Franquet razonablemente concluyó que las mareas de las costas del Mediterráneo español no eran sensibles comparadas con las mareas del Mar Cantábrico al norte de España. Eso por la sencilla razón de que las mareas en el Cantábrico suben y bajan de 3 a 4 metros, penetrando así kilómetros tierra adentro de la península ibérica. Mientras que en el Mediterráneo las mareas son micromareas, variando por solo centímetros en muchas partes, mojando así una angosta franja de playa.

Con el objetivo de definir una zona marítimo-terrestre (ZMT) de suficiente ancho que sirviera para el uso y disfrute de la ciudadanía, de manera lógica Franquet y Bertrán concluyó: “Las playas del mar que comprenden todo el espacio que bañan las pleamares en el Océano y las mayores olas durante las tempestades en el Mediterráneo, pertenecen al dominio público nacional”. De ahí es que sale la tan trillada frase de “marea sensible vs marea no sensible”. En el Atlántico español la marea es sensible, y en el Mediterráneo no es sensible. Así se dispone tanto en la Ley de Aguas española de 1866, como en la Ley de Puertos de 1880 adoptada en la Isla en 1886.

Mercado censuró el que aquí en Puerto Rico, los que desean privatizar nuestras playas, le han dado un giro a esa definición argumentando que la marea es sensible sólo cuando se puede manifestar horizontalmente, y es no sensible cuando no puede hacerlo. “Por ejemplo, pegado a un acantilado. Y por lo tanto, en una playa, como la marea es sensible, hay que usar la línea de marea alta para delimitar la playa pública de la privada. Lo cual arroja una estrecha franja de apenas unos pocos pies de ancho. Y sólo frente a un acantilado es que se puede usar el criterio de olas de tormenta”.

Alertó que en el caso judicial de Buono Correa vs DRNA el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) concluyó que es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es el que tiene el conocimiento para usar una serie de criterios para deslindar la ZMT. Estos criterios son; marea alta, olas, vegetación, mangles, o dunas. El PC 812 propone eliminar esa discreción y dice que, donde la marea sea sensible, solo se utilizara la costa de la marea alta (playa “mojada”), siendo el resto de la playa (la “seca”) propiedad privada. “Obviamente, eso no es lo que la legislación española quería decir con marea sensible vs. no sensible. Olvídense de las dunas, olas, etc. Tierra adentro del deslinde de la ZMT existen las llamadas servidumbres, propiedad privada con el gravamen de que el público puede usarlas”. Mercado desmintió que lo que dice el proyecto de que no habrá cambio alguno ya que el público podrá seguir usando la playa “seca”.

“No nos podemos dejar engañar. Entre el 2000-2008 la Junta de Planificación adoptó un reglamento (el 85.07) que permitía la construcción dentro de la servidumbre de salvamento, solo dejando seis metros de separación con el deslinde de la ZMT. Por esto, y más razones, es que no se puede permitir que el deslinde de la ZMT se haga tan cerca de la orilla”.

Por su parte el experto en derecho Ambiental, profesor Pedro Sadeé Lloréns también describió como “peligrosisíma” la medida. “Ese proyecto tiene el peligro de hacer perder áreas públicas a intereses privados por la forma en que maneja la definición de ZMT porque no está bien estudiado e ignora que este es un asutno que ha estado trabajando una comisión del DRNA”.

Apuntó a que no es la primera vez en que se radica un proyecto con esas intenciones, como por ejemplo lo fue, con la controversia de La Parquera, que pretendía ceder derecho de propiedad a las casas ilegales que hay sobre la laguna. Sadeé Lloréns coincidió en que a la luz de todo lo que sucede con el Cambio Climático, de haber una revisión de la definición de la ZMT debería ser para ampliarla y no para reducirla.

Mientras el planificador ambiental Jorge Rivera Herrera, hizo la anotación de que era importante discernir en cuanto a las implicaciones de la definición de la ZMT sobre la titularidad del terreno y los usos que se le deben aprobar y/o permitir. “El hecho de que se reconozca la franja del ancho que sea como un bien de dominio público de la ZMT eso implícitamente asigna a esos terrenos como de dominio público y un ente privado no puede tener un uso exclusivo sobre los mismos, así que evidentemente el propósito es para privatizarlo”.

Hizo la salvedad de que aun tomando en consideración el CC, no necesariamente hay que reconsiderar la definición de la ZMT, por lo que es importante que el estado pueda discernir ya que, el estado puede adoptar una serie de medidas que permitan o limiten los usos más allá de la ZMT, lo que son bienes de dominio público. Insistió en que el estado puede reconocer precisamente los impactos que ya estamos recibiendo del CC, impactos previsibles de cara al futuro, como lo son las consecuencias del nivel del mar. “El estado en un ejercicio responsable dirigido al desarrollo económico y de la conservación de los recursos naturales sobre todo a la seguridad pública debe de ser más estricto o efectivo en cuanto a los usos a permitirse en los terrenos cerca al litoral costero, tanto los privados como los de dominio público”.

Al igual que los otros consultado Rivera Herrero, dijo que no cree que se necesite una redefinición de la ZMT. “Hay una realidad para bien o para mal, muchas personas han interpretado de una manera diferente lo que es el espacio que cubre la ZMT. Esa interpretación ha llegado al Tribunal Supremo de Puerto Rico es evidente que hay una incongruencia en cómo se ha interpretado lo que es el límite interior de la ZMT tan es así que el DRNA lo ha aplicado de forma irregular según el caso a través de todo Puerto Rico durante años y décadas”. Atribuyó que esa inconsistencia del DRNA es lo que en gran medida ha llevado a todas esas interpretaciones de lo que es el límite interior de lo que es la ZMT. Al igual que Mercado, el planificador ambiental se refirió a los orígenes de la definición española de la ZMT.

“Cuando se adopta esa definición por la corona española había un reconocimiento del acceso que todo ciudadano debía tener al mar como parte de un derecho natural al disfrute de lo que son elementos básicos en la vida y la necesidad de salvaguardar esa línea de costa para actividades del comercio y la seguridad tanto de los individuos como la nacional y de ahí es que surge la franja de la servidumbe de vigilancia como de salvamento, un terreno hacia el interior de la tierra continúo al límite inferiror de la ZMT”. Aunque esa franja inferior es privada -aclaró- ésta tiene que estar expedita de estructuras permanentes para que no obstruya a las fuerzas militares para que pudiesen llevar a cabo precisamente sus tareas de vigilancia y la servidumbre de salvamento es para que en caso de naufragio las personas que pudiesen llegar hasta la playa, así como la mercancía que se pudiera salvar se pudiera almacenar en esos terrenos privados como medida de emergencia y que el dueño no pudiera reclamarlos como suyos.

Rivera Herrero defendió que todavía hay razón de ser de esa definición; uno el derecho natural del acceso al mar, el que la legislación responde a las intenciones de privatización y construcciones de lugares turísticos para un público exterior. “Es parte de una tendencia de décadas en las que el gobierno continúa renunciando a su deber de velar por los bienes públicos para colocarlos en manos privadas”.

¿A quién pertenecen los objetos históricos relacionados con la vida de Roberto Clemente? ¿Por qué éstos pueden venderse y sacarse de Puerto Rico sin ningún tipo de restricción? Estas interrogantes han estado debatiéndose en Puerto Rico luego de que a principios de julio la familia del legendario pelotero puertorriqueño efectuara una subasta pública en la ciudad de Miami en la que vendió al mejor postor decenas de artículos directamente vinculados a la trayectoria deportiva de quien sin duda es una de las figuras más veneradas de la historia puertorriqueña del siglo XX.

En la subasta participaron numerosos coleccionistas privados estadounidenses que pagando entre 4 y 7 millones de dólares (los datos exactos no se conocen) se quedaron con los objetos. La venta levantó inmediatamente cuestionamientos y, entre otros, la actual presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, señaló que lo vendido es parte del patrimonio cultural boricua y debió permanecer en Puerto Rico. Otros defendieron el derecho de la familia Clemente para vender lo que entendían era de su propiedad.

Lo que este incidente demuestra es la ausencia de un marco legal, ejecutable y efectivo, que proteja el patrimonio cultural de los puertorriqueños de la codicia privada. Aunque existen leyes que protegen ciertos bienes –como los que provienen de yacimientos arqueológicos– no existen estatutos que reglamenten el mercado de obras de arte ni de objetos históricos, como los mercadeados por la familia Clemente. En cuanto a la posible existencia futura de esa legislación protectora, la realidad del colonialismo surge inmediatamente como barrera infranqueable.

Una gran cantidad de países tienen ese marco legal que, entre otras cosas, declara “inexportable” las obras de determinados artistas y objetos de valor histórico. Estos pueden ser de propiedad privada y también mercadearse, pero nunca pueden ser sacados del país. Las pinturas de Diego Rivera en México, por ejemplo, y las de Wifredo Lam en Cuba, integran el patrimonio cultural de esos países y sólo pueden abandonar el territorio nacional con autorización del Estado.

Actualmente en España se debate el “caso Botín”, en torno a una pintura de Pablo Picasso, que ilustra el poder de la legislación a que nos referimos, que allí se llama “Ley de Patrimonio Histórico” y data desde 1985. En 2012, la empresa británica Christie solicitó autorización para llevar de Madrid a Londres una pintura de Picasso fechada en 1906, que el banquero Jaime Botín había adquirido en 1977, también en Londres, y que luego llevó a su país. El Ministerio de Cultura, por conducto de una junta especializada, declaró que el valor artístico de la obra la hace “inexportable”, y al amparo de la ley protectora prohibió su salida. El asunto se complicó porque el banquero sacó subrepticiamente la obra en su velero privado, alegando luego que se encontraba fuera del territorio nacional español, pero la misma fue incautada por aduaneros franceses a petición de España. Ahora el debate se centra en un particular artículo de la ley española donde se establece que si una obra declarada patrimonio histórico es sacada del país sin autorización oficial, ésta puede ser confiscada por el Estado y pasa ser propiedad pública. El valor estimado de este Picasso es 26 millones de euros.

La misma legislación protectora española ha sido utilizada en otras ocasiones con objetos de valor histórico como fue el caso de una carta de Cristóbal Colón, propiedad de la Casa de Alba. Más recientemente se invocó el estatuto para impedir la exportación de unas acuarelas del siglo XVIII adquiridas en subasta por un museo peruano. En este último caso existe un conflicto entre países porque las acuarelas, que presentan estampas de la vida peruana, fueron pintadas en Lima, Perú que reclama que son parte de su patrimonio cultural.

En el caso de los objetos que fueron propiedad de Roberto Clemente no se trata, como se dijo en algunos medios de prensa, de mera “memorabilia deportiva”. El carolinense se destacó en el deporte, pero tras su trágica muerte mientras realizaba gestiones humanitarias a favor del pueblo de Nicaragua se convirtió en una de las más importantes figuras de la vida puertorriqueña del siglo XX.

Además de su excelencia como pelotero, Clemente es símbolo de la lucha puertorriqueña contra el discrimen racial y étnico. Mientras construía su leyenda deportiva en diamantes de béisbol de múltiples ciudades de Estados Unidos, se enfrentó valientemente al racismo y a la xenofobia proclamando con orgullo en todo momento su nacionalidad boricua y latinoamericana. Su trayectoria beisbolera discurrió desde finales de la década del ’50 hasta el mismo periodo de la del ’70, un periodo en el que el racismo y el odio xenófobo en Estados Unidos, generalizado y enraizado, resistía la lucha de los afronorteamericanos para hacer valer sus derechos civiles. Clemente, con su excelencia deportiva y su permanente disposición a rechazar el discrimen, ayudó a adelantar esa lucha proclamando en todo momento su identidad boricua.

La probabilidad de que Puerto Rico pueda crear legislación como la que existe en muchos otros países choca con nuestra realidad colonial, sobre todo si se pretende impedir que la voracidad de los coleccionistas y comerciantes de Estados Unidos caiga sobre objetos tan codiciados como los asociados con Clemente. El muy protegido “comercio interestatal” abre una llave que desde la colonia no se puede cerrar.

Hace cinco décadas Clemente impuso su excelencia deportiva por encima del discrimen y el odio racial que lo quería marginar. Hoy, los descendientes de aquellos que lo quisieron arrinconar buscan con avidez sus objetos convertidos en mercancía de gran valor. Para los puertorriqueños esa “memorabilia” nunca será tal, sino parte importante de nuestro acervo cultural que nos toca proteger.